Andrés Falfan Alarcón
Expediente 137/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Andrés Falfan Alarcón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acapulco, Guerrero; quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. . . Notifíquese.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION DE VEINTICUATRO MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Acapulco, Guerrero; veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito al parecer signado por el quejoso, mediante el cual desahoga la prevención de once de marzo del año en curso. IMPROCEDENCIA. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia o no de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del estudio integral de la demanda de amparo en relación con el escrito aclaratorio y sus anexos se obtiene que la parte quejosa reclama la orden de desalojo y su ejecución de ocho de diciembre de dos mil veinte, de la casa habitación C-21 ubicada en el interior de sección habitacional del conjunto condominal mixto Residencial Diamante, ubicado en Boulevard de las Naciones, número 402, lote 33, en la colonia Granjas del Marqués, en esta ciudad ?el cual aduce tiene en posesión al amparo del contrato privado de compraventa de dieciséis de enero de dos mil cinco, cuya copia simple exhibió?, emitida por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares en el juicio ejecutivo mercantil 423/2011-I, promovido por Teresa Morales Rosas, en contra de Desarrollo Inmobiliario del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable; al cual se ostenta tercero extraño natural. Luego, en su escrito aclaratorio de cuenta, bajo protesta de decir verdad, precisó lo siguiente: "a) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, indico que la fecha en la que tuve conciencia/conocimiento de la orden de desalojo y su ejecución fue el 08 de Diciembre del año próximo pasado. b) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, indico que la fecha en la que se llevó acabo la orden de desalojo fue el día 08 de Diciembre del año próximo pasado, MODO: se presentó la LICENCIADA NANCY MORENO URRUTÍA, ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO CUARTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, quien realiza personalmente y en compañía del elemento de seguridad publica el desalojo del bien inmueble en cuestión; TIEMPO: haciendo referencia a la hora exacta en la que se presentaron y comenzaron a realizar la diligencia en cuestión la desconozco toda vez que yo no me encontraba en el domicilio parte de la litis; LUGAR: la diligencia en cuestión se llevó a cabo en casa habitación C-21 ubicada en el interior de sección habitacional del conjunto condominal mixto Residencial Diamante, ubicados en boulevard de las naciones, número 402, lote 33, en la colonia granjas del Márquez. c) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, preciso que no me encontraba presente en dicha diligencia, sin embargo, le solicite a la Licenciada Yelana Denisse Salas Navarrete, que se presentara en mi representación para que se percatase de que todo fuese manipulado de forma correcta, dentro del domicilio; no me encontraba físicamente habitando el domicilio, sin embargo, mis cosas personales y todo lo necesario para habitar dicho domicilio cuando fuese de mi agrado." Bajo esas circunstancias, se advierte que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, en términos del artículo 61 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia del juicio de amparo se actualiza contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computado en términos del diverso numeral 18 de la ley de la materia. En ese sentido, de la interpretación sistemática de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se desprende, en lo que interesa, que la improcedencia del juicio de amparo se actualiza cuando la parte quejosa no lo promueve dentro del plazo previsto por regla general de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que: a) haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto reclamado; b) se haya tenido conocimiento del acto reclamado; o bien, c) se ostente sabedor del acto reclamado. Al respecto, la hipótesis del inciso a) refiere a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa y con las formalidades establecidas en ley, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La contemplada en el inciso b) establece que, para computar el plazo de quince días, es necesario un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación) de una autoridad diversa o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento en forma directa, plena y completa del acto reclamado. La hipótesis del inciso c) establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada; esa conducta puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Ahora bien, para corroborar la validez de dichos supuestos, resulta necesaria la actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace al primero de ellos, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad que emitió el acto reclamado haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Por el contrario, las dos hipótesis restantes que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo, únicamente implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita del acto reclamado, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de éste; por ende, no requieren de un acto de notificación, sino que tal circunstancia se corrobora de las constancias que obran en el expediente o de las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia P./J. 115/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo 33, enero de 2011, página 5, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Luego, como se adelantó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su escrito aclaratorio en relación con la demanda de amparo, precisó que el ocho de diciembre de dos mil veinte, tuvo conocimiento de la orden desalojo reclamada pues refiere que en la citada data se ejecutó la referida orden por la licenciada Nancy Moreno Urrutia, Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, que si bien no se encontraba en el domicilio en el que se cumplimentó dicha orden, le solicitó a la licenciada Yelana Denisse Salas Navarrete (autorizada en términos amplios en el presente juicio) estuviera presente durante la misma como su representante para que observara que sus pertenencias fueran manipuladas de manera correcta; orden desalojo que refiere fue emitida por el titular del referido Juzgado en autos del juicio 423/2011-I, promovido por Teresa Morales Rosas, en contra de Desarrollo Inmobiliario del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable; al cual se ostenta tercero extraño natural. Lo anterior pone de manifiesto que la parte quejosa conoce de la orden de desalojo desde el ocho de diciembre de dos mil veinte pues así lo reconoce expresamente; lo que constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la Ley de Amparo, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.15o.A.28 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo 26, septiembre de 2007, página 2613, cuyo rubro y texto son los siguientes. "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Entonces, es inconcuso que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en virtud de que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, para la promoción de la demanda de amparo, transcurrió del nueve de diciembre de dos mil veinte -día hábil siguiente de la fecha en que se ostentó sabedor del acto reclamado- al veinte de enero de dos mil veintiuno, descontándose de dicho cómputo los días doce, trece, diecinueve y veinte de diciembre de dos mil veinte y dieciséis y diecisiete de enero de dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles, así como del veintiuno de diciembre del año pasado al once de enero del año en curso, con motivo de la suspensión de labores ordenada mediante la circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, por la cual se informó las medidas adoptadas por la Comisión Especial del propio Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte, derivado de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, entre las que se encuentra el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, periodo en el cual no transcurrieron términos y plazos procesales, ni se celebraron audiencias, tampoco se celebraron diligencias (a excepción de los casos que fueron calificados como "urgentes" y los relativos al "juicio en línea", en aquellos en que así procedió). Por tanto, si la demanda de amparo que dio origen al presente juicio fue presentada el nueve de febrero de dos mil veintiuno, según se advierte de la boleta de turno expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, se concluye que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, por lo que cabe concluir que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea, y por ende, consentido tácitamente dicho acto reclamado, sin que se ubique en alguna de las hipótesis de excepción a que se refieren las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia, para estimar que deba considerarse otro el plazo con que contaba la parte quejosa para acudir a la instancia constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados en la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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