Andres Hernández Díaz
Expediente 172/2020 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Organismo Público Descentralizado, Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala
- Andres Hernández Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente, se declara que la misma ha causado estado. Archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de conservación en forma íntegra.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada,1 sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto, como se hizo constar en la certificación de cuenta. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Así, se procede a analizar si la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. En sesión de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en auxilio de este órgano colegiado, dictó ejecutoria en la que concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistente la sentencia reclamada. b) Emita otra en la que: b.1) Reitere la premisas atinentes a que: (i) con independencia de que el actor no acreditó la causa generadora de la posesión, al reconocer los vicios de su título y externar que aquella es de mala fe, solo está constreñido a evidenciar que la posesión que materializó fue en concepto de ejidatario por un periodo de diez años; y (ii) la prueba confesional desahogada a cargo de la parte demandada sí tiene el potencial para acreditar los atributos de la posesión, en concreto, que esta fue materializada por el actor, a título de ejidatario y, por el referido plazo que demarca la ley para el supuesto concerniente a la mala fe; y, b.2) prescinda de considerar que la diversa prueba testimonial ofrecida por la parte demandada figura como un elemento convictivo en contrario a la hipótesis fáctica sostenido por el actual quejoso que fue confirmada con apoyo en la referida prueba confesional. c) Una vez hecho lo anterior, resuelva de nuevo la litis sometida a su potestad, con plenitud de jurisdicción." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que realizó lo siguiente: 1) En auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la sentencia emitida el tres de diciembre de dos mil diecinueve, en el juicio agrario 401/2018 (foja 144). 2) El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, emitió una nueva sentencia, en el cual sostuvo: a) Con independencia de que el actor no acreditó la causa generadora de la posesión, al reconocer los vicios de su título y externar que aquella es de mala fe, solo está constreñido a evidenciar que la posesión que materializó fue en concepto de ejidatario por un periodo de diez años (foja 176). b) La prueba confesional desahogada a cargo de la parte demandada sí tiene el potencial para acreditar los atributos de la posesión, en concreto, que ésta fue materializada por el actor, a título de ejidatario y, por el referido plazo que demarca la ley para el supuesto concerniente a la mala fe (10 años), conforme a los preceptos 95 y 199, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria (foja 176). c) La prueba testimonial no puede figurar, técnicamente hablando, como un elemento convictivo en contrario a la hipótesis fáctica sostenido por la parte accionante (foja 178 vuelta). 3) Con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, la autoridad responsable sostuvo que se acreditaron los elementos de la acción deducida por el quejoso, esto es: Que la prescripción adquisitiva se haga valer respecto de una superficie formalmente parcelada; la causa generadora de la posesión (posesión en concepto de ejidatario por un periodo de diez años); la posesión se ejerza en concepto de titular de derechos ejidatarios; y, tal posesión sea de manera pacífica (fojas 178 vuelta a 181). 4) Así, el tribunal agrario declaró improcedente la acción deducida en la vía reconvencional, bajo el argumento toral de que no se acreditó la titularidad de la parcela, pues el certificado respectivo fue cancelado con motivo de la procedencia de la acción principal (fojas 185 y 186). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues, de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable precisados en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a veinte de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto, como se hizo constar en la certificación de cuenta. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Así, se procede a analizar si la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. En sesión de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en auxilio de este órgano colegiado, dictó ejecutoria en la que concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistente la sentencia reclamada. b) Emita otra en la que: b.1) Reitere la premisas atinentes a que: (i) con independencia de que el actor no acreditó la causa generadora de la posesión, al reconocer los vicios de su título y externar que aquella es de mala fe, solo está constreñido a evidenciar que la posesión que materializó fue en concepto de ejidatario por un periodo de diez años; y (ii) la prueba confesional desahogada a cargo de la parte demandada sí tiene el potencial para acreditar los atributos de la posesión, en concreto, que esta fue materializada por el actor, a título de ejidatario y, por el referido plazo que demarca la ley para el supuesto concerniente a la mala fe; y, b.2) prescinda de considerar que la diversa prueba testimonial ofrecida por la parte demandada figura como un elemento convictivo en contrario a la hipótesis fáctica sostenido por el actual quejoso que fue confirmada con apoyo en la referida prueba confesional. c) Una vez hecho lo anterior, resuelva de nuevo la litis sometida a su potestad, con plenitud de jurisdicción." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que realizó lo siguiente: 1) En auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la sentencia emitida el tres de diciembre de dos mil diecinueve, en el juicio agrario 401/2018 (foja 144). 2) El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, emitió una nueva sentencia, en el cual sostuvo: a) Con independencia de que el actor no acreditó la causa generadora de la posesión, al reconocer los vicios de su título y externar que aquella es de mala fe, solo está constreñido a evidenciar que la posesión que materializó fue en concepto de ejidatario por un periodo de diez años (foja 176). b) La prueba confesional desahogada a cargo de la parte demandada sí tiene el potencial para acreditar los atributos de la posesión, en concreto, que ésta fue materializada por el actor, a título de ejidatario y, por el referido plazo que demarca la ley para el supuesto concerniente a la mala fe (10 años), conforme a los preceptos 95 y 199, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria (foja 176). c) La prueba testimonial no puede figurar, técnicamente hablando, como un elemento convictivo en contrario a la hipótesis fáctica sostenido por la parte accionante (foja 178 vuelta). 3) Con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, la autoridad responsable sostuvo que se acreditaron los elementos de la acción deducida por el quejoso, esto es: Que la prescripción adquisitiva se haga valer respecto de una superficie formalmente parcelada; la causa generadora de la posesión (posesión en concepto de ejidatario por un periodo de diez años); la posesión se ejerza en concepto de titular de derechos ejidatarios; y, tal posesión sea de manera pacífica (fojas 178 vuelta a 181). 4) Así, el tribunal agrario declaró improcedente la acción deducida en la vía reconvencional, bajo el argumento toral de que no se acreditó la titularidad de la parcela, pues el certificado respectivo fue cancelado con motivo de la procedencia de la acción principal (fojas 185 y 186). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues, de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable precisados en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
se tiene por recibido Oficio 427/2021, signado por el Secretario de Acuerdos "B" del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, remite en copia certificada la sentencia de veinticinco de marzo del año en curso, dictada por la autoridad oficiante; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con copia autorizada de ésta a las partes quejosa y terceros interesados, así como con el diverso TUA. DTO.33/310/2021, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el oficio SEADS/239/2021, de diecisiete de marzo de la presente anualidad signado por el Secretario Ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del uno de abril de la presente anualidad, este Tribunal Colegiado se encuentra integrado por los Magistrados José Daniel Nogueira Ruiz, Miguel Nahim Nicolás Jiménez y José Manuel Vélez Barajas, el primero en sustitución del Magistrado Jesús Díaz Guerrero.
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