Andres Celis Mora

Expediente 722/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
722/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Andres Celis Mora

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Papeleta de turno. Agréguese a los autos el oficio suscrito por Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta localidad, a través del cual remite la papeleta de turno correspondiente al presente juicio de amparo. Con lo anterior, téngasele dando cumplimiento a lo ordenado el treinta de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Certificación. Vista la certificación de cuenta se advierte que por escrito depositado en la entonces Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Tijuana, Baja California, el veinte de abril de dos mil veintiuno, ********************, quien se ostenta como defensor público federal del quejoso ********************, promovió demanda de amparo en contra del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Que la demanda se radicó con el número de amparo 722/2020-III y desechó de plano mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte y que no se cuenta con la papeleta de turno respectiva. Además, que el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, la secretaría actuante se percató del extravío del original del juicio de amparo en que se actúa y que después de una exhaustiva búsqueda por parte del personal de este Juzgado no se localizó el expediente físico del aludido. Que en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes se lleva el expediente electrónico, se advierte que obra el archivo digital del escrito original de demanda de amparo y del proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se radicó y se desechó de plano la misma. Finalmente, que no obra constancia de notificación a la parte quejosa, relativa al proveído antes aludido. En consecuencia, dado que en el caso obra sin alteración el expediente electrónico, con fundamento en el artículo 70 de la Ley de Amparo, se ordena la reposición de constancias a fin de proseguir con el trámite del presente juicio y no entorpecer el procedimiento del juicio constitucional; y para ello se deberán imprimir las constancias que obran en el mencionado expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y realizar la certificación respectiva, asentando que son copia fiel y exacta de las que encuentran en "SISE". Ahora en otro aspecto, de la certificación de cuenta, se advierte que no obra constancia de notificación a la parte quejosa, relativa al proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida en este expediente. Por tanto, túrnense los autos a la actuaria de este juzgado para que realice la notificación en cita. Se ordena girar oficio a Oficina de Correspondencia Común. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la demanda de amparo fue recibida directamente en este juzgado a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, por lo que no se cuenta con la papeleta de turno respectiva; por tanto, se ordena girar oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, para la equidad y proporcionalidad de cargas de trabajo, registre y remita la boleta de turno respectiva a este juzgado relativa a la demanda de amparo que dio origen al presente expediente. Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la constancia secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Radicación. Vista la demanda de cuenta recibida vía electrónica, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 722/2020-III. Ahora bien, cabe señalar que el escrito de demanda que generó el expediente en que se actúa, fue promovido por Rodolfo Castañeda Rodríguez, quien se ostenta como defensor público federal del quejoso Andrés Celis Mora, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Juez de Control; sin embargo, no fue firmada de manera autógrafa ni con firma electrónica por dicho promovente, por lo que con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis aislada LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 186605 y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para desechar la demanda constitucional. De los numerales antes expuestos se advierte en lo que interesa, que el juicio de amparo solo es procedente a instancia de parte agraviada, esto es, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés, el cual se ve afectado con motivo de algún acto de autoridad. En ese sentido, debe precisarse que la firma constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, pues además de dar autenticidad al mismo, pone de manifiesto la voluntad del promovente. Establecido lo anterior, cabe destacar que el presente juicio de amparo se presentó a través de los servicios tecnológicos previstos en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron las disposiciones para regular la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; sin embargo, dicha demanda carece tanto de la firma autógrafa como de la electrónica de quien suscribe, es decir, no se desprende que hubieren colocado en ésta el signo expreso e inequívoco de su voluntad, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada. Al respecto, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte el artículo 6 de la Ley de Amparo, previene en lo conducente, que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y solo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal. Sin embargo, como quedó expuesto, la parte quejosa fue omisa en manifestar su voluntad a efecto de promover el presente juicio de amparo, en virtud de que no suscribió autógrafa ni electrónicamente el escrito relativo. Además, el acto que reclama no es de los considerados como urgentes por el artículo 15 de la Ley de Amparo, para que sea prescindible el uso de la firma electrónica, en términos del artículo 17, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En efecto, la tramitación de los casos urgentes tratándose de la libertad del gobernado es procedente cuando importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, es decir, se refiere a los supuestos en que puede afectarse la libertad sin una justificante jurídica; mientras que el promovente reclama el embargo o inmovilización de las cuentas bancarias de la moral quejosa, así como la ejecución de suspensión de todo acto, operación, servicios y disposición de recursos, en donde la parte quejosa aparezca como titular en las instituciones bancarias señaladas. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma autógrafa ni electrónica de la persona que aparece como promovente ni el acto reclamado encuadra a los establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercido, pues como quedó expuesto, a través de la firma las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no es procedente ni siquiera prevenir a la persona señalada como promovente para que estampe su firma, por no entrañar uno de los requisitos de forma previstos en el artículo 108 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 114, sino que se trata de un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia conduce a desechar por improcedente la demanda, ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2018943 y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.". En consecuencia, ante la carencia de firma, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, de conformidad en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 fracción I de la legislación en consulta, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente al promovente.

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