Andres Lugo Garcia

Expediente 688/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
688/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
02/09/2021

Partes del expediente

  • Andres Lugo Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto dictado el once de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicho proveído ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; así como por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercero interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, once de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Arturo Madrid Fernández), con el que se da vista a las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el citado precepto 117 y el diverso 119, ambos de la mencionada ley, téngase como prueba de su parte la documental que anexa a su informe de ley, de la que se advierte que dentro del toca penal 13/2021 de su índice, el dos de agosto de dos mil veintiuno, pronunció sentencia, en la que determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se revoca el auto de 23 de abril de 2021 dos mil veintiuno pronunciado en la carpeta judicial administrativa, CAUSA PENAL: 53/2020/CHOLULA, para quedar en los siguientes términos: PRIMERO. En la causa penal 53/2020/CHOLUA (sic) quedó demostrado el hecho con apariencia de fraude, previsto por los artículos 402, 404 fracción I y 407 del Código Penal para el Estado de Puebla, probablemente cometido en agravio de la ASOCIACIÓN EN DESARROLLO PARA ABATIR EL REZAGO, ASOCIACIÓN CIVIL. SEGUNDO. La probable responsabilidad de RODRIGO MÉNDEZ VÁZQUEZ Y MARCO ANTONIO MÉNDEZ VÁZQUEZ en su comisión, se encuentra acreditada. TERCERO. Se instruye al Juez de Control, Región Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, para que gire oficio a la Fiscalía General del Estado, con transcripción de la presente resolución, comunicando la orden de captura de RODRIGO MÉNDEZ VÁZQUEZ Y MARCO ANTONIO MÉNDEZ VÁZQUEZ, a efecto de que, lograda que sea los ponga a su disposición para la continuación del procedimiento penal correspondiente dentro de la causa penal 53/2020/CHOLUA (sic); por su probable participación en la comisión de los hechos con apariencia de delito de fraude que se dicen cometidos en agravio de la ASOCIACIÓN EN DESARROLLO PARA ABATIR EL REZAGO, ASOCIACIÓN CIVIL." (.)." En ese sentido, el suscrito juez Federal, advierte de oficio que, respecto al acto aquí reclamado consistente en la omisión de Arturo Madrid Fernández, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, de resolver el recurso de apelación dentro del toca penal 13/2021 de su índice, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos), que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Dicho precepto prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el peticionario de amparo reclama de Arturo Madrid Fernández, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la omisión de resolver el recurso de apelación dentro del toca penal 13/2021 de su índice, que interpuso en su carácter de víctima dentro de la carpeta judicial administrativa 53/2020/CHOLULA. Al rendir su informe justificado, con se indicó en párrafos precedentes el Magistrado responsable manifestó que el dos de agosto de dos mil veintiuno dictó sentencia en el toca penal 13/2021 de su índice, cuyos puntos resolutivos ya han quedado transcritos, la cual fue notificada al aquí quejoso por conducto de su defensora particular el seis de agosto de dos mil veintiuno, vía correo electrónico, acusando el recibo correspondiente, tal cual se advierte de las constancias que remite como prueba a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, todo ello, posterior a la presentación de la demanda de amparo que fue el catorce de julio del actual (foja 1), de manera que los efectos producidos por la omisión reclamada, desparecieron de manera total e incondicional, como si la protección constitucional hubiera sido concedida. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora que se encontraba señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio; esto es, las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Hágase saber lo anterior a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, no pasa inadvertido para quien esto resuelve que no se haya ordenado el emplazamiento de los inculpados Rodrigo Méndez Vázquez y Marco Antonio Méndez Vázquez, a quienes les recae el carácter de terceros interesados; sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que dicha resolución no les causa ningún perjuicio a la referida parte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable, autoridad tercero interesada; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Arturo Madrid Fernández), con el que se da vista a las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el citado precepto 117 y el diverso 119, ambos de la mencionada ley, téngase como prueba de su parte la documental que anexa a su informe de ley, de la que se advierte que dentro del toca penal 13/2021 de su índice, el dos de agosto de dos mil veintiuno, pronunció sentencia, en la que determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se revoca el auto de 23 de abril de 2021 dos mil veintiuno pronunciado en la carpeta judicial administrativa, CAUSA PENAL: 53/2020/CHOLULA, para quedar en los siguientes términos: PRIMERO. En la causa penal 53/2020/CHOLUA (sic) quedó demostrado el hecho con apariencia de fraude, previsto por los artículos 402, 404 fracción I y 407 del Código Penal para el Estado de Puebla, probablemente cometido en agravio de la ASOCIACIÓN EN DESARROLLO PARA ABATIR EL REZAGO, ASOCIACIÓN CIVIL. SEGUNDO. La probable responsabilidad de RODRIGO MÉNDEZ VÁZQUEZ Y MARCO ANTONIO MÉNDEZ VÁZQUEZ en su comisión, se encuentra acreditada. TERCERO. Se instruye al Juez de Control, Región Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, para que gire oficio a la Fiscalía General del Estado, con transcripción de la presente resolución, comunicando la orden de captura de RODRIGO MÉNDEZ VÁZQUEZ Y MARCO ANTONIO MÉNDEZ VÁZQUEZ, a efecto de que, lograda que sea los ponga a su disposición para la continuación del procedimiento penal correspondiente dentro de la causa penal 53/2020/CHOLUA (sic); por su probable participación en la comisión de los hechos con apariencia de delito de fraude que se dicen cometidos en agravio de la ASOCIACIÓN EN DESARROLLO PARA ABATIR EL REZAGO, ASOCIACIÓN CIVIL." (.)." En ese sentido, el suscrito juez Federal, advierte de oficio que, respecto al acto aquí reclamado consistente en la omisión de Arturo Madrid Fernández, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, de resolver el recurso de apelación dentro del toca penal 13/2021 de su índice, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos), que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Dicho precepto prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el peticionario de amparo reclama de Arturo Madrid Fernández, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la omisión de resolver el recurso de apelación dentro del toca penal 13/2021 de su índice, que interpuso en su carácter de víctima dentro de la carpeta judicial administrativa 53/2020/CHOLULA. Al rendir su informe justificado, con se indicó en párrafos precedentes el Magistrado responsable manifestó que el dos de agosto de dos mil veintiuno dictó sentencia en el toca penal 13/2021 de su índice, cuyos puntos resolutivos ya han quedado transcritos, la cual fue notificada al aquí quejoso por conducto de su defensora particular el seis de agosto de dos mil veintiuno, vía correo electrónico, acusando el recibo correspondiente, tal cual se advierte de las constancias que remite como prueba a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, todo ello, posterior a la presentación de la demanda de amparo que fue el catorce de julio del actual (foja 1), de manera que los efectos producidos por la omisión reclamada, desparecieron de manera total e incondicional, como si la protección constitucional hubiera sido concedida. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora que se encontraba señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio; esto es, las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Hágase saber lo anterior a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, no pasa inadvertido para quien esto resuelve que no se haya ordenado el emplazamiento de los inculpados Rodrigo Méndez Vázquez y Marco Antonio Méndez Vázquez, a quienes les recae el carácter de terceros interesados; sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que dicha resolución no les causa ningún perjuicio a la referida parte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable, autoridad tercero interesada; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de la autoridad responsable: Arturo Madrid Fernández, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de dieciséis de julio del año en curso, informa el nombre de la fiscal que interviene en el toca de apelación 13/2021 de su estadística. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, se tiene a Nadia Garzón Catarino, agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla, con el carácter de autoridad tercero interesada. Por lo que, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) del citado ordenamiento legal, y en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, atendiendo al principio de prontitud, consagrado en el artículo 17 Constitucional, así como en aplicación de lo dispuesto en el numeral 28, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena su emplazamiento al presente juicio por medio de oficio que se gire, anexándole copia de la demanda y del auto admisorio. Notifíquese por oficio -vía emplazamiento- a la fiscal tercero interesada; y, por lista a las demás partes.Así lo proveyó y firma Raúl Bonilla Hernández, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por ausencia temporal del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 44, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ante Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.

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