Andres Dario Rodriguez Franco

Expediente 663/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
663/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Andres Dario Rodriguez Franco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA REACTIVACIÓN DE SERVICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el correo electrónico enviado por el apoderado jurídico de la autoridad responsable Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, por medio del cual, informa entre otras cosas que el servicio de hemodiálisis que venía recibiendo la parte quejosa ya ha sido reactivado a partir del veinticuatro de noviembre de la presente anualidad. VISTA. Consecuentemente, con el oficio de que se trata y anexos correspondientes dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. ESCRITO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito firmado por Ana Luisa Gómez Ibarra autorizada de la parte quejosa, por medio del cual, por una parte hace del conocimiento que no se le han proporcionado las sesiones de hemodiálisis como parte de su tratamiento renal sustitutivo que requiere al quejoso. REQUERIMIENTO. En ese orden de ideas y toda vez que los actos reclamados constituyen omisiones por parte de las autoridades responsables relacionadas con el derecho a la salud que, por su naturaleza, CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA VIDA DE LA QUEJOSA, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional. Por lo tanto, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaria de Salud, con residencia en Morelia, Michoacán y Director del Hospital Regional de Apatzingán, Michoacán, para que PARA QUE DE MANERA INMEDIATA cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo con todos y cada uno de los efectos precisados en la misma, esto es, presten a la quejosa la atención médica necesaria respecto del tratamiento (hemodiálisis que requiere para vivir), así como el medicamento necesario para la enfermedad diagnosticada, y lo que se estime necesario para su posterior tratamiento, con la finalidad de tener una adecuada salud. Asimismo, gire las instrucciones necesarias para que se le sigan proporcionando con la periodicidad requerida las sesiones hemodialíticas a la quejosa relativa al padecimiento de insuficiencia renal crónica, ya por conducto de la institución en cualquiera de sus unidades hospitalarias o de forma subrogada, ya en lo público, ya en lo particular, sin que sea obstáculo el presupuesto. INCLUSO, DEBERÁ DICTAR CUANTA MEDIDA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE REQUIERA, A FIN DE SEGUIR BRINDANDO LA ATENCIÓN MÉDICA NECESARIA TANTO EN CANTIDAD COMO EN CALIDAD, NECESARIOS PARA PRESERVAR LA VIDA Y SALUD DEL HOY QUEJOSO. Es preciso disponer que la atención adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En la inteligencia que dicha autoridad deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren tal extremo, o bien, informen los actos que realicen para ese efecto, o en caso contrario, indiquen la imposibilidad legal que tenga para ello. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, de apercibe a las autoridades requeridas que de no cumplir con lo solicitado en el plazo concedido para tal efecto, se impondrá DE MANERA INDIVIDUAL una multa equivalente a DOSCIENTOS DÍAS el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el valor de la medida citada es de $103.74 (ciento tres 74/100 pesos M.N.), la cual multiplicada asciende a la cantidad total del $20,748 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículo 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Por otra parte, se advierte que la ocursante pretende promover incidente de violación a la suspensión de plano decretada dentro del presente juicio de garantías. En ese contexto, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 206 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la incidencia planteada, toda vez que como se advierte de autos, mediante sentencia de diez de octubre de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal dentro del presente juicio de amparo, resolución que causo ejecutoria el pasado catorce de noviembre de dos mil veintitrés, por lo tanto, al estar firme esa determinación, dejó de surtir efectos la suspensión de plano concedida, lo que torna jurídicamente imposible dar entrada a la petición planteada por el promovente. OFICIO. Finalmente, glósese el oficio recibido vía correo electrónico y firmado por la apoderada legal de las autoridades responsables de la Secretaria de Salud del Estado de Michoacán, por si y en cuanto representante legal del Director del Hospital General de Apatzingán, Michoacán, a través del cual, informa que el servicio de hemodiálisis, se encuentra restablecido desde el diecisiete de noviembre de la presente anualidad; sin embargo, no adjunta prueba fehaciente de la que se pueda advertir dicha circunstancia, máxime que al día de la fecha la quejosa manifiesta que no se encuentra activo dicho servicio; en ese contexto, no ha lugar a tener dichas autoridades informando las medidas tendentes a cumplimentar el fallo protector. Por lo tanto, se les exhorta para cumplan bajo los lineamientos establecidos en párrafos precedentes y de manera inmediata. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el oficio firmado por la apoderada jurídico de la Secretaria de Salud por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General, con sede en Apatzingán, Michoacán, a través del cual, informa el seguimiento dado a la ejecutoria de amparo, dictada en el presente juicio, esto es, que el servicio de hemodiálisis ha quedado restablecido a partir del diez de noviembre de dos mil veintitrés, en la clínica "CALIDAD DE OCCIDENTE". Del mismo modo, hace del conocimiento que el personal de la clínica encargada del brindar de manera subrogada las sesiones correspondientes, hará el reembolso de las sesiones pagadas por los quejosos mientras el servicio se encontraba suspendido, para lo cual, solicita exhiban los recibos de pago correspondiente, ante el personal encargado; circunstancia de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con la finalidad de tener certeza jurídica de que la quejosa se encuentra recibiendo esa atención, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de que surta efectos su legal notificación, manifieste bajo protesta de decir verdad si al día de la fecha se encuentra recibiendo el tratamiento de hemodiálisis subrogado, por parte de las autoridades responsables, así como, el lugar donde se encuentra la clínica asignada. VISTA. Asimismo, con el oficio de que se trata y anexos correspondientes dése vista a la parte quejosa, para que en referido término manifieste lo que a su derecho convenga. ESTADO DE AUTOS. Ahora bien, visto el estado de los autos de los que se advierte que fue girado el oficio 20774/2023 dirigido a la autoridad responsable Secretaria de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salid de Michoacán, por si y en cuanto Superior Jerárquico y por ende representante Legal del Director del Hospital Regional Apatzingán, con el que se le notificó la sentencia definitiva, en ese sentido, se advierte que fue completada su entrega en los correos electrónicos señalados por las citadas autoridades como medio de comunicación oficial. Por lo tanto, de conformidad con la fracción II, inciso a) del artículo 26, en relación con el diverso 30 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y artículos 9 y 65 tercer párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se tiene por debidamente notificada, de la determinación que nos ocupa. CAUSA EJECUTORIA. Bajo ese contexto, del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, que concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal y; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria, para los efectos legales procedentes. REQUERIMIENTO AUTORIDAD RESPONSABLE. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en el plazo de TRES DÍAS hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente auto, dé cumplimiento total, sin excusa ni evasivas, a la sentencia de nueve de octubre de dos mil veintitrés. PRECISIÓN 1. RELACIONADA CON AMPLIACIÓN O RETRASO. En ese sentido, con fundamento en el artículo 17 constitucional, requiérase a la responsable de mérito para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a esta autoridad federal si el término que prevé el aludido numeral 192 de la Ley de Amparo (tres días), es suficiente para acatar el fallo protector; o bien, si en términos del precepto 193 de la citada legislación, requiere de un plazo mayor, en cuyo caso deberá mencionar el tiempo que necesite para ello. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacer manifestación al respecto, se entenderá que está en aptitud de dar cumplimiento dentro del plazo indicado en el referido numeral. En esa línea, indíquese a la responsable que deberá fundar y motivar esa prórroga; petición que no significa que de entrada será procedente, sino que la procedencia o no de esa solicitud, será analizada por esta autoridad federal conforme a los efectos plasmados en la sentencia protectriz, considerando la complejidad del asunto o dificultad en el cumplimiento y, desde luego, siempre que demuestre que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, para lo cual deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren su aserto. Ahora, las medidas que realice la responsable deberán ser eficaces y fructuosas para observar el fallo protector, dentro del término que se le conceda, toda vez que si de las constancias o actos tendentes que remita o informe, se advierte que las gestiones que haya realizado o se encuentre realizando, son evasivas o llevadas a cabo con procedimientos ilegales que generen el retraso del cumplimiento de la sentencia y en vía de consecuencia la imposibilidad para que pueda resarcirse al justiciable en un tiempo prudente el derecho fundamental que le fue transgredido, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, registro 20007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" . De igual manera, se invoca la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I pagina 11, registro 2007914, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VICENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable en el ámbito de sus obligaciones, que de no dar acatar los lineamientos aquí descritos, con la finalidad de observar el fallo protector, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, o evasivas, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD QUE SE VE VINCULADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone de relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida, que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de noviembre de dos mil veintitrés. ESCRITO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, el escrito de cuenta, signado por ********************en representación del quejoso directo ******************** por medio del cual, manifiesta lo siguiente: ".Por medio del presente, informo que las responsables han dejado de brindar el tratamiento de forma subrogada a la parte quejosa, pues la clínica privada en donde las recibía ha suspendido el servicio por falta de pago, pues si bien hicieron un abono al adeudo por lo que restablecieron el servicio el día veintitrés de octubre, lo cierto es que no pagaron el total de lo MESES que las responsables no han pagado las sesiones de los pacientes subrogados, lo que trajo como consecuencia la suspensión del servicio de hemodiálisis. Por lo anterior, solicito requerir a las autoridades responsables a fin de que realicen el pago correspondiente para que el servicio de hemodiálisis subrogado sea restablecido en la clínica en donde la parte quejosa las ha venido recibiendo, pues dicho tratamiento no puede ser suspendido ya que pone en riesgo su vida.". REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por tanto, requiérase a autoridades responsables Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, por sí y en cuanto superior jerárquico y representante legal del Director del Hospital General de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, para que de manera inmediata, realice las gestiones necesarias para que el mencionado peticionario de amparo ******************** reciba el tratamiento que requiere (hemodiálisis), así como el medicamento necesario para la enfermedad que le aqueja (insuficiencia renal crónica) de manera subrogada en la clínica privada "Clínica Occidente" ubicada en calle Heriberto, esquina con José Sotero de Castañeda, número 93, colonia Centro, en Apatzingán, Michoacán de Ocampo; o, en alguna diversa, a fin de cumplir en todos su términos con la suspensión de plano concedida en el presente juicio. En el entendido de que deberán remitir copia certificada de las documentales con las que acrediten su dicho, las cuales podrán enviar al correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesaria se remitan vía ordinaria. Resulta aplicable en lo conducente, la Tesis P. XIX/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, página 112, del siguiente rubro y texto: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos.". APERCIBIMIENTO. Apercibidas que de no hacerlo así, traerá como consecuencias lo siguiente: a) La imposición de una multa de trescientas Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. b) Una sanción con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. PRECISIÓN. Ahora, respecto a la petición de la promovente, en el sentido que se comisione al Actuario de la adscripción, con la finalidad que de fe sobre la suspensión del servicio médico solicitado; dígasele que no es necesaria dicha comparecencia, toda vez que con la sola manifestación de la suspensión del servicio médico antes referido, se requiere a las autoridades responsables, en los términos señalados en párrafos precedentes. NOTIFÍQUESE; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

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