Andrés Velázquez Dovalina

Expediente 1504/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1504/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Andrés Velázquez Dovalina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente al cuaderno principal, así como del original en toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada definitivamente. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. De los anexos En mérito de lo ordenado en este auto, devuélvase a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos los anexos que remitió como complemento de su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial levantada en autos, en la cual, la fedataria adscrita a éste Órgano Jurisdiccional, hace constar su imposibilidad legal para notificar la sentencia de seis de julio del año actual, dictada en el juicio de amparo en el que se actúa, a la tercero interesada María Naghelli Aviña Campos; en consecuencia de lo anterior, y con fundamento en lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación a la tercero interesada de dicha determinación, del presente proveído y las subsecuentes, se efectúen por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, toda vez que no obstante de encontrarse debidamente emplazada al presente juicio, hasta la fecha no se ha apersonado y en consecuencia no ha señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA TERCERO INTERESADA MARÍA NAGHELLI AVIÑA CAMPOS POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DE FECHA SEIS DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón oficial y el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Andrés Velázquez Dovalina solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Actos reclamados: ".Resolución de fecha 14 de octubre del 2021, dictada dentro Recurso de Queja identificado con el número de TOCA CIVIL 603/2021-11, dictada por los Magistrados de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Morelos, y notificada al suscrito en fecha 20 de Octubre, dicha notificación surtió efectos en fecha 21 de Octubre del 2021; resolución que resuelve el Recurso de Queja y lo desecha de plano y que fue promovido por mi representado ANDRÉS VELÁZQUEZ DOVALINA, en ejercicio de la patria potestad del menor Andrés Velázquez Aviña en contra de la sentencia interlocutoria de primera instancia de fecha 27 de Septiembre del 2021 dictada en el INCIDENTE DE EJECUCIÓN FORZOSA; bajo el expediente 376/2013-2, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado." SEGUNDO. El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, esta autoridad, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1504/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, ordenó emplazar y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La resolución de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca civil 603/2021-11, por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que se acompañaron al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Causales de improcedencia infundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia. Asimismo, este juzgador no advierte que se actualice alguno de los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61 de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el numeral 62 del citado ordenamiento. QUINTO. Estudio de fondo. La parte quejosa formuló los conceptos de violación en los que sustenta la transgresión a sus derechos fundamentales, que por economía procesal se tienen por reproducidos, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, visible en la página 830, cuyos rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.". Además, se precisa que en el asunto no se advierte queja deficiente que suplir así como tampoco existe en contra de la parte quejosa una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo. La parte quejosa expresa como concepto de violación lo siguiente: Que como se desprende del considerando I de la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, hizo un análisis respecto de la jurisdicción, competencia y vía planteada en el incidente de ejecución forzosa planteado en el natural, y en el que de dicha autoridad determinó que la vía era correcta y procedente. Que la sentencia interlocutoria causa perjuicio, pues, se tiene que el recurso procedente contra la sentencia interlocutoria dictada en ejecución forzosa lo es el recurso de queja, lo anterior, porque la vía de ejecución forzosa fue la vía adecuada y procedente, luego entonces, el recurso procedente contra la sentencia interlocutoria lo es el recurso de queja, en términos del artículo 590 fracción II, del Código Procesal vigente. La falta de congruencia, motivación y fundamentación realizada por el Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en perjuicio del menor que representa, pues además la autoridad responsable violenta el derecho del menor a percibir alimentos que por derecho y por sentencia tiene. Que no solo violenta los derechos de su representado, sino que soportan y fortalecen de manera indebida la falta de congruencia de la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, ante la falta de fundamentación y motivación. Que la autoridad responsable desecha el recurso de queja, a pesar del ser el recurso legal procedente y que debió haber hecho un