Andrés Aranda Lozano
Expediente 1262/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 27 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1262/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 15/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Andrés Aranda Lozano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
El quince de noviembre de dos mil diecisiete, el suscrito Jorge Martín Zamora González secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte legitimada interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, transcurrió del veintiséis de octubre al trece de noviembre del año actual; sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Que sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, consistentes en el toca penal 183/2016 y el proceso penal 3/2016. Que sí se tramitó incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa, sin embargo, no se exhibió garantía que amerite proveer su destino, ni se encuentra pendiente de resolver recurso alguno. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entro en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvase a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, el toca penal 183/2016 y el proceso penal 3/2016, que en su oportunidad remitió en apoyo a su respectivo informe justificado. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Ajc.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1262/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Andrés Aranda Lozano, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos por una autoridad judicial con residencia dentro del territorio donde tiene competencia este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: De la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas: a) La sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis dictada en el toca de apelación 183/2016, en el que modificó el auto de formal prisión dictado en la causa penal 3/2016 dictado en contra del quejoso por el delito de secuestro agravado. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior por así desprenderse de las constancias que conforman el juicio de amparo, toda vez que el defensor de la parte quejosa fue notificada de manera personal el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (foja 64 vuelta del juicio de amparo); por lo tanto, dicha notificación de conformidad con el artículo 67 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas se estima surtió efectos el mismo día pues dicho numeral precisa que los términos correrán a partir del día siguiente al en que se practiquen, por lo tanto, el plazo para la promoción del amparo transcurrió del treinta de noviembre al veinte de diciembre de dos mil dieciséis; consecuentemente, si la demanda de amparo se presentó el primero de diciembre de dos mil dieciséis, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado (foja 50 del juicio de amparo) aceptó el acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con la copia certificada del toca penal 183/2016 y de la causa penal 3/2016 (dos tomos de prueba que obran por separado); documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo. El acto reclamado se hace consistir, como ya se dijo, en la sentencia que modificó el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso, dentro del proceso penal 3/2016, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Secuestro Agravado, previsto en la fracción I, inciso c) del artículo 9°, en relación con la fracción I, incisos a) y b) del artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los citados preceptos establecen: "Artículo 9°. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o" "Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;" Ahora, la sala responsable indicó como elementos corpóreos del delito en mención, los siguientes: a). La privación ilegal de la libertad de una persona. b). Con la intención de causar un daño en perjuicio de la persona privada de su libertad. Como agravantes: Que se realice en camino público; y Que la lleven a cabo dos o más personas. Así, la sala responsable a fin de acreditar los elementos del cuerpo del delito, tomó en cuenta las siguientes pruebas: Denuncia presentada por Norma Angélica Ibarra Govea, ante el Agente del Ministerio Público Investigador, el catorce de mayo de dos mil quince, quien en lo que aquí interesa, manifestó lo siguiente: ". Que el día primero de abril de dos mil quince, salió de su domicilio (.) atravieso la calle González Ortega en contra esquina con la carretera central de Pinos, Zacatecas, donde se ubican los semáforos que son los únicos que hay en el pueblo y me metí a una tienda y en cuanto entro el señor que ya es persona mayor de edad me abonó la cantidad de cincuenta pesos, y yo me voy de ahí y entro a otra tienda y ahí el señor me abonó otros cien pesos, yéndome de ahí en cuanto doy un paso sentí que por la parte de atrás de repente me taparon los ojos con una mano y me estrujan y me aventaron al interior de un vehículo en la parte trasera y yo grité "auxilio, ayúdenme" pero nadie me auxilió y una vez en el interior del vehículo rápidamente me vendaron los ojos y me maniataron las manos hacia atrás al igual que me maniataron de los tobillos al parecer con mecates y empezaron a gritar, siendo voces de puros hombres los cuales decían "es esta pendeja la que me puso el dedazo con los soldados" y una vez que yo escucho esa voz de inmediato la reconocí ya que era la voz de ELEAZAR alias "El piolín" y estoy segura de ello porque el día quince de febrero de dos mil catorce me amenazaron en el sentido de que él era el coordinador del jefe de piso, es decir, el jefe de los Zetas y que si no le pagaba el derecho de piso a ver qué me hacían, que me mataba me dijo, ya que yo tenía una carpa de cerveza otorgada a concesión por la cerveza Corona ubicada en la plaza principal del jardín de los Pinos, Zacatecas, en la celebración de la feria, diciéndome que yo tenía quince días para pagarle, motivo por el cual el día veinticuatro de febrero de dos mil catorce le tuve que pagar la cantidad de tres mil doscientos pesos en efectivo, y luego escuché la voz de Andrés alias "el Kiro Marimar" quien dijo "te dije pendeja que no me denunciaras, para qué me denunciaste y ahora la vas a pagar y nosotros y éstos nos vamos a encargar para que te acuerdes" haciendo la aclaración que como en el mes de marzo del presente año en curso yo ya había interpuesto una denuncia penal en contra de Andrés alias "El Kiro Marimar" por el delito de lesiones ya que me fracturó la nariz con una botella de cerveza por lo que yo al estar tapada escuchaba varias voces masculinas y femeninas las cuales decían "vas a ver pendeja ahorita la vas a pagar por habernos puesto el dedazo con los soldados", siendo esto falso porque esto lo utiliza ELEAZAR como ley de ellos para asesinar, matar, y secuestrar gente; cuando se sabe en el pueblo que ELEAZAR es el autor intelectual de los dieciocho ahorcados que ha habido en el pueblo de los Pinos, Zacatecas, muertes de entre Zetas, golfos, civiles, que él mismo mata y secuestra y ha mandado asesinar a mucha gente según él por deudas de droga, entonces el recorrido del automóvil fue como de entre treinta y cuarenta y cinco minutos, hasta que yo escuché que pisaron un lugar de piedra y tierra y empieza a subir como una montaña yo no se qué era, en el mismo vehículo y ya cuando para el carro me tiran al piso amarrada y tapada de los ojos, y ya en el piso me quitan la venda con la que me tenían tapada y una niña como de catorce años, la cual era chaparrita, flaquilla, de pelo alaciado color negro oscuro, largo hasta el codo, con la cara con facciones afiladas y de tez morena y con los ojos rojos, me agarró de los cabellos y me gritó "te dije pendeja con el cartel del golfo no se juega y ve y dile a los guachos vivo en la condesa setecientos siete, el Marimar nos mandó, verdad Marimar, como si el Marimar estuviera presente" y también dijo "y son órdenes de Eleazar que te torturemos" y le grita un viejo alto, flaco, como de unos veintiséis años hay te va el encendedor quémale las pestañas y dice la muchachilla no mejor los pelos y me quemó un buen pedazo de pelo, en ese momento yo voltee hacia el lado y veo que también está presente el Marimar, el cual traía un sweater beige, un pantalón de mezclilla color azul, y zapatos negros y junto a él se encontraba ELEAZAR alias "EL PIOLÍN" el cual traía una playera negra de cuadritos, un pantalón de mezclilla azul y zapatos altos y ELEAZAR es el único que sabe quiénes son y de dónde son, porque son los halcones que él controla como sicarios, golfos y zetas, cuando en realidad son delincuentes malhechores que dicen ser de Ciudad Juárez y resultan ser de Fresnillo, Valparaíso, Concha del Oro, Jeréz, y Sombrerete y me empezaron a pegar en todo el cuerpo con una tabla llena de clavos y me empiezan a dar los demás sujetos que andaban con ellos y unos gritaban "yo ya me cansé ahora dale tu" y me gritaban "no nos veas" y ya siguieron pegándome con tablas y tablas y clavos y cadenas y volteo y veo una manguera y con esa manguera me daban más y más y en eso grita ELEAZAR diciéndole a "EL KIRO" ayúdale a "EL CHINO" y quítale la ropa para que sienta y no nos vuelva a delatar con los soldados, cuando es información falsa que utiliza ELEAZAR para torturar matar y asesinar a quien se le pega la gana y en eso cortan hilos con una navaja y me arrancaron la ropa y yo siento que hasta me revientan los cierres de la chamarra que traía, y como yo trataba de escapar de ellos, me volvieron a amarrar las manos y pies para que ya no pudiera hacer nada y ese chino le dice a otro "dale tu yo ya me cansé" y entre los ocho que estaban ahí y el ELEAZAR les dijo "denle a esta pendeja tortura ahorita vengo y se fue el ELEAZAR" y me dejó con "EL KIRO" y con los otros ocho que andaban y ya siguen dándome de golpes, secuestrada y me siguen gritando que para que iba con los soldados y me vacían la bolsa que traía y dicen "mira toda la mercancía que trae esta pendeja, ve llévasela al jefe de la plaza para que la venda y mira todo el dinero en efectivo que trae" y ya otro de los elementos alto delgado me quema con un cigarro pero no era un cigarro normal era un cigarro de droga gruesote, café y me quema en el lado izquierdo parte lateral de la cintura y se me hace espuma y se me hizo una ampollona porque siento ya me empieza a arder y volteo y veo una bola blanca llena de espuma y pus, y se pasa del otro lado y me pasa el cigarro encima de la nariz y me dice "quieres" y yo con la cabeza le decía que no, y no conforme con eso se cambia del lado derecho y con sus manos me aprieta los pezones muy fuerte y me sacaron agüilla así de los dos pezones y los demás sujetos junto con la chiquilla me seguía gritando que cierres los ojos pendeja no nos veas, y ya conforme fue transcurriendo el día a mi me ardían las piernas de los golpes y el calor, y ya me estaba ardiendo todo el cuerpo, pero yo indefensa no decía nada, pasan las horas interminables horas y se empiezan a ir de dos en dos y la chiquilla me dijo " a ver la bolsa de esta pendeja a ver qué más trae" y dijo "aquí trae un celular" y lo agarró y me decía que le diera la contraseña para desbloquearlo y me vuelve a gritar "dámela" y me dio una patada en la pierna izquierda y empezó a ver los contactos y se retira, se retiraron los demás y se queda "EL KIRO" dándome más golpes la chiquilla, el chino, y el viejo alto flaco que me quemó con el cigarro que EL ELEAZAR sabe muy bien quién es, y siguen torturándome dándome golpes y más golpes hasta que oscurece se hace de noche y yo amarrada ahí tirada, ya cuando se terminó el día que empieza a transcurrir la noche y yo nada más veía las estrellas y las luces retiradas de las rancherías sin saber dónde estaba y yo le rezaba a dios que me ayudara a salir de esa, que me liberara de éstos, y en eso se oye otra vez la voz del ELEAZAR y grita "ya vine pendejos ya hay que enterrarla van dieciocho fosas que ésta sea la diecinueve" yo abrí los ojos y dicen "no ya despertó esta pendeja y gritan ya viene el comandante" y yo oí pasos de botas de señor grande que caminaba y se dirigían hacia donde yo estaba tirada y llega y grita "desátenla" y me empiezan a vestir y me ponen mi ropa y los tenis y me dicen "ya párate pendeja" y yo con el miedo les dije que si, que sí puedo, y me dicen ahí están tus pertenencias recógelas, pero eran puras cajas solas y yo vi atrás de mi puras botas de casquillos de viejos parados atrás de mí, y yo pensé que me iban a dar otra golpiza y no recogí nada y yo corro y volteó para atrás de mi y veo que ellos también corren y al voltear hacia arriba veo que es un cerro y volteo hacia abajo y son puras casas que están muy lejos y me tenían en un cerro muy alto y bajo resbalándome y sentía pura tierra y piedras y gritaban te vamos a estar espiando pendeja nada más a ver dónde andas, recorro varios kilómetros y veo un anuncio que dice bienvenidos a Villa Hidalgo, Zacatecas, y ahí me doy cuenta que estoy en Villa Hidalgo, Municipio de los Pinos, Zacatecas, que queda a media hora de Pinos, Zacatecas, y me siento en un monumento que tiene forma de rueda y tiene unos tubos de colores pensando que si pasaba o no un camión a pinos y en eso pasa una señora y se asusta y me tiento la cara y la tengo llena de sangre de las patadas que éstos me dieron y le pregunto a la señora, "qué horas son" y me dice son las ocho cinco, y es cuando me doy cuenta que duré once horas secuestrada; y ahí con miedo todavía volteaba para atrás de mí ya no tenía miedo de que éstos me vinieran persiguiendo, y ahí me quedé esperando el camión y al voltear a la carretera veo que viene un camión con focos de muchos colores y como yo traía el gorro puesto en la cabeza no se detuvieron y me quité el gorro y la sudadera y el copiloto del chofer le dice párate es una muchacha y se paran más adelante y yo corro y me subí al camión y me dicen dónde te diriges y le dije a Pinos y ya me dirijo a casa de mi tía también con miedo que estuvieran afuera de las centrales, persiguiéndome espiándome, y llego con mi tía y ella me preguntó qué había pasado y ya le expliqué lo que me había sucedido y ahí me quedé en una casa trece días curándome mis lesiones con sábila y medicamentos y eso me empieza a absorber los golpes y a quitarme lo morado del cuerpo y ya desde entonces yo ya no supe nada de ellos, señalado que dichos sujetos me tomaron fotografías desnuda con los golpes hechos por éstos sujetos diciéndose entre ellos "mándaselas al jefe dile que ya está hecho el trabajo" y el ELEAZAR estaba a risa y risa por lo que solicito que se realice una minuciosa investigación en relación a los hechos por los cuales estoy denunciando solicitando en contra de ELEAZAR alias "EL PIOLÍN" de Andrés Alias "EL KIRO MARIMAR" ." Denuncia a la cual la sala le otorgó valor probatorio en términos de lo previsto por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, de la cual dicha autoridad consideró que de la misma se advertía el señalamiento realizado por la víctima de los hechos que conoció por ella misma, hacia un grupo de más de dos personas, que el primero de abril de dos mil quince la privaron de la libertad para golpearla, además de la que se desprende la imputación directa a quien reconoció como Andrés alias "El Kiro" o "Marimar", además que la sala consideró que dicha denuncia resultaba suficiente para demostrar que la privación de la libertad fue con el único propósito de causarle un daño, pues de lo que narra se advierte que se trató de un escarmiento para que no volviera a denunciar a sus captores. Además, dicha declaración la concatenó con la declaración de Ma. De Jesús Esquivel Gómez, la cual manifestó ser tía política de la denunciante, y que no recuerda bien el día, pero que un día entre las ocho y nueve de la noche, llegó la denunciante despeinada, vistiendo solo un pants lleno de basura, a lo cual le preguntó qué le había pasado y ésta le respondió que la secuestraron, que había salido a cobrar y la subieron a un carro y la golpearon y la tuvieron todo el día, por eso hasta esa hora había llegado, posteriormente, le mostro los golpes que traía en las piernas, en los brazos, en las sentaderas, y una quemada de cigarro, siendo que aun varias heridas sangraban, por lo que la dejó alojarse con ella mientras se recuperaba de los golpes, aclarando que no sabe quién le hizo tal cosa, solo la ayudó a sanar. Declaración que la sala responsable valoró en términos de los artículos 277 en relación con el 281 del mismo Código Procesal Penal del Estado, por tratarse de la versión de la testigo que por su edad, capacidad e instrucción, cuenta con el criterio necesario para precisar los hechos que conoció, y su testimonio no fue por inferencias ni inducciones de terceros, la cual consideró era un indicio del señalamiento realizado por la denunciante. Anteriores probanzas que concatenó con la inspección ministerial en el lugar de los hechos practicada por el Agente del Ministerio Público investigador el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, constituyéndose en la calle González Ortega, en la que describió las características de la aludida calle en la que la denunciante manifestó fue privada de su libertad, manifestando además que por las características el lugar descrito fue el referido en la denuncia. Probanza a la cual la sala le otorgó pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 201 y 202 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, relacionado con el numeral 276 de la misma ley, ya que de su contenido se desprendía la descripción detallada de las inmediaciones de la calle González Ortega, en contra esquina de la carretera Central, de Pinos, Zacatecas, cerca de donde se ubican los únicos semáforos que hay en dicho municipio, espacio que la responsable consideró por sus características constituía un camino público, por lo que contrario a lo manifestado por el quejoso, la responsable sí hizo un pronunciamiento relacionado a cómo llegó a la conclusión de que la privación de la libertad fue en un camino público, y además señaló la prueba con la que determinó tal aspecto que constituye una agravante. Anteriores probanzas que adminiculó con la inspección ministerial de lesiones practicada a la denunciante el catorce de mayo de dos mil quince, de la que se advertía que se dio fe de las siguientes lesiones: '. Equimosis amarillenta de aproximadamente dos por un centímetro ubicada en cara anterior tercio medio de brazo derecho; equimosis amarillenta de aproximadamente seis por seis centímetros ubicada en glúteo izquierdo, cuadrante superior exterior; área equimótica amarillenta de aproximadamente diez por siete centímetros ubicada en cara anterior externa de tercio distal de pierna derecha; área equimótica amarillenta de aproximadamente siete por ocho centímetros situada en cara anterior tercio proximal de pierna derecha y por dicho de la denunciante aqueja dolor en la muñeca derecho al moverla y dolor en el pecho al respirar." Medio de prueba al cual la responsable le otorgó valor probatorio en términos del numeral 276 del código procesal penal del Estado, al haber sido practicada por el Ministerio Público, el cual permitió constatar la existencia física de los daños físicos a que hizo alusión la víctima. Además, valoró el dictamen médico de lesiones emitido por la doctora Patricia del Hoyo Bramasco, perito del departamento de medicina legal de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, quien certificó que la denunciante presentaba: ". equimosis de dos por un centímetro, situada en cara anterior de tercerio medio de brazo derecho, equimosis amarillenta de seis por seis centímetros, situada en glúteo izquierdo, cuadrante superior exterior, área equimótica amarillenta de diez por siete centímetros, situada en cara anterior y externda de tercio distal de pierna derecha, área equimótica amarillenta de siete por ocho centímetros, situada en cara anterior tercio proximal de pierna derecha." manifestando la perito que dichas lesiones no ponían en peligro la vida, y tardaban más de quince días en sanar. Dicha prueba la sala responsable le otorgó valor de indicio conforme a lo establecido en el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, en virtud de que no fue ratificada por la perito que la emitió, consideración que a juicio de este juzgador resulta correcta pues el hecho de que una pericial no haya sido ratificada por el servidor público que la suscribió, no es obstáculo para que al momento de la emisión del auto de formal prisión tal elemento de prueba adquiera valor indiciario, puesto que el perfeccionamiento de dichos dictámenes debe realizarse ante el juez que conoce de la causa penal, incluso después del dictado del auto de formal prisión para que las partes estén en aptitud de controvertir frontalmente la fuente de su contenido, lo que permite confirmar la validez del valor convictivo que le fue otorgado. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: 1a./J. 62/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 862, Décima Época, del tenor siguiente: "DICTAMEN PERICIAL OFICIAL. EL EMITIDO PERO NO RATIFICADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA, CONSTITUYE PRUEBA IMPERFECTA, NO ILÍCITA, PARA EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el criterio sustentado en las tesis aisladas números 1a. LXIV/2015 (10a.) y 1a. XXXIV/2016 (10a.), (1) respectivamente, en cuanto a que el artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales que exime al perito oficial de ratificar sus dictámenes viola el principio de igualdad procesal; sin embargo, al constituir prueba imperfecta, no ilícita, es susceptible de ser ratificado a través de la reposición del procedimiento, en su caso. En efecto, la diligencia de ratificación de dictamen pericial oficial a que se refiere dicho precepto, está referida a la etapa de juicio y no a la de averiguación previa; pero ello no significa que los dictámenes rendidos en la etapa de investigación ante el Ministerio Público no puedan ser ratificados ante el juzgador para ser perfeccionados como prueba de cargo válida. Bajo ese entendimiento y tratándose del dictado del auto de formal prisión, de conformidad con el artículo 19 constitucional, aplicable al sistema procesal mixto, basta que la etapa de averiguación previa arroje "datos bastantes" para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del acusado para el dictado del auto de formal prisión, lo que implica que el estándar de valoración probatoria por parte del juzgador es menor al que se encuentra obligado para dictar la sentencia definitiva; de ahí que no se requieran, en un primer momento, elementos probatorios perfectos para sustentar el auto de término constitucional. Consecuentemente, el dictamen pericial oficial no ratificado aportado en la etapa de averiguación previa debe ser valorado como dato-indicio en dicha resolución; por lo que no constituye prueba ilícita, toda vez que deberá ser ratificado en la etapa de instrucción del juicio penal para ser perfeccionado, a efecto de que pueda otorgársele valor probatorio pleno en la sentencia definitiva." Probanzas que adminiculadas con lo declarado por la víctima así como por la testigo Ma. De Jesús Esquivel Gómez, acreditó que la privación de la libertad de la denunciante fue con el propósito de causarle un daño en su persona. Así, concluyó la responsable que de todas las probanzas debidamente valoradas, se podía concluir, como lo hizo el a quo, que hasta el momento, se lograba demostrar que el primero de abril de dos mil quince, al transitar la víctima por el centro del Municipio de Pinos, Zacatecas (camino público), alrededor de las nueve horas de la mañana, al atravesar la calle González Ortega, en contra esquina con la carretera central de Pinos, Zacatecas, fue interceptada por más de dos sujetos que obraban en grupo e inmediatamente la sometieron y la introdujeron a un vehículo, y ya estando en su interior, la maniataron de pies y manos y colocaron una venda en sus ojos y una vez que llegaron a una montaña la arrojaron sobre el piso, entonces ahí le quitaron la venda por tanto pudo percibir que eran más de dos sujetos los que restringieron su libertad ambulatoria, acto contínuo sus plagiarios la comenzaron a golpear utilizando como medio tablas con clavos, cadenas, y mangueras, además narró que un sujeto alto la quemó con un cigarro en la parte lateral de su cintura. Así, la responsable expuso que de la valoración de las pruebas, se advertían los elementos del tipo penal así como las respectivas agravantes (que se cometa en camino público y que sean dos o más sujetos), ya que los sujetos activos, entre ellos el hoy quejoso, privaron de la libertad a Norma Angélica Ibarra Govea, en un camino público (lo que acreditó con la inspección ministerial en el lugar donde inició la privación ilegal de la libertad y que corroboró lo manifestado por la denunciante) con la participación de más de dos personas y que su cautiverio duró un lapso de once horas, en el que además sufrió agresiones físicas, mismas que han quedado acreditadas con los dictámenes periciales rendidos en la indagatoria, adminiculado con la declaración de la víctima así como de la diversa declarante tía de la denunciante. Por lo que se refirió a la probable responsabilidad del indiciado Andrés Aranda Lozano alías "El Kiko o Kiro o Marimar", en términos del artículo 11, fracción II, del Código Penal del Estado de Zacatecas, del la comisión del delito de SECUESTRO AGRAVADO CON EL FIN DE CAUSAR UN DAÑO EN PERJUICIO DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD, la Sala Penal responsable estableció que tal extremo se encontraba acreditado con la denuncia de la víctima, misma que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias, pues se hizo referencia a su contenido, en el apartado relativo al estudio del cuerpo del delito, de la cual se advierte que la víctima realizó una imputación directa al inculpado hoy quejoso, en la que describió además su actuación en el ilícito en cuestión, máxime que como la sala lo consideró dicha declaración resulta verosímil, ya que lo expuesto por ésta se corrobora y adquiere consistencia probatoria con el resto de los medios de convicción que obran en la indagatoria. Además, la sala responsable se apoyó en lo declarado por Ma. De Jesús Esquivel Gómez, tía de la denunciante, la cual consideró que provenía de una persona que contaba con la edad, capacidad, e instrucción para discernir lo manifestado, así como el criterio suficiente para precisar los hechos que conociera, conteniendo claridad, precisión, ausencia de dudas, y reticencias al conocerlos por sí misma, y no por inducciones ni referencias de terceros, a la cual le confirió valor en términos de los numerales 277 y 281 del código procesal de la materia, de la que coligió como indicio de cargo, el señalamiento de que, sin precisar el día, alrededor de las ocho o nueve la víctima acudió ante ella y ésta presentaba golpes, a lo cual la víctima le manifestó que la habían secuestrado y golpeado; lo que adminiculó con lo manifestado por Claudia Ivón Ibarra Govea, quien señaló que sin recordar el día, por la mañana la víctima le marcó vía telefónica a su esposo y que éste le dijo a la declarante .."era norma dice que la golpearon que le lleve sábila y no sé qué más yo no le entendí y no voy a ir yo ando muy cansado y no quiero problemas con ella, dice que está tu tía chuy." testimonio el cual fue valorado en términos del artículo 277 del código procesal penal. Anteriores probanzas que concatenó con la declaración y ampliación de la declaración de Eleazar Valle Gamiño, la cual valoró en términos del artículo 282 del Código de Procedimientos Penales, y de la que advirtió en lo que interesa, que manifestó que conoce a "MARIMAR" pero únicamente debido a que éste ha acudido a su negocio, sin embargo en concordancia con el dicha de la ofendida, señala que ha tenido problemas con la denunciante así como el imputado alias "MARIMAR"; además valoró la declaración del indiciado así como su ampliación confiriéndole valor probatorio en términos de los artículos 277 en relación con el 282 del código procesal penal. Así, finalmente, la sala responsable consideró que como lo precisó el juez de origen, los datos de prueba evidenciaban que el indiciado Andrés Aranda Lozano alias "EL KIKO O MARIMAR", en forma conjunta, con diversos sujetos, en las circunstancias de modo tiempo y lugar que quedaron precisadas anteriormente, privó de la libertad a la víctima con el fin de lesionar la corporeidad de ésta, en los términos que de igual forma ya han sido precisados, de ahí que el inculpado hoy quejoso, resulte probablemente responsable del ilícito que se le imputa. Lo que se comparte, pues no podemos dejar de resaltar, que hasta este momento procesal, se requiere únicamente que existan medios de convicción idóneos, que hagan probable la responsabilidad del inculpado de referencia, y los existentes, se estiman del todo aptos para tal fin. Aplicando al tema la Tesis que de manera conjunta a la citada en párrafos precedentes, complementan lo aquí expuesto, y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Septiembre de 1993 visible en la página 185 cuyo rubro reza: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO ES INDISPENSABLE OBTENER PRUEBA PLENA SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL PARA EMITIR EL". En esa postura, con el examen realizado y las determinaciones obtenidas, como la sala lo consideró, existen datos de prueba suficientes que acreditan los elementos del cuerpo del delito de SECUESTRO AGRAVADO y que hagan probable la responsabilidad del indiciado en la comisión del mismo, ya que los datos que arrojaron los medios de prueba recabados en la averiguación previa y el término Constitucional son bastantes y suficientes para tener por demostrados dichos aspectos jurídicos (cuerpo del delito y probable responsabilidad), siendo suficientes en derecho para motivar un auto de formal prisión. Ahora bien, por lo que hace a la consideración que realizó la sala responsable en el sentido de considerar subsumido el delito de lesiones al de secuestro agravado, se advierte fue correcta su determinación, máxime que fue en beneficio del inculpado hoy quejoso atendiendo al derecho fundamental previsto en el artículo 23 constitucional, pues tener por acreditados dos o más injustos respecto de una misma conducta constituye una transgresión a dicho numeral, por lo que tal consideración al haber sido en favor de la parte inculpada hoy quejosa, se estima no le causa afectación alguna a sus intereses. Por otro lado, en la demanda aduce el quejoso que no fue valorado el dictamen psicológico de la denunciante, ni se tomó en cuenta el estado mental de ésta, sin embargo, tal aserto deviene infundado, pues al respecto la sala responsable consideró que dicho dictamen no era tomado en cuenta en virtud de que no era útil para acreditar el cuerpo del delito; no obstante lo anterior, y al margen de tal pronunciamiento, este juzgador estima que dicho dictamen no tiene la fuerza para desvirtuar las pruebas de cargo así como la imputación de la víctima que obra en contra del inculpado hoy quejoso, y con las cuales se acreditaron los elementos del cuerpo del delito así como su probable responsabilidad, esto es, dicho dictamen no desvirtúa las demás pruebas que acreditan de manera presuntiva que el hoy quejoso participó en el evento delictivo. Así, debe decirse al quejoso que lo manifestado por la perito en el dictamen psicológico practicado a la víctima, en el sentido de que la denunciante aquí tercera interesada presenta síntomas acordes al cuadro clínico de trastorno de la personalidad paranoide, así como su recomendación de que se brinde atención psicológica a ésta a efecto de evitar que desarrolle un cuadro de esquizofrenia, al margen de que dicho dictamen es una prueba aislada ya que lo aseverado en éste no se encuentra corroborado con ninguna otra prueba, resulta insuficiente para restar valor probatorio o para considerar que la declaración de la víctima así como la imputación que realizó resulte inverosímil, pues sin conceder que la opinión de la perito sea atinado, los trastornos psicológicos que las personas pudieran llegar a presentar, por sí solos son insuficientes para estimar que lo declarado por éstos resulte incorrecto o ineficaz, máxime si tal aseveración no se encuentra robustecida con algún otro medio probatorio, como sucede en el presente asunto. Así, la manifestación del quejoso en la que aduce que la imputación de la víctima resulta insuficiente, resulta infundado, pