Andrés Gonzálo Saenz Jaimes
Expediente 211/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 44 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 02/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Andrés Gonzálo Saenz Jaimes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dos de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta al estado que actualmente guardan los presentes autos y a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que feneció el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de inconformidad en contra del acuerdo de veinticinco de mayo del año en curso, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 10/08/23 16:03:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d MARÍA CHAVEZ VALENCIA aplicación supletoria al ordenamiento legal en cita por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo general, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, resoluciones recurridas, así como la sentencia definitiva, la ejecutoria correspondiente, el auto en que se tuvo por cumplida y este proveído. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de noventa días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, se procederá a su depuración y 10/08/23 16:03:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d MARÍA CHAVEZ VALENCIA WordSISE ??????????????? hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se CONCEDIÓ la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, se determina que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN una vez que transcurra el TÉRMINO DE TRES AÑOS, contados a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, conservándose únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento, ya sea provisional, definitiva y/o violación; y, en cuanto al resto de las constancias que lo integran procédase a su desintegración material. Por cuanto hace al cuaderno duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que haya transcurrido el término de seis meses, toda vez que existe el original. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el oficio firmado por la Directora General del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, a través del cual acusa recibo del oficio 12736/2022, por el que se le notificó el acuerdo de veinticinco de mayo pasado, en el que se declaró cumplida la ejecutoria emitida en el sumario en que se actúa; circunstancia de la que queda enterado este juzgado federal para los efectos legales conducentes. Notifíquese
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la certificación de cuenta y al estado procesal que guarda este sumario, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para que recogiera el cheque número 0001566, de la institución BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de banca múltiple, grupo financiero, por la cantidad de $162.74 (ciento sesenta y dos pesos 74/100 moneda nacional), expedido a su favor por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que lo haya. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento con que se conminó en acuerdo de siete de abril del año en curso, por lo que se presume la aceptación de la quejosa del pago que realizó el Ayuntamiento responsable, por concepto de derecho de alumbrado público, en el aviso recibo que a su cargo emitió CFE Suministrador de Servicios Básicos, en MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 virtud de la aplicación de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez. Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, mediante el título de crédito descrito con antelación. Por ello, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. La parte quejosa solicitó el amparo contra actos de las autoridades responsables señaladas en autos de quienes reclamó: a) La aprobación y promulgación de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, específicamente los artículos 98 a 104, que establecen y regulan el derecho por el servicio, mantenimiento y operación del alumbrado público. b) Primer acto de aplicación de la Ley número 638, de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, específicamente los artículos 98 a 104, que establecen el derecho por el servicio, mantenimiento y operación del alumbrado público, mediante la determinación y liquidación del derecho establecido en las disposiciones reclamadas contenido y recaudado en el avisorecibo, relativo al número de servicio 320 200 80 20 76, que contiene el cargo por derecho de alumbrado público por la cantidad de $152.00 (ciento cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). En la ejecutoria materia de esta resolución, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "[.] Restituir a la parte quejosa la cantidad que hubiese enterado y las posteriores que haya solventado a la fecha de la demanda de amparo, por concepto de Derecho de Alumbrado Público, en el aviso recibo a su cargo emitió CFE Suministrador de Servicios Básicos, en virtud de la aplicación de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno." En cumplimiento a esa sentencia, el Delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, mediante oficio recibido el seis de abril del año en curso, remitió el cheque número 0001566, a favor del quejoso por la cantidad de $162.74 (ciento sesenta y dos pesos 74/100 moneda nacional), monto que, de acuerdo al historial de facturación de la Comisión Federal de Electricidad, pagó por concepto de derecho de alumbrado público durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. En esas condiciones, si la autoridad responsable, devolvió a la parte quejosa la cantidad que pagó debidamente actualizada por concepto de derecho de alumbrado público, se considera que la parte quejosa ha sido restituida en el goce del derecho vulnerado y por tanto, con fundamento en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo, sin excesos ni defectos. No pasa inadvertido lo infructuoso de la diligencia llevada a cabo por este órgano jurisdiccional a fin de materializar la entrega a la parte quejosa del cheque 0001566, no obstante el apercibimiento decretado de resolver sobre el cumplimiento del fallo protector con lo informado por la autoridad responsable y las constancias que obran en este sumario, teniéndola por conforme con los actos realizados por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria y por restituida a plenitud en el goce del derecho materia de la concesión; sin embargo, la parte promovente del amparo ha mostrado desinterés o poco aprecio para ser restituida de la cantidad señalada en párrafos que anteceden y, por ende, resulta oportuno justipreciar tal situación en este momento, puesto que si bien es cierto es obligación de este juzgado de distrito velar por que se cumpla el fallo protector; también cierto es, que casos como el que nos ocupa en el que se ha mostrado desinterés de la parte quejosa, resulta incuestionable que el presente asunto no puede permanecer abandonado en forma indefinida, ya que esto, ocasionaría que en los órganos de control constitucional se incrementara la carga de trabajo, hecho que daría como consecuencia que se desatendieran los juicios controvertidos ante los juzgadores, contraviniéndose con esto el espíritu del artículo 17 de la Constitución que establece que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita. Por ello, resulta inconcuso que la autoridad responsable ha realizado actuaciones de restitución de la cantidad susceptible a devolver conforme a los alcances del fallo protector, y si en el caso particular, la parte quejosa físicamente no ha recibido el cheque 0001566, a favor del quejoso por la cantidad de $162.74 (ciento sesenta y dos pesos 74/100 moneda nacional), con su respectiva actualización, obedece a su propia renuencia y, por ende, tal situación resulta ajena a la intención de la responsable de acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Considerar lo contrario implicaría dejar a la voluntad de los justiciables el cumplimiento de la sentencias, lo que contravendría los artículos 196 de la Ley de Amparo y 17 Constitucional, que garantizan el derecho de acceso efectivo a la justicia, que implica que se cumplan las sentencias dictadas por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Cabe señalar que la circunstancia de que la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, haya implicado el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional - principio pro persona o pro homine-, ello no implica que la postura adoptada por la parte quejosa deba atenderse como una omisión por parte de la autoridad responsable para acatar la ejecutoria de amparo, puesto que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique1. Consecuentemente, ante la conducta mostrada por la parte quejosa, se considera innecesario continuar requiriéndole de manera indeterminada a efecto de realizar la entrega del cheque 0001566, expedido por la institución bancaria BBVM Bancomer, por la cantidad de $162.74 (ciento sesenta y dos pesos 74/100 moneda nacional), con su respectiva actualización; esto en atención a que si bien el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, ello no exime a la parte quejosa en mostrar interés en lo conducente, ya que finalmente la parte quejosa es la directamente beneficiada de la protección constitucional. En razón de ello, con apoyo en los artículos 196 y 211 de la Ley de Amparo, se conmina por última ocasión a la quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger el título de crédito 0001566, exhibido por la autoridad responsable. En ese sentido, se le apercibe que el título cambiario continuará en la caja de seguridad de este órgano jurisdiccional por el término de seis meses, a que se refiere el artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Transcurrido dicho plazo, sin que acuda para el fin precisado, se considerará desinterés de su parte y este órgano jurisdiccional ordenará su devolución a la autoridad emisora. En ese tenor, se toma como fecha de inicio para el cómputo de los seis meses, el día veintinueve de marzo de dos mil veintidós, data en la que fue expedido el cheque que nos ocupa; por tanto, se hace del conocimiento que dicho término fenecerá el veintinueve de septiembre próximo; lo anterior con independencia de la notificación personal ordenada en este auto. Por lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar, haciendo desde este momento de su conocimiento que con independencia de la eventual devolución del cheque 0001566, exhibido, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa con relación al saldo a favor que exista con motivo de los alcances del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía o equiparación los razonamientos jurídicos que se contienen en la Jurisprudencia 2a./J. 46/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, página 421, del tenor literal siguiente: "CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA NORMAS TRIBUTARIAS. NO PRIVA AL QUEJOSO DEL DERECHO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO POR VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS Y, EN SU CASO, IMPUGNAR LA NEGATIVA A TRAVÉS DE LAS VÍAS ORDINARIAS. La inclusión en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, de la institución de la caducidad de los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo, que se traduce en la sanción impuesta por la ley al promovente por el abandono del proceso durante determinado tiempo, tuvo la finalidad de otorgar seguridad jurídica, dando estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos. Dicha inclusión, sin embargo, quedó condicionada a que las reformas legales observaran lo establecido respecto de la caducidad de la instancia en el juicio de amparo; de donde se sigue que la caducidad de dichos procedimientos prevista en el artículo 113, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debe interpretarse sistemáticamente con la caducidad de la instancia contemplada en el numeral 74, fracción V, de dicha Ley. Acorde con lo anterior, si la caducidad constituye una institución extintiva de actos procesales, no sustanciales y, en congruencia con ella, en este último precepto legal se prevé que en primera instancia la caducidad implica el sobreseimiento en el juicio de garantías y en la segunda, que quede firme la sentencia recurrida, es evidente que la decretada en el procedimiento oficioso de ejecución de las sentencias de amparo contra normas tributarias sólo significa que queden sin efectos los actos de ejecución y que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes del inicio del procedimiento relativo, y que no pueda volver a solicitarse el cumplimiento a la autoridad obligada a ello, pero sin demérito del derecho sustancial reconocido en la sentencia, por lo que el quejoso puede solicitar a la autoridad hacendaria la devolución de lo pagado con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional y, en su caso, impugnar la negativa a través de las vías ordinarias, con apoyo en la sentencia de amparo que es cosa juzgada y una norma individualizada a su favor, cuyo cumplimiento es de orden público conforme al citado artículo 113." En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL AUTO DE VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN EL QUE SE ACORDÓ. Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la certificación de cuenta y al estado procesal que guarda este sumario, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para que recogiera el cheque número 0001566, de la institución BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de banca múltiple, grupo financiero, por la cantidad de $162.74 (ciento sesenta y dos pesos 74/100 moneda nacional), expedido a su favor por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que lo haya. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento con que se conminó en acuerdo de siete de abril del año en curso, por lo que se presume la aceptación de la quejosa del pago que realizó el Ayuntamiento responsable, por concepto de derecho de alumbrado público, en el aviso recibo que a su cargo emitió CFE Suministrador de Servicios Básicos, en MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 virtud de la aplicación de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez. Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, mediante el título de crédito descrito con antelación. Por ello, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. La parte quejosa solicitó el amparo contra actos de las autoridades responsables señaladas en autos de quienes reclamó: a) La aprobación y promulgación de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, específicamente los artículos 98 a 104, que establecen y regulan el derecho por el servicio, mantenimiento y operación del alumbrado público. b) Primer acto de aplicación de la Ley número 638, de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, específicamente los artículos 98 a 104, que establecen el derecho por el servicio, mantenimiento y operación del alumbrado público, mediante la determinación y liquidación del derecho establecido en las disposiciones reclamadas contenido y recaudado en el avisorecibo, relativo al número de servicio 320 200 80 20 76, que contiene el cargo por derecho de alumbrado público por la cantidad de $152.00 (ciento cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). En la ejecutoria materia de esta resolución, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "[.] Restituir a la parte quejosa la cantidad que hubiese enterado y las posteriores que haya solventado a la fecha de la demanda de amparo, por concepto de Derecho de Alumbrado Público, en el aviso recibo a su cargo emitió CFE Suministrador de Servicios Básicos, en virtud de la aplicación de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno." En cumplimiento a esa sentencia, el Delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, mediante oficio recibido el seis de abril del año en curso, remitió el cheque número 0001566, a favor del quejoso por la cantidad de $162.74 (ciento sesenta y dos pesos 74/100 moneda nacional), monto que, de acuerdo al historial de facturación de la Comisión Federal de Electricidad, pagó por concepto de derecho de alumbrado público durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. En esas condiciones, si la autoridad responsable, devolvió a la parte quejosa la cantidad que pagó debidamente actualizada por concepto de derecho de alumbrado público, se considera que la parte quejosa ha sido restituida en el goce del derecho vulnerado y por tanto, con fundamento en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo, sin excesos ni defectos. No pasa inadvertido lo infructuoso de la diligencia llevada a cabo por este órgano jurisdiccional a fin de materializar la entrega a la parte quejosa del cheque 0001566, no obstante el apercibimiento decretado de resolver sobre el cumplimiento del fallo protector con lo informado por la autoridad responsable y las constancias que obran en este sumario, teniéndola por conforme con los actos realizados por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria y por restituida a plenitud en el goce del derecho materia de la concesión; sin embargo, la parte promovente del amparo ha mostrado desinterés o poco aprecio para ser restituida de la cantidad señalada en párrafos que anteceden y, por ende, resulta oportuno justipreciar tal situación en este momento, puesto que si bien es cierto es obligación de este juzgado de distrito velar por que se cumpla el fallo protector; también cierto es, que casos como el que nos ocupa en el que se ha mostrado desinterés de la parte quejosa, resulta incuestionable que el presente asunto no puede permanecer abandonado en forma indefinida, ya que esto, ocasionaría que en los órganos de control constitucional se incrementara la carga de trabajo, hecho que daría como consecuencia que se desatendieran los juicios controvertidos ante los juzgadores, contraviniéndose con esto el espíritu del artículo 17 de la Constitución