Anavelia Granados Cano

Expediente 156/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
156/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Anavelia Granados Cano
  • Directora del "Hospital General Regional de los Reyes", Perteneciente A la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. AUTORIDAD REGISTRAL EXHIBE ACTA DE DEFUNCIÓN. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ténganse por recibidos y agréguense a los autos para que obren como correspondan los correos electrónicos de cuenta registrados bajo los números de control internos 1533 y 1590, mismos que contienen el oficio sin número, signado por el Jefe de Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales de la Dirección del Registro Civil del Estado de Michoacán, por medio del cual hace del conocimiento de este juzgado federal que si se localizó una partida de defunción de la parte quejosa ********************, con los siguientes datos de localización, Acta 44, Libro 6, Oficialía 0002 del Municipio de Tocumbo, con fecha de registro veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, de la cual remite copia certificada; en ese contexto, téngase a la autoridad de referencia dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento que le fuera formulado mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. ANÁLISIS DE IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO. En ese contexto, visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante oficio número 43/2023, recibido en oficialía de partes de este Juzgado Federal el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, devolvió sin diligenciar el despacho 1062/2022, orden 2036/2022, enviado a efecto de notificar a la quejosa ********************, el contenido de los proveídos de veintidós de noviembre y cinco de diciembre de dos mil veintidós, en virtud de que el actuario judicial de su adscripción hizo constar que al entrevistarse con la persona de nombre ********************, quien refirió ser hijo de la aquí parte quejosa, le informó que la misma falleció hace aproximadamente tres meses en el hospital San José de Los Reyes de Salgado Michoacán. Posteriormente, con lo informado por la citada autoridad, este órgano jurisdiccional requirió al Director del Registro Civil del Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, para que remitiera copia certificada del acta de defunción de la parte quejosa; por lo que, mediante correo electrónico de cuenta, se tuvo a la autoridad registral de mérito exhibiendo copia certificada del acta de defunción de la aquí quejosa ********************. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, si existe o no imposibilidad manifestada en relación al cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado. Así, de las constancias se advierte que el veintiocho de abril de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Ahora bien, los efectos de la sentencia amparadora, fueron los siguientes: "1.- Las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias y en cuanto superiores jerárquicos del Hospital General de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, así como a este último, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la quejosa ********************, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica, hipertensión y diabetes que padece, para lo cual deben hacer su diagnóstico médico de salud, proporcionarle la atención médica y medicamentos que requiere; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, en la actualidad, debiendo, para ello, tomar en cuenta: En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia de la quejosa, en la localidad de Santa Clara de Valladares municipio de Tocumbo, Michoacán de Ocampo, a efecto de que sea la más cercana a su domicilio; Se adopten las medidas sanitarias debidas, a efecto de que el tratamiento definitivo a la quejosa al padecimiento que presenta, en el lugar donde se le deba suministrar, contrarreste el riesgo a la salud ante los efectos de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Ordenen que se haga la valoración médica correspondiente a la quejosa, al menos dos veces por año, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, para que sea valorada medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto, al menos dos veces por año. En caso de que el servicio de hemodiálisis para su enfermedad de insuficiencia renal crónica, se siga prestando en instituciones privadas, como la que actualmente lo presta "Bermel", bajo el pago de la autoridad responsable, ésta se encontrará obligada a estar reportando mensualmente a la autoridad responsable que le hace el pago, si la quejosa ha recibido, cuántas veces y cuándo, las sesiones de hemodiálisis contratadas. Por lo que, deberán dictar cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios se requiera, a fin de seguir brindando la atención médica necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida y salud de la directa quejosa. Respecto a los efectos de la reparación del derecho a la salud, es preciso disponer que la atención médica adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requiera, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En el caso de que las autoridades responsables carecieran de ellas deberán recurrir a instituciones públicas privadas o de la sociedad civil especializada. Finalmente, las autoridades responsables deberán cubrir los gastos necesarios para el restablecimiento de su salud." Luego, como se advierte de la narrativa realizada con anterioridad, la imposibilidad Material con la que cuenta la autoridad responsable a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo es ante el fallecimiento de la parte quejosa ********************, circunstancia que fue informada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, quien hizo constar que al entrevistarse con la persona de nombre ********************, (hijo de la aquí parte quejosa), le informó que la misma falleció hace aproximadamente tres meses en el hospital San José de Los Reyes de Salgado Michoacán; situación que fue quedo debidamente acreditada con copia la certificada del acta de defunción de la aquí quejosa con fecha de registro veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Por lo tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, no existe materia para la ejecución de la sentencia que concedió la protección constitucional. Lo anterior, porque el efecto protector consistente en que las responsables continúen tratando y atendiendo de forma integral, completa y continua a la quejosa ********************, prestándole la atención médica requerida por la peticionario del amparo, lo cual no puede realizarse materialmente, toda vez que, se suscitó el fallecimiento de la parte quejosa. Por lo que, si en el presente caso actuario judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, hizo constar que al entrevistarse con la persona de nombre ********************, (hijo de la aquí parte quejosa), le informó que había ocurrió el fallecimiento de la parte quejosa, circunstancia que fue debidamente acreditada con copia certificada del acta de defunción con fecha de registro veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. De ahí que esta autoridad declara la imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que pase inadvertida la obligación que impone el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando una sentencia no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, se deberán remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el diverso numeral 193, de la legislación en consulta. No obstante, este Juzgado de Distrito advierte que la imposibilidad que tiene la autoridad responsable no deviene de alguna de las circunstancias previstas en el mencionado artículo 193, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, o bien, que se actualice alguna conducta que demuestre su omisión o evasiva en el debido cumplimiento; por tanto, no está justificado legalmente proceder conforme a lo establecido en las porciones normativas invocadas. Tampoco resulta razonable volver a requerir el debido cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable, puesto que a ningún fin práctico conduciría, habida cuenta que, se reitera, existe imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, ajena a la potestad reglamentaria de la autoridad en cuestión. Tiene apoyo a lo anterior en lo conducente, la Tesis: XXIV.2o.2 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2019, página 2612, registro 2019824, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EL ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CONSIDERACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE DECRETÓ LA IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIR CON EL FALLO PROTECTOR, AUN CUANDO DICHO RECURSO LO INTERPONGA LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA IMPUGNAR EXCLUSIVAMENTE LAS MULTAS IMPUESTAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN RESPECTIVO." Así como la diversa 1a./J. 42/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Mayo de 2014, página 476, registro 2006470, cuyo contenido es el siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. CUANDO LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR EL PROMOVENTE DE DICHO RECURSO RESULTEN INOPERANTES EN SU TOTALIDAD, PROCEDE EL ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO." ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del apartado siete punto cuatro, del capítulo siete del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno, a través del oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020, toda vez que fue concedida la suspensión de plano de los actos reclamados dentro del presente juicio de amparo; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo a que se hace mención en dicho manual, conservando las respectivas documentales. Hágase la anotación en la carátula. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, realizada la depuración del mismo, solicítese la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General del Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se instruye al secretario para que realice las anotaciones que correspondan. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 18 del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal de autos de los que se advierte que en proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se requirió al Director del Registro Civil del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, para que remita copia certificada del acta de defunción del quejoso ********************, sin que a la fecha, lo haya realizado. REQUERIMIENTO. En ese sentido, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al citado Director del Registro Civil del Estado, con residencia en esta Morelia, Michoacán, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que reciba la notificación respectiva, remita copia certificada del acta de defunción de la quejosa ********************, a fin de estar en aptitud de determinar lo conducente respecto al cumplimiento de la ejecutoria del presente juicio. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad que de hacer caso omiso al requerimiento en cuestión, se hará acreedora a la imposición de multa de CIEN Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 259 de la Ley de la materia en vigor. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. DEVUELVE DESPACHO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los oficios números 43/2023 y 51/2023, a través de los cuales el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, devuelve SIN DILIGENCIAR el despacho 1062/2022, orden 2036/2022, enviado a efecto de notificar a la quejosa Anavelia Granados Cano, el contenido de los proveídos de veintidós de noviembre y cinco de diciembre de dos mil veintidós. SE ORDENA DAR DE BAJA. Ahora, bien, para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno, la comunicación oficial de mérito, acuse de recibo al estilo respectivo. Ahora bien, vista la razón actuarial remitida por la autoridad oficiante, de la que se advierte que el cinco de enero de dos mil veintitrés, el actuario judicial adscrito al Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, hizo constar que al entrevistarse con la persona de nombre Eduardo Granados Caravez, quien refirió ser hizo de la aquí parte quejosa, le informó que la misma falleció hace aproximadamente tres meses en el hospital San José de Los Reyes de Salgado Michoacán; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Director del Registro Civil del Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que reciba la notificación respectiva, remita copia certificada del acta de defunción de la quejosa Anavelia Granados Cano, a fin de estar en aptitud de proveer lo correspondiente. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad que de hacer caso omiso al requerimiento en cuestión, se hará acreedora a la imposición de multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 259 de la Ley de la materia en vigor. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de enero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que en fecha cinco de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó girar el despacho 1062/2022 orden 2036/2022, al Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Los Reyes, Michoacán de Ocampo, para que notifique a la peticionaria de amparo ********************, el proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, así como el diverso de veintidós de noviembre de dos mil veintidós y finalmente la requiriera para que en el acto de la notificación informare si continua recibiendo el tratamiento de salud de forma subrogada. En ese contexto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, mediante oficio que derive del presente proveído, requiérase de nueva cuenta a la autoridad señalada en el párrafo que antecede para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, computadas legalmente, informe vía correo electrónico institucional 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx a este Juzgado Federal el estado procesal que guarda la citada comunicación oficial a fin estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda o bien remita las constancias completas y legibles, que acrediten la debida diligenciación del mismo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad requerida que de no cumplir con lo solicitado en el plazo concedido para tal efecto, se impondrá una multa equivalente a TRESCIENTAS veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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