Andrés Guadalupe Díaz Cruz
Expediente 1082/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1082/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Andrés Guadalupe Díaz Cruz
Actuaciones
- Principal
PRAL.1082/2019 MESA 7-B.San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente...
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA (PREVIO AVISO)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de fecha diez de diciembre de este año (fojas 8 a 17), en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio. Se declara que ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho acuerdo. Publicación de datos. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento a la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto de desechamiento, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. En otro orden de ideas, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se deja documento a disposición de la parte quejosa. Finalmente, se deja a disposición de la parte quejosa el escrito de dos de diciembre del año en curso (foja 7) que acompañó a su demanda de amparo, por el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; plazo dentro del cual, si no se presenta para tal fin, fenecido, el escrito de referencia será destruido junto con el expediente. Notifíquese personalmente.
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NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA (PREVIO AVISO).- PRAL 1082/2019 MESA 7B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada el nueve del mes y año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y turnada ese mismo día a este órgano jurisdiccional, promovida por Andrés Guadalupe Díaz Cruz, por propio derecho, contra actos del juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico y radíquese en el libro respectivo con el registro 1082/2019. Integración del expediente (instrucción al secretario. Se instruye al secretario de Juzgado adscrito, que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Improcedencia. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que Andrés Guadalupe Díaz Cruz reclama del juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, lo siguiente: La omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de alegatos, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia anexo al expediente familiar 729/2003 (foja 4), del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, con base en el escrito de dos de diciembre del año en curso (foja 7). Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 55/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 227, Tomo VIII Agosto de 1998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, Registro 195745, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." En la inteligencia que la "violación a la garantía de impartición de justicia pronta y expedita en relación al artículo 404, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles", que refiere el quejoso (foja 5), no constituye un verdadero acto reclamado, pues ese señalamiento forma parte de las manifestaciones de inconformidad que aduce vía conceptos de violación; ya que es consecuencia directa de la omisión ya precisada. En ese orden, se estima que contra el acto reclamado se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, este último, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. .. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." De la fracción XVIII del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar el juicio de amparo. Luego, es factible establecer que para que se actualice la causa de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: I. Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; II. Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; III. Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; IV. Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada, y V. Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 85 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Ahora, de la fracción XXIII del citado ordenamiento se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo tales premisas, se estima que el acto consistente en la omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de alegatos, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia anexo al expediente familiar 729/2003, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, con base en el escrito de dos de diciembre del año en curso (foja 7) y, con ello, no dar cumplimiento a los plazos y términos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca (artículo 404), se trata de una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. Sin que sea impedimento a lo anterior el hecho de que la parte quejosa alegue violaciones a los artículos 14,16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, se reitera, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste (incidente anexo al juicio familiar 729/2003, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca), como la falta de respuesta a una petición expresa, realizada mediante escrito de dos de diciembre de dos mil nueve (foja 7). Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa; empero, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1086, del libro 30, mayo de 2016, tomo II, decima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011580, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.- De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin que se estime que el asunto en estudio encuadre en la hipótesis de excepción prevista en la jurisprudencia antes transcrita, pues de acuerdo a las constancias de autos se advierte que el dos de diciembre del año en curso (foja 7) el quejoso presentó ante la autoridad responsable un escrito por medio del cual solicitó, con fundamento en el artículo 404 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, señalara fecha para formular alegatos; de ahí que, a la fecha de presentación de la demanda, a saber, nueve de diciembre del año en curso (foja 4), solo han transcurrido cuatro días hábiles; demora que atendiendo a las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales Estatales, es justificable; por tanto, no se puede considerar una abierta dilación en la prosecución del procedimiento de origen. Se precisa que dicho acto no deja a la parte quejosa sin defensa ni puede verse de forma autónoma, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a cumplir con la administración de justicia pronta, expedita y completa en términos de ley. En el caso, el recurso de queja tiene lugar en los casos de denegación de justicia, pues así lo disponen los artículos 697, 698, 699 y 701 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes de emplazamiento; II. (DEROGADA, P.O. 20 DE ABRIL DE 2001) III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley y en los casos de denegación de justicia." "Artículo 698.- Se da el recurso de queja en contra de los Ejecutores y Secretarios por ante el Juez. Contra los primeros sólo por exceso o defecto de las ejecuciones y por las decisiones que adopten en el acto de ejecución. Contra los segundos por omisiones y negligencia en el desempeño de sus funciones." "Artículo 699.- El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. El escrito relativo podrá enviarse al superior por conducto del mismo juez. Dentro del tercero día de que tenga conocimiento, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación. El superior, dentro de tercero día, decidirá lo que corresponda." "Artículo 701.- El recurso de queja contra los jueces sólo procede en los juicios cuya sentencia sea apelable, a no ser que se intente para calificar el grado en la denegación de apelación o en los casos de denegación de justicia." Por su parte, el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca , publicada en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, aplicable conforme a lo establecido en el artículo tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, vigente , establece que las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado conocerán de los recursos y medios de impugnación que la ley de la materia determine, en los procesos seguidos en los Juzgados de todo el Estado. De ahí se advierte que a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado le corresponde instruir a la juez responsable para que dé cumplimiento a su deber constitucional de impartir justicia pronta, expedita y completa. Por tanto, el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado, que se traduce en la denegación de acceso a la impartición de justicia en el incidente de cancelación de pensión alimenticia anexo al juicio familiar 729/2003, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, porque la responsable no se ha ceñido a los plazos y términos del Código Procesal, es improcedente, puesto que no es de naturaleza irreparable, aunado a que la parte quejosa del amparo puede interponer recurso de queja contra la denegación de justicia de la que se duele ante la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues resulta idóneo para obligar a la juez del proceso para que tome las medidas que en derecho procedan. Se invoca en apoyo la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 350, del libro 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2005039, de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." Por lo anterior, la regla de la definitividad no hace inadecuado ni afecta la eficacia del juicio de amparo, procedimiento constitucional que es un pilar básico para la protección de los derechos humanos y la consolidación del Estado de derecho en una sociedad democrática, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, una vez analizado lo relativo a los actos de imposible reparación la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que la irreparabilidad del acto no es en sí misma una causa que justifique el no agotamiento del recurso ordinario previsto en la ley, cuando este último es apto para revocar o modificar la resolución. Sustenta lo anterior, por las razones que la informa, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos cincuenta, del Libro 1, Diciembre de dos mil trece, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, bajo el rubro y textos, siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Conviene precisar que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición ocasionaría una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por tanto, no configura una denegación de justicia. Sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; máxime que debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así se tiene que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo (recurso de queja) y rápido a que se ha hecho referencia en líneas anteriores. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, página 1587, de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL." También es aplicable a lo considerado, el criterio que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito plasmó en la tesis número 15 K (10a.), editada en la página 2274 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." Se desecha la demanda de amparo. En tales condiciones, al actualizarse, de manera manifiesta e indudable, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, este último, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, por notoriamente improcedente se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. También se precisa que no es impedimento a lo ya determinado el hecho que este órgano de control constitucional en su caso pueda aplicar el principio pro persona. Lo afirmado es así, ya que si bien la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex officio; principio pro personae ahí contenido, que descansa en dos vertientes, la primera, como preferencia interpretativa, conforme a la cual ante dos o más interpretaciones de la norma válidas y razonables, el intérprete debe preferir la que más proteja al individuo u optimice un derecho fundamental y, la segunda, como preferencia normativa, conforme a la cual si pueden aplicarse dos o más normas a un determinado caso, el intérprete debe preferir la que más favorezca a la persona, independientemente de la jerarquía entre ellas. Razón por la cual, para aplicar dicho principio es menester evidenciar, mediante razonamientos, por qué se debe; empero, en la especie, la parte quejosa nada dice de la lectura integral de la demanda, cuál es la norma o normas que la responsable o este juzgador debe interpretar, preferir y aplicar a su favor, por ser la más favorable. A mayor abundamiento, cabe destacar que, por una parte, el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen, y que el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos (lo que en la especie no se advierte) y, tratándose del que deba ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, por lo que se requiere: a). Que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable; b). Señale cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende; c). Indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido; y, d). Se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, De manera que si no se señalan, en esencia, la aplicación del principio pro persona o del modelo de control constitucional, y no se cumple con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de su aplicación, es de colegir que no se puede entrar a su estudio. Justifica lo anterior, la jurisprudencia 56/2014 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leíble en la página setecientos setenta y dos, Libro 6, Mayo de 2014, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Así como la tesis aislada CCCXXVII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página seiscientos trece, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, conforme con lo dispuesto por la fracción I del numeral 27 de la Ley de Amparo, el señalado en el escrito de demanda; por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de dicho ordenamiento legal, a las personas que menciona por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo en consulta, y para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se habilita al actuario judicial adscrito, para que, en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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