Andrés Rafael Martínez Zapata
Expediente 80/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 52 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 52
- Última actuación
- 03/11/2022
Partes del expediente
- Andrés Rafael Martínez Zapata
- Mario Alberto Miranda Chuela y Otros.
- Carlos Arturo Mora
- Mario Alberto Miranda Chuela
- Carlos Arturo Mora y Otros.
- Andrés Rafael Martínez Zapata y Otros.
- Blanca Estela Segura Casilla y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 52.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
- Principal
con fundamento en el artículo 27, fraccion i, inciso b) de la ley de amparo, se hace efectivo el apercibimiento del citatorio dejado en el domilicio procesal de la parte quejosa Andrés Rafael Martínez Zapata, Mario Alberto Miranda Chuela, Carlos Arturo Mora, Donal Ariel Arce Ortiz, Blanca Estela Segura Casilla, José Humberto Delgado Ramírez, Jorge Muñóz Zavala, Víctor Pérez Gutiérrez y Alberto Huerta Mendoza, por conducto de su representante común Andrés Rafael Martínez Zapata, y se le notifica el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, que dice: ".. Ensenada, Baja California, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, conviene precisar que por sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se otorgó el amparo y protección de la justicia Federal a los quejosos Andrés Rafael Martínez Zapata, Mario Alberto Miranda Chuela, Carlos Arturo Mora, Donal Ariel Arce Ortiz, Blanca Estela Segura Castilla, José Humberto Delgado Ramírez, Jorge Muños Zavala, Víctor Pérez Gutiérrez y Alberto Huerta Mendoza, para el efecto siguiente: "De inmediato dicte un acuerdo en el cual, en términos de los artículos 142, 143, 144 y 145 Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, realice el requerimiento a la persona o personas físicas (citando los nombres) a quien o quienes en su carácter de integrantes del Ayuntamiento de Ensenada, deben realizar determinados actos para cumplir con las prestaciones pendientes derivadas del laudo ejecutoriado dictado el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio 310/2011, las cuales deberá mencionar de manera clara y precisa, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo que le o les otorgue para tal efecto, se hará o harán acreedores a la medida de apremio que considere procedente. En la inteligencia que, una vez agotadas las medidas de apremio correspondientes, en caso de continuar el incumplimiento, en términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá dar vista al Agente del Ministerio Público correspondiente, por la posible comisión del delito de desacato, previsto y sancionado por el artículo 311, en relación con el 315 del Código Penal para el estado de Baja California." Cabe destacar que contra dicha sentencia fue interpuesto recurso de revisión por parte de la autoridad tercera interesada, por lo que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimosegundo Circuito, con sede en Tijuana, mediante ejecutoria de diecinueve de enero de dos mil veintidós, determinó confirmar la sentencia sometida a revisión, por lo que mediante auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós -fecha de recepción de la ejecutoria en el juzgado-, se requirió a la responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que informara sobre el cumplimiento al fallo protector. En cumplimiento a ello, mediante auto de diez de febrero de dos mil veintidós, se tuvo al Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, informando sobre los actos tendentes a fin de acatar el fallo protector. Posteriormente, después de múltiples requerimientos mediante auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se le requirió al Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con sede en Mexicali, a fin de que acatara en sus términos la ejecutoria de amparo. Después de múltiples requerimientos, mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, este juzgado requirió al Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con sede en Mexicali, a fin de que remitiera a este juzgado copia certificada de la constancia de notificación con sello de recibido del oficio que giró al Recaudador de Rentas del estado, de Baja California, a fin de hacer efectiva la multa impuesta al Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ensenada, así como de la notificación realizada al Agente del Ministerio Público en la cual se le dio vista en términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por la posible comisión del delito de desacato. Por auto de nueve de junio de dos mil veintidós se tuvo por recibido el oficio 794/2022, signado por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, al cual anexó copia certificada del auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, del que se desprende que el tribunal responsable, ante la falta de cumplimiento a su laudo, ordenó imponer una multa equivalente noventa y seis pesos con veintidós centavos a Juan Antonio Guillén Sánchez (Oficial Mayor del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California) Vicente Maldonado y Benedicto Ancheta Castro (Encargado del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California); asimismo, ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, de esta ciudad, con la desobediencia de las autoridades antes citadas, por lo que este juzgado, en el mismo auto, ordenó la vinculación del referido Agente del Ministerio Púbico, a fin de que diera cumplimiento al fallo protector, esto es, informara el número de carpeta de investigación iniciado con motivo del oficio EJEC/OF/660. En auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio SATBC-DJC-01-04-2022-3600, signado por la Directora Jurídico y de Cobranza del Servicio de Administración tributaria de Baja California, por medio del cual, remitió copias certificadas relativas al inicio del trámite a fin de lograr el cobro de las multas impuestas a Juan Antonio Guillén Sánchez (Oficial Mayor del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California) y Benedicto Ancheta Castro (Encargado del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California), no obstante, en el citado proveído este juzgado vinculó al cumplimiento al fallo protector a la dirección Jurídica y de Cobranza del Servicio de Administración Tributaria en Baja California, con sede en Tijuana. Mediante auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por la Directora Jurídico y de Cobranza del Servicio de Administración Tributaria de Baja California, informando sobre el cobro de las multas impuestas a Juan Antonio Guillén Sánchez (Oficial Mayor del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California) y Benedicto Ancheta Castro (Encargado del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California). Posteriormente, mediante auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio sin número, signado por el Encargado del Despacho de la Subdirección de la Unidad de Orientación y Atención Temprana del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal de la Fiscalía General del estado de Baja California, por medio del cual, hizo del conocimiento de este juzgado que con motivo de la vista otorgada por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con sede en Mexicali, dio inicio a la carpeta de investigación 0201-2022-05987. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones y poder verificar su contenido al ingresar a la liga proporcionada para tal efecto. En las relatadas condiciones, se estima que tanto la autoridad señalada como responsable, como las vinculadas al cumplimiento al fallo protector han acatado en sus términos la sentencia de amparo, ya que por una parte el Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, emitió un acuerdo en el cual requirió de manera personal a las dependencias que debían acatar el laudo dictado en autos del juicio de origen, a saber a Juan Antonio Guillén Sánchez (Oficial Mayor del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California) Vicente Maldonado del Toro (Tesorero Municipal de Ensenada, Baja California), Martín Preciado Rodríguez (Director de Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California) y Benedicto Ancheta Castro (Encargado del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California), y ante la falta de cumplimiento a su mandato, mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, ordenó imponer las multas y dar vista al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, ante el desacato por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Ensenada. Por su parte, las autoridades vinculadas al cumplimiento también acataron en sus términos el fallo protector, pues el Recaudador de Rentas del estado, con residencia en Ensenada, acreditó haber hecho efectivas las multas impuestas por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado, con sede en Mexicali, de igual forma, la Encargada del Despacho de la Dirección de Zona Ensenada del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal de la Fiscalía General del estado de Baja California, hizo del conocimiento de este juzgado que con motivo de la vista dada por el tribunal de arbitraje responsable, dio inicio a la carpeta de investigación 0201-2020-05987. En tal virtud, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable y las autoridades vinculadas al cumplimiento, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. En términos del artículos Décimo Octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo propio artículo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se depurara el presente asunto, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar..."
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Ensenada, Baja California, once de octubre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Secretario General del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y anexos que acompaña, mediante el cual informa actos tendentes al cumplimiento dictado en el presente asunto. Por otro lado, de las constancias anexas al oficio con folio 10643, se desprende que el Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, giró atento oficio al agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Atención y Orientación Temprana¸ con residencia en esta ciudad, efecto de hacerle del conocimiento la vista con motivo del desacato en que ha incurrido el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, al no haber dado cumplimiento al laudo emitido por ese tribunal. Ahora toda vez que del párrafo supra, se advierte que al agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Atención y Orientación Temprana¸ con residencia en esta ciudad, le compete realizar gestiones necesarias para dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos. Si bien la protección federal se concedió respecto a la autoridad Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, quien suscribe advierte que el agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Atención y Orientación Temprana¸ con residencia en esta ciudad, tiene injerencia en dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, no obstante el agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Atención y Orientación Temprana¸ con residencia en esta ciudad, no fue señalada como autoridad responsable, está directamente vinculada a llevar a cabo las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, tomo XXV, mayo de 2007, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 172605, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." En consecuencia, remítase copia autorizada de la sentencia de amparo y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, acorde con los lineamientos del fallo protector requiérase al agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Atención y Orientación Temprana¸ con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a éste juzgado de distrito, el número de carpeta de investigación que haya iniciado, en cumplimiento al oficio EJEC/OF/1177, girado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali. En ese sentido, se solicita a la autoridad requerida, que de manera preferente remita las constancias relativas, a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, solicitándoles que hagan referencia al juicio de amparo en que sea actúa y al número de oficio que se le remitió para una mejor identifican del mismo. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, conforme al artículo 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protestor que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo."
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