Andres Humberto Noyola Ayona
Expediente 558/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 558/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Andres Humberto Noyola Ayona
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintinueve de junio del año en curso, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2º de la ley en aplicación, se declara que dicho auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, en virtud de que se sobreseyó el presente sumario. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2828/2023, de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en representación de dicho órgano laboral, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; sin que resulte necesario otorgar vista a las partes con su contenido y documentales que anexa, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de amparo, dada la conclusión que se expondrá a continuación. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado de la autoridad responsable la omisión de la responsable de dictar la resolución en el incidente de liquidación planteado dentro del juicio laboral 615/2015 y su acumulado 500/213; en este contexto, de la documental que exhibe la autoridad responsable, se advierte que el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se reservó la emisión de la interlocutoria correspondiente. En ese orden, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones directas a los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Los razonamientos anteriores se contienen en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ WordSISE ??????????????? dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En la especie, el promovente se duele de la inactividad procesal traducida en la omisión de la Junta responsable de dictar la resolución en el incidente de liquidación planteado dentro del juicio laboral 615/2015 y su acumulado 500/2013. Sobre este particular, existe jurisprudencia obligatoria para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en el sentido de que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado o bien una demora prolongada. Sirve de apoyo la Jurisprudencia por reiteración III.3o.T. J/3(10a), Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA." Criterios que ponen en evidencia que aun cuando se está en presencia de un acto contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. De esta manera, el plazo de cuarenta y cinco días puede considerarse como un término referente para estimar aquellos supuestos en que existe una abierta dilación al procedimiento, vinculando dicha temporalidad con el promedio de resolución de los juicios de amparo indirectos en el Circuito. Resulta aplicable por analogía la tesis 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, con registro 2019400, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a. /J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Ahora bien, de las constancias exhibidas por la oficiante, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, se aprecia que mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable se reservó la emisión de la interlocutoria correspondiente, por lo que es posible inferir que a la fecha de la presentación de la demanda -uno de junio de dos mil veintitrés-, aún no fenece el plazo de cuarenta y cinco días previamente referido, por lo que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, se constata la inexistencia de una abierta dilación o paralización total del procedimiento, en la inteligencia de que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, éste no sólo debe existir y acreditarse fehacientemente, sino que debe trascurrir el "plazo razonable", no mayor a cuarenta y cinco días, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió emitirse la resolución interlocutoria, en el juicio laboral de origen, que se estima un término prudente para que la Junta responsable emita la interlocutoria de la cual se duele la parte quejosa en la presente instancia constitucional, ya que del veinticuatro de abril al uno de junio de dos mil veintitrés, solo transcurrieron treinta y nueve días naturales. Todo lo que revela de manera evidente que, contrariamente a lo afirmado por la parte quejosa, al momento en que planteó su demanda de garantías, no había tal omisión y negativa reprochadas, es decir, de las constancias de autos se advierte claramente que no existen los actos reclamados consistentes en la negativa u omisión de resolver el incidente de petición de herencia. Luego, no existió en la fecha que señala el quejoso la conducta que le fuera imputable a la autoridad responsable, por lo que de estimar lo contrario la sentencia tendría que ocuparse de actos reclamados distintos de los que dieron origen al juicio constitucional; lo que indica que de las constancias de autos se advierte que aún no se actualiza esa abierta dilación considerada 08/08/23 21:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ WordSISE ??????????????? dentro del parámetro de plazo razonable a que aluden los criterios anteriormente citados. Es aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número registro 393968, del rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efectos las once horas con veinte minutos de esta data, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional programada. Se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese; y personalmente a las partes. Lo proveyó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por licencia académica concedida a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la Carrera Judicial, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/790/2023, de seis de marzo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dos de junio de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Fernando Zamora Aparicio, quien se ostenta como apoderado en el juicio de origen, de Andrés Humberto Noyola Ayona, contra actos de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Acapulco, con sede en esta ciudad. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 11, en relación con el 121 ambos de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad señalada como responsable, para que al momento de rendir su informe justificado manifieste si el promovente tiene el carácter con que se ostenta. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 558/2023-VI; y fórmese el expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, que establece que el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 21:19:42 expediente impreso. Ahora bien, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este órgano jurisdiccional conocer del presente amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la misma. Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, ni tratarse de aquéllos supuestos en los que deba proveerse de manera oficiosa. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. En términos del artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere su correspondiente informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir respecto de los actos que en específico se le atribuyen, en el plazo de quince días, computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Se apercibe que ante la omisión sobre el particular, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 117, párrafo cuarto de la ley de la materia. Conforme al artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere para que en el mismo plazo, exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad de los actos atribuidos y remita copia certificada de la totalidad de las constancias que acrediten la veracidad de su dicho, las que deberán ser legibles. En la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 21:19:42 WordSISE debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 231455, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, página 351, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." En la inteligencia de que ese informe deberán remitirlo a este juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento por las partes con por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento, con la consecuente dilación en la impartición de justicia. Indíquese a la autoridad responsable que en términos de los numerales 260 y 238, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. Comuníquese que se sancionará de igual forma, en caso de negativa a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, tal como lo establece el diverso numeral 245 de la ley de la materia; habida cuenta la obligación de recibir los oficios que se les dirijan, pues en caso de negarse bajo cualquier excusa que no resulte trascedente, se tendrán por hechas las notificaciones. Se informa a las autoridades responsables que las notificaciones se les practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 21:19:42 Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro 2002576, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Con fundamento en los artículos 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o del fallecimiento del quejoso o alguno de los terceros interesados, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. De igual forma, para que informen a este juzgado federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por otro lado, en aras de una pronta impartición de justicia, se exhorta a las responsables para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico institucional 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, con evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma", del Servicio de Administración Tributaria, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En el entendido de que, no se acordarán de conformidad las promociones que se presenten sin firma electrónica de la persona servidora pública que las suscriba. Apoya lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia PC.XVII. J/3 k (11ª.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, consultable OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 21:19:42 WordSISE en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo III, pagina 2537, registro digital 2023740, de rubro siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Por otra parte, se reserva a determinar sobre a quién le resulta el carácter de tercero interesado hasta en tanto se reciban los informes justificados de las autoridades responsables. En términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, las documentales que exhibe y la instrumental de actuaciones, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención legal que le corresponde a la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Por otro lado, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en la demanda, y dada la materia del juicio, se tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona; así también, se le tiene proporcionando un número telefónico para establecer contacto. Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 21:19:42 Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, las cuales serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Por otro lado, se hace del conocimiento que el horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales, será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 21:19:42 WordSISE expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. En caso que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 21:19:42 Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional.
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