Andrés Cruz Jiménez

Expediente 256/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
256/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Andrés Cruz Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    P 256/2023, mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de agosto de dos mil veintitrés. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso *** hiciera valer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia constitucional de trece de julio de dos mil veintitrés, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal; sin que lo hubiese interpuesto, no obstante su notificación el catorce de julio pasado. 2. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales, pues ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, al haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. 4. Devolución de documental. De la certificación de cuenta se advierte que en esta Secretaría obra un disco certificado y el original del toca penal *** exhibidos por la autoridad responsable, Décima Cuarta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, como justificación a su informe; por tanto, se ordena su devolución mediante oficio, toda vez que carece de objeto su permanencia en este Juzgado. 5. Publicación de datos personales. Con independencia de que las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 6. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14 y 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 7. Destino. Por haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es CONSERVABLE. 8. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 256/2023 MESA 5 S E N T E N C I A Visto para resolver el juicio de amparo 256/2023; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito depositado el quince de marzo del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnado el día siguiente a este órgano jurisdiccional, ********************, por conducto de su defensor particular Gustavo Gutiérrez Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Al respecto, el quejoso narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 18 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Radicación del expediente. Mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés se recibió la demanda de amparo y se radicó con el registro 256/2023; y, al advertirse irregularidades en torno al carácter de defensor particular del promovente y de la fecha de notificación de la resolución reclamada, se previno a la quejosa para que aclarara esos aspectos de su demanda, lo que efectuó a través del ocurso recibido en este Juzgado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Admisión de la demanda. En consecuencia, el veintiocho de marzo del año en curso se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se reservó proveer lo relativo al emplazamiento de la parte tercera interesada, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Informe justificado. En auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés se tuvo por rendido el informe justificado de la Décima Cuarta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con las pruebas documentales que se anexaron al mismo; con lo cual se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. Parte tercera interesada. Además, en el mismo proveído se ordenó llamar a juicio en su carácter de parte tercera interesada a la agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional de la Costa, por haber intervenido en el procedimiento penal del que emana el acto reclamado y no haber sido señalada como autoridad responsable. No obstante, mediante determinación emitida el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés se reconoció el carácter de parte tercera interesada al agente del Ministerio Público adscrito a la Décima Cuarta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; ordenando su emplazamiento mediante oficio, lo cual se llevó a cabo el cinco de junio de este año, sin que se apersonara a juicio. Por su parte, en el mismo auto de treinta y uno de mayo del año en curso se giró despacho al juez Mixto de Primera Instancia de Juquila, Oaxaca, con la finalidad de emplazar a Dominga Salinas Cruz (víctima en el expediente penal de origen); pero, como se hizo constar en la audiencia constitucional, obra en autos el despacho sin diligenciar, sin que ello impida la resolución del juicio de amparo. Audiencia constitucional. Finalmente, previos diferimientos, el trece de julio de dos mil veintitrés la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 45/2016 y 46/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero que reformó el diverso Acuerdo General 3/2013, del mismo Pleno, ya que el acto reclamado versa sobre la materia penal y sus consecuencias jurídicas y materiales se atribuyen a la Décima Cuarta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; además, el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario de Santa Catarina Juquila, Oaxaca; territorios donde este Juzgado de Distrito en materia mixta ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, en relación con las constancias de autos, se advierte que el quejoso ********************, por conducto de su defensor particular, reclama de la Décima Cuarta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca: La sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil veintitrés en el toca penal ********************, en la que confirmó la resolución que declaró improcedente la controversia de libertad condicionada formulada por el quejoso, dictada el cinco de septiembre de dos mil veintidós en la carpeta de ejecución ********************/2019, por la jueza de Ejecución Penal, sede Tanivet, Oaxaca, con jurisdicción en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, por lo que hace a las carpetas de personas sentenciadas que se encontraban privadas de la libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro Pochutla, Oaxaca y con jurisdicción en el Centro Penitenciario de Santa Catarina Juquila, Oaxaca. TERCERO. Oportunidad. La resolución reclamada fue notificada a la parte quejosa el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, por medios electrónicos, en términos de los artículos 82, fracción I, inciso b), y 83, del Código Nacional de Procedimientos Penales (foja 113 del cuaderno auxiliar); por tanto, en términos del numeral 87 del mismo ordenamiento legal, surtió efectos el mismo día (23/02/2023). Así, de conformidad con los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, el término de quince días para presentar la demanda de amparo transcurrió del veinticuatro de febrero al dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, sin contar los sábados y domingos intermedios, por ser inhábiles en términos del numeral 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo se presentó el quince de marzo de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, es innegable que resulta oportuna. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Está plenamente acreditada la existencia de la resolución reclamada dictada el catorce de febrero de dos mil veintitrés en el toca penal ********************, porque así lo reconoció en su informe justificado el magistrado titular de la Décima Cuarta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y lo justificó con el original de dicho toca y con un disco que contiene constancias relativas a la carpeta de ejecución ********************/2019 del Juzgado de Ejecución Penal. Constancias que alcanzan valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º y la jurisprudencia 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". QUINTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme lo previene el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no advierte motivos de improcedencia que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan, por lo que procede el análisis de la litis planteada en esta vía constitucional. SEXTO. Conceptos de violación y suplencia de la queja deficiente. El estudio del acto reclamado se realizará al tenor de los conceptos de violación, suplidos en la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa tiene el carácter de sentenciada en el procedimiento penal origen del acto reclamado. Sin que exista precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a transcribir los conceptos de violación, porque ello no conlleva a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. De las constancias digitalizadas en el disco certificado remitido por la Sala responsable como justificación a su informe, que adquieren valor probatorio pleno como se anticipó en el considerando cuarto de esta sentencia, se conoce la información siguiente: 1° El once de abril de dos mil doce el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, dictó sentencia condenatoria en la causa penal ********************, contra ********************, como responsable del delito de ********************, cometido en agravio de la persona que en vida respondió al nombre de ********************, imponiéndole la pena de treinta y ocho años de prisión, así como el pago por concepto de reparación del daño. 2° Dicha sentencia fue confirmada el veinticuatro de abril de dos mil trece por la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto en el toca penal ********************; con la modificación consistente en la reducción de la pena impuesta a treinta y siete años con seis meses de prisión. 3° Por resolución de dos de abril de dos mil veintiuno se declaró procedente a favor del sentenciado el beneficio de remisión parcial de pena, quedando reducida la pena a treinta años con veintiséis días. 4° Por auto de quince de junio de dos mil veintidós se tuvo a la ahora parte quejosa formulando controversia de libertad condicionada, bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico. 5° El cinco de septiembre de dos mil veintidós la jueza de Ejecución Penal sede Tanivet, Oaxaca, con jurisdicción en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, por lo que hace a las carpetas de personas sentenciadas que se encontraban privadas de la libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro Pochutla, Oaxaca y con jurisdicción en el Centro Penitenciario de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, resolvió la controversia declarando improcedente la concesión del beneficio de libertad condicionada, debido a que estimó incumplido únicamente el requisito establecido en la fracción I del artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, que a la persona privada de la libertad no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme. 6° En auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós se tuvo al sentenciado interponiendo recurso de apelación contra la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente la controversia. 7° Mediante sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil veintitrés en el toca penal ********************, la Décima Cuarta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca confirmó la resolución apelada. Inconforme con la resolución emitida por la Sala Unitaria, el quejoso presentó la demanda de amparo origen de este juicio, en la que alega, en esencia, que: Primero. La Sala Unitaria responsable omite realizar un control difuso de constitucionalidad de los numerales 137, fracción I, y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues contravienen los numerales 18 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que se contraponen con el derecho penal del acto y violan el principio non bis in idem, al prever como requisito para la concesión del beneficio de libertad condicionada que el sentenciado no cuente con otras sentencias condenatorias firmes. Segundo. El artículo 137, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal es inconvencional, pues se opone al artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque trastoca la finalidad de la readaptación social al negársele al quejoso el beneficio de libertad condicionada bajo el argumento de que existe en su contra una diversa sentencia condenatoria firme. Tercero. La Sala Unitaria responsable omite fundar y motivar la respuesta dada al agravio en el que planteó que debía aplicarse el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de El Salvador sobre Ejecución de Sentencias Penales, en sus artículos 15, puntos 1), 2), incisos b) y d), y 16, con la finalidad de que determinara qué ley le generaba al quejoso mayor beneficio, si el Código Penal Federal o la Ley Nacional de Ejecución Penal, tomando en cuenta que fue sentenciado con las disposiciones del sistema penal tradicional. Son infundados los conceptos de violación resumidos en los puntos primero y segundo, que se abordarán de manera conjunta, dada la relación existente entre ellos; e inoperante el concepto de violación reseñado en el punto tercero, por las razones siguientes: De la lectura íntegra de la resolución reclamada, se conoce que, para convenir con la jueza de Ejecución en cuanto a la improcedencia del beneficio de libertad condicionada solicitada por el quejoso, la Décima Cuarta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca apoyó su determinación en el requisito incumplido previsto en el numeral 137, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, destacó que el hecho de que ese numeral prevea para la obtención del beneficio de libertad condicionada que a la persona sentenciada no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria, no vulnera el principio non bis in ídem; pues recalcó que en esa hipótesis únicamente se efectúa un ejercicio de verificación para determinar si la persona sentenciada cumple o no con los requisitos establecidos por la mencionada ley para el beneficio solicitado, pero que ello no implica un juzgamiento de hechos delictivos ni que se juzgue dos veces a la persona sentenciada como lo prohíbe el numeral 23 de la Constitución Federal. Y para apoyar su conclusión, invocó la jurisprudencia 1a./J. 15/2021 (11a.) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2023502, de rubro: "BENEFICIOS PRELIBERACIONALES DE LIBERTAD CONDICIONADA Y LIBERTAD ANTICIPADA. REQUERIR PARA SU OBTENCIÓN QUE A LA PERSONA SENTENCIADA NO SE LE HAYA DICTADO DIVERSA SENTENCIA CONDENATORIA FIRME NO VULNERA EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM, NI SE CONTRAPONE CON EL DERECHO PENAL DEL ACTO". Así, devienen infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso en los puntos primero y segundo, pues, contrario a lo que pretende, no es jurídicamente procedente requerir a la Sala responsable el análisis de la norma en razón de la sospecha de inconstitucionalidad e inconvencionalidad alegada por el sentenciado, para determinar si su derecho fundamental a la libertad es contravenido, la forma en cómo debe interpretarse la norma o, en su caso, si ésta debe inaplicarse para el caso concreto; debido a que esa cuestión ya fue resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de modo que si el máximo tribunal del país determinó la cuestión jurídica planteada por el ahora quejoso, es evidente que la Sala responsable emitió correctamente su resolución en los términos de dicho criterio jurisprudencial. En efecto, en sesión de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno la Primera Sala resolvió el amparo en revisión ********************, en el que efectuó, precisamente, el análisis del tema de la regularidad constitucional de los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal; y resolvió que no atentan contra el principio non bis in idem (no ser sancionado dos veces por el mismo delito) y contra el derecho penal de acto, al condicionar el otorgamiento de los beneficios preliberacionales de la libertad condicionada y la libertad anticipada a que en contra de la persona privada de la libertad que lo solicita no se haya dictado diversa sentencia condenatoria firme. Al respecto, el máximo tribunal del país determinó que: Dentro de los requisitos previstos en los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se encuentra el relativo a que a la persona sentenciada sea primodelincuente, pues ante la existencia de otro juicio penal por el que también se hubiera dictado sentencia de condena que hubiera causado ejecutoria, procede la negativa de los beneficios previstos en esos numerales. El principio non bis in ídem o de prohibición de doble punición, se actualiza únicamente cuando el Estado juzga dos veces a una persona con motivo de los mismos hechos delictivos, pero no en aquellos casos en que el legislador establece un beneficio preliberacional para quienes han sido sentenciados y tengan, al menos, una diversa sentencia condenatoria firme, pues ese acto no implica de manera alguna juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos considerados delictivos, sino que se trata de un acto jurídico que la ley establece como beneficio a favor de la persona sentenciada, que se actualiza en la etapa de ejecución de la pena que le fue impuesta como consecuencia del juzgamiento de una conducta delictiva; que puede otorgársele siempre y cuando cumpla con los requisitos que para ello establezca la ley de la materia. En dicho supuesto, el juez de ejecución sólo verifica si la persona sentenciada solicitante cumple o no con los requisitos que la propia ley penal establece para conceder los beneficios preliberacionales, en el caso, la libertad condicionada, lo que de ninguna manera implica un juzgamiento de hechos delictivos; menos aún, un doble juzgamiento como el que prohíbe el citado artículo 23 constitucional. La Corte determinó que los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no vulneran el artículo 23 de la Constitución Federal. Además, destacó que si bien los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, exigen como requisito para la obtención de los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada, que la persona sentenciada que los solicita no cuente con otra sentencia condenatoria firme dictada en un diverso procedimiento penal, atiende a que el legislador consideró que en esta circunstancia, la persona sentenciada requiere del tratamiento que visualizó el artículo 18 de la Constitución Federal, a través del cual, se busca que sea reinsertada a la sociedad y que, cuando esto ocurra, no vuelva a delinquir. Permitir sin más el acceso a los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada, podría dar resultados negativos en el proceso de reinserción social de algunas personas. En cambio, al establecer requisitos se puede diseñar un sistema que incentive a que accedan a estos beneficios en el tiempo y bajo las condiciones adecuadas para potencializar sus efectos. Es infundado que para la concesión de los beneficios preliberacionales se deba atender a las aptitudes y comportamiento de las personas sentenciadas, sin importar que adicionalmente a la pena de prisión que compurgan, exista alguna otra sentencia condenatoria firme, pues ese requisito constituye el margen de acotación en la aplicación de tales beneficios, conforme a lo que ha dispuesto el legislador con base en razones de política criminal. Si los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen no otorgar la concesión de la libertad condicionada y la libertad anticipada, a las personas sentenciadas que cuenten con al menos una diversa sentencia condenatoria firme, de ello no se sigue que se vulnere el paradigma de "derecho penal de acto", que prohíbe poner el énfasis en la persona en lugar de la conducta; por el contrario, esa limitante permite cumplir los fines del sistema penitenciario, esto es, lograr la reinserción de la persona sentenciada en la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, en los casos que ha considerado el legislador. El propio artículo 18, segundo párrafo, de la Constitución Federal, se refiere a los beneficios que para la persona sentenciada "prevé la ley"; de lo que resulta que el legislador tiene potestad para generar ciertas limitaciones siempre y cuando resulten razonables y proporcionales; por lo cual, los condicionamientos ligados al otorgamiento de los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada se ubican precisamente en ese marco de libre configuración legislativa, tal como ocurre con los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En el caso, se está ante disposiciones legales dictadas en cumplimiento al artículo 18 de la Constitución Federal, que impone a las autoridades mexicanas organizar el sistema penal de modo que esté orientado a la reinserción social, y en cumplimiento del cual tienen un margen de discreción normativa y aplicativa notable. Es infundado que los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal vulneren al derecho penal del acto, pues que la ley prohíba otorgar la libertad condicionada y la libertad anticipada a las personas sentenciadas a quienes se haya dictado una diversa sentencia condenatoria firme, no es reprochable constitucionalmente, puesto que se asienta en criterios racionalmente conectados con el fin que se pretende alcanzar que es la propia reinserción social de la persona sentenciada; sin que se pueda apreciar que se afecte a otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, por el contrario buscan abonar a los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad pública. De esa manera, contrario a lo que pretende la parte quejosa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no vulneran el principio non bis in ídem, ni tampoco colisionan con el paradigma del derecho penal del acto, y son constitucionalmente acordes a los preceptos 18 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Precedente obligatorio contenido en la tesis jurisprudencial con los datos de identificación y rubro siguiente: Registro digital: 2023502 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 15/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1512 Tipo: Jurisprudencia "BENEFICIOS PRELIBERACIONALES DE LIBERTAD CONDICIONADA Y LIBERTAD ANTICIPADA. REQUERIR PARA SU OBTENCIÓN QUE A LA PERSONA SENTENCIADA NO SE LE HAYA DICTADO DIVERSA SENTENCIA CONDENATORIA FIRME NO VULNERA EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM, NI SE CONTRAPONE CON EL DERECHO PENAL DEL ACTO". Además, tampoco le asiste razón al quejoso cuando afirma que la Sala no efectuó un control de convencionalidad, porque, dice, el artículo 137, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal se opone al artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al trastocar la finalidad de la readaptación social al negársele al quejoso el beneficio de libertad condicionada bajo el argumento de que existe en su contra una diversa sentencia condenatoria firme. Dicha alegación, por las razones previamente asentadas que sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es infundada; sin que pueda llegarse al extremo de inaplicar con base en disposiciones internacionales -como el punto 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- un requisito previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues, al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya definió que la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental. Por versar sobre el tema, se invocan en apoyo los criterios jurisprudenciales con los datos de identificación y rubros siguientes: Registro digital: 2006224 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: P./J. 20/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202 Tipo: Jurisprudencia "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL". Registro digital: 2005942 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: (III Región)5o. J/8 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1360 Tipo: Jurisprudencia "CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU APLICACIÓN ES DE NATURALEZA SUBSIDIARIA O COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO". Registro digital: 2006485 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 772 Tipo: Jurisprudencia "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". El tercer concepto de violación del quejoso es inoperante, se explica: En las páginas 4 y 5 del escrito de agravios formulado en apelación (páginas 7 y 8 del cuaderno auxiliar), la parte quejosa planteó a la Sala Unitaria responsable que debía aplicar el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de El Salvador sobre Ejecución de Sentencias Penales, en sus artículos 15, puntos 1), 2), incisos b) y d), y 16, con la finalidad de que determinara qué ley le generaba al quejoso mayor beneficio, si el Código Penal Federal o la Ley Nacional de Ejecución Penal, tomando en cuenta que fue sentenciado con las disposiciones del sistema penal tradicional. Al dar respuesta a dicho planteamiento, la Sala Unitaria se limitó a contestar que ".del análisis del mismo, no se desprende que al promoverse la citada controversia, se haya planteado algún beneficio preliberacional diverso a la libertad condicionada, que contemplara una ley diversa a la Ley Nacional de Ejecución Penal; en atención a ello, los argumentos realizados por el recurrente no se estudian al tornarse improcedente el agravio en estudio". Como se ve, la respuesta dada al agravio del sentenciado apelante, efectivamente, carece de suficiente fundamentación y motivación, tal como lo hace valer el quejoso vía conceptos de violación en este juicio de amparo; sin embargo, ningún fin práctico traería la concesión del amparo para el solo efecto de que la Sala Unitaria brinde una nueva respuesta a ese agravio, en razón de que su pretensión con el agravio mencionado era demostrar -segundo párrafo, foja 8 del cuaderno auxiliar- que la ley aplicable para determinar el otorgamiento del beneficio preliberacional de libertad condicionada es la Ley Nacional de Ejecución Penal y, a partir de ello, evidenciar que los requisitos previstos en la fracción I de los numerales 137 y 14 de esa Ley, son inconstitucionales e inconvencionales. Pero, como se ha narrado, el trámite del beneficio que solicitó se desarrolló en la carpeta de ejecución y toca penal justamente con base en las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los términos de los requisitos previstos en los numerales destacados. Por lo expuesto y fundado, es constitucional la sentencia reclamada de catorce de febrero de dos mil veintitrés, emitida por la Décima Cuarta Sala penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca en el toca penal ********************, pues se ajusta al tema de regularidad constitucional establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal no atentan contra el principio non bis in ídem ni contra el derecho penal de acto; por lo que, al no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ********************. OCTAVO. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a su protección, se ordena realizar la versión pública de la sentencia, instruyendo a la secretaria de Juzgado que verifique que sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado a la Décima Cuarta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistente en la sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil veintitrés en el toca penal ********************, que confirmó la resolución que declaró improcedente la controversia de libertad condicionada formulada por el quejoso, dictada el cinco de septiembre de dos mil veintidós en la carpeta de ejecución ********************/2019, por la jueza de Ejecución Penal, sede Tanivet, Oaxaca, con jurisdicción en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, por lo que hace a las carpetas de personas sentenciadas que se encontraban privadas de la libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro Pochutla, Oaxaca y con jurisdicción en el Centro Penitenciario de Santa Catarina Juquila, Oaxaca; por las razones y fundamentos expresados en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    P 256/2023, mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Se requiere despacho Vistos los autos, se advierte que en acuerdo de treinta y uno de mayo de este año se ordenó enviar despacho al juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, Oaxaca, para que, en auxilio de este órgano jurisdiccional, emplace a juicio a la tercera interesada********************; comunicación que fue recibida por ese Juzgado el dos de junio en curso; sin que, a la fecha, haya sido devuelta, no obstante que ya fenecieron los plazos previstos en el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. En esas condiciones, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, mediante oficio que se remita por la vía más expedita, requiérase al juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, devuelva diligenciado el despacho con número de orden 293/2023 (origen 149/2023) o, en su caso, informe la imposibilidad que haya tenido para cumplir con lo solicitado o si requiere mayor tiempo para el desahogo de la encomienda. Se le apercibe que, de no cumplir con lo anterior, o no informar el impedimento legal o material que tenga para ello, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización; en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha de este auto. Diferimiento de audiencia. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan para su celebración las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    P 256/2023 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional Vistos los autos, se advierte que en acuerdo de treinta y uno de mayo de este año se ordenó enviar despacho al juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, Oaxaca, para que, en auxilio de este órgano jurisdiccional, emplace a juicio a la tercera interesada ***. Y de la constancia que obra en el expediente electrónico se advierte que dicha comunicación oficial fue recibida por ese órgano jurisdiccional el dos de este mes. Sin que sea dable requerir, por ahora, la devolución del citado despacho, en razón de que no han transcurrido los plazos previstos en el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En esas condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan para su celebración las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano