Andrés Castro Miranda

Expediente 128/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
128/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
28/04/2016

Partes del expediente

  • Andrés Castro Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, a veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    SINTESIS.- VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 128/2016; y RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido el diez de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese día por razón de turno al Juzgado Octavo, Andrés Castro Miranda, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Ejecutora Comandante Regional de la Policía Ministerial del Estado en Acapulco y las Dos Costas. Ciudad ACTOS RECLAMADOS La orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Por acuerdo de once de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo radicada en el libro de gobierno respectivo con el número 128/2016, se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, así como al adscrito al juzgado responsable, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; y por diverso de tres de marzo siguiente, se ordenó notificar a la tercero interesado la presentación de la demanda. TERCERO. En proveído de dieciséis de febrero del año en curso, se tuvieron por inexistente a la autoridad Comandante Regional de la Policía Ministerial del Estado en Acapulco y las Dos Costas, con sede en esta ciudad, y se ordenó suspender toda comunicación con la misma. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de un juicio del orden penal que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado y lo cual se corrobora de la copia certificada derivada de la causa penal 112/2015-II que allegó como apoyo a dicho informe; la cual dada su naturaleza tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. De esa documental se advierte que el nueve de noviembre de dos mil quince giró orden de aprehensión en contra del quejoso, por la comisión del delito de lesiones con motivo de tránsito vehicular, en agravio de Jacoba Vargas Jaime. TERCERO. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [.]." Conforme con la fracción XVII del precepto legal transcrito, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver en el presente asunto, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión atribuida al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, contra el promovente del amparo, dentro de la causa penal número 112/2015-II; y de acuerdo con las constancias que adjuntó a su como justificación a su informe, las cuales se valoraron en términos del considerando que antecede, dicha orden de captura, efectivamente fue librada en su contra el nueve de noviembre de dos mil quince, por el delito de lesiones con motivo de tránsito vehicular. Sin embargo, mediante oficio 471, recibido en esta fecha registrado en el libro de correspondencia común de este juzgado de Distrito con el número 6565, el juez responsable remitió copia certificada del auto de plazo constitucional de seis de abril del año en curso, se le decretó auto de formal prisión, lo que define su situación jurídica como procesado; prueba documental que este órgano de control constitucional toma en consideración para resolver el sentido de este asunto, no obstante que se exhibió con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, con apoyo en la jurisprudencia número 25/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1279, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Consecuentemente, al haberse dictado el auto de formal prisión en contra del quejoso se estima que, conforme con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio de amparo, habida cuenta que la demanda fue recibida por este juzgado de Distrito el diez de febrero de la presente anualidad, mientras que el auto de formal prisión decretado en contra del peticionario del amparo data del seis de abril actual. En efecto, como durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, se decretó al quejoso Andrés Castro Miranda auto de formal prisión, existe un cambio de situación jurídica, al pasar de indiciado a procesado, y en consecuencia, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas de la orden de aprehensión, porque no se puede decidir aquí sin afectar la nueva situación jurídica aunque persistieran las violaciones que el peticionario de amparo aduce. Ahora, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo de improcedencia que conduce a sobreseer en el juicio, en virtud de que la sola emisión del auto de formal prisión implica que la libertad del quejoso se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de la orden de aprehensión tildada de inconstitucional sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento, de modo que las violaciones cometidas en la primera deben considerarse consumadas de modo irreparable. En ese sentido, en el caso opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; por lo que, conforme con el diverso 63, del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Cobra actualidad sobre el particular la Jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 270, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Junio de 2008, Materia Penal, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 128/2016, por los motivos expuesto en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el once de abril de dos mil dieciséis, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Incidental

    Acapulco, Guerrero; siete de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, a través del cual informa que el incidentista, compareció a rendir su declaración preparatoria bajo los efectos de la suspensión provisional concedida en autos, como lo acredita con las constancias que al efecto exhibe; por tanto, téngase por satisfecha una de las obligaciones impuestas al mencionado quejoso, en términos de lo establecido en la resolución interlocutoria de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por Andrés Castro Miranda; en atención a su contenido, se tiene como domicilio que del quejoso el que señala en el escrito que se provee y dada la naturaleza del juicio, ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que designa, revocando toda designación hecha con anterioridad; sin que haya lugar a designar un representante común, dado que dicha figura únicamente está reservada para la parte quejosa, no así de sus autorizados. Asimismo, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse las copias simples que solicita, previa razón de su recibo para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción; autorizando para tal efecto a las personas que indica. Notifíquese.

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