Andrés Cuamatzi Flores
Expediente 851/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 20 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 851/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Andrés Cuamatzi Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Juicio de Amparo Directo
se recibe Oficio SSGA-SIETE4226/2022, signado por el Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anexo, mediante el cual informa que en contra del proveído de veintinueve de abril del año próximo pasado, dictado por el Presidente del Máximo Tribunal en el País, en el amparo directo en revisión 1692/2021, por el cual se desechó dicho recurso, no procede medio de impugnación alguno; sin embargo, contra dicho auto interpuso los recursos de reclamación 1043/2021 y 1279/2021, de su índice, mismos que fueron desechados por notoriamente improcedentes. En consecuencia, la Superioridad comunica que ha quedado firme el proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por tanto, ordenó el archivo como asunto concluido, de lo que se toma conocimiento. Finalmente, devuélvase el presente asunto al archivo como se ordenó mediante acuerdo de diecisiete de junio de la presente anualidad.
- Juicio de Amparo Directo
Del estado procesal que guardan los autos del presente asunto, se advierte que corre agregada la resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en el recurso de inconformidad 2/2022, del índice de este tribunal que derivó del asunto en que se actúa, interpuesto por ACF, contra la resolución de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el entonces Magistrado Presidente, en el juicio de amparo directo en que se actúa, que tuvo por cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria; recurso que fue declarado infundado. En ese orden, y tomando en consideración que debe prevalecer la resolución de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno; es que se concluye que no existe trámite pendiente por realizar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Por otra parte, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias y conservarse únicamente el escrito de demanda, la sentencia y el presente proveído. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación y las subsecuentes al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.
- Juicio de Amparo Directo
Se tiene por recibido el escrito signado por ACF, en su carácter de quejoso en el presente juicio de amparo, mediante el cual interpone recurso de inconformidad contra la resolución de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el entonces Magistrado Presidente, en el expediente en que se actúa. Ahora, atento a su contenido, en términos de lo dispuesto en los artículos 201 y 202, de la Ley de Amparo, así como del numeral 45, fracción II, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga al similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales de dieciocho de mayo de dos mil quince, previa copia certificada que se deje en autos del escrito de cuenta, remítase el mismo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, a fin de que se recepcione y registre como un ingreso de recurso de inconformidad.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable, mediante el oficios TET/PRES/026/20214 y TET/PRES/027/20215 informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto; que, con los mismos y sus anexos, mediante auto de once de marzo de dos mil veintiuno6, se ordenó dar vista a la parte quejosa,7 así como, que fue desahogada por esta última a través del escrito recibido en este tribunal colegiado el siete de abril siguiente. Sin embargo, en proveído de veinticinco de marzo del año en curso8, se acordó el recurso de revisión interpuesto por el justiciable, por tal motivo, se ordenó remitir, vía electrónica a través del MINTERSCJN, al Máximo Tribunal del País, las constancias relativas, y se hizo del conocimiento de la superioridad que en la sentencia recurrida, dictada el siete de enero del año que transcurre, si bien se hizo planteamiento de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala y otras los conceptos vertidos al respecto resultaron inoperantes. Asimismo, el dos de julio posterior9, se acordaron las constancias enviadas a través del el Módulo de Intercomunicación entre los Órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, mediante las cuales se informó el desechamiento por improcedente del medio de impugnación hecho valer por el amparista y, acorde al contenido de las referidas constancias, se encomendó al actuario de la adscripción a efectos de diligenciar el despacho SSGA_DPO-VI-1473/2021, con el fin de notificar personalmente al quejoso la citada determinación. En veintidós de septiembre y ocho de noviembre de dos mil veintiuno10, a través del Módulo de Intercomunicación multirreferido se recibieron las constancias por las que se informó sobre el desechamiento por notoriamente improcedente de los recursos de reclamación hechos valer por el justiciable, el primero, después del once de marzo y el segundo, posterior al siete de junio, de dos mil veintiuno, contra el acuerdo de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se desechó el recurso de revisión, en ambos casos, atento a que el desechamiento del recurso de reclamación resulta irrecurrible, en términos de lo que dispone la fracción IX del artículo 107 constitucional. En los dos casos, se acordó que, notificado el quejoso, se procedería a realizar certificación en la que se hiciera constar que los autos de referencia habían causado estado, a efecto de estar en posibilidad de archivar el expediente como asunto concluido. De igual forma que en la ocasión anterior, en congruencia con el contenido de las