Andrés Ofelio Ayala Urías

Expediente 149/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
149/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • Andrés Ofelio Ayala Urías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente

  2. Principal

    Notifíquese personalmente;

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, once de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en proveído de veinticinco de enero pasado, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables Director General y Junta Directiva, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, sin embargo, a la fecha no obran en autos los acuses de recibo de los oficios 2815/2021 y 2816/2021, girados a efecto de notificarles dicho acuerdo. En consecuencia, a fin de evitar dilaciones procesales, requiérase vía correo acelerado (ESTAFETA), sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria, a las citadas autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación del presente proveído, informen a este juzgado si recibieron las misivas de referencia, y en su caso la fecha en que así fue. Apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá en lo individual como medio de apremio una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. En el entendido que la información solicitada podrá remitirla, de manera preferente vía correo electrónico a la dirección oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la autoridades responsables, como en este Juzgado de Distrito. Notifíquese.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta se advierte que por circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, en todos aquellos asuntos que no fueran considerados de tramitación urgente en el referido acuerdo general, es decir, suspender los plazos y términos judiciales en los mismos. De igual forma, por circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó continuar con el referido esquema de contingencia, entre otros, respecto al Decimoquinto Circuito (Baja California), en términos del mencionado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Por su parte, mediante circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó, respecto del Decimoquinto Circuito (Baja California), el regreso al esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales, conforme al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; a partir del diecinueve de enero de dos mil veintiuno. En ese contexto, se ordena el levantamiento de la suspensión de plazos y términos judiciales en el presente asunto. En el entendido de que en el presente asunto no transcurrieron plazos y términos judiciales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Se autoriza que los oficios relativos a la notificación de éste acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. Por otra parte, se advierte que las autoridades responsables Director General y Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, ambos con sede en Mexicali, no han dado cumplimiento a la ejecutoria conceso ría de amparo, no obstante de haber sido requerida para ello. En ese orden, a fin de evitar mayores dilaciones procesales requiérase vía correo acelerado (ESTAFETA) sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria, para que dentro del término de veinticuatro horas, remita las constancias que justifiquen el cumplimento de la ejecutoria de amparo, realizando las gestiones necesarias; apercibido que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento de fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." En el entendido que la información solicitada podrá remitirla, de manera preferente, vía correo electrónico a la dirección oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la autoridad responsable, como en este Juzgado de Distrito. Así también, se solicita a la autoridad responsable, proporcione un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario Se autoriza al actuario de la adscripción, que los oficios relativos a la notificación de éste acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes y confirme su recepción, debiendo levantar el acta para que obre agregada en autos como constancia. Notifíquese.

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