Andrés Corral Rocha
Expediente 568/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Andrés Corral Rocha
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En once de enero de dos mil veintidós, se da cuenta con el oficio de folio 405; además, certifico: que en el libro de oficialía de partes de este juzgado, no obra escrito alguno tendente a recurrir la sentencia dictada el trece de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio en que se actúa. Además, que el plazo de diez días previsto por el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas para ello recurrieran la resolución de referencia, transcurrió para la parte quejosa del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno al cuatro de enero de dos mil veintidós; sin que sea necesario computar el término a las autoridades responsables, toda vez que el sentido de la sentencia no les irroga perjuicio alguno. Así como la circunstancia de que la parte quejosa no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros; de igual manera, certifico: que en el presente expediente no se ordenó la apertura del incidente de suspensión. Con la anterior certificación se da cuenta al Secretario Encargado del Despacho, así como con el estado procesal de autos. Conste. La Secretaria. Zacatecas, Zacatecas once de enero de dos mil veintidós. En atención a lo anterior, así como a la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes que se encuentran legitimadas para ello, hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el trece de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual, se negó el amparo en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en cita, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años, toda vez que se negó en el juicio de amparo en que se actúa. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original, que devolver a las partes. Finalmente, visto el oficio proveniente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Regional Norte Centro IV y Auxiliar, mediante el cual informa que acusa de recibo el oficio 43386/2021, del índice local con el cual se le notificó la sentencia de amparo; agréguese a los autos y téngasele informando lo anterior. Notifíquese.
- Principal
Por lo expuesto, fundado; resuelve: Único La Justicia de la Unión No ampara ni protege a Andrés Corral Rocha, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos vertidos en la ultima consideración de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 568/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Andrés Corral Rocha, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos y autoridad responsable que más adelante se precisan. SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, registró la demanda de amparo indirecto; la admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, lo cual ocurrió el cinco de julio siguiente. Luego, el seis de agosto del presente año, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos que anteceden. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, fracción I, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclama una resolución de un tribunal administrativo, dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, que se desprende de la demanda de amparo, mismo que consiste en: La resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la queja por defecto en el cumplimiento a la sentencia, en el Juicio de Nulidad 650/19-23-01-7, del índice de la Sala Regional del Norte - Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de la cual se declaró improcedente por extemporánea. Por otra parte, el quejoso también expresa en el mismo capítulo, una relatoría de los antecedentes del juicio de origen; asimismo, reclama a la autoridad responsable ordenadora la omisión en declarar extemporaneidad y preclusión en el cumplimiento de la sentencia del juicio de origen por la tercera interesada; asimismo, que haya declarado precluido su derecho a la defensa; además, que su actuar fue parcial; y por último, la aplicación de la ley supletoria y su reglamento; sin embargo, tales manifestaciones no revisten el carácter de acto destacado en virtud de que son motivos de inconformidad del solicitante de amparo, que le causa la resolución materia de este juicio de amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Los Magistrados Integrantes de la Sala Regional Norte - Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por conducto de su presidente, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se acredita con las copias certificadas del juicio de nulidad 650/19/-23-01-7; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, el tercero interesado Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto de la Jefa de Departamento de Afiliación, Prestaciones Económicas expresó que el acto es inexistente, debido a que dicho órgano administrativo dio cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad, de manera fundada y motivada. Al respecto, debe decirse que el acto reclamado, como se precisó con anterioridad, es la resolución interlocutoria que se dictó en la queja por defecto en el cumplimiento a la sentencia, en el Juicio de Nulidad 650/19-23-01-7, que la declaró improcedente por extemporánea; sin que el cumplimiento a la sentencia de origen esté sujeto a revisión en esta instancia constitucional; de ahí, lo infundado de su planteamiento. Por lo que, al haber analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, no se advierte que en el caso se actualice algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Previamente a verificar la eficacia de los motivos de inconformidad propuestos por la parte quejosa en su demanda de amparo, resulta necesario precisar los antecedentes más relevantes del asunto; así tenemos que dentro del el Juicio de Nulidad 650/19-23-01-7, se advierten las siguientes constancias. 1. Por escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 1 a 6), ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Norte - Centro IV y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, el quejoso demandó la nulidad de la negativa expresa recaía a su solicitud de actualización, incremento, regularización y pago retroactivo de su cuota pensionaria, de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, emitida por la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (fojas 11 y 12). 2. Mediante auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 650/19-23-01-7, se admitió a trámite la demanda de nulidad y ordenó el emplazamiento de la autoridad demandada (fojas 23 y 26). 3. El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 108 a 122), la Sala de conocimiento dictó sentencia definitiva, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: "[.] I. Se desestima la causal de improcedencia. II. Se declara la NULIDAD de la resolución impugnada, precisada en el resultando primero de este fallo, para los EFECTOS precisados en el último Considerando del presente fallo. [.]." 4. Inconformes con la sentencia de nulidad, la autoridad demandada (tercera interesada) interpuso recurso de revisión fiscal; por su parte el quejoso promovió recurso de revisión fiscal adhesivo; los cuales fueron desechados en sentencia de once de junio de dos mil veinte (fojas 131 y 133 a 150). 5. Luego en proveído de diez de agosto de dos mil veinte, se declaró firme la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve (foja 156). 6. Por oficio presentado el trece de enero de dos mil veintiuno en la oficialía de partes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Jefa de Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ahora tercera interesada) exhibió copia del oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./CS/1763/2020, de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, y el original del comprobante de envío por correo registrado con acuse de recibo número MN007779740MX, por lo que, en auto de trece de enero de dos mil veinte, la sala del conocimiento tuvo por recibidas las constancias de mérito y con copia de ellas ordenó correr traslado a la parte quejosa, a efecto de que, dentro del término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniese (fojas 160 a 170). 7. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, el quejoso promovió recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en contra del oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./CS/1763/2020, de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, con el cual la autoridad demandada dio respuesta al cumplimiento del fallo anulatorio (fojas 174 a 190). 8. En auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso a efecto de que exhibiera el acta de notificación del oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./CS/1763/2020, apercibido que de no hacerlo en el plazo concedido, se tendría por no admitida la queja (foja 191). 9. Por escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correos de México, el quejoso exhibió copia simple del sobre con número de guía MN007779740MX. (fojas 195 a 197). 10. En proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la instancia de queja, misma que se resolvió el dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, en la que en lo conducente estableció: "En razón a lo anterior, según lo establece el artículo 58, fracción II, inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso de queja debe presentarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió sus efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca; en este caso, la notificación del oficio por medio del cual la autoridad cumplimentó la sentencia. Por lo que, si la constancia de notificación exhibida por la autoridad demandada se practicó con fecha 23 de diciembre de 2020 y el recurso de queja se promovió con fecha 03 de febrero de 2021, resulta improcedente por extemporánea. (anexa imagen del acuse de recibo de Correos de México, MN007779740MX). De tal suerte que, la notificación del oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./CS/1763/2020, de 17 de diciembre de 2020, surtió sus efectos el 04 de enero de 2021, y comenzó a correr el término de quince días señalado en el artículo de referencia, el 25 de enero siguiente, precluyó su derecho para presentar la queja, esto, sin contar los días inhábiles que mediaron de conformidad con lo dispuesto por el Pleno de la Sala Superior mediante Acuerdo SS/4/2020. En consecuencia se desecha la queja por extemporánea; y en ese sentido, se declara que no hubo incumplimiento injustificado a la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2019, en razón de que la autoridad acreditó en el presente juicio la existencia del cumplimiento; con la propia resolución que dio cumplimiento a la sentencia; por lo que, en esa línea de cronológica, esta juzgadora no está obligada a determinar su el cumplimiento fue o no debido, al haber resultado extemporáneo el recurso de queja que nos ocupa. (.) (.) se resuelve: I. Ha resultado IMPROCEDENTE LA QUEJA POR EXTEMPORÁNEA, de conformidad con los razonamientos vertidos en el único considerando de este fallo. II. Se declara que no hubo incumplimiento a la sentencia de mérito de 29 de noviembre de 2019. (.) (fojas 198, 215 a 218). Resolución que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que el quejoso expresa esencialmente motivos de inconformidad relativos: a. Al incumplimiento de la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el Juicio de Nulidad de origen; y, b. A la resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la queja por defecto en el cumplimiento a la sentencia, a través de la cual se declaró improcedente por extemporánea; en la que controvierte la notificación de la determinación que dictó la aquí autoridad tercera interesada sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el Juicio de Nulidad de que se trata. En relación al primer punto, el solicitante de amparo arguye que la autoridad tercera interesada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado, no cumplió la sentencia en el término de cuatro meses que concede la ley; y que la Sala responsable actuó de forma parcial pues no dictaminó dicha extemporaneidad y preclusión en su cumplimiento; y a él lo priva del derecho de defensa -capítulo de actos reclamados -. También, expresa que se viola en su perjuicio el artículo 57, tercer párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al permitir que la autoridad aquí tercera interesada incumpla la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen; igualmente, esgrime que la interlocutoria que reclama, no consideró los incrementos a su cuota pensionaria -capítulo de conceptos de violación-. Asimismo, aduce que le causa agravio la resolución emitida por la Jefa de Departamento de Afiliación de Prestaciones Económicas en ausencia del Subdelegado de Prestaciones al no aplicar los incrementos porcentuales conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -capítulo de agravios-. Tales motivos de inconformidad, son inoperantes. Se afirma lo anterior, pues el acto que reclama el quejoso, lo constituye la resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la que la Sala Regional Norte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró improcedente por extemporánea la queja por defecto en el cumplimiento a la sentencia, dictada en el Juicio de Nulidad 650/19-23-01-7. Como puede advertirse de los antecedentes antes transcritos, la razón que sostiene el acto reclamado, es la extemporaneidad en la presentación del recurso de queja; por tanto, los motivos de inconformidad expuestos por el quejoso, son ineficaces para esgrimir la interlocutoria citada. Lo anterior, pues dichas manifestaciones no combaten de manera frontal los motivos en que la Sala responsable sustentó su resolución al declarar improcedente la queja por extemporánea; pues contrario a ello, el impetrante de amparo se refirió al cumplimiento de la sentencia en el juicio de nulidad de origen, circunstancias ajenas a la presente litis constitucional. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia número I.4o.A. J/33, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, agosto de dos mil cuatro, novena época, visible en la página mil cuatrocientos seis, registro digital: 180929, cuyo rubro y texto establecen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase "pretensión deducida en el juicio" o petitum al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la quejosa no señala la parte de las consideraciones de la sentencia que reclama, motivo de controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones, bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa de pedir. Asimismo, la jurisprudencia I.6o.C. J/21, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto del año dos mil, Novena Época, visible en la página mil cincuenta y uno, registro digital: 191370, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo. Dicho de otra manera, en los argumentos que se analizan, la parte quejosa combate la cuestión de fondo en torno al cumplimiento de la sentencia del juicio de nulidad; sin embargo, según se expuso, en la resolución reclamada la sala responsable no analizó el fondo de la materia de la queja, dado que declaró su improcedencia por extemporánea. En ese sentido, la autoridad responsable no sólo no estaba obligada a resolver la problemática de fondo planteada en el recurso de queja, sino que incluso quedó impedida para hacerlo y, por lo mismo, dichos aspectos menos aún pueden ser estudiados por este juzgado federal. Luego, como la parte quejosa, lejos de controvertir la improcedencia del recurso de queja, por considerarse extemporánea, ataca el fondo del problema jurídico planteado respecto al cumplimiento de la sentencia de nulidad, es claro que los conceptos de violación resultan inoperantes. Apoya a lo anterior, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 52/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, agosto de 1998, página 244, registro digital 195741, de contenido: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." Por otra parte, el quejoso hace valer sus motivos de inconformidad en contra de interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la queja por defecto en el cumplimiento a la sentencia del juicio de nulidad de origen, misma que fue declarada improcedente por extemporánea, en los siguientes términos. El quejoso manifiesta que interpuso en tiempo y forma legal la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad. Lo anterior, pues el oficio por medio del cual la autoridad tercera interesada pretendió dar cumplimiento a la sentencia del juicio de nulidad, debió presentarse ante la Sala responsable para que no existiera confusión en la litis, y fuera ésta quien realizara el traslado conforme a las reglas que establece el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Además, el peticionario de amparo reclama la excesiva aplicación de la ley supletoria y reglamento; pues el juicio contencioso está debidamente regulado, en el caso por el numeral 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo -capítulo de acto reclamado-. En ese sentido, afirma que las notificaciones deben hacerse por boletín jurisdiccional, en días hábiles para que surtan sus efectos; ya que la relativa al cumplimiento de la sentencia de juicio de nulidad se realizó vía correo certificado en veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, día inhábil por vacaciones. De lo anterior, estima que es contradictorio que, por un lado, la responsable haya dictado sentencia favorable y, por otro, le declare improcedente por extemporánea la queja que interpuso para exigir el cumplimiento de la primera -capítulo de planteamiento de la demanda de amparo indirecto-. Tales motivos de inconformidad, son infundados. Al respecto, debe recordarse que en la resolución interlocutoria reclamada, la Sala responsable declaró improcedente por extemporánea el recurso de queja por defecto que interpuso el quejoso en contra del oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./CS/1763/2020, de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, emitido en cumplimiento a la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, sobre la base de que el referido oficio se le notificó el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, tal como aparece en la constancia relativa y además porque no negó la fecha de entrega de la pieza postal -pues su único argumento fue que no se practicó la notificación de manera personal- (fojas 162 y 196 vuelta del tomo de pruebas); de ahí que la sala responsable estimó procedente la notificación en términos del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Luego, expresó que el numeral 58, fracción II, inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé que el recurso de queja debe presentarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió sus efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca; entonces si la constancia de notificación exhibida por la demandada se practicó el veintitrés de diciembre de dos mil veinte y el recurso de queja se promovió el tres de febrero de dos mil veintiuno, resolvió declararla improcedente por extemporánea. En contra de esta decisión, la quejosa manifiesta esencialmente que la notificación del oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./CS/1763/2020, de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, no resulta válida, por que la misma debió de desahogarse por conducto de la Sala responsable conforme al artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; pues no es necesaria la supletoriedad cuando el mismo ordenamiento contempla las reglas de notificación, y en este caso debió notificarse por boletín judicial. Al respecto, los artículos 1° y 35, 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 58, fracción II, inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aplicables al caso, disponen, en su orden, lo siguiente: "Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas." "Artículo 35.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse: I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado; II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, en el caso de comunicaciones electrónicas certificadas, deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio, y III. Por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal. Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o, previa solicitud por escrito del interesado, a través de telefax, medios de comunicación electrónica u otro medio similar. Salvo cuando exista impedimento jurídico para hacerlo, la resolución administrativa definitiva deberá notificarse al interesado por medio de correo certificado o mensajería, en ambos casos con acuse de recibo, siempre y cuando los solicitantes hayan adjuntado al promover el trámite el comprobante de pago del servicio respectivo." "Artículo 38.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación. Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo. En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio nacional." "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (.) II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho." De los dos preceptos transcritos inicialmente, se sigue que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo resulta aplicable a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal, y que las notificaciones personales respecto de dichos actos se pueden realizar oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. Por otra parte, de los restantes preceptos se advierte que a fin de asegurar el pleno cumplimiento de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa procede recurso de queja por defecto en el cumplimiento del fallo, a petición de parte; la que se interpondrá dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca; y, en las actuaciones derivadas del juicio contencioso administrativo, las notificaciones surten efectos el día hábil siguiente a aquél en que fueron hechas. Sobre este contexto, lo que pretende la quejosa es la aplicación en su favor del artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; sin embargo, no se puede convenir con su planteamiento porque se debe atender a la ley que rige el acto impugnado; en este caso la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Así se comprende de los razonamientos que sustentan la contradicción de tesis 72/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece esencialmente que para conocer cuándo surte efectos la notificación de la resolución impugnada, se debe atender a la ley que rige al acto administrativo, en este caso la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De cuyo análisis derivo la jurisprudencia 2a./J. 90/2015 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Julio de 2015, Tomo I, página 766, registro digital: 2009601, de rubro y texto: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. PARA DETERMINAR EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2013, DEBE CONSIDERARSE QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA SURTE EFECTOS EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUE. Es criterio reiterado de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las notificaciones de los actos que pretendan impugnarse surten efectos conforme a la ley que los rige y que las reglas de las notificaciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, generalmente, regulan las diligencias practicadas dentro del juicio de nulidad. Sin embargo, del artículo 13, fracción I, inciso a), de ésta, vigente hasta el 24 de diciembre de 2013, correlacionado con el diverso 58-2, párrafo último, del ordenamiento indicado, deriva que para determinar el plazo para la promoción del juicio, es necesario conocer cuándo surte efectos la notificación de la resolución impugnada, para lo cual expresamente establecen que debe estarse a dicha ley. En consecuencia, la norma base para definir cuándo surte efectos la notificación del acto controvertido en el juicio sumario, es el artículo 70 de la legislación aludida, conforme al cual las notificaciones surten sus efectos el día hábil siguiente al en que se practiquen, pues a diferencia de otros casos, en éste, el legislador previó en específico que se estuviera a este cuerpo normativo. Esta decisión es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona contenido en el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de respetar los derechos de seguridad jurídica y de acceso a la justicia, ya que de atender a la ley que rige al acto impugnado tratándose de multas administrativas, como sería el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual establece que las notificaciones surten efectos el mismo día en que se practican, ello podría causar perjuicio a quienes promovieron bajo la previsión expresa de las normas citadas en primer término." Por lo que si bien, la resolución que se impugna derivó del cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de nulidad; lo cierto es, que dicho acto administrativo se dictó con fundamento en su propia normatividad; entonces el plazo para impugnarla corre a partir de que es notificado atendiendo a las mismas reglas del ordenamiento que le dio origen, en el particular la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; es decir, inicia a partir de que tiene conocimiento fehaciente del contenido del acto administrativo. De lo antes expuesto, es claro que a la notificación del oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./CS/1763/2020, de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, le resulta aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque se trata de una resolución emitida por una autoridad dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal Paraestatal, en términos del artículo 5 de la Ley del indicado instituto; por ende, la notificación de ese acto se rige por los artículos 35 y 38 de aquella ley, y no conforme al diverso 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es importante hacer notar que no se inadvierte que el artículo 58, fracción II, inciso b), de este último ordenamiento, dispone que la queja se interpondrá dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca, sin precisar que ello debe ocurrir en términos de la ley que rige el acto controvertido. No obstante esta laguna normativa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su actividad interpretativa, le ha dado solución en términos del precedente descrito que aunque se trata de un tema similar, es suficiente para tomarlo en consideración para resolver este juicio; por tanto, las notificaciones de los actos que pretendan impugnarse en vía contenciosa administrativa federal, a través de queja por defecto, se practicarán conforme a la ley que los rige y que las reglas de las notificaciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, generalmente, regulan las diligencias practicadas dentro del juicio de nulidad. En ese sentido, el plazo para impugnar en queja el cumplimiento dado a la sentencia de nulidad, corre a partir de que, conforme a la ley del acto, el inconforme fue notificado del nuevo acto que la provoca. Ilustra lo asentado, por igualdad jurídica en la parte conducente la Jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, página 5, registro digital: 2010666 de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." En consecuencia, tal como lo resolvió la responsable, la notificación del oficio impugnado en la queja por defecto resulta válida al haberse practicada en términos del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En tal sentido, toda vez que los conceptos de violación tienden a sostener la ilegalidad de la notificación del oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./CS/1763/2020, de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, bajo el argumento que ésta se debió de realizar conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; es claro que resultan infundados. En las relatadas consideraciones, al resultar por una parte inoperantes y por otra infundados los conceptos de violación, y al no advertirse suplencia de la queja que hacer valer a favor del quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión NO ampara ni protege a Andrés Corral Rocha, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos vertidos en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió Rodolfo García Camacho Juez Primero de Distrito en Zacatecas, asistido del secretario Antonio Calderón Espinosa quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy trece de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: ...Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión NO ampara ni protege a Andrés Corral Rocha, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos vertidos en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes....
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