constancias, se comisionó al actuario de la adscripción a efectos de diligenciar sendos despachos SSGA_DPOVI- 3959/2021 y SSGA_DPO-VI-5272/2021 con el fin de notificar personalmente al quejoso los desechamientos de mérito. A la fecha, no se ha recibido noticia de la certificación en mención, empero, dado que, como se dejó asentado con antelación, la naturaleza inimpugnable del desechamiento del recurso de reclamación enunciado, hace jurídicamente posible emitir el la resolución correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no, en razón, de haber transcurrido el término otorgado para que el quejoso manifestara lo que a su interés conviniera, como lo hizo a través del escrito presentado el último día del referido plazo. En ese tenor se destaca que, en sesión remota ordinaria de siete de enero de dos mil veintiuno, se dictó ejecutoria en el presente asunto, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "(.) la autoridad responsable, Tribunal Electoral de Tlaxcala realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente TET-JDCL-083/2019. 2. Emita un nuevo laudo, en el cual con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, en observancia a los principios de congruencia y exhaustividad, delimite correctamente la Litis y se avoque al estudio de la acción principal ejercida por el actor, consistente en la nulidad del escrito de renuncia de quince de febrero de dos mil dieciocho, y se pronuncie sobre las diversas prestaciones derivadas de aquélla. 3. Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: ? En determinación de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, la responsable dejó insubsistente la resolución reclamada y en ese acto procedió a emitir una nueva, según e le ordenó en la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento de analiza. ? El contenido del referido laudo, pone de manifiesto que fijó la Litis en los siguientes términos: "V. LITIS. Derivado de lo anterior, en la presente resolución se plantea para determinar: Primero. La validez o nulidad del escrito de renuncia de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, esto es si dicho documento fue firmado por el actor ACF de manera libre y voluntaria o bien si existen vicios en su consentimiento y derivado del resultado analizar la procedencia de la acción de reinstalación reclamada. Segundo. La procedencia de prestaciones secundarias y accesorias". ? Atento a la determinación de la Litis en los términos anotados, procedió al análisis del caudal probatorio, practicó la justipreciación de las pruebas existentes definiendo su alcance e hizo referencia de la falta de ofrecimiento de medios de convicción por parte del actor amparista. Así que, con base en la exposición de hechos narrados, en vinculación con la aseverada coacción bajo la cual dijo haber firmado la renuncia controvertida, la responsable arribó a la conclusión de que no quedó acreditado tal extremo, sí en cambio, que la terminación del vínculo laboral se debió a la voluntad del accionante y al no existir cese o despido injustificado alguno, resultaba improcedente la acción ejercitada, lo que la condujo a decretar la absolución en favor del tribunal demandado, respecto de la reinstalación demandada y el pago de salarios caídos. ? Además, en relación con los reclamos consistentes en: - La nulidad del finiquito del quince de febrero de dos mil dieciocho. -La inexistencia de procedimiento de separación y remoción del cargo. - La inexistencia de causa de rescisión de la relación laboral, con motivo del despido injustificado ocurrido el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. - La inexistencia de levantamiento del acta de rescisión, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. - La nulidad e inexistencia de cualquier procedimiento que se llegue a instaurar sin intervención del actor. - La nulidad e inexistencia de algún procedimiento de notificación, sin intervención del tribunal demandado o ente en materia laboral para su aprobación. - La inexistencia de procedimiento de autorización del cese de los efectos de mandamiento de nombramiento para dar por terminada la relación laboral entre el actor y el demandado. - Como consecuencia, la inexistencia de los efectos de mandamiento para dar por terminado el nombramiento, sin juicio previo. - La inexistencia de cualquier procedimiento sin la intervención del actor, y - La nulidad de cualquier procedimiento instaurado, sin respeto a la garantía de audiencia La responsable determinó que al no demostrarse la existencia de procedimiento alguno instaurado en contra del actor, en torno a la terminación de la relación laboral, en virtud de que éste presentó su renuncia, al constituir un acto de voluntad unilateral del trabajador, no se requería del cumplimiento de formalidad posterior alguna, como perfeccionamiento, ratificación o aprobación por la autoridad laboral. ? Para concluir, se pronunció sobre las prestaciones secundarias consistentes en vacaciones, salario devengado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, así como respecto de los conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, bonos y demás prestaciones dejadas de percibir con motivo del despido injustificado hasta su reinstalación. En relación con ello, atento a las pruebas ofrecidas por la demandada y al sentido del laudo respecto de la acción principal de nulidad del escrito de denuncia, resolvió absolver del pago de todas ellas a la parte demandada. De lo anterior se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, como se hace patente de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y las actuaciones practicadas por aquélla en los términos precisados en párrafos anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. No se oponen a esta consideración lo argumentos vertidos por el tercero interesado al desahogar la vista que se le dio con la sentencia dictada por la responsable en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En efecto, contrario a lo que aduce el justiciable, no se observa un cumplimiento parcial a la ejecutoria de amparo, dado que, conforme con lo reseñado en párrafos precedentes, la responsable sí hizo pronunciamiento respecto de los reclamos indicados por el justiciable como: "a) La inexistencia de procedimiento de autorización del cese de los efectos de mandamiento para dar por terminada la relación laboral del suscrito y el ente demandado; inciso b). Como consecuencia la inexistencia de los efectos de mandamiento para dar por terminado el nombramiento, sin haber existido el juicio previo; c). Como consecuencia de ello la inexistencia de cualquier procedimiento, sin la intervención del suscrito; d) La nulidad de cualquier pronunciamiento instaurado, sin previo a la garantía de audiencia, por parte del suscrito". Cuenta habida que, de la lectura íntegra de la ejecutoria cuyo cumplimiento se analiza, no se aprecia que se haya vinculado al tribunal responsable a hacer pronunciamientos de fondo sobre las prestaciones descritas en los incisos antes citados, antes bien, se definió de manera puntual la acción principal enderezada por el justiciable, con base en sus planteamientos producidos, no solo en el escrito inicial de demanda, sino en su ampliación, y se le otorgó libertad de jurisdicción otorgara para resolver conforme a derecho, como se desprende de la parte conducente. Así que, el desacuerdo que pudiera tener con lo determinado al respecto por la responsable, el cual se refleja a través de los diversos argumentos dirigidos a evidenciar una posible ilegalidad en el proceder de la responsable, no solo en relación con las acciones secundarias, sino respecto de "los efectos de la renuncia" y su ejercicio de valoración, no pueden ser motivo de análisis en este acto, al ser ajenos a los lineamientos de la sentencia concesoria, en todo caso, a través de un nuevo juicio de amparo que el actor está en libertad jurídica de intentar si así conviene a sus intereses. A efecto de demostrar que las manifestaciones producidas por el tercero interesado no tienen el alcance de modificar la consideración de que la ejecutoria de amparo está cumplida de manera total, sin excesos ni defectos, es menester precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. LXII/2018 (10a.), dejó establecido que la libertad de jurisdicción otorgada a la autoridad responsable, para que dé el cumplimiento correspondiente a una sentencia de amparo, encuentra su límite en la materia de lo que fue analizado, por ende, no está desvinculada de la obligación de atender las consideraciones y razonamientos contenidos en la sentencia de amparo. Empero, debe dejarse claro que se trata de lineamientos legales que deben observarse al dictar una nueva resolución, la cual, en ejercicio de la mencionada plenitud jurisdiccional puede ser en el sentido jurídico que la responsable estime procedente, es decir, no se le define éste. En eso consiste la libertad conferida, esto es, en que de nueva cuenta realice un ejercicio de ponderación, solventando las irregularidades detectadas por el órgano constitucional. El criterio en cuestión fue publicado con el número 1a. LXII/2018 (10a.)11, y es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo". Con ese orden de ideas, es dable reiterar, que lo resuelto por la responsable a quien se dejó en la libertad de hacerlo de conformidad con su interpretación jurídica, en todo caso, puede ser objeto de una nueva controversia a través de diverso juicio de amparo, más no análisis del cumplimiento de esta ejecutoria, porque como se desprende de las consideraciones que rigen a la sentencia de amparo, no se le vinculó a resolver en un determinado sentido, razón por la cual esa actuación puede ser sometida nuevamente al control de legalidad que se ejerce en el juicio constitucional. En ese contexto, si al emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, no se aprecia que actuó de una forma distinta a lo indicado, el sentido en que lo hizo no puede ser suficiente para declararla no cumplida, como en concreto lo pretende el justiciable a través de las manifestaciones producidas al desahogar la vista que se le dio con el nuevo laudo. Al respecto, por su sentido y alcance jurídico, resulta aplicable la tesis 2a. CVI/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación12, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL JUZGADOR DE AMPARO DEJA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN APTITUD DE EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución; no obstante, cuando el juzgador de amparo deja a la autoridad responsable con libertad de jurisdicción para emitir la nueva resolución con la cual dará cumplimiento al fallo protector, ésta puede combatirse a través de un nuevo juicio de amparo, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha determinación no podría considerarse cosa juzgada, considerando que esas decisiones no atienden a los lineamientos fijados por el órgano federal de amparo, por lo que es procedente el juicio constitucional contra los nuevos actos emitidos con libertad de jurisdicción por la autoridad responsable". Solo resta señalar que, de considerar que existió algún defecto en el cumplimiento que la responsable dio a la sentencia, el justiciable cuenta con un medio de impugnación previsto en la legislación de la materia que puede hacer valer. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
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