Andrés Rubén Ramón Armijos y Otros.

Expediente 55/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
55/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Andrés Rubén Ramón Armijos y Otros.
  • Wilson Xavier Fajardo Lucero y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, expediente principal es susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. Cumplido el plazo de conservación de cinco años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de mayo de dos mil veintidós. Vistos para resolver el juicio de amparo 55/2022-VII, promovido por ********** y V**********. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Andrés Rubén Ramón Armijos y Viviana Elizabeth Amaya Arias, por medio de un tercero, mediante escrito presentado ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en contra de las autoridades y por los actos ahí destacados. De dicha demanda tocó conocer al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, quien, asignó el número de amparo 78/2022, y posteriormente, declinó la competencia legal, por razón de territorio, al juzgado de Distrito, en turno, en esta ciudad, tocando su conocimiento a este órgano jurisdiccional, quien mediante auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, asumió su competencia legal para seguir conociendo de dicho asunto. SEGUNDO. En la propia demanda la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos humanos que, en su concepto, se violaron con los actos relativos. TERCERO. La demanda de amparo se turnó a este juzgado y fue admitida en sus términos, ordenándose la formación y radicación del expediente relativo, por lo cual se fijó hora y fecha para la audiencia de ley, se solicitó el informe justificado y se dio vista al Ministerio Público de la Federación; y seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, se inició la audiencia constitucional relativa. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aparte de que los actos reclamados en este juicio incumben a un juez de Distrito, tienen ejecución en el lugar donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente en este juicio de amparo: 1. La privación de la libertad o detención de la parte quejosa en las oficinas migratorias de esta ciudad, en su calidad de asegurados que les impide su libre tránsito y hace que les ocasione estrés por el posible traslado a una estación migratoria en otra ciudad, así como su inminente deportación. 2. La negativa de otorgarles visa por razones humanitarias, o calidad de refugiado; así como el derecho de hablar con su asesor jurídico. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades foráneas, Representante Local del Instituto Nacional de Migración y el Encargado de la Estancia Provisional, ambos con residencia en Chihuahua, Chihuahua, consistentes en privación o detención de la parte quejosa en las oficinas migratorias de esta ciudad, en su calidad de asegurados que les impide su libre tránsito y hace que les ocasione estrés por el posible traslado a una estación migratoria en otra ciudad, así como su inminente deportación; de igual manera, la omisión de las autoridades responsables de regularizarles su situación migratoria, negándoles el otorgamiento de visa por razones humanitarias, así como el derecho de hablar con su asesor jurídico-. Asimismo, las autoridades locales, encargado de la Estancia Provisional y Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración, ambos con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado señalaron que era cierto el acto reclamado únicamente en cuanto a la privación de la libertad, entonces, el resto de los demás actos contenidos en el punto número dos del considerando segundo de este fallo resultan ser inexistentes, por lo cual, en todo caso, corresponde a la parte quejosa desvirtuar esa negativa. Cierto. Ante esa negativa, desde luego, a la parte impetrante toca demostrar la existencia de los actos reclamados relativos, en los términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones existe una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. Máxime, que dicha negativa se ve corroborada en autos, pues se advierte de las constancias existentes en este asunto, que fueron las autoridades con sede en Ciudad Juárez, quienes realizaron la detención de que se trata, por lo que dicha negativa, lejos de estar aislada, se encuentra acreditada. Además, de esas constancias se aprecia que no había sido emitida orden de deportación alguna en contra de la parte quejosa, sino que atento a la petición de ellos se acogieron al beneficio del derecho de retorno asistido, y se les hicieron saber los derechos de los aojados en las estancias provisionales, entre estos, recibir asesoría legal, e información del procedimiento migratorio, comunicarse vía telefónica con las personas que solicitaran, recibir los alimentos, etc., constancias de donde se desprendía que no se encontraban incomunicados, y no existían registros de solicitud de la parte quejosa de otorgamiento de visa por razones humanitarias en su favor o de que se les brindara la calidad de refugiado. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Sin que los quejosos, por sí o por conducto de sus autorizados, hubieran aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuar tales negativas. Respecto a lo anterior, tiene aplicación al caso la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236, del contenido: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Las constancias referidas en las líneas anteriores cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Dichas negativas cobran relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos -porque la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo- sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dichos informes", en los que las autoridades admitan su existencia y aduzcan su constitucionalidad; pero no cuando se negó categóricamente el acto imputado, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de amparo, en primer término, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto del acto reclamado a las autoridades apuntadas en las líneas previas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este asunto, con relación a la orden de deportación de que se dolieron los quejosos, ante su inexistencia. CUARTO. Existencia de acto reclamado. Como se indicó en el considerando que antecede, el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de representación en Chihuahua, en su calidad de Encargado de la Estancia Provisional Juárez, refirió que la parte quejosa sí se encontraba privada de su libertad mediante alojamiento, en la Estación Migratoria en esta ciudad, al momento de la presentación de la demanda de amparo; y que obtuvieron su libertad el diecisiete de enero de dos mil veintidós; lo que acreditó con las constancias respectivas. Es así, dicha autoridad, envió copia certificada, entre otras, de las siguientes constancias: Acuerdo de presentación, de trece y catorce de enero de dos mil veintidós, en el que se determinó el alojamiento temporal de ********** y **********, respectivamente, en la Estación Migratoria B Juárez del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. Acuerdo de salida de estancia provisional de diecisiete de enero de dos mil veintidós, en el que la responsable permitió la salida de la parte quejosa y se le sujetó a comparecer dos veces por semana (martes y jueves), en un horario de nueve a trece horas; y se dejó sin efectos los acuerdos de presentación de fecha trece y catorce de enero de dos mil veintidós, en el que se determinó su alojamiento temporal en la estación migratoria ya referida. Por lo tanto, dicho acto se tiene como fehacientemente demostrado. QUINTO. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto consistente en la privación de la libertad de la parte quejosa, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En efecto, el diecisiete de enero de dos mil veintidós, se emitió en favor de los quejosos, acuerdo de salida, dejándolos en libertad deambulatoria; se les sujetó a comparecer dos veces por semana (martes y jueves), en un horario de nueve a trece horas a las instalaciones de la responsable; y se dejó sin efectos el acuerdo de presentación de fecha trece y catorce de enero de dos mil veintidós, en el que se determinó su alojamiento temporal en la estación migratoria ya referida. De manera que, los quejosos dejaron de estar privados de su libertad deambulatoria o asegurados; y además, se dejó sin efectos los acuerdos de presentación de trece y catorce de enero de dos mil veintidós, por el cual, precisamente, se determinó su alojamiento temporal en la estación migratoria ya referida. Bajo ese contexto, es dable concluir que han cesado los efectos del alojamiento reclamado, decretado el once de marzo de dos mil veintidós; y que, debido a ello, ha sido eliminada permanentemente la afectación generada por ésta a la esfera jurídica de la parte quejosa. De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional, pues se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que estimó violado, consiguiéndose así la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la vulneración nunca se hubiera realizado; trayendo consigo la actualización de la hipótesis de improcedencia ya aludida. Resulta aplicable la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del contenido siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesados los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfrutara del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De igual modo, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Con esto no hay duda que se destruyó el acto reclamado en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos, porque a final de cuentas la autoridad responsable ya cesó en su actuar al haberse liberado a la parte quejosa, y sobre todo, al dejar sin efectos la determinación a través de la cual resolvió su alojamiento temporal en las instalaciones de la ya citada estación migratoria. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el alojamiento decretado el trece y catorce de enero de dos mil veintidós, concorde a lo prescrito en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, del ordenamiento legal en cita. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamara amados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********** y **********, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********, hoy doce de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado de los autos, se advierte que en proveído de treinta de marzo del año en curso, la autoridad responsable el Representante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, rindió su informe justificado con el cual se dio vista a las partes, notificándose el cuatro de los actuales; por ello, que resulta evidente que aún no transcurren los ocho días hábiles que tienen para imponerse de su contenido de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, para su desahogo, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia P./J. 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe. MGCJ/Jeam/rlv

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos los informes sobre la suspensión de plano y justificado rendidos por la autoridad responsable Representante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad de ese mismo nombre. Respecto al informe sobre la suspensión de plano, se le tiene haciendo las manifestaciones que señala, en acatamiento a la medida suspensional, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, en relación al informe justificado, tal como dispone el artículo 117 de la ley en aplicación, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe. *

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