Andres López Ponce

Expediente 1107/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1107/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Andres López Ponce

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes y déjese a vista de las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales anexadas a su informe, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, del informe rendido se advierte que la autoridad responsable en relación a la solicitud de que se le otorgara una pensión completa por causa de muerte, bajo el concepto de viudez, por ser el esposo supérstite ********************, en términos de los artículos 129 y 131, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como la nulidad de la renuncia voluntaria a cualquier cantidad de dinero que resultara mayor a diez salarios mínimos, signada el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, presentada por el aquí quejoso ante la Jefatura de la Delegación Estatal de Veracruz, con sede en esta ciudad, determinó en el oficio 1.4.2980/2019, de nueve de diciembre de la presente anualidad, que de la revisión de su expediente pensionario, se encontró el acta administrativa de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, donde se indica que reconoció la existencia de una pensión por jubilación de número 1229010, con una percepción mensual de $18,604.50 (Dieciocho mil seiscientos cuatro pesos 50/100 M.N), a su vez, solicitó una pensión por viudez, derivada del fallecimiento de ********************, marcada con el número 1514219, con un importe mensual de $15,024.60 (Quince mil veinticuatro pesos 60/100 M.N.), sumando entre ambas percepciones un total de $33,629.10 (Treinta y tres mil seiscientos veintinueve pesos 10/100 M.N.), por lo que se hizo del conocimiento del aquí quejoso que la cantidad sobrepasó el tope máximo permitido durante el 2016, el cual fue de $21,912.00 (Veintiún mil novecientos doce pesos 00/100 M.N.). Manifestando además, que dicho documento se encuentra fundado, motivado y sin ningún vicio, puesto que el aquí quejoso manifestó su voluntad para que se le realicen los descuentos por compatibilidad de pensiones. Concluyó además, que derivado de lo anterior, dicho Instituto no puede declarar la nulidad del acta administrativa anteriormente señalada, toda vez que con fundamento en los dispuesto por los artículos 7 y 12, fracción III, segundo párafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, el aquí quejoso goza del tope máximo permitido por la Ley. En mérito de lo anterior, y considerando que la parte quejosa señaló en su escrito de demanda, que no le han dado respuesta alguna; por tanto, en aras de una pronta impartición de justicia túrnense los presentes autos a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de notifiquen la presente determinación al aquí quejoso ******************** así como que se le corra traslado con el oficio 1.4.2980/2019, de nueve de diciembre de la presente anualidad, que anexó la autoridad responsable al informe que se provee; lo anterior, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en el juicio de amparo en que se actúa.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Andrés López Ponce, contra actos reclamados al Delegado Estatal en Veracruz, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1107/2019 V-A. Al respecto, se acuerda: SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de garantías. NO HA LUGAR A TRAMITAR EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN al no encontrarse reunido el requisito previsto por el artículo 128 fracción I, de la ley de la materia, en virtud de no haber solicitado la parte quejosa la suspensión del acto reclamado. LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a la autoridad señalada como responsable, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se le reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se le aplique una sanción consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, hágase saber a la autoridad responsable que el informe justificado que se le requiere, podrá presentarlo a este Juzgado o remitirlo vía ordinaria; o a por medio del correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx (haciendo uso de cuenta de correo institucional), o vía telegráfica; sin embargo, salvo que resulte estrictamente indispensable, la autoridad responsable deberá abstenerse de remitir su informe por más de uno de los mencionados medios; esto a fin de evitar la duplicidad innecesaria de actuaciones. En el entendido de que, si la autoridad responsable estima remitir constancias en apoyo a dicho informe, deberá acompañarlas por el medio ordinario que estime conducente (correo, mensajería acelerada, etcétera). SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a) Comunique el cambio de situación jurídica, y en su caso, sí han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Remita la copia certificada completa y legible de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. A la parte quejosa: a) Que para el caso de que las autoridad señalada como responsable sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de la autoridad respectiva, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. TERCEROS INTERESADOS. En el presente asunto no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, dada la naturaleza del acto reclamado. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexa a su escrito inicial, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional e incidental, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2002576, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional e incidental, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza a los Secretarios de este juzgado firmen los oficios que emanen del presente juicio de amparo. COMO DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el señalado en el escrito que se provee, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel Guerrero Reyes, Marta Belmontes Hernández, Héctor Marcelo Vásquez, Manuel Alejandro Navarro Alanís, Alfonso Sánchez Luna, Héctor Hugo Covarrubias Flores y Maribel Galicia Siles, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros número 122426, 2215, 175101,179895, 57275, 44385 y 181617, respectivamente, y por autorizados con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a María del Carmen Villa Ruiz, Nancy López Hermida, Susana Paulina Villavicencio Macías, Miriam Bautista Márquez, Elizabeth Rivera Ortega, Gustavo Alfredo Zamora Loya, Astrid Morales Martínez y Araceli Ricardez Espinosa, por así haberlo solicitado el quejoso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano