Andrés Espinoza Corrado

Expediente 303/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
303/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
15/07/2015

Partes del expediente

  • Andrés Espinoza Corrado

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    hago efectivo el percibimiento del AVISO de uno de julio de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal del QUEJOSO, por lo que se ordena la notificación del acuerdo de treinta de junio de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica, QUE ICE. Se tiene recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos "B", del 1. Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, por medio del cual desahoga el requerimiento realizado en proveído de veintidós de junio del año en curso, y remite copia certificada del acta de audiencia de diecinueve de mayo de dos mil quince, celebrada dentro del juicio agrario 295/2014, de la cual se advierte la personalidad con que se apersona en el presente juicio de garantías Octavio González Hernández, en su carácter de asesor legal de Andrés Espinoza Corrado. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en: El acuerdo de fecha 19 de mayo del 2015, emitido en autos del expediente del juicio agrario número 295/2014, relativo a la admisión del incidente de falsedad de firmas que promueve Gabriela Sandoval Duckes y Lourdes Elena Amaya Espinoza y la sucesión de Edilia Paz Espinoza Corrado representada por su albacea Gabriela Sandoval Duckes. Lo anterior por considerar que en el caso, el acto reclamado lo constituye un acto intraprocesal, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, en relación con el diverso 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que es Estado Mexicano sea parte; . De los enunciados normativos trascritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados en juicio, siempre que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo estos aquellos actos que afectan en forma material y presente un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando a un lado a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual, sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, para que pueda resentirse. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, conforme a la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación el 06 de junio de 2014, que dice: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Ahora bien, el auto dictado el diecinueve de mayo de dos mil quince, por el 1. Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, en lo relativo a la admisión del incidente de falsedad de firmas que promueve Gabriela Sandoval Duckes y Lourdes Elena Amaya Espinoza y la sucesión de Edilia Paz Espinoza Corrado representada por su albacea Gabriela Sandoval Duckes; es un acto que por su naturaleza solo tiene efectos formales o adjetivos; por ende, al no existir afectación material a algún derecho sustantivo, el amparo indirecto intentado resulta improcedente. Tocante a ello, es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/107 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, agosto de 1997, Página: 543, que establece: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA DE ADMISIÓN DE UN INCIDENTE DE NULIDAD. "El desechamiento de un recurso interpuesto contra la negativa de admisión de un incidente de nulidad, no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues solo produce efectos formales dentro del procedimiento, cuyas consecuencia son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que llegue a pronunciarse en el juicio natural, en caso de serle favorable al afectad, u en el supuesto de no ser así, el mismo estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, a través del recurso de apelación que haga valer en contra del fallo de primera instancia, o en su defecto, mediante la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia de segundo grado, en el caso de que esta también le sea desfavorable. Por tanto, el juicio de amparo indirecto en que se reclame una resolución de la características citadas, es improcedente en términos del artículo 73, fracción VXIII, en relación con el artículo 144, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicando a contrario sensu, habida cuenta de que dicha violación es reclamable a través del juicio de amparo directo, atento lo establecido en el artículo 159, fracciones V, IX y XI del ordenamiento legal citado". En consecuencia, se desecha la demanda de amparo promovida por Octavio González Hernández, en su carácter de asesor legal de Andrés Espinoza Corrado.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta mediante el cual Octavio González Hernández, quien se ostenta como asesor legal del quejoso Andrés Espinoza Corrado, pretende desahogar la prevención contenida en el acuerdo de nueve de junio de dos mil quince, exhibiendo el escrito recibido el doce de junio del año en curso, por el Tribunal Unitario Agrario 45, de esta ciudad, por medio del cual solicitó copia certificada del acta de audiencia de diecinueve de mayo de dos mil quince, relativo al juicio agrario número 295/2014, a efecto de ofrecerlo en el presente juicio de amparo, para acreditar la personalidad con que se ostenta, sin que a la fecha haya obtenido respuesta del dicho tribunal, por lo que solicita se requiera el referido documento al Magistrado del Tribunal Agrario 45. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 y 121 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles en vigor, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, gírese atento oficio al Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes a la recepción del oficio en que se transcribe este acuerdo, se sirva remitir copia certificada del acta de audiencia de diecinueve de mayo de dos mil quince, dictada dentro del juicio agrario número 295/2014, de su índice; apercibida que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 259 del ordenamiento invocado, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción II de la ley de la materia. Notifíquese

  4. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de diez de junio de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de LA PARTE QUEJOSA, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de nueve de junio de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA, QUE DICE: Ensenada, Baja California, nueve de junio de dos mil quince. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Octavio González Hernández, quien se ostenta como asesor legal del quejoso Andrés Espinoza Corrado, contra actos de: 1. Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 303/2015-II-A. PREVENCIÓN Con fundamento en los artículos 114 fracción III, 110 y 112 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente Octavio González Hernández, quien se ostenta como asesor legal del quejoso Andrés Espinoza Corrado, para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con el número de copias para cada una de las partes, de conformidad con los artículos 10 y 11 del citado ordenamiento, con las constancias respectivas compruebe la personalidad con la que se ostenta, pues la documental exhibida para tal efecto, resulta insuficiente porque carece de la certificación correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: P./J. 23/2009, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Materia(s): Común, página: 7, de rubro y texto siguiente: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato. [El énfasis es propio] APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en Avenida del Puerto, número 381 y 385, del fraccionamiento Playas de Ensenada, en esta ciudad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

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