que establece que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita. Por ello, resulta inconcuso que la autoridad responsable ha realizado actuaciones de restitución de la cantidad susceptible a devolver conforme a los alcances del fallo protector, y si en el caso particular, la parte quejosa físicamente no ha recibido el cheque 0001566, a favor del quejoso por la cantidad de $162.74 (ciento sesenta y dos pesos 74/100 moneda nacional), con su respectiva actualización, obedece a su propia renuencia y, por ende, tal situación resulta ajena a la intención de la responsable de acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Considerar lo contrario implicaría dejar a la voluntad de los justiciables el cumplimiento de la sentencias, lo que contravendría los artículos 196 de la Ley de Amparo y 17 Constitucional, que garantizan el derecho de acceso efectivo a la justicia, que implica que se cumplan las sentencias dictadas por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Cabe señalar que la circunstancia de que la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, haya implicado el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional - principio pro persona o pro homine-, ello no implica que la postura adoptada por la parte quejosa deba atenderse como una omisión por parte de la autoridad responsable para acatar la ejecutoria de amparo, puesto que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique1. Consecuentemente, ante la conducta mostrada por la parte quejosa, se considera innecesario continuar requiriéndole de manera indeterminada a efecto de realizar la entrega del cheque 0001566, expedido por la institución bancaria BBVM Bancomer, por la cantidad de $162.74 (ciento sesenta y dos pesos 74/100 moneda nacional), con su respectiva actualización; esto en atención a que si bien el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, ello no exime a la parte quejosa en mostrar interés en lo conducente, ya que finalmente la parte quejosa es la directamente beneficiada de la protección constitucional. En razón de ello, con apoyo en los artículos 196 y 211 de la Ley de Amparo, se conmina por última ocasión a la quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger el título de crédito 0001566, exhibido por la autoridad responsable. En ese sentido, se le apercibe que el título cambiario continuará en la caja de seguridad de este órgano jurisdiccional por el término de seis meses, a que se refiere el artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Transcurrido dicho plazo, sin que acuda para el fin precisado, se considerará desinterés de su parte y este órgano jurisdiccional ordenará su devolución a la autoridad emisora. En ese tenor, se toma como fecha de inicio para el cómputo de los seis meses, el día veintinueve de marzo de dos mil veintidós, data en la que fue expedido el cheque que nos ocupa; por tanto, se hace del conocimiento que dicho término fenecerá el veintinueve de septiembre próximo; lo anterior con independencia de la notificación personal ordenada en este auto. Por lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar, haciendo desde este momento de su conocimiento que con independencia de la eventual devolución del cheque 0001566, exhibido, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa con relación al saldo a favor que exista con motivo de los alcances del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía o equiparación los razonamientos jurídicos que se contienen en la Jurisprudencia 2a./J. 46/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, página 421, del tenor literal siguiente: "CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA NORMAS TRIBUTARIAS. NO PRIVA AL QUEJOSO DEL DERECHO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO POR VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS Y, EN SU CASO, IMPUGNAR LA NEGATIVA A TRAVÉS DE LAS VÍAS ORDINARIAS. La inclusión en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, de la institución de la caducidad de los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo, que se traduce en la sanción impuesta por la ley al promovente por el abandono del proceso durante determinado tiempo, tuvo la finalidad de otorgar seguridad jurídica, dando estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos. Dicha inclusión, sin embargo, quedó condicionada a que las reformas legales observaran lo establecido respecto de la caducidad de la instancia en el juicio de amparo; de donde se sigue que la caducidad de dichos procedimientos prevista en el artículo 113, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debe interpretarse sistemáticamente con la caducidad de la instancia contemplada en el numeral 74, fracción V, de dicha Ley. Acorde con lo anterior, si la caducidad constituye una institución extintiva de actos procesales, no sustanciales y, en congruencia con ella, en este último precepto legal se prevé que en primera instancia la caducidad implica el sobreseimiento en el juicio de garantías y en la segunda, que quede firme la sentencia recurrida, es evidente que la decretada en el procedimiento oficioso de ejecución de las sentencias de amparo contra normas tributarias sólo significa que queden sin efectos los actos de ejecución y que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes del inicio del procedimiento relativo, y que no pueda volver a solicitarse el cumplimiento a la autoridad obligada a ello, pero sin demérito del derecho sustancial reconocido en la sentencia, por lo que el quejoso puede solicitar a la autoridad hacendaria la devolución de lo pagado con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional y, en su caso, impugnar la negativa a través de las vías ordinarias, con apoyo en la sentencia de amparo que es cosa juzgada y una norma individualizada a su favor, cuyo cumplimiento es de orden público conforme al citado artículo 113." En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente.
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