estudio más profundo de las pruebas de las partes, donde la demandada incidentista, se abstuvo de presentar pruebas que acreditaran que los recursos de pensión alimenticia recibidos en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de dos mil diecinueve, fueran destinados en beneficio del menor, y donde mi representado en especifico exhibió como prueba las documentales que acredita los descuentos de pensión realizados. Que al desecharse el recurso de queja, se deja en estado de indefensión a su representado, contra la Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en virtud de que en la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, hace una presunción de que dichas cantidades fueron destinadas al menor. Concluye argumentando que la Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, violenta en perjuicio del menor, su derecho a percibir alimentos, derivado de su apreciación respecto de las cantidades reclamadas fueron destinadas al menor sin hacer una valoración integral de las pruebas, dentro del incidente de ejecución forzosa número 376/2013. Por cuestión de técnica, al estar relacionados entre sí los conceptos de violación se analizarán en su conjunto de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, los que se consideran inoperantes e infundados, aún suplidos en su deficiencia. Para mayor claridad del asunto conviene citar las consideraciones de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante la cual desechó el recurso de queja, del modo siguiente: ". se procede a resolver sobre su admisión e idoneidad del recurso de queja que hizo valer el quejoso antes mencionado, contra la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual es necesario citar el contenido del artículo 590 del Código Procesal Familiar en vigor, mismo que a la letra dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 590.- PROCEDENCIA DE LA QUEJA CONTRA JUEZ. El recurso de queja contra el juez es procedente: Contra la resolución en que niegue la admisión de una demanda, o se desconozca de oficio la personalidad de un litigante; Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias; Contra la denegación de la apelación; Por exceso o defecto en la ejecución de sentencia dictada en segunda instancia. Derogada. En los demás casos fijados por la ley. La queja en contra de los jueces procede aún cuando se trate de juicios en que por su cuantía no se admite el recurso de apelación. . Así, de una interpretación sistemática del precepto legal anotado, se evidencia que el legislador local estableció un catálogo de actos susceptibles de impugnarse, mediante dicho recurso; por lo que, este Tribunal sostiene que los requisitos de procedencia referidos atienden a la intención evidente de garantizar la expedites del proceso, dada su naturaleza de ser un juicio concentrado y sumario, en función de los cual el legislador previó la manera de evitar que ese medio de impugnación se utilice con el propósito de retrasar sin necesidad el desarrollo del procedimiento natural. . por ello, que tomando en cuenta que el presente asunto se trata de un recurso de queja contra una resolución interlocutoria (referente a medidas provisionales), debe aclararse que aún y cuando pareciera que encuadra en la fracción II del precepto legal antes invocado, debe hacer aclaración que dicha hipótesis únicamente se colma al existir en el juicio principal la pronunciación de una sentencia definitiva lo que en el caso no acontece. Por lo anterior, esta Alzada arriba a la conclusión y así se declara que el recurso de queja interpuesto por la parte demandada ANDRÉS VELÁZQUEZ DOVALINA por su propio derecho y en representación de su menor hijo (A.V.A.) resulta INADMISIBLE para combatir la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, al existir disposición expresa y específica; en consecuencia, con fundamento en los dispuesto por el numeral 60 fracción VI del Código Procesal Familiar en vigor, SE DESECHA el medio de impugnación en comento, por no ser el recurso idóneo ." La anterior resolución, constituye el acto reclamado en este sumario constitucional. Bajo ese orden, una vez relacionados los antecedentes del acto reclamado, se reitera, en relación a los conceptos de violación señalados son inoperantes, de acuerdo a lo siguiente: Como puede apreciarse de la transcripción de la resolución reclamada la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, señalada como responsable, determinó desechar el recurso de queja interpuesto por la aquí parte quejosa, en contra del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, emitido dentro del incidente de ejecución forzosa número 376/2013-2, relativo, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, derivado de la controversia de orden familiar sobre divorcio necesario, en el cual determinó improcedente el incidente de ejecución forzosa hecho valor por el hoy quejoso Andrés Velázquez Dovalina, respecto de la medida provisional de alimentos decretada por resolución interlocutoria de dieciséis de enero de dos mil ocho. Determina la Primera Sala señalada como responsable que el recurso intentado no es idóneo para combatir el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que determina improcedente el incidente de ejecución forzosa relacionado en líneas precedentes, que, aún y cuando se trata de una resolución que emana de un incidente respecto a los alimentos provisionales, no existe una resolución de manera definitiva que haya dirimido la causa que dio origen al expediente principal, y por ende se proceda a la ejecución forzosa; ya que, el proceso de ejecución conlleva el cumplimiento de la obligación consignada de una sentencia, convenio o transacción. Determinación que se considera atinada por la responsable, inoperantes por un lado e improcedentes los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de amparo, al señalar en primer término una serie de argumentos y manifestaciones relacionados exclusivamente a la resolución que motivó la interposición del recurso de queja, es decir, realiza argumentos respecto de la resolución del incidente de ejecución forzosa, no así de la resolución que aquí reclama y que desechó su recurso de queja. Ahora bien, al no existir disposición legal expresa en la que se contemple la procedencia de dicho recurso de queja en contra del auto que veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, pues los supuestos que refiere el artículo 590 del Código Procesal Familiar en vigor del Estado de Morelos, en sus diversas fracciones señala que la queja es procedente contra resoluciones que nieguen la admisión de una demanda, o la personalidad de un litigante; contra interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia; contra la denegada apelación; por exceso o defecto en el cumplimiento; en los demás caso fijados por la ley, de lo antes precisado el acuerdo impugnado no se ubica en alguno de los supuestos previstos para que pueda ser impugnado en queja, ya que se trata de una resolución que declara improcedente el incidente de ejecución forzosa, respecto de la medida provisional de alimentos decretada por diversa resolución interlocutoria de dieciséis de enero de dos mil ocho, cuestión que se insiste no encuadra en los supuestos de procedencia del recurso de queja como lo señala la responsable, ya que no se trata de una resolución que derive de una sentencia definitiva que haya resuelto el juicio de origen. Asimismo, el artículo 616 del Código Procesal Familiar en vigor del Estado de Morelos, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 616.- RECURSOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Las resoluciones que se dicten en ejecución de sentencias sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate será siempre apelable en el efecto suspensivo, si la sentencia definitiva fuere apelable. En los demás casos, las resoluciones no serán recurribles.". Atento a lo anterior, si bien es cierto señala que las resoluciones en ejecución se pueden recurrir en apelación o queja, también lo es, que dicha norma jurídica es precisa en establecer que esto procederá únicamente en tratándose de resoluciones que se dicten en ejecución de sentencias, cuando la ley lo determine expresamente, supuestos que no reúne el auto impugnado, por tanto, es evidente que dicho numeral no se ajusta al caso concreto, de ahí también lo infundado del concepto de violación. Por lo que, no obstante lo anterior, en relación al concepto de violación de falta de congruencia, motivación y fundamentación, resulta inoperante por un lado e infundado por otro. Lo anterior, porque en primer lugar y como ya se expuso en párrafos precedentes, el hoy quejoso realiza argumentos encaminados a combatir la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del expediente de origen 376/2013, índice de la autoridad señalada como responsable, que declaró improcedente el incidente de ejecución forzosa que promovió y contra del cual interpuso el recurso de queja que combate a través del presente juicio de amparo, por tanto, al formular consideraciones como la falta de valoración de pruebas por parte de la autoridad señalada como responsable respecto de la promoción del incidente de ejecución forzosa, de ahí su inoperancia, al ser esa resolución la materia del acto reclamado en este asunto. Por otro lado, es infundado, en razón de que la posibilidad de que exista un recurso efectivo, no siempre tiene que estar ligado a su procedencia, pues de acuerdo con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si bien los Estados partes deben suministrar recursos judiciales efectivos para reparar violaciones a los derechos humanos, no obstante, la Corte Interamericana ha definido que la existencia y aplicación de causales de inadmisibilidad en ese tipo de recursos no son en sí mismas incompatibles con la citada convención, pues la efectividad del recurso interno implica que, potencialmente, cuando se cumplan sus requisitos de procedencia y de admisibilidad, el órgano competente se encuentre en aptitud de evaluar sus méritos de manera fundada y motivada. Así, aunque para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva se requiere de un recurso o procedimiento interno que verdaderamente sirva para proteger los derechos humanos y remediar su violación, ello no significa que los órganos o tribunales competentes deban admitirlo siempre, es decir, sin considerar los presupuestos de admisibilidad y procedencia correspondientes y emitir en todos los casos un pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado. Lo anterior, porque tal juzgamiento de fondo no es imprescindible para determinar la efectividad del medio de impugnación, sino que ésta la determina su idoneidad y disponibilidad para las partes interesadas. Por tanto, aunque por razones de procedimiento éstas no obtengan un pronunciamiento de fondo, dicha circunstancia no importa violación a aquel derecho, siempre y cuando la decisión recaída sea fundada y motivada, como en el caso donde la responsable si fundó y motivó su resolución. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis XVI.1o.A.T.5 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1753, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo registro: 2001299.que dice: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos". Así como la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), registro 2005717, del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, del rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En consecuencia a lo anteriormente expuesto, resultan infundados los conceptos de violación, en razón a que como se ha precisado con anterioridad, la responsable atendió los motivos de disenso del quejoso al precisar que el recurso hecho valer no es procedente al no estar previsto en la ley de la materia, sin que ello, implique que la autoridad deba corregir el error del impetrante de amparo aun tratándose de menores de edad, pues para ejercer el derecho de acceso a la justicia se debe cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia de las acciones y de los recursos. Encuentra apoyo a lo anterior en lo conducente, la tesis I.2o.C.5 C (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 1992, Décima Época, Materia Constitucional, Civil, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS HUMANOS. EL DE ACCESO A LA JUSTICIA NO IMPLICA QUE EL JUZGADOR DE AMPARO DEBA SUBSANAR EL ERROR EN QUE INCURRAN LAS PARTES AL INTERPONER UN RECURSO NO IDÓNEO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD, ATENTO A LOS PRESUPUESTOS PROCESALES, FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS. El artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que nuestro país forma parte, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Por otra parte, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, título décimo sexto, capítulo único, denominado "Disposiciones generales", específicamente de sus artículos 950, 951 y 952 se advierte que en dichos procedimientos pueden interponerse todos los recursos previstos en el código adjetivo civil (como el de apelación o revocación), de lo que se colige que esta legislación sí contempla el derecho a recursos efectivos, sencillos y rápidos, a fin de que los gobernados puedan defender los derechos que estimen tener. Por tanto, el hecho de que una de las partes interponga un recurso que no es el idóneo para impugnar la resolución de que se queja, no da lugar a que la autoridad jurisdiccional corrija el error, aun cuando se trate de menores de edad, pues para ejercer el derecho de acceso a la justicia se debe cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia de las acciones y de los recursos, lo que brinda certeza jurídica a los gobernados; de ahí que las reglas de su procedencia no pueden alterarse a través de una pretendida protección a los derechos humanos, por lo que si el medio de impugnación interpuesto no resulta ser el idóneo, no puede subsanarse el error por el Juez de amparo a fin de que se admita un recurso que no fue el realmente interpuesto, o bien, se resuelva un recurso que no es el que debió agotarse, pues ello atentaría contra los principios de equidad procesal y seguridad jurídica que deben observarse en materia civil.". En ese tenor, también es dable aseverar que el interés superior del menor se erige como la consideración primordial que debe atenderse en cualquier decisión que afecte a menores, de lo que se sigue que en los juicios en los que directa o indirectamente se ven involucrados los derechos de estos -tales como la guarda y custodia o el régimen de convivencias y visitas-, el interés superior del niño impone a los juzgadores la obligación de resolver la controversia puesta a su consideración atendiendo a lo que es mejor para el niño, lo que así se observa, atendiendo a que lo aquí resuelto de ninguna manera afecta las cantidades otorgadas con motivo de medidas provisionales y de alimentos concedidos por resolución judicial en el expediente de origen de donde emanan los actos reclamados. Por tanto, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación, sin que haya motivo de agravio que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Andrés Velázquez Dovalina, contra el acto reclamado de la autoridad responsable, consistente en la resolución de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 603/2021-11, derivado del expediente 376/2013-2, en la que desechó el recurso de queja, por tanto, confirma el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el juicio de controversia del orden familiar sobre divorcio necesario. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: UNICO. LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE a Andrés Velázquez Dovalina, contra actos de los Magistrados de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en términos de la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Penafiel Salazar, hasta hoy seis de julio de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón oficial y el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Andrés Velázquez Dovalina solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Actos reclamados: ".Resolución de fecha 14 de octubre del 2021, dictada dentro Recurso de Queja identificado con el número de TOCA CIVIL 603/2021-11, dictada por los Magistrados de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Morelos, y notificada al suscrito en fecha 20 de Octubre, dicha notificación surtió efectos en fecha 21 de Octubre del 2021; resolución que resuelve el Recurso de Queja y lo desecha de plano y que fue promovido por mi representado ANDRÉS VELÁZQUEZ DOVALINA, en ejercicio de la patria potestad del menor Andrés Velázquez Aviña en contra de la sentencia interlocutoria de primera instancia de fecha 27 de Septiembre del 2021 dictada en el INCIDENTE DE EJECUCIÓN FORZOSA; bajo el expediente 376/2013-2, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado." SEGUNDO. El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, esta autoridad, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1504/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, ordenó emplazar y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La resolución de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca civil 603/2021-11, por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que se acompañaron al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Causales de improcedencia infundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia. Asimismo, este juzgador no advierte que se actualice alguno de los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61 de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el numeral 62 del citado ordenamiento. QUINTO. Estudio de fondo. La parte quejosa formuló los conceptos de violación en los que sustenta la transgresión a sus derechos fundamentales, que por economía procesal se tienen por reproducidos, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, visible en la página 830, cuyos rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.". Además, se precisa que en el asunto no se advierte queja deficiente que suplir así como tampoco existe en contra de la parte quejosa una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo. La parte quejosa expresa como concepto de violación lo siguiente: Que como se desprende del considerando I de la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, hizo un análisis respecto de la jurisdicción, competencia y vía planteada en el incidente de ejecución forzosa planteado en el natural, y en el que de dicha autoridad determinó que la vía era correcta y procedente. Que la sentencia interlocutoria causa perjuicio, pues, se tiene que el recurso procedente contra la sentencia interlocutoria dictada en ejecución forzosa lo es el recurso de queja, lo anterior, porque la vía de ejecución forzosa fue la vía adecuada y procedente, luego entonces, el recurso procedente contra la sentencia interlocutoria lo es el recurso de queja, en términos del artículo 590 fracción II, del Código Procesal vigente. La falta de congruencia, motivación y fundamentación realizada por el Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en perjuicio del menor que representa, pues además la autoridad responsable violenta el derecho del menor a percibir alimentos que por derecho y por sentencia tiene. Que no solo violenta los derechos de su representado, sino que soportan y fortalecen de manera indebida la falta de congruencia de la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, ante la falta de fundamentación y motivación. Que la autoridad responsable desecha el recurso de queja, a pesar del ser el recurso legal procedente y que debió haber hecho un estudio más profundo de las pruebas de las partes, donde la demandada incidentista, se abstuvo de presentar pruebas que acreditaran que los recursos de pensión alimenticia recibidos en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de dos mil diecinueve, fueran destinados en beneficio del menor, y donde mi representado en especifico exhibió como prueba las documentales que acredita los descuentos de pensión realizados. Que al desecharse el recurso de queja, se deja en estado de indefensión a su representado, contra la Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en virtud de que en la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, hace una presunción de que dichas cantidades fueron destinadas al menor. Concluye argumentando que la Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, violenta en perjuicio del menor, su derecho a percibir alimentos, derivado de su apreciación respecto de las cantidades reclamadas fueron destinadas al menor sin hacer una valoración integral de las pruebas, dentro del incidente de ejecución forzosa número 376/2013. Por cuestión de técnica, al estar relacionados entre sí los conceptos de violación se analizarán en su conjunto de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, los que se consideran inoperantes e infundados, aún suplidos en su deficiencia. Para mayor claridad del asunto conviene citar las consideraciones de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante la cual desechó el recurso de queja, del modo siguiente: ". se procede a resolver sobre su admisión e idoneidad del recurso de queja que hizo valer el quejoso antes mencionado, contra la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual es necesario citar el contenido del artículo 590 del Código Procesal Familiar en vigor, mismo que a la letra dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 590.- PROCEDENCIA DE LA QUEJA CONTRA JUEZ. El recurso de queja contra el juez es procedente: Contra la resolución en que niegue la admisión de una demanda, o se desconozca de oficio la personalidad de un litigante; Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias; Contra la denegación de la apelación; Por exceso o defecto en la ejecución de sentencia dictada en segunda instancia. Derogada. En los demás casos fijados por la ley. La queja en contra de los jueces procede aún cuando se trate de juicios en que por su cuantía no se admite el recurso de apelación. . Así, de una interpretación sistemática del precepto legal anotado, se evidencia que el legislador local estableció un catálogo de actos susceptibles de impugnarse, mediante dicho recurso; por lo que, este Tribunal sostiene que los requisitos de procedencia referidos atienden a la intención evidente de garantizar la expedites del proceso, dada su naturaleza de ser un juicio concentrado y sumario, en función de los cual el legislador previó la manera de evitar que ese medio de impugnación se utilice con el propósito de retrasar sin necesidad el desarrollo del procedimiento natural. . por ello, que tomando en cuenta que el presente asunto se trata de un recurso de queja contra una resolución interlocutoria (referente a medidas provisionales), debe aclararse que aún y cuando pareciera que encuadra en la fracción II del precepto legal antes invocado, debe hacer aclaración que dicha hipótesis únicamente se colma al existir en el juicio principal la pronunciación de una sentencia definitiva lo que en el caso no acontece. Por lo anterior, esta Alzada arriba a la conclusión y así se declara que el recurso de queja interpuesto por la parte demandada ANDRÉS VELÁZQUEZ DOVALINA por su propio derecho y en representación de su menor hijo (A.V.A.) resulta INADMISIBLE para combatir la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, al existir disposición expresa y específica; en consecuencia, con fundamento en los dispuesto por el numeral 60 fracción VI del Código Procesal Familiar en vigor, SE DESECHA el medio de impugnación en comento, por no ser el recurso idóneo ." La anterior resolución, constituye el acto reclamado en este sumario constitucional. Bajo ese orden, una vez relacionados los antecedentes del acto reclamado, se reitera, en relación a los conceptos de violación señalados son inoperantes, de acuerdo a lo siguiente: Como puede apreciarse de la transcripción de la resolución reclamada la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, señalada como responsable, determinó desechar el recurso de queja interpuesto por la aquí parte quejosa, en contra del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, emitido dentro del incidente de ejecución forzosa número 376/2013-2, relativo, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, derivado de la controversia de orden familiar sobre divorcio necesario, en el cual determinó improcedente el incidente de ejecución forzosa hecho valor por el hoy quejoso Andrés Velázquez Dovalina, respecto de la medida provisional de alimentos decretada por resolución interlocutoria de dieciséis de enero de dos mil ocho. Determina la Primera Sala señalada como responsable que el recurso intentado no es idóneo para combatir el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que determina improcedente el incidente de ejecución forzosa relacionado en líneas precedentes, que, aún y cuando se trata de una resolución que emana de un incidente respecto a los alimentos provisionales, no existe una resolución de manera definitiva que haya dirimido la causa que dio origen al expediente principal, y por ende se proceda a la ejecución forzosa; ya que, el proceso de ejecución conlleva el cumplimiento de la obligación consignada de una sentencia, convenio o transacción. Determinación que se considera atinada por la responsable, inoperantes por un lado e improcedentes los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de amparo, al señalar en primer término una serie de argumentos y manifestaciones relacionados exclusivamente a la resolución que motivó la interposición del recurso de queja, es decir, realiza argumentos respecto de la resolución del incidente de ejecución forzosa, no así de la resolución que aquí reclama y que desechó su recurso de queja. Ahora bien, al no existir disposición legal expresa en la que se contemple la procedencia de dicho recurso de queja en contra del auto que veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, pues los supuestos que refiere el artículo 590 del Código Procesal Familiar en vigor del Estado de Morelos, en sus diversas fracciones señala que la queja es procedente contra resoluciones que nieguen la admisión de una demanda, o la personalidad de un litigante; contra interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia; contra la denegada apelación; por exceso o defecto en el cumplimiento; en los demás caso fijados por la ley, de lo antes precisado el acuerdo impugnado no se ubica en alguno de los supuestos previstos para que pueda ser impugnado en queja, ya que se trata de una resolución que declara improcedente el incidente de ejecución forzosa, respecto de la medida provisional de alimentos decretada por diversa resolución interlocutoria de dieciséis de enero de dos mil ocho, cuestión que se insiste no encuadra en los supuestos de procedencia del recurso de queja como lo señala la responsable, ya que no se trata de una resolución que derive de una sentencia definitiva que haya resuelto el juicio de origen. Asimismo, el artículo 616 del Código Procesal Familiar en vigor del Estado de Morelos, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 616.- RECURSOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Las resoluciones que se dicten en ejecución de sentencias sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate será siempre apelable en el efecto suspensivo, si la sentencia definitiva fuere apelable. En los demás casos, las resoluciones no serán recurribles.". Atento a lo anterior, si bien es cierto señala que las resoluciones en ejecución se pueden recurrir en apelación o queja, también lo es, que dicha norma jurídica es precisa en establecer que esto procederá únicamente en tratándose de resoluciones que se dicten en ejecución de sentencias, cuando la ley lo determine expresamente, supuestos que no reúne el auto impugnado, por tanto, es evidente que dicho numeral no se ajusta al caso concreto, de ahí también lo infundado del concepto de violación. Por lo que, no obstante lo anterior, en relación al concepto de violación de falta de congruencia, motivación y fundamentación, resulta inoperante por un lado e infundado por otro. Lo anterior, porque en primer lugar y como ya se expuso en párrafos precedentes, el hoy quejoso realiza argumentos encaminados a combatir la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del expediente de origen 376/2013, índice de la autoridad señalada como responsable, que declaró improcedente el incidente de ejecución forzosa que promovió y contra del cual interpuso el recurso de queja que combate a través del presente juicio de amparo, por tanto, al formular consideraciones como la falta de valoración de pruebas por parte de la autoridad señalada como responsable respecto de la promoción del incidente de ejecución forzosa, de ahí su inoperancia, al ser esa resolución la materia del acto reclamado en este asunto. Por otro lado, es infundado, en razón de que la posibilidad de que exista un recurso efectivo, no siempre tiene que estar ligado a su procedencia, pues de acuerdo con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si bien los Estados partes deben suministrar recursos judiciales efectivos para reparar violaciones a los derechos humanos, no obstante, la Corte Interamericana ha definido que la existencia y aplicación de causales de inadmisibilidad en ese tipo de recursos no son en sí mismas incompatibles con la citada convención, pues la efectividad del recurso interno implica que, potencialmente, cuando se cumplan sus requisitos de procedencia y de admisibilidad, el órgano competente se encuentre en aptitud de evaluar sus méritos de manera fundada y motivada. Así, aunque para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva se requiere de un recurso o procedimiento interno que verdaderamente sirva para proteger los derechos humanos y remediar su violación, ello no significa que los órganos o tribunales competentes deban admitirlo siempre, es decir, sin considerar los presupuestos de admisibilidad y procedencia correspondientes y emitir en todos los casos un pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado. Lo anterior, porque tal juzgamiento de fondo no es imprescindible para determinar la efectividad del medio de impugnación, sino que ésta la determina su idoneidad y disponibilidad para las partes interesadas. Por tanto, aunque por razones de procedimiento éstas no obtengan un pronunciamiento de fondo, dicha circunstancia no importa violación a aquel derecho, siempre y cuando la decisión recaída sea fundada y motivada, como en el caso donde la responsable si fundó y motivó su resolución. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis XVI.1o.A.T.5 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1753, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo registro: 2001299.que dice: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos". Así como la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), registro 2005717, del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, del rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En consecuencia a lo anteriormente expuesto, resultan infundados los conceptos de violación, en razón a que como se ha precisado con anterioridad, la responsable atendió los motivos de disenso del quejoso al precisar que el recurso hecho valer no es procedente al no estar previsto en la ley de la materia, sin que ello, implique que la autoridad deba corregir el error del impetrante de amparo aun tratándose de menores de edad, pues para ejercer el derecho de acceso a la justicia se debe cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia de las acciones y de los recursos. Encuentra apoyo a lo anterior en lo conducente, la tesis I.2o.C.5 C (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 1992, Décima Época, Materia Constitucional, Civil, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS HUMANOS. EL DE ACCESO A LA JUSTICIA NO IMPLICA QUE EL JUZGADOR DE AMPARO DEBA SUBSANAR EL ERROR EN QUE INCURRAN LAS PARTES AL INTERPONER UN RECURSO NO IDÓNEO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD, ATENTO A LOS PRESUPUESTOS PROCESALES, FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS. El artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que nuestro país forma parte, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Por otra parte, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, título décimo sexto, capítulo único, denominado "Disposiciones generales", específicamente de sus artículos 950, 951 y 952 se advierte que en dichos procedimientos pueden interponerse todos los recursos previstos en el código adjetivo civil (como el de apelación o revocación), de lo que se colige que esta legislación sí contempla el derecho a recursos efectivos, sencillos y rápidos, a fin de que los gobernados puedan defender los derechos que estimen tener. Por tanto, el hecho de que una de las partes interponga un recurso que no es el idóneo para impugnar la resolución de que se queja, no da lugar a que la autoridad jurisdiccional corrija el error, aun cuando se trate de menores de edad, pues para ejercer el derecho de acceso a la justicia se debe cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia de las acciones y de los recursos, lo que brinda certeza jurídica a los gobernados; de ahí que las reglas de su procedencia no pueden alterarse a través de una pretendida protección a los derechos humanos, por lo que si el medio de impugnación interpuesto no resulta ser el idóneo, no puede subsanarse el error por el Juez de amparo a fin de que se admita un recurso que no fue el realmente interpuesto, o bien, se resuelva un recurso que no es el que debió agotarse, pues ello atentaría contra los principios de equidad procesal y seguridad jurídica que deben observarse en materia civil.". En ese tenor, también es dable aseverar que el interés superior del menor se erige como la consideración primordial que debe atenderse en cualquier decisión que afecte a menores, de lo que se sigue que en los juicios en los que directa o indirectamente se ven involucrados los derechos de estos -tales como la guarda y custodia o el régimen de convivencias y visitas-, el interés superior del niño impone a los juzgadores la obligación de resolver la controversia puesta a su consideración atendiendo a lo que es mejor para el niño, lo que así se observa, atendiendo a que lo aquí resuelto de ninguna manera afecta las cantidades otorgadas con motivo de medidas provisionales y de alimentos concedidos por resolución judicial en el expediente de origen de donde emanan los actos reclamados. Por tanto, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación, sin que haya motivo de agravio que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Andrés Velázquez Dovalina, contra el acto reclamado de la autoridad responsable, consistente en la resolución de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 603/2021-11, derivado del expediente 376/2013-2, en la que desechó el recurso de queja, por tanto, confirma el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el juicio de controversia del orden familiar sobre divorcio necesario. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: UNICO. LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE a Andrés Velázquez Dovalina, contra actos de los Magistrados de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en términos de la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Penafiel Salazar, hasta hoy seis de julio de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de marzo de dos mil veintidós Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes a los que haya lugar, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos Mixta de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos y remite diversas constancias relacionadas con el acto reclamado; al respecto, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que se ofrecen, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Por otra parte, dada la voluminosidad de las constancias remitidas, se ordena formar 41 anexos colocándoles carátulas de identificación de este juicio, respetando sus folios y rúbricas originales. Ahora bien, se precisa que los anexos referidos en el párrafo que antecede no serán digitalizado ni formarán parte del expediente electrónico, ello es así tomando en cuenta lo dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior no causa un perjuicio de naturaleza trascendental y grave a las partes, pues las citadas constancias podrán ser consultadas en las Instalaciones que ocupa este Juzgado Federal, previa cita que estos hagan a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además que las mismas deberán ser analizadas y valoradas al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado al momento que se emita la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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