Andrés Ponce Meza
Expediente 934/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 934/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Andrés Ponce Meza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; nueve de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario *******, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de febrero de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 934/2017-I-2, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El nueve de noviembre el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua remitió vía oficio a la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad la demanda de amparo promovida **. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del Encargado del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte. A tal autoridad le reclamó, la inadecuada atención médica. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 18, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite al escrito de demanda. En nueve de noviembre de dos mil diecisiete fue turnada a este juzgado la demanda de amparo, en auto de diez de noviembre de dos mil diecisiete, este juzgador ordenó formar expediente y registrar la demanda como amparo indirecto 934/2017-I-2; admitió a trámite el asunto; solicitó a la autoridad responsable el informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito le dio la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha para la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se trata de un asunto de autoridades distintas de los tribunales administrativos, del trabajo y judiciales cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte impetrante reclama del Encargado del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte la omisión de proporcionarle atención médica. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente, del que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Encargado del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, al rendir informe con justificación manifestó que no era cierto que se hubiera negado la adecuada atención médica al aquí quejoso, pues el treinta de noviembre de dos mil diecisiete tuvo su consulta con el médico penitenciario. Sin embargo, debe tenerse por cierto el acto reclamado, pues la demanda fue recibida en este juzgado el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, es decir, anterior a la valoración del quejoso; de ahí que se encuentra desvirtuada tal negativa. CUARTO. Improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se actualiza. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, el que suscribe estima que respecto de la omisión que se tilda de inconstitucional se actualiza la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo; de tal manera que, en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. A fin de que cesen los efectos del acto de autoridad, es necesario que se revoque de manera total junto con los efectos que haya producido, además, la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho humano que se estima transgredido. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia actual, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En el caso, el quejoso señaló como acto reclamado, la omisión de brindarle atención médica adecuada. Al respecto, el Encargado del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte acreditó con copias certificadas que el treinta de noviembre de dos mil diecisiete el quejoso tuvo su consulta con el médico penitenciario, que el veintiséis de diciembre del mismo año, el quejoso fue valorado por un psiquiatra y que se le ha suministrado el medicamento recetado por dicho especialista. Constancias que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 133 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo por mandato de su numeral 2. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, pues el obrar de la autoridad responsable implica la restitución de los derechos que se adujeron transgredidos. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61 fracción XXI, 63 fracción V, 76, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 934/2017-I-2, por las razones expresadas en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Encargado del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, para lo cual remite las constancias que acreditan que le han suministrado al quejoso las medicinas recetadas por el psiquiatra el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 75 párrafo tercero. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el doce de enero pasado se recibió la nota de valoración practicada al quejoso el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete por el psiquiatra ********** de la que se desprende que le recetó olanzapina y amitriptilina. Así, de lo remitido por la autoridad no se advierte que le hayan sido suministradas al quejoso, por tanto, toda vez que dichas constancias se estiman necesarias, de conformidad con el artículo 75 párrafo tercero, se requiere al Encargado del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte a fin de que en el término de tres días remita las constancias que acrediten la entrega de los medicamentos al quejoso, a fin de poder dictar una sentencia apegada a derecho. En el entendido que de no remitirlas o no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para esta fecha y se señalan las nueve horas con diez minutos del veinte de febrero de dos mil dieciocho, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ********** Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de noviembre de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada **********Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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