Andrés Lozano Hernández
Expediente 633/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 633/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Andrés Lozano Hernández
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 633/2019, con motivo de la demanda promovida por Andrés Lozano Hernánez, contra actos de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. ACUMULACION DE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Ahora bien, en este acto se hace notar que en el presente juzgado se tramita el diverso juicio de amparo 625/2019, promovido por Guadalupe López Sagrero, contra actos de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Ahora bien, no obstante que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece, no contempla la figura de la acumulación, en materia procesal, se reconoce generalmente que la acumulación obedece a razones de economía y a la necesidad y conveniencia de evitar que, de seguirse separadamente los diversos procesos pudieran dictarse sentencias contradictorias, lo que acarrearía grave daño al prestigio de la administración de justicia, además de los perjuicios que necesariamente podrían irrogarse a las partes. De manera que la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Página: 19, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Así, la existencia de la acumulación obedece a razones de economía procesal y a la necesidad y conveniencia de evitar que, de seguirse separadamente los diversos procesos, pudieran dictarse sentencias contradictorias, respetando la independencia o individualidad de los expedientes acumulados, haciendo pronunciamiento respecto de todos los argumentos expuestos por las partes, en atención a los principios de exhaustividad y congruencia que rigen en la emisión de toda sentencia, analizando las pretensiones coincidentes, diferentes y particulares, armonizándolas de forma que una sola sentencia se ocupe de todos los planteamientos de los asuntos acumulados. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXIV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Página: 1852, Décima Época, que señala: "ACUMULACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA EL DICTADO DE LA SENTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR TANTO LAS PRETENSIONES COINCIDENTES, COMO LAS DIFERENTES O PARTICULARES DE CADA EXPEDIENTE ACUMULADO. Los artículos 57 a 63 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, regulan la acumulación en el juicio de amparo; figura procesal respecto de la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que su existencia obedece a razones de economía procesal y a la necesidad y conveniencia de evitar que, de seguirse separadamente los diversos procesos, pudieran dictarse sentencias contradictorias; sin embargo, la circunstancia de decretar la acumulación y emitir una sola sentencia no se traduce en que el Juez pueda dejar de respetar la independencia o individualidad de los expedientes acumulados, o de pronunciarse respecto de todos los argumentos expuestos por las partes, ya que en atención a los principios de exhaustividad y congruencia que rigen en la emisión de toda sentencia, debe analizar tanto las pretensiones coincidentes como las diferentes o particulares, y armonizarlas de forma que una sola sentencia se ocupe de todos los planteamientos de los autos acumulados." Respecto a la acumulación de autos, el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone que dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Asimismo, refiere que para la procedencia de la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia y que dicha acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. En la especie, en el presente asunto 633/2019, Andrés Lozano Hernández, reclama de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, el acto reclamado consistente en: La sentencia interlocutoria de trece de mayo del año en curso, dictada dentro del toca de apelación I-122/2019, del índice del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, la cual declaró procedente el recurso de apelación interpuesto. El auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que dictó el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil 228/2015, que en síntesis dice: ".se señalan días y horas hábiles de despacho a fin de que el personal de este juzgado se constituya en el inmueble que se indica y lleve a cabo la diligencia de ejecución de sentencia." Y en el diverso 625/2019, Guadalupe López Sagrero, reclama de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, el acto reclamado consistente en: La sentencia interlocutoria de trece de mayo del año en curso, dictada dentro del toca de apelación I-122/2019, del índice del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, la cual declaró procedente el recurso de apelación interpuesto. El auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que dictó el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil 228/2015, que en síntesis dice: ".se señalan días y horas hábiles de despacho a fin de que el personal de este juzgado se constituya en el inmueble que se indica y lleve a cabo la diligencia de ejecución de sentencia." Esto es, se trata de juicios promovidos contra un mismo acto derivado del mismo juicio, atribuido a las mismas autoridades responsables; de ahí que dichos juicios guardan conexidad y estrecha dependencia. Bajo esa óptica, de conformidad con el numeral 66, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, procede la acumulación del juicio de amparo número 633/2019 al más antiguo siendo este el 625/2019, a fin de que, tengan un trámite común y en una sola sentencia se analice el acto reclamado a la autoridad responsable. SE ADMITE LA DEMANDA. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda promovida por Andrés Lozano Hernánez, contra actos de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En términos de lo establecido por el artículo 115 del cuerpo de leyes en cita, se ordena la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, por duplicado y separado. INFORMES JUSTIFICADOS. Requiérase a las autoridades responsables, para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rinda su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo; De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el uno de febrero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación: I) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; II) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y III) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado artículo. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el uno de febrero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe al peticionario que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia, fecha que fue señala dentro del juicio de amparo 625/2019, al cual se acumuló el presente juicio de amparo. TERCERO INTERESADO. En ese orden, en términos de los normativos 5°, fracción III, inciso c), 26, fracción I, inciso b) y 116 de la Ley de Amparo, se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de los terceros interesados que pudieran surgir en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se reciban los informes justificados. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa a su escrito de cuenta y la presuncional legal y humana, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio relacionarlas en la audiencia constitucional. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda para tal efecto. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Téngasele designando como autorizado, en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a Adolfo Arreygue Flores, quien cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y únicamente para imponerse de los autos a Marco Antonio Fabián Pérez, hasta en tanto acredite tener la facultad para ejercer la profesión de abogado. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. TRÁMITE DEL INCIDENTE. En cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo 633/2019, promovido por Andrés Lozano Hernández, contra actos de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y otra autoridad. INFORME PREVIO. En acatamiento a lo establecido por los diversos 138, fracción III y 140 de la Ley de la Materia, remítase copia de la demanda a las autoridades responsables y requiéraseles su informe previo que deberán rendir en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el que señalará: 1. Si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen. 2. Podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberán proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes. En relación a esta última exigencia, de manera enunciativa y no limitativa, en concordancia con lo previsto en el artículo 143 del ordenamiento legal en cita, deberán expresar: a) La naturaleza de la controversia génesis del acto reclamado; b) Las acciones ejercitadas y el estado procesal en que se encuentra el acto reclamado; c) En caso de que las prestaciones sean cuantificables en dinero, indicarán el monto de las mismas; d) En el supuesto de que exista una condena en cantidad cierta, líquida y exigible, manifestarán si la resolución respectiva ya quedó firme así como el monto y fecha de su emisión; y e) De versar el asunto sobre la adjudicación, remate o entrega material de inmuebles, indicará el monto en que los bienes fueron rematados y/o el valor que pericialmente se les haya determinado en juicio. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 245 y 260, fracción I, de la Ley de la Materia, se apercibe a la autoridad responsable, con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el uno de febrero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación: I) En caso de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio de amparo; o II) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe previo o lo hagan sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado arábigo. AUTORIDADES INEXISTENTES. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se le apercibe a la parte peticionaria del amparo que si las autoridades responsables no existen con la denominación que se indica en la demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con aquellas, salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades, sobre todo si se tiene presente que le corresponde estar pendiente de la tramitación de su asunto, postura que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, y con el principio de celeridad procesal. AUDIENCIA INCIDENTAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga lugar la audiencia incidental, fecha que fue señalada en el incidente de suspensión 625/2019 del índice de este juzgado federal, al cual se ordenó acumular el juicio de amparo del cual derivan los presentes cuadernillos. ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa destaca como acto reclamado: La sentencia interlocutoria de trece de mayo del año en curso, dictada dentro del toca de apelación I-122/2019, del índice del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, la cual declaró procedente el recurso de apelación interpuesto. El auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que dictó el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil 228/2015, que en síntesis dice: ".se señalan días y horas hábiles de despacho a fin de que el personal de este juzgado se constituya en el inmueble que se indica y lleve a cabo la diligencia de ejecución de sentencia." PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN. Es menester precisar que para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado, de conformidad con el dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 128 y 152 de la Ley de Amparo, se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. Que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza sea susceptible de suspenderse; 2. Que exista la solicitud del agraviado; 3. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Se advierten satisfechos los requisitos previstos en el artículo 128 en relación con el 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Cierto, el promovente del amparo solicita la suspensión del acto reclamado. Se observa también que de concederse la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, porque el acto reclamado proviene de una contienda entre particulares. Se estima que el no conceder la suspensión, ocasionaría a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, pues sus derechos patrimoniales se verían afectados. Tomando en consideración que quien solicita la medida cautelar es la parte demandada en el juicio de origen, esa calidad, por sí misma, garantiza el interés que guarda la parte quejosa sobre la ejecución de las consecuencias jurídicas derivadas del juicio ordinario civil número 228/2015, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, porque la misma refiere que el juicio de origen fue seguido en su contra. Cierto, la parte promovente del amparo solicita la suspensión del acto reclamado. Se observa también que de concederse la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público únicamente por cuanto hace a las consecuencias jurídicas del acto que en este apartado se analiza porque afectan derechos del quejoso. Finalmente, conviene asentar que de no concederse la suspensión solicitada, ocasionaría a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación. Por tanto, dado que el acto reclamado es suspendible, que media solicitud de parte agraviada, que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y que de negarse la medida cautelar, se ocasionarían al impetrante daños y perjuicios de difícil reparación; con fundamento en el imperativo 128 y 139 de la invocada ley, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan; esto es, no se ejecute el auto de veintisiete de mayo del año en curso, dictado por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad dictado dentro del juicio ordinario civil 228/2015, hasta en tanto, las responsables reciban notificación de la suspensión definitiva que se dicte en este cuaderno incidental; ello, siempre y cuando a la fecha esto no haya acontecido. Conviene destacar que la suspensión no surtirá efecto si alguna de las condiciones que se tomaron en cuenta, y que fueron narradas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, son diferentes, pues en ese supuesto, el examen valorado del caso concreto que aquí se realizó no respondería a la situación real del asunto y, por ende, no deberá regir la situación planteada. GARANTÍA. Con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo la suspensión concedida surte efecto desde luego, pero dejará de hacerlo si dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, si el quejoso no exhibe garantía por la suma de $5,000.00 (cinco mil pesos con 00/100 moneda nacional) en efectivo, a través de certificado de depósito, el que deberá ser expedido por BANSEFI (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito), o bien, en cualquiera de las otras formas establecidas por la ley; garantía que servirá para asegurar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada con el decretamiento de esta medida suspensional en caso de que la parte quejosa no obtenga resolución favorable en el amparo, sin perjuicio de aumentarla o disminuirla en vista de algún dato superveniente que quede probado en este cuaderno. Monto de la garantía que se fija discrecionalmente pues de los antecedentes del acto reclamado no se obtiene diverso parámetro para fijar dichos daños y perjuicios, por lo que, en el particular, se hace uso de la discrecionalidad establecida en el artículo 132 de la Ley de Amparo. Al respecto es pertinente señalar que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este debe ser constituido ante el banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANSEFI), de conformidad con el artículo 52, fracción I, del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LA GARANTÍA RESPECTIVA, YA SEA EN BILLETE DE DEPÓSITO O PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ CONTENER EL TEXTO SIGUIENTE EN EL APARTADO "CONCEPTO": "PARA GARANTIZAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONCEDIDA A ANDRÉS LOZANO HERNÁNDEZ, EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 633/2019". En el entendido que, no se aceptará el billete si tiene inscripción diversa; asimismo, en el momento procesal en que se considere procedente la devolución de la citada garantía, el billete será endosado a nombre de la persona que aparezca como depositante; pero solo se entregará a la parte quejosa, o bien, a su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, esta medida suspensional, como ya se dijo, surte efectos desde luego, acorde a lo establecido en el numeral 139 de la Ley de Amparo, pero no surtirá efecto legal alguno si las autoridades responsables actúan en cumplimiento de alguna ejecutoria de amparo cuya naturaleza intrínseca tiende a restablecer el orden constitucional violado. Lo anterior es así pues la majestad de las sentencias constitucionales hace que su acatamiento resulte de orden público de modo que contra ese tipo de determinaciones, no es factible otorgar la medida suspensional. Al respecto es de aplicarse la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenida en la página 490, tomo VII, enero 1991, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL ACTO QUE TIENDE A DAR CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO. La suspensión solicitada contra el acto que tiende a dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo es improcedente, porque en su cumplimiento está directamente interesada la sociedad". EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, expídanse a la parte quejosa copia certificada de esta determinación, que será entregada a la persona autorizada previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda para tal efecto. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Téngasele designando como autorizado, en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a Adolfo Arreygue Flores, quien cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y únicamente para imponerse de los autos a Marco Antonio Fabián Pérez, hasta en tanto acredite tener la facultad para ejercer la profesión de abogado. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
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