Andrés Lozano Hernández

Expediente 60/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
60/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Andrés Lozano Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.1 Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se concedió la suspensión provisional y la definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DEPURACIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 4.1. Duplicado del incidente de suspensión. Ahora, por lo que ve al duplicado del cuadernillo incidental, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción; ello, siempre y cuando exista el expediente original. 5. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa; por tanto, no les depara perjuicio alguno a éstas. 6. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar los tomos de pruebas que se formaron con las constancias que remitió la autoridad responsable, como complemento a su informe justificado; se ordena su devolución, solicitando acusar recibo de su recepción. 7. Documentos. Por otra parte, hágase sabe a la parte quejosa que para el caso de que haya exhibido documentos que obren el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibido de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 8. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  2. Principal

    VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 60/2023, promovido por Andrés Lozano Hernández en su carácter de depositario judicial, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y otra autoridad; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama: Del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad: El auto dictado el doce de enero de dos mil veintitrés, dentro del expediente número 1602/2007 relativo al juicio ordinario civil sobre ejercicio de la acción reivindicatoria promovido por Edelmira Placencia Guzmán y otro, frente a Emilia Pilotzi Rodríguez, proveído a través del cual, se tuvo por consignada la cantidad de $722,827.00 (setecientos veintidós mil ochocientos veintisiete pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de la condena decretada en autos; se ordenó levantar el embargo trabado; y se ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, a fin de que realizara la cancelación de la inscripción del gravamen. Del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado: La ejecución que le dé al auto reclamado. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado requiere ejecución material en la ciudad de Morelia, Michoacán, lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado. Existencia que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe de ley, consistentes en copias de las principales constancias que integran el expediente 1602/2007 relativo al juicio ordinario civil sobre ejercicio de la acción reivindicatoria promovido por Edelmira Placencia Gusmán y otro, frente a Emilia Pilotzi Rodríguez; con las cuales se formaron tres tomos de prueba, con valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2o. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, del rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, el Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye, sin embargo, como la autoridad ordenadora aceptó su existencia, debe desvirtuarse la negativa planteada por la citada autoridad responsable. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, la autoridad responsable ordenadora señaló que el quejoso Andrés Lozano Hernández, en su carácter de depositario judicial del bien inmueble embargado en los autos del juicio ordinario civil de origen, carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo, ya que el auto de doce de enero de dos mil veintitrés, a través del cual, se tuvo por consignada la cantidad de $722,827.00 (setecientos veintidós mil ochocientos veintisiete pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de la condena decretada en autos; se ordenó levantar el embargo trabado; y se ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, a fin de que realizara la cancelación de la inscripción del gravamen, que aquí reclama no le afecta su esfera jurídica en razón de que no es el beneficiario del pago. En relación con lo anterior, debe decirse que aún y cuando la autoridad responsable, no invocó el precepto legal en el cual sustenta la improcedencia del juicio, lo cierto es que este órgano jurisdiccional al igual que la responsable, advierte que el quejoso carece de interés para reclamar el auto que combate; causal de improcedencia que se encuentra prevista en los artículos 61, fracción XII y 5o, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De la interpretación sistemática a esas porciones normativas se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando los actos reclamados no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Bajo esta óptica, debe señalarse que los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República; y, 5o, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de instancia de parte agraviada; conforme al cual, dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado, lo que implica la necesidad de la demostración de la generación de algún agravio personal, directo, actual o inminente -interés jurídico-; o bien, quien acredite la afectación virtud su especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-. Aunque dichos preceptos determinan que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; esto es, debe tener interés jurídico para instar la vía constitucional, de ahí que, en esos supuestos, se descarta la posibilidad de alegar interés legítimo. En concordancia con lo anterior, el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone la improcedencia del juicio de garantías contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso. De tal manera, uno de los presupuestos de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, lo cual consiste en la comprobación de la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos afectados por el acto de autoridad reclamado; por lo que si no se demuestra ese extremo en forma fehaciente, por consecuencia el juicio de amparo es improcedente. Existe interés jurídico cuando el acto reclamado lesiona de manera efectiva la esfera jurídica del quejoso, ya sea en su persona o patrimonio; eso es lo que provoca el fundamento de la acción constitucional. En esa virtud, la tutela del derecho sólo abarca bienes jurídicos reales y objetivos, motivo por el cual las afectaciones producidas al amparista deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir perjuicio. Lo anterior tiene sustento en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". El interés legítimo refiere al vínculo entre ciertos derechos fundamentales y determinada persona, sin que a ésta asista alguna facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, sin embargo, está en aptitud de expresar agravio diferenciado al resto de la sociedad, al tratarse de interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; de tal forma que la eventual protección constitucional le represente beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Bajo este contexto, cuando la eventual protección constitucional no represente al amparista algún beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse, entonces no existe interés para instar la vía constitucional. En el caso en particular, Andrés Lozano Hernández, en cuanto depositario judicial del bien inmueble embargado en los autos del expediente 1602/2007 relativo al juicio ordinario civil sobre ejercicio de la acción reivindicatoria que promovió Edelmira Placencia Guzmán y otro, frente a Emilia Pilotzi Rodríguez, reclama en la presente instancia constitucional el acuerdo dictado por el Juez responsable, el doce de enero de dos mil veintitrés, a través del cual, se tuvo por consignada la cantidad de $722,827.00 (setecientos veintidós mil ochocientos veintisiete pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de la condena decretada en autos; se ordenó levantar el embargo trabado; y se ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, a fin de que realizara la cancelación de la inscripción del gravamen, que pesa sobre el bien inmueble embargado, respecto del cual funge como depositario judicial. Lo anterior, pues argumenta que previo a ordenar levantar el embargo y ordenar la cancelación del gravamen el Juez responsable debió asegurarse que el beneficiario de la consignación hecha con motivo del pago de la condena decretada aceptara y recibiera la suma consignada, aunado a que en ningún momento se le dio vista con dicho proveído en su carácter de depositario judicial para que manifestara lo que a su interés conviniera, lo cual afirma le causa perjuicio, en razón de que en su carácter de depositario es considerado como un mandatario judicial que debe actuar en defensa de la administración del bien que tiene bajo su depositaría. Sin embargo, contrario a lo que éste sostiene, el auto de doce de enero de dos mil veintitrés reclamado, no afecta de manera alguna su esfera jurídica, pues en su carácter de depositario judicial, su función es como el mismo lo señala en términos de la tesis jurisprudencia de rubro: "DEPOSITARIO JUDICIAL. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PEDIR EL AMPARO, CUANDO VEA AFECTADOS SUS DERECHOS CON MOTIVO DEL EJERCICIO DEL CARGO", la de guardia y custodia del bien embargado y que le fue encomendado, así como todas aquéllas obligaciones que surjan con motivo de su resguardo, de manera que solamente cuando se trata de actos de autoridad que afecten sus derechos con motivo del ejercicio del cargo conferido sí puede pedir el amparo; es decir cuando se trate de actos relacionados con el uso, posesión y administración de la cosa embargada. De ahí que el auto que aquí pretende combatir solamente afecta los derechos de las partes contendientes, pero no del depositario; luego entonces, los legitimados para promover el amparo serían la parte actora y demandada en el juicio ordinario civil de origen, por ser las personas que pudiesen resentir perjuicios en sus intereses. Sirve de sustento por las razones que la informan, el criterio vertido en la tesis de rubro y texto: "DEPOSITARIO. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO CONTRA RESOLUCIONES O PROVIDENCIAS QUE AFECTEN EXCLUSIVAMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS DE LAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO). De conformidad con lo dispuesto por el artículo 544 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Durango, el depositario tiene únicamente como función la guarda y administración de los bienes que le fueron encomendados, por lo que, fuera de esos casos, las resoluciones o providencias que dicte la autoridad del conocimiento afectando exclusivamente derechos sustantivos de las partes en conflicto son eventos que ninguna relación guardan con las atribuciones que legalmente le fueron conferidas por el precepto en comento; por ende, carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo en contra de esas determinaciones. Atento a lo expuesto, es dable sostener que el promovente no acredita fehacientemente el agravio personal y directo que lesione sus derechos sustantivos para demandar el amparo y protección de la justicia federal, el cual debe demostrarse de manera indiscutible y no inferirse con base en presunciones, habida cuenta que como ya se precisó la propietaria del bien inmueble que defiende, es una persona diversa del aquí promovente. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia V.2o. J/24, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, agosto de 1996, página 414, de la Novena Época, que al efecto señala: "DEPOSITARIO JUDICIAL, LA REMOCION DEL CARGO Y EL REQUERIMIENTO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES EMBARGADOS, NO AFECTA LA ESFERA JURIDICA DEL (LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA). El cargo de depositario judicial, no provoca, al menos en la codificación adjetiva local, la adquisición de derechos jurídicamente tutelados que, lacerados por un acto de autoridad, faculten a su titular, a incoar una acción de amparo, pues de la lectura de los artículos 435 y 436 del Código de Procedimientos Civiles para Sonora, se advierte que su función se reduce a la de un mero auxiliar de la administración de justicia y que, salvo la de percibir el pago de un arancel, la normatividad vigente, no le confiere atribución alguna sino obligaciones. Bajo esas premisas, no puede decirse, que la remoción del encargo y el requerimiento por la entrega de los bienes embargados, decretados por la responsable, en el acto reclamado, produjera en la esfera jurídica del aquí recurrente y quejoso, una lesión o perjuicio y que por tanto, estuviese legitimado para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, la falta de ese interés jurídico, que se genera al ser afectado por un acto de autoridad, hace improcedente, al tenor de la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, al juicio de amparo promovido por el quejoso." Así como, la tesis XX.98 C, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, julio de 1996, página 388, de la Novena Época, que refiere: "DEPOSITARIO JUDICIAL. CARECE DE INTERES JURIDICO PARA INTERPONER DEMANDA DE GARANTIAS CON EL CARACTER DE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). Si el quejoso compareció al juicio de garantías con el carácter de depositario judicial con cargo a la caja, es evidente que por esa sola circunstancia, no acredita ni prueba por sí misma la afectación de su interés jurídico, en virtud de que no se lesionan los intereses del quejoso, ya que el acto que reclama no lo está desposeyendo de un bien propio, sino del que funge como depositario judicial, ya que no existe una afectación real y objetiva a los derechos personales o a las funciones propias de su cargo, ya que ese cargo que desempeña se reduce a la categoría de auxiliar de la administración de justicia en términos del artículo 535 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con los artículos 5o., fracción VII, 27, 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 180 y 194 del reglamento interior de este último." Lo anterior, sin que se soslaye que en diversos juicios de amparo 470/2022, así como 625/2019 y su acumulado 633/2019, todos del índice de este órgano jurisdiccional, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se haya determinado que el quejoso Andrés Lozano Hernández (también quejoso en aquellos juicios), si contaba con interés; sin embargo, por lo que respecta al primero de los amparos citados ni siquiera se analizó el acto en razón de que se actualizó una diversa causa de improcedencia -cesación de efectos por sustitución procesal-; mientras que en los diversos amparos, los actos reclamados sí causaban un perjuicio a los intereses del quejoso en razón de que versaban sobre la desposesión del predio del cual es depositario Andrés Lozano Hernández; lo que le daba la legitimación para acudir al juicio de amparo, lo que no ocurre en la especie -como ya se dijo-, en tanto que el auto que aquí reclama es la orden de levantamiento de embargo y cancelación de gravamen con motivo de que se cumplió con la condena decretada, sin perjuicio de si la parte acreedora recibió o no el numerario, pues es a ésta a quien le afecta el levantamiento del citado secuestro y no al depositario. En esa tesitura, y en virtud de que el acto reclamado en esta instancia constitucional no afecta la esfera de derechos del quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por Andrés Lozano Hernández, por derecho propio y en su carácter de depositario judicial del bien inmueble embargado en los autos del juicio ordinario civil de donde deriva el acto reclamado, conforme a lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil veintitrés. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado del Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, con lo cual se ordena dar vista a las partes. 1.2. Domicilio y delegados. Téngase señalando domicilio para recibir notificaciones, así como designando delegados a las personas que precisa, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. 1.3. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su naturaleza la documental que anexa a su informe de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional respectiva. 2. Se difiere audiencia. Ahora, a fin de que las partes se impongan del informe que en esta data se recibe; y, toda vez que en el presente sumario se encuentran señaladas las diez horas con veinte minutos del veintidós de febrero de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la audiencia constitucional, se difiere la misma anticipadamente y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de febrero de dos mil veintitrés.********************( Informe con justificación. ********************Visto el oficio que remite el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, al que adjunta el diverso signado por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad referida en ultimo termino; dése vista a las partes con él para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. ********************( Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional.******************** ( Se forman tomos de pruebas. Con las constancias que acompañó la autoridad responsable, fórmense seis cuadernos de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomos I, II y III.********************( Se reconoce carácter de terceros interesados. ********************Del informe referido, se advierte que les resulta el carácter de terceros interesados a:****************************************, ********************, en cuanto albacea de la Sucesión y herederos de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************, quienes tienen su domicilio para ser emplazados en la ********************.********************A los cuales en este acto se les reconoce dicho carácter de conformidad con los preceptos 5°, fracción III, inciso b) y 116 de la Ley de Amparo. ********************Lo anterior en virtud de que si bien, los mencionados no son la contraparte en sentido formal del quejoso, éste tiene el carácter de depositario en el juicio de origen, de modo que, a efecto de dar oportunidad para que la parte actora como la demandada ejerzan su derecho fundamental de audiencia, resulta pertinente llamarles al presente juicio de amparo a efecto de que hagan valer lo que a su derecho corresponda.********************Emplazamiento de los terceros interesados.********************Ahora bien, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en los domicilios referidos, y una vez cerciorado de son los domicilios correctos en los que pueden ser emplazados los terceros interesados, realicen lo siguiente: ********************a. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso a), y III, inciso b), párrafo primero, de la Ley de Amparo, deberá buscar a los terceros interesados o a sus representantes legales, en los domicilios antes indicados, cerciorándose de su identidad, entregándoles las copias de traslado relativas.******************** De negarse a recibir la notificación, deberá asentarlo en autos y tener por hecha la notificación.******************** b. Toda manifestación que reciba el notificador, en el sentido de que los terceros interesados no viven en los domicilios, no habitan o que no trabajan en él, no será obstáculo para llevar a cabo la notificación.******************** Tampoco lo será el que reciba información en el sentido de que ya no se lleva su representación legal en ese lugar o que no se les conoce. ********************Lo anterior, pues en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, la notificación encomendada deberá efectuarse en el domicilio procesal que se haya señalado en el juicio de origen; por lo que resulta irrelevante que ahí no vivan, trabajen o habiten las personas buscadas, menos aún que ya no se lleve en ese lugar su representación legal o que hayan dejado de ser domicilios de su parte para recibir notificaciones, pues lo que se sigue de una interpretación finalista del precepto en cuestión, es que se emplace en el domicilio que se haya señalado en autos de la controversia natural, debiéndose entender que para los efectos concomitantes fue designado por los interesados, siendo, entonces, en su perjuicio, el que no informen al órgano jurisdiccional oportunamente su revocación y el señalamiento de uno nuevo. ********************c. En la inteligencia de que además deberá requerirlos para que al momento de la diligencia o dentro de los tres días siguientes al en que queden legalmente notificados del presente proveído, proporcionen domicilio en Morelia, Michoacán donde recibir notificaciones de carácter personal, con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, las subsecuentes que sean de esa naturaleza, se les practicarán por lista de acuerdos que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, como lo establecen los dispositivos 26, fracción III, y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. ********************Notifíquese y emplácese a la parte tercero interesada y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.********************Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

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