Andrés Carpio Arguelles
Expediente 481/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 7 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 07/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Andrés Carpio Arguelles
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, tres de junio de dos mil diecinueve. Visto, el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo 905/2018, y atento a la certificación que antecede, se procede a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, conforme a lo siguiente. I. Marco legal. Como cuestión previa es menester precisar que el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así mismo, para calificar el cumplimiento de las sentencias de amparo debe atenderse al contenido del artículo 196 de la propia ley de la materia, el cual establece el procedimiento que ha de seguirse ante actuaciones de las autoridades responsables, mediante las cuales den o pretendan dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Ello, pues el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y, por ende, sólo podrá ordenarse el archivo de un expediente cuando la sentencia ejecutoria de amparo haya sido cumplida en su totalidad, sin exceso ni defecto, tomando en consideración los alcances para los que se otorgó la protección constitucional y en caso de imposibilidad de cumplimiento se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito. II. Efectos de la concesión de amparo. Para estar en condiciones de calificar el cumplimiento dado al fallo protector, es indispensable establecer la materia determinada por la acción constitucional y límite señalado en la ejecutoria de amparo. Así, cabe destacar que mediante sentencia terminada de engrosar el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, por este Juzgado de Distrito, se concedió el amparo para el efecto de que el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, realizara lo siguiente: "a) La Juez responsable, deje insubsistente la audiencia sobre la revisión de la medida cautelar prevista en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, celebrada el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en cuanto determinó sobre la procedencia de la medida. b) Dicte una nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva de manera fundada y motivada en relación con la revisión de la medida cautelar prevista en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ciñéndose a la petición planteada por los fiscales adscritos a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales en el Estado, así como a lo expuesto por la defensa, acorde a lo ordenado en el artículo 156 antes invocado y el propio artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." La que causó ejecutoria el veinticinco de enero de dos mil diecinueve. III. Incumplimiento al fallo protector. Al pretender cumplir con la sentencia de amparo, la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, por oficio número 8987, de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, informó que se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que la resolución que reclama la quejosa quedó insubsistente, en virtud de que en fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de revisión de medida cautelar dentro del proceso penal 110/2017, instruido en contra de ********************, ante la solicitud realizada por la aquí quejosa, y en la cual se resolvió imponer prisión preventiva necesaria con la excepción que estipula el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual consideró acreditada por la referida quejosa y su defensa, debido a los padecimientos graves de salud que presenta ********************, motivo por el cual se decretó que dicha medida cautelar la cumplirá en el Centro de Alta Especialización "Dr. Rafael Lucio", remitiendo al efecto un disco compacto o DVD, con número de folio C27512018, relativo a la audiencia de referencia. Ahora bien, la sentencia amparadora se otorgó para que la autoridad responsable analizara si la fiscalía satisfizo su carga de acreditar la necesidad de continuar con la medida de prisión preventiva o, en su defecto, imponer alguna otra. Por su parte, la revisión de medida cautelar invocada por la responsable como causa de imposibilidad, se ocupó de dilucidar si se actualizaba la excepción prevista en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al cual la medida cautelar de prisión preventiva puede ejecutarse por enfermedad, en el domicilio del imputado o en un centro médico. Por consiguiente, se considera que no existe la imposibilidad alegada por la autoridad responsable, porque la determinación que se invoca no dilucidó ni impide dilucidar la materia de la concesión de amparo. En efecto, la determinación efectuada por la responsable consistió en imponer prisión preventiva con la excepción que estipula el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, motivo por el cual se decretó que la misma la cumplirá en el centro médico citado. Sin embargo, con dicha determinación la responsable no analizó la materia de la concesión de amparo que fue precisamente si la fiscalía satisfizo su carga de acreditar la necesidad de continuar con la medida de prisión preventiva o alguna otra, sino que únicamente varió la medida de prisión preventiva para ser cumplida en un centro médico, con lo cual no analizó si la fiscalía cumplió con acreditar la necesidad de la medida de prisión preventiva. En otras palabras, la determinación de imponer la medida de prisión preventiva con la excepción de ser cumplida en el centro médico citado, realmente confirmó, sin mayor análisis, la medida cautelar de prisión preventiva con la aplicación de una excepción (prisión preventiva en nosocomio), pero de ninguna forma dilucidó de manera fundada y motivada si la prisión preventiva era acorde con petición planteada por los fiscales adscritos a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales en el Estado, así como a lo expuesto por la defensa en el controvertido que dio origen al presente juicio de amparo. Se dice lo anterior, pues en el caso hipotético de que la autoridad responsable al dilucidar si la fiscalía satisfizo su carga de acreditar la necesidad de continuar con la medida de prisión preventiva o alguna otra, tal y como se le ordenó en la sentencia amparadora, podría darse el caso de que la medida cautelar de prisión preventiva, no fuera necesaria o no se hubiesen colmado los requisitos legales para imponerse, lo que daría lugar a que la nueva medida cautelar de prisión preventiva con la aplicación de una excepción, tampoco tendría motivo alguno para prevalecer. Es decir, sólo después de efectuado el análisis para establecer si la fiscalía satisfizo su carga de acreditar la necesidad de continuar con la medida de prisión preventiva, y sólo de llegar a la conclusión de que dicha medida de prisión preventiva tiene lugar, entonces podría tener lugar aplicar la medida de prisión preventiva con la excepción de ser cumplida en el centro médico citado, al haber acreditado la referida quejosa y su defensa, los padecimientos graves de salud que presenta. Como lo argumenta la quejosa, en su escrito recibido en este juzgado el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, no es verdad que la Juez de Control tenga impedimento para cumplir con la sentencia amparadora dictada en este juicio, toda vez que la resolución de catorce de diciembre del año pasado, no constituye una nueva medida cautelar, únicamente se trató de la aplicación de una modalidad de la prisión preventiva decretada el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Es así, porque el fallo protector obliga a la autoridad responsable a determinar si se justifica la continuidad de la medida cautelar de prisión preventiva, y no solo la modalidad excepcional u ordinaria, en la que haya de ejecutarse dicha prisión. Bajo ese tenor, a juicio de quien esto resuelve, se estima que LA SENTENCIA NO HA SIDO CUMPLIDA, toda vez que si bien es cierto manifestó que se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento al fallo protector debido a que la resolución que reclama la quejosa quedó insubsistente, al haberse dictado como medida cautelar la prisión preventiva con la excepción que estipula el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decretando que dicha medida cautelar se debía cumplir en el Centro de Alta Especialización "Dr. Rafael Lucio", también lo es que con dicha determinación la responsable no analizó la materia de la concesión de amparo que fue precisamente si la fiscalía satisfizo su carga de acreditar la necesidad de continuar con la medida de prisión preventiva o alguna otra, con lo cual queda evidenciado que no ha cumplido la sentencia amparadora. Por tanto, es claro que NO se subsanaron los puntos precisados en el cuerpo de la sentencia amparadora. No obstante lo anterior, antes de proceder conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, y remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, a efecto de que inicie el procedimiento de inejecución de sentencia que bien puede culminar con la separación de la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, de su cargo y su consignación; de manera extraordinaria, se requiere, POR ÚNICA OCASIÓN, a la referida autoridad responsable para que en el improrrogable término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, acate la ejecutoria de amparo, esto es, para que dentro del proceso penal 110/2017, de su índice, realice lo siguiente: "a) La Juez responsable, deje insubsistente la audiencia sobre la revisión de la medida cautelar prevista en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, celebrada el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en cuanto determinó sobre la procedencia de la medida. b) Dicte una nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva de manera fundada y motivada en relación con la revisión de la medida cautelar prevista en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ciñéndose a la petición planteada por los fiscales adscritos a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales en el Estado, así como a lo expuesto por la defensa, acorde a lo ordenado en el artículo 156 antes invocado y el propio artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En caso de no cumplir con el precitado requerimiento dentro del plazo otorgado, le será impuesta una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo dispone el artículo 258 de la Ley de Amparo; además de que el presente expediente será remitido al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que en el caso resulte aplicable lo establecido en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, en cuanto establece que al ordenarse la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Ello, porque tal obligación está acotada a que la autoridad responsable tenga superior inmediato, lo que de conformidad con el artículo 194 de la Ley de Amparo, no acontece en el caso; sirve de apoyo a lo anterior la tesis ..... Notifíquese personalmente.
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