Andrés Piña Chaparro

Expediente 728/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
728/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2023

Partes del expediente

  • Andrés Piña Chaparro

Actuaciones

  1. Principal

    XII... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a su destrucción, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo de referencia.

  2. Principal

    XII... Vista la demanda de amparo promovida por Andrés...., por derecho propio, contra actos de la Presidenta de la Sala Auxiliar.... regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 728/2023-XII. En principio, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO Así, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, bajo las siguientes consideraciones: En ese sentido, el primero de los artículos citados, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que resulte alguna disposición de la ley. Por otra parte, el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento dispone que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Es decir, el juicio de amparo procede únicamente contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que correspondan a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. Es preciso destacar que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que refiere el segundo numeral en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Por lo que, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En ese orden de ideas, del escrito de demanda se desprende que el acto reclamado es: el auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, por el cual la Sala responsable indicó que el perito de la parte actora no acreditó su personalidad como experto en materia de grafoscopia y documentoscopia, no obstante que el especialista acreditó la calidad de licenciado en criminalística y criminología, por lo que dicho profesionista no tiene los conocimientos para poder intervenir en el desahogo de la audiencia y rendir el dictamen en la materia de la que versará la pericial. Por ende, tales actuaciones no irrogan por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en su esfera jurídica, esto es, no se afectan materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si bien no se le tuvo por acreditada la especialidad del perito, pretendida por el aquí quejoso en el juicio laboral de origen, ello únicamente podría generar como consecuencia la deserción de la prueba, lo que por sí solo no afecta un derecho fundamental, porque solo refleja una violación de tipo procesal y por ende no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, con relación al diverso numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, pues la actuación combatida tiene efectos de carácter adjetivo en el sumario natural. Además, cabe la posibilidad de que el laudo que posteriormente emita la sala responsable dentro del proceso del que deriva el reclamo, sea favorable a sus intereses, en cuyo caso lo que ahora estima le causa perjuicio quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica y, de modo contrario, estará en condiciones alegarlo como violación procesal a través del juicio de amparo directo que promueva contra el fallo definitivo. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en el ordinal 26, fracción III, en relación con el diverso 29 del citado ordenamiento legal, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este juzgado federal, sin perjuicio que con posterioridad designe uno en esta ciudad. ... Se autoriza a las personas que indica, en términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, pues al tratarse de un asunto en materia laboral promovido por la parte trabajadora, conforme a la primera parte del segundo párrafo, del citado numeral, aplicado a contrario sensu, no se requiere la acreditación para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.

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