Andres Guzman Tecuatl
Expediente 469/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 469/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 05/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Andres Guzman Tecuatl
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que, por una parte se concedió y por otra, se declaró sin materia la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de DEPURACIÓN, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En diverso aspecto, en virtud que resulta innecesario conservar las documentales que la autoridad responsable identificada con el numeral 1 adjuntó a su informe de ley (anexo I); se ordena su inmediata devolución, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo de aquéllas, en razón que la autoridad a quién se envían se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese por lista a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo acordó y firma Raúl Bonilla Hernández, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por ausencia temporal del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. S E N T E N C I A: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 469/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Andrés Guzmán Tecuatl, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial y remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el veinte siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el quejoso Andrés Guzmán Tecuatl, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "A).- NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS: 1).- CIUDADANO JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.. B).- NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: lo son 1).- DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA... 2).- ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL, GRUPO SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 3).- FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE SE RECLAMAN: DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA, misma que se aprecia en el inciso 1, respectivo, RECLAMO: la emisión de LA ORDEN DE APREHENSIÓN, DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN, que se pretende ejecutar a través de las autoridades señaladas como ejecutoras. DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS SEÑALADAS EN LOS NÚMEROS 1 AL 3 RECLAMO: LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO QUE PRETENDE DAR: A LA ORDEN DE APREHENSIÓN, DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN, DICTADA EN MI CONTRA. DE TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, RECLAMO LAS CONSECUENCIAS LEGALES DERIVADAS DEL ACTO RECLAMADO Y QUE SE TRADUCEN EN QUE PRETENDEN PRIVARME DE NUESTRA LIBERTAD PERSONAL EN FORMA INJUSTIFICADA, VIOLÁNDOSE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, CONSAGRADA EN LOS ARTÍCULOS 1, 14 Y 16 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA." La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Radicación de la demanda y prevención. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y mediante auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo con el número 469/2021; y, se previno a la parte quejosa para que: "ÚNICO. Precise la denominación actual y correcta de las autoridades responsables que señaló como: "2) ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL, GRUPO SAN ANDRÉS CHOLULA.." En otras palabras, precise de manera detallada, clara y enumerada, distinguiendo una de otra, cuál es la denominación correcta y completa, de los elementos que pretende señalar como responsables del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, o bien, los números de placa de cada uno de los elementos que señala como responsables o, en su caso, manifieste si nombra únicamente al titular de dicha dependencia, por lo que, en su caso, deberá manifestar la denominación correcta y completa de esa institución. (.)". Tercero. Desahogo de prevención y trámite de la demanda de amparo, por auto de siete de junio de dos mil veintiuno, previa prevención cumplida por la parte quejosa en el sentido de precisar la denominación correcta de las autoridades responsables señaladas en su escrito inicial de demanda, se acordó lo siguiente: a) se admitió la misma con incidente de suspensión; b) se requirió el informe justificado a las autoridades responsables; y, c) se le dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Cuarto. Parte tercera interesada. En cumplimiento al auto admisorio (siete de junio de dos mil veintiuno), se emplazó con dicho carácter al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Civil y de lo Penal de San Andrés Cholula, Puebla. Quinto. Cita para audiencia. En auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se señaló nueva fecha y hora para la audiencia constitucional, celebrándose en sus fases de pruebas y alegatos al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: A la 1. Jueza de lo Civil y de lo Penal de San Andrés Cholula, Puebla: a) La orden de aprehensión dictada en contra de Andrés Guzmán Tecuatl, aquí quejoso, en los autos del proceso 162/2009, de su índice, por su probable responsabilidad en el delito de lesiones previsto y sancionado por los artículos 305 y 306, fracción II del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Marco Antonio Ramírez Ramírez. Al 2. Director de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, 3. Titular de la Agencia Estatal de Investigaciones, Grupo San Andrés Cholula, Puebla de la Fiscalía General del Estado de Puebla, César Alejandro Hernández Sosa; y, 4. Fiscal General del Estado de Puebla: b) La ejecución de la orden de aprehensión emitida en su contra. TERCERO. Existencia o Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La autoridad responsable 1. Jueza de lo Civil y de lo Penal de San Andrés Cholula, Puebla al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la orden de aprehensión decretada en contra del aquí quejoso; sin embargo, procede desvirtuar dicha certeza al haber prueba en contrario. En efecto, del informe que rindió la responsable ordenadora 1. Jueza de lo Civil y de lo Penal de San Andrés Cholula, Puebla, se advierte a manera de antecedentes, lo siguiente: 1. Que el veintiuno de enero de dos mil nueve, el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, dentro de la causa penal 72/2008 del índice del Juzgado Penal de Cholula, Puebla, negó la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público en contra del hoy quejoso Andrés Guzmán Tecuatl y otro, por su probable participación en la comisión del delito de lesiones, cometido en agravio de Marco Antonio Ramírez Ramírez. 2. Que el veinticuatro de abril de dos mil nueve, la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, revocó la resolución dictada por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, y emitió orden de aprehensión en contra del impetrante de mérito por el delito de lesiones, previsto y sancionado por los artículos 305 y 306 fracción II, del Código de Defensa Social para el estado de Puebla, cometido en agravio de Marco Antonio Ramírez Ramírez. 3. Que el veintiuno de agosto de dos mil nueve, el Juez de lo Penal de Cholula Puebla, dentro de la causa penal 72/2008 del índice del Juzgado Penal de Cholula, Puebla, solicitó al entonces Procurador General de Justicia, que cumplimentara la orden de captura de referencia -en acatamiento a lo ordenado por la referida Sala Penal-; y, 4. Que el diez de noviembre de dos mil nueve, el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, declinó competencia en favor de la Jueza Municipal de lo Civil y de lo Penal de San Andrés Cholula, Puebla, y ordenó a la autoridad ejecutora que, una vez que se lograra la detención del hoy quejoso, fuera puesto a disposición de la indicada jueza municipal, esta última quien lo radicó el treinta de noviembre de dos mil nueve con el número de causa penal 162/2009. De lo antes narrado, se advierte que la orden de aprehensión dictada en la causa penal 72/2008 del índice del Juzgado Penal de Cholula, Puebla, es la misma que la existente en el proceso 162/2009, del índice del Juzgado Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, pues este último se formó con motivo del primero; razón por la que no se trata de una diversa orden de captura, sino de la misma, pero que actualmente conoce una autoridad diferente -juez municipal-, con motivo de la competencia legal declinada a su favor. También, de las copias certificadas de las constancias que integran la causa penal del índice de la Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla (anexo I), con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierte que el veinticuatro de abril de dos mil nueve, la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, en el toca 262/2009 de su estadística, emitió una orden de aprehensión en contra del aquí quejoso y otro (fojas 96 a 106 del anexo I). Atento a lo anteriormente narrado, se concluye que la 1. Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla no ha emitido orden de aprehensión alguna vigente en contra del quejoso, sino que la actualmente vigente la dictó una diversa autoridad: la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca 262/2009; de ahí que se le tenga negando el acto reclamado. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo mismo debe considerarse respecto de la autoridad responsable ejecutora 3. Comandante de la Unidad de Apoyo Policial de San Andrés Cholula, Puebla, en su denominación correcta, quien al rendir el informe justificado negó el acto que se le atribuye. Así también se tiene a las diversas autoridades responsables ejecutoras 2. Director de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y, 4. Fiscal General del Estado de Puebla, negando el acto que se les atribuye, ya que si bien al rendir su correspondiente informe justificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, aceptaron el mismo, lo cierto es que al haber sido desvirtuada la existencia de la orden de aprehensión reclamada por la ordenadora, entonces, debe tenerse a las ejecutoras también negando el acto, máxime no se combate por vicios propios la ejecución reclamada. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a la referida autoridad responsable ordenadora, precisado en el presente considerando, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Sin que pase inadvertido para quien esto resuelve, que por auto de once de junio de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso, para el efecto de que en el término de quince días, refiriera si era su deseo ampliar su demanda de amparo, y señalara también como autoridad responsable al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, y como acto reclamado la orden de aprehensión, dictada en su contra en el proceso penal 72/2008, de su índice; y que, por diverso proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, se haya desechado por improcedente la ampliación planteada respecto de la autoridad y acto indicados, ya que resultó evidente que la orden de aprehensión librada en contra del peticionario de amparo, no fue emitida por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, sino por diversa autoridad: Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y ningún sentido tendría incorporar a la litis a una autoridad que no emitió la orden reclamada, y que actualmente tampoco se encarga de vigilar su cumplimiento. Así también, no pasa inadvertido que en el mencionado auto de doce de julio de dos mil veintiuno, se motivó que no resultaba procedente dar vista a la parte quejosa para que, en su caso, manifestará si era su deseo señalar como nueva autoridad responsable a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla -autoridad que emitió la orden de aprehensión en su contra-; pues de las constancias remitidas por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, derivadas del juicio de amparo 712/2020-III-5 de su índice y que promovió el mismo quejoso, se advirtió que no era un dato novedoso para el aquí quejoso, pues por auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en el referido juicio se le requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días manifestara si deseaba ampliar su demanda por cuanto hace a la Segunda Sala en Materia Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, en relación con la orden de aprehensión librada en su contra el veinticuatro de abril de dos mil nueve; sin que lo hubiera hecho, a pesar de encontrarse debidamente notificada de dicho requerimiento. Razón por la cual, el Secretario encargado del despacho considera que debe prevalecer la inexistencia de la orden de aprehensión reclamada en el proceso 162/2009 y su ejecución, pues la que obra en el dicho proceso del índice del Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, fue emitida por la Segunda Sala en Materia Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Andrés Guzmán Tecuatl, contra los actos reclamados a la 1. Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, 2. Director de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla; 3. Comandante de la Unidad de Apoyo Policial de San Andrés Cholula, Puebla, en su denominación correcta; y, 4. Fiscal General del Estado de Puebla, en términos del considerando tercero de esta resolución, en virtud de lo narrado en el mismo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese la presente determinación: por lista a la parte quejosa...; y, por oficio a las autoridades responsables, al ministerio público tercero interesado, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil veintiuno. I. OFICIO. Intégrese a sus autos, el oficio 28215/2021 proveniente del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio del cual, en atención a lo solicitado en auto de cinco de julio pasado, pone a disposición de este órgano jurisdiccional, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la versión electrónica del juicio de amparo 712/2020-III-5 de su estadística; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. II. SE DESECHA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de cinco de julio pasado, se tuvo por recibido el escrito de ampliación de demanda del aquí quejoso Andrés Guzmán Tecuatl, el cual se ordenó reservar acordar hasta en tanto obraran en autos diversas constancias solicitas al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; por lo que, cumplida dicha condición, se provee lo siguiente: Visto el escrito signado por el quejoso Andrés Guzmán Tecuatl, con número de registro 11683, téngasele pretendiendo ampliar su escrito inicial de demanda de amparo en los siguientes términos: / / De la anterior captura de pantalla, se advierte que el demandante constitucional pretende ampliar la demanda que dio origen al controvertido en que se actúa, señalando como nueva autoridad ordenadora al Juez de lo Penal del distrito judicial de Cholula, Puebla, y como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra dentro de la causa penal 72/2008 de su índice, por el delito de lesiones; además, aduce que se enteró de la existencia de dicho acto, el catorce de junio del año en curso, con motivo de la vista otorgada en este juicio, respecto del informe justificado rendido por el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Sin embargo, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, en relación con el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad dicha ampliación, por las razones que a continuación se exponen. En principio, los requisitos que prevé el aludido artículo 111 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la ampliación de demanda, son los siguientes: i) Cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación; ii) Que, con independencia del punto anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, en este caso la ampliación de la demanda deberá promoverse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; y, iii) Que la ampliación de demanda se formule antes de la celebración de la audiencia constitucional. Además, la jurisprudencia 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12 del Tomo XVIII de julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, detalla que la ampliación de demanda, es admisible cuando ocurren las siguientes hipótesis: a) Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; b) Cuando en dicho informe se fundamente o motive el acto reclamado; o, c) Cuando el quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. Jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Por tanto, para la procedencia de la ampliación de demanda de amparo, es necesario, primero, que en autos obren los informes justificados de las autoridades responsables, y de aquéllos aparezcan datos no conocidos por la parte quejosa; y, segundo, que cuando dicha parte procesal, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad, éstos deban estar vinculados con los reclamados inicialmente, pudiendo recaer la ampliación no sólo respecto de dichos actos, sino también sobre nuevas autoridades responsables o conceptos de violación distintos a los señalados en el escrito inicial de amparo, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos legales. En ese orden, conviene precisar, que en su escrito inicial de demanda y diversos aclaratorios, la parte quejosa señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, detención o presentación libradas en su contra, y su ejecución. Actos que atribuyó a las autoridades responsables: 1. Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, 3. Titular de la Agencia Estatal de Investigaciones, Grupo San Andrés Cholula, Puebla de la Fiscalía General del Estado de Puebla y 4. Fiscal General del Estado de Puebla. Ahora bien, por auto de once de junio del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado del 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, en el cual aceptó la existencia del acto que se le atribuye, pues manifestó que cuenta con una orden de aprehensión pendiente de cumplimentar, dictada por el 1. Juez Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla en contra del aquí quejoso Andrés Guzmán Tecuatl -dentro del proceso penal 162/2009, por el delito de lesiones calificadas y robo-; además, también informó que existe una orden de aprehensión dictada en contra del referido quejoso por el Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla en el proceso penal 72/2008, por el delito de lesiones. Con motivo de lo anterior, en el propio auto de once de junio pasado, esta autoridad requirió al peticionario de amparo para que en el plazo de ley manifestara si era su deseo señalar como nueva autoridad responsable al Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla en el proceso penal 72/2008, por el delito de lesiones. No obstante ello, por auto de veintitrés de junio del presente año, se tuvo por recibido el informe de ley del 1. Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, a través del cual aceptó la existencia de una orden de aprehensión librada en contra del quejoso dentro de la causa penal 162/2009, de su índice; sin embargo, también explicó lo siguiente: a) Que la causa penal 162/2009, de su índice, se inició con motivo de la competencia legal declinada a su favor por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, mediante resolución de diez de noviembre de dos mil nueve, dictada en el proceso 72/2008 de su índice. b) Que el veintiuno de enero de dos mil nueve, el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, dentro de la causa penal 72/2008 del índice del Juzgado Penal de Cholula, Puebla (actualmente 162/2009, de su índice), negó la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público en contra del hoy quejoso Andrés Guzmán Tecuatl y otro, por su probable participación en la comisión del delito de lesiones, cometido en agravio de Marco Antonio Ramírez Ramírez. c) Que el veinticuatro de abril de dos mil nueve, la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, revocó la resolución dictada por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla y, en su lugar, ese órgano colegiado del fuero común, emitió orden de aprehensión en contra del impetrante de mérito, por el delito de lesiones, previsto y sancionado por los artículos 305 y 306 fracción II, del Código de Defensa Social para el estado de Puebla, cometido en agravio de Marco Antonio Ramírez Ramírez. d) Que el veintiuno de agosto de dos mil nueve, el Juez de lo Penal de Cholula Puebla, dentro de la causa penal 72/2008 del índice del Juzgado Penal de Cholula, Puebla (actualmente 162/2009, de su índice), solicitó al entonces Procurador General de Justicia, que cumplimentara la orden de captura de referencia -en acatamiento a lo ordenado por la referida Sala Penal-. e) Que el diez de noviembre de dos mil nueve, el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, declinó competencia legal en su favor, y ordenó a la autoridad ejecutora que, una vez que se lograra la detención del hoy quejoso, fuera puesto a disposición del juzgado municipal. De lo antes narrado, se advierte que la orden de aprehensión que dictada en la causa penal 72/2008 del índice del Juzgado Penal de Cholula, Puebla, es la misma que la existente en el proceso 162/2009, del índice del Juzgado Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, pues este último se formó con motivo del primero; razón por la que no se trata de una diversa orden de captura, sino de la misma, pero que actualmente conoce una autoridad diferente -juez municipal-, con motivo de la competencia legal declinada a su favor. Aunado a lo anterior, resulta evidente que la orden de aprehensión librada en contra del peticionario de amparo, no fue emitida por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, sino por la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; motivo por el cual no resulta dable admitir a trámite la ampliación planteada por el quejoso, pues ningún sentido tendría incorporar a la litis a una autoridad que no emitió la orden reclamada, y que actualmente tampoco se encarga de vigilar su cumplimiento. Finalmente, resulta relevante justificar que no es oportuno dar vista a la parte quejosa para que, en su caso, manifieste si es su deseo señalar como nueva autoridad responsable a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla -autoridad que emitió la orden de aprehensión en su contra-; pues de las constancias remitidas por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, derivadas del juicio de amparo 712/2020-III-5 de su índice, se advierte que no es un dato novedoso para el aquí quejoso, pues desde la presentación de la demanda que dio origen a este juicio, sabía que dicho órgano colegiado fue quien emitió la orden de aprehensión en su contra. En efecto, por auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en el referido sumario 712/2020-III-5 del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días manifestara si deseaba ampliar su demanda por cuanto hace a la Segunda Sala en Materia Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, en relación con la orden de aprehensión librada en su contra el veinticuatro de abril de dos mil nueve; sin que lo haya hecho, a pesar de encontrarse debidamente notificada de dicho requerimiento. Por lo antes expuesto, se reitera la inviabilidad de la ampliación de demanda planteada por el demandante constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos, el escrito signado por el quejoso Andrés Guzmán Tecuatl, a través de la cual, en cumplimiento a la vista otorgada en auto de once de junio de dos mil veintiuno, desahoga dicho requerimiento y manifiesta su deseo de ampliar la demanda de amparo en los términos que del propio ocurso se desprenden. Sin embargo, vistas las constancias que obran en este sumario constitucional, previo a acordar si conforme a derecho procede admitir o no dicha ampliación de demanda, con fundamento en los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo, solicítese nuevamente al homólogo constitucional Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla que, de no tener inconveniente alguno, remita a esta potestad federal copia certificada de las siguientes constancias que obran dentro del juicio de amparo 712/2020-III-5 de su estadística: i) Informes justificados de las autoridades responsables; ii) Acuerdos que tuvieron por recibidos los referidos informes de ley; iii) Constancias de notificación a la parte quejosa de los acuerdos mencionados en el inciso que antecede; y, iv) Constancia de notificación realizada al quejoso de la sentencia pronunciada en dicho juicio de amparo. Lo anterior, a efecto de estar en condiciones de resolver este sumario constitucional; seguro de reciprocidad en casos análogos. Finalmente, una vez que obren en autos las documentales solicitadas en este auto, provéase lo que conforme a derecho corresponda en relación con la ampliación de demanda planteada por la parte quejosa. Notifíquese por lista a las partes...; y, por oficio a la Autoridad Homóloga Federal...
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