Andres Gonzalez Villagomez
Expediente 1061/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1061/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Andres Gonzalez Villagomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
R E S U E L V E:****************************************PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en San Quintín, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto del presente fallo.********************SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos sexto y séptimo de este fallo.********************Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado Héctor González León; y por su autorizada Wendy Cysivianca Pringle, por medio del cual, solicitan se fije contragarantía, a fin de que se pueda ejecutar el acto reclamado consistente en la escrituración ante notario de la adjudicación del bien embargado en el juicio natural. Atento a lo anterior, no ha lugar a fijar contragarantía como lo solicita la parte tercero interesada, por los motivos que a continuación se exponen: Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 123/2007, que derivó la jurisprudencia 52/2009, de cuyo rubro y texto, señala: "CONTRAFIANZA EN LA SUSPENSIÓN. SU OTORGAMIENTO ES IMPROCEDENTE CUANDO IMPLICA EL LANZAMIENTO O DESOCUPACIÓN FORZOSA DE UN INMUEBLE EN UN PROCEDIMIENTO DE REMATE O DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA, CAUSANDO UN EVIDENTE DAÑO MORAL AL QUEJOSO. Los artículos 125, segundo párrafo, y 127 de la Ley de Amparo prohíben admitir la contrafianza al tercero perjudicado en dos casos: 1) cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo; y, 2) si con la ejecución del acto o los actos reclamados pueden afectarse derechos del quejoso que no sean estimables en dinero. Por otra parte, conforme al artículo 1,916 del Código Civil Federal el daño moral se refiere a las lesiones causadas a una persona en sus derechos no patrimoniales. En ese tenor, es improcedente el otorgamiento de la contrafianza en el incidente de suspensión cuando con el lanzamiento o desocupación forzosa de un inmueble decretada en un procedimiento civil, ya sea de remate o de rescisión de contrato de compraventa, se afectan derechos extrapatrimoniales, causando un evidente daño moral al quejoso, toda vez que el uso de medios de apremio como la fuerza pública o la ruptura de candados, cerraduras o puertas del inmueble para llevar a cabo el lanzamiento en contra de la voluntad del quejoso, puede causar ataques físicos, a su libertad, honor, reputación o vida privada, así como vejaciones, descrédito, etcétera, los cuales, al ser de naturaleza extrapatrimonial, son irreparables aunque obtenga sentencia favorable en el amparo; además de que con la ejecución del lanzamiento no siempre puede restituirse al agraviado en el goce del bien inmueble durante el tiempo que se le privó de él.". Respecto de la aplicación de tal jurisprudencia, es preciso indicar que el artículo 127 de la Ley de Amparo abrogada, que se analiza en el criterio transcrito, es de contenido similar al artículo 133 de la Ley de Amparo en vigor, en tanto que aquella norma disponía, en lo que importa resaltar: "Artículo 127. No se admitirá la contrafianza cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo, no en el caso del párrafo segundo del artículo 125 de esta ley". Mientras que el numeral 133 de la citada ley vigente señala: "Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía." Como se observa de las disposiciones transcritas, tanto la anterior Ley de Amparo, como la actual contemplan los dos supuestos analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: Que no se admite la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando la ejecución del acto reclamado pueda afectar derechos del quejoso que no sean estimables en dinero. Con la única diferencia que en la Ley de Amparo en vigor, se adicionó que no se admitiría la contragarantía cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, que es precisamente el supuesto del lanzamiento o desocupación forzosa de un inmueble, pues evidentemente se causa un daño moral al quejoso. Lo cual indica que aquella jurisprudencia sigue teniendo aplicación, en tanto que no se opone a la actual ley, en términos del artículo sexto transitorio del decreto por el que se reformó la Ley de Amparo. Acorde a lo anterior, se estima que de ejecutarse el acto reclamado, se afectarían derechos que no solo no son estimables en dinero, sino que además resultaría difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Por tanto, con la suspensión se pretende que no se ejecute la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil 307/2013, del índice del Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, esto es, no se ordene la escrituración del inmueble identificado como lote "G", fracciones Norte y Sur, manzana 16, colonia plano oficial de esta ciudad, con clave catastral SP016-007, con una superficie de 1,250.00 metros cuadrados, en conjunto con sus construcciones y todos sus accesorios; no se desposea a la sucesión quejosa del bien inmueble antes señalado; no se cancele la cuenta catastral relativa a dicho bien a nombre del finado Gustavo Joel Vázquez Contreras; ni se haga anotación registral que implique transmisión de la propiedad del multicitado inmueble, de manera que con la medida cautelar las cosas se mantendrían en el estado que guardan. Mientras que, con la ejecución del acto reclamado al otorgarse la contragarantía en los términos planteados por el tercero interesado, de ejecutarse, generaría un descrédito contra la quejosa, pues ya no contaría con una garantía que tenía frente a su acreedor, además, la ubicaría en una situación de falta de confianza con las personas o negociaciones con quienes realiza operaciones mercantiles, con el consiguiente daño moral cuya naturaleza es irreparable, aun cuando obtenga resolución favorable en el juicio de amparo. De ahí, que no sea procedente acordar de conformidad su petición. Apoyo lo anterior, la tesis IV.3o.C.15 C (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CONTRAGARANTÍA EN LA SUSPENSIÓN. SU OTORGAMIENTO ES IMPROCEDENTE CUANDO LLEVE IMPLÍCITAS LA ESCRITURACIÓN Y DESPOSESIÓN DE UN INMUEBLE DADO EN GARANTÍA HIPOTECARIA OTORGADA POR TERCEROS, RESPECTO DE UNA DEUDA DE UNA PERSONA JURÍDICA, AL CAUSARLE A ÉSTA UN DAÑO MORAL. En términos del segundo párrafo del artículo 133 de la Ley de Amparo, la concesión de la contragarantía para ejecutar el acto reclamado está condicionada a dos supuestos: a) cuando de ejecutarse el acto quede sin materia el juicio de amparo, o bien; b) cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, cuando la quejosa no sea la propietaria o poseedora del inmueble rematado en el juicio natural, con independencia de que se trate de materializar la ejecución de una sentencia condenatoria firme, se actualiza el último supuesto a que se refiere el citado precepto, por lo que no procede fijar la contragarantía correspondiente; lo anterior, no obstante que la promovente del amparo sea una persona jurídica o moral y que el inmueble haya sido otorgado en garantía hipotecaria por terceros para respaldar un adeudo a cargo de aquélla, ya que la expedición de la escritura y la entrega del inmueble al adjudicatario, generaría un descrédito contra la quejosa, pues ya no contaría con una garantía que tenía frente a su acreedor, además, la ubicaría en una situación de falta de confianza con las personas o negociaciones con quienes realiza operaciones mercantiles, con el consiguiente daño moral cuya naturaleza es irreparable, aun cuando obtenga resolución favorable en el juicio de amparo. Esto es, el daño moral que puede sufrir una persona física al dejarse sin efecto la suspensión concedida ante el otorgamiento de la contragarantía solicitada por la tercero interesada, es extensivo cuando la quejosa es una persona jurídica o moral, habida cuenta que también puede sufrir un descrédito, al ejecutarse la orden de escrituración y entrega al adjudicatario del inmueble que fue aportado en garantía hipotecaria para cubrir un crédito a cargo de la promovente del amparo.". Notifíquese; y personalmente al tercero interesado *******.
- Principal
Ensenada, Baja California, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que en la circular SGP/02/2023, de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, signada por María Cristina Martín Escobar, Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que con motivo del paro nacional de labores en toda la república, se declararon como días inhábiles a partir del diecinueve hasta el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés. De igual manera, y en atención a la circular 29/2023 de veinticinco de octubre del año en curso, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, la Coordinadora de Jueces de Distrito del Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, informó que se declararon inhábiles los días veinticinco; y, del veintiséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. En consecuencia, a efecto de no transgredir normas dentro del procedimiento, se deja sin efectos la audiencia incidental señalada para las once horas del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, y en su lugar se señalan las once horas con veintiún minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese, y personalmente.
- Principal
Ensenada, Baja California, trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************, a través del cual solicita acceso al expediente electrónico al presente asunto******************** y, proporciona correo electrónico. En atención a su petición, como lo solicita el promovente con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario: ********************, para que tenga acceso al expediente electrónico del presente juicio. Finalmente, se le tiene proporcionando el correo electrónico andrezvillagomez2102@hotmail.com******************** únicamente para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese.
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