Andrés Othón Harfuch Aspe

Expediente 275/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
275/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Andrés Othón Harfuch Aspe

Actuaciones

  1. Principal

    III... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción.

  2. Principal

    III.... Naucalpan de Juárez, Estado de México; trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Andrés Othón ..., por propio derecho, contra actos del Juez Noveno en Materia Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 275/2023-III. Ahora bien, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, bajo las siguientes consideraciones: Los preceptos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos en la propia ley de la materia, como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y no en los casos en que se refieran a adjetivos o procesales, que correspondan a la posición que las partes van adquiriendo para la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica que la violación puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III, del artículo 107 Constitucional. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. En el particular, se reclama la resolución dictada por el Juez Noveno en Materia Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México el trece de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente 204/2022, donde se resolvió el recurso de revocación contra el auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés por el cual se determinó no acordar de conformidad a lo peticionado por el aquí quejoso, relativo a llamar a juicio a Wilfredo ..., como litisconsorte activo. De lo anterior se advierte que dicho acto no irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en su esfera jurídica, esto es, no afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha determinación, solo implica la continuación del juicio ordinario civil en que el solicitante de amparo es parte, lo que refleja una violación de tipo procesal que no genera una afectación a un derecho fundamental y por ende no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b) Constitucional, con relación al diverso numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, pues la actuación combatida tiene efectos de carácter procesal. En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia advertida, en razón de que dicho acto reclamado no reviste el carácter de imposible reparación, para considerar procedente el juicio de constitucional, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, pues dicha actuación tiene el carácter de procesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud de que el proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, resolvió el recurso de revocación contra el auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por el cual se determinó no acordar de conformidad a lo peticionado por el aquí quejoso, relativo a llamar a juicio a Wilfredo Barraza Rodríguez como litisconsorte activo en el citado ordinario civil, es un acto que no afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos del gobernado como la libertad, la propiedad, entre otros, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana, pues será en todo caso la valoración que la autoridad responsable realice al momento en que dicte sentencia definitiva, la que podría causar un perjuicio al solicitante de amparo. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la actual Ley de Amparo, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Entonces, la resolución reclamada no concurren circunstancias que puedan implicar una trasgresión de imposible reparación en la esfera de derechos del hoy quejoso como pudiera ser las enumeradas en el criterio jurisprudencial aludido en segundo término; es innegable que el presente juicio es improcedente. Lo anterior, porque, se reitera, no puede considerarse que la resolución reclamada le puede ocasionar a la parte quejosa perjuicios de imposible reparación, en razón de que ésta únicamente tiene como consecuencia que no se llame a juicio a Wilfredo Barraza Rodríguez como litisconsorte activo, siendo que para considerar que un acto de autoridad es de imposible reparación, debe producir una afectación material a algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución del País, o los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual no ocurre en el caso. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107 fracción V, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda. DOMICILIO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 35, 36 y 55, todos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de la videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en virtud de que el nombre de usuario 11515503, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se autoriza consultar las actuaciones del presente expediente, así como realizar notificaciones vía electrónica. Atendiendo lo dispuesto en los citados numerales, en relación a los diversos 3º, 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, únicamente las notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica al usuario aludido, como expresamente lo solicita, en el entendido de que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la citada norma, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En caso de ser necesario, practíquese las diligencias derivadas de este sumario, de conformidad con el numeral 21, último párrafo, de la ley de la materia. AUTORIZADOS. Se autoriza en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo a ..., en virtud de que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por lo que hace al restante profesionista, únicamente en términos de la última parte del párrafo segundo del citado numeral, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la misma norma, en virtud de que no acredita encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado, o tener registrada su cédula profesional en el sistema mencionado, por lo que una vez que realicen lo anterior y lo informen a este juzgado, en su momento se acordará lo conducente. En relación a las demás personas que señala, se autorizan para oír notificaciones aun las de carácter personal e imponerse de los autos y recoger documentos, atendiendo a los numerales mencionados en último término. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. Se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.

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