Andres Escobar Robles

Expediente 100/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
100/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Andres Escobar Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa para que se manifestará respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver con base en los elementos que obran en el expediente. En ese tenor, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida por este juzgado el treinta de octubre de dos mil veinte, la cual causó ejecutoria mediante proveído de once de diciembre de ese mismo año, se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a Andrés Escobar Robles, contra el acto que reclamó del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, para los siguientes efectos: Acciones realizadas para cumplir sentencia. Bajo esas premisas, se requirió a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, para que diera cumplimiento al fallo protector. Así, el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio NSJP/TEC/04926/2020, signado por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, por el cual informó que para dar cumplimiento al fallo protector señaló las diez horas del día diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, a fin de que tuviera verificativo la audiencia para resolver sobre el beneficio del quantum de la pena de prisión solicitado. Asimismo, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio NSJP/TEC/00713/2021, signado por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, en donde comunicó que se había dado cumplimiento al fallo protector; para lo cual remitió registro audiovisual del que se advierte que en audiencia pública celebrada el diecinueve de febrero pasado, determinó procedente el incidente no especificado abono del quantum de la prisión preventiva a favor del aquí quejoso dentro de la causa penal 219/2011, del índice del Juzgado de Garantías del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, y se ordenó se le descontara a la pena de siete años de prisión impuesta por el juez de origen, cuatro meses y diecinueve días de prisión. Documentales y disco compacto a los que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2 de esta última legislación, por haber sido expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades legales conferidas; además, el disco compacto al contener el registro de audio y video de la audiencia citada en el párrafo anterior, es considerada sin que haya necesidad de llevar a cabo una audiencia especial de reproducción de su contenido, pues quedaron a disposición de las partes para su consulta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de amparo, al integrar la carpeta de ejecución, resolver la solicitud del quejoso y sentenciado Andrés Escobar Robles, declarando procedente el incidente no especificado de abono del quantum de la prisión preventiva a favor del aquí quejoso dentro de la causa penal 219/2011, del índice del Juzgado de Garantías del Partido Judicial de Mexicali, Baja California. Pues de la reproducción del disco compacto remitido por el Juez responsable, se advierte que concedió dicho beneficio al aquí quejoso, ordenando le sean descontados cuatro meses y diecinueve días de la pena de prisión de siete años dentro de la causa penal 219/2011 del índice del Juzgado de Garantías del Partido Judicial de Mexicali, Baja California. En atención a lo antes expuesto, se llega al convencimiento de que en el caso, con el proceder de la autoridad en comento, se restituyó al quejoso en el goce y disfrute de los derechos fundamentales que en su perjuicio se estimaron transgredidos; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria pronunciada en este asunto, sin excesos ni defectos. Lo antes determinado se efectúa sin soslayar que las partes, en caso de tener inconformidad con lo resuelto por este órgano jurisdiccional, pueden optar por interponer los medios de defensa que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio que remite el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, toda vez que en auto de veintiséis de febrero del año en curso, se tuvo por recibido un comunicado de similar contenido y el disco compacto que acompaña como anexo, fecha en la cual se dio vista a la parte quejosa. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el presente juicio el once de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio en la que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector. Sin embargo, el procedimiento se encontraba pausado; ello, dada la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que se sustentó en lo instruido en las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021; y como consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Se levanta suspensión de plazos y términos. Ahora, de conformidad con lo señalado en la diversa circular SECNO/4/2021, así como en lo establecido en el artículo 2, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado en su vigencia por el diverso Acuerdo General 37/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada, lo que implica una reanudación de los que quedaron pausados y no su reinicio; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. Sin mayor proveído. Por otra parte, agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, sin hacer mayor pronunciamiento; en virtud a que por auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se tuvieron por recibidas las mismas, en las que destaca que la autoridad responsable señaló las diez horas del día diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia para resolver sobre el beneficio preliberatorio solicitado. Notificación a las partes. Por otra parte, se hace la precisión que el presente acuerdo deberá notificarse a las partes mediante lista, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, cabe decir que de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a las autoridades responsables deberá notificarse forzosamente por oficio el auto de admisión; o en su caso, de estimarse pertinente, aquellas determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de las que son personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos o requerimientos), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos, cuyo trámite es de menor trascendencia, con inclusión del diferimiento de la audiencia constitucional; por lo que se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Autoridad informa gestiones. Visto el oficio signado por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le tiene informando las acciones realizadas a efecto de acatar el fallo protector emitido en este juicio de amparo y al efecto remite en copia certificada las constancias con las que lo acredita. Se requiere y se precisa plazo para cumplimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192, párrafo cuarto y 193 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, teniendo en consideración que el juez responsable informa que se señalaron las diez horas del día diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia para resolver sobre el beneficio preliberatorio solicitado por el quejoso; en consecuencia, se le requiere para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente de la referida fecha, remita las constancias con las que acredite fehacientemente que ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante dejen el cargo. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." De igual forma, se le tiene remitiendo el registro de audio y video, contenido en un disco compacto debidamente certificado. Sin que haya necesidad de llevar a cabo una audiencia especial de reproducción de su contenido, mismo que queda a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de ésta, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Décima Época, registro 2004362, que dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Resguardo de objetos. A fin de evitar el daño del disco compacto, resguárdese en la secretaría de este juzgado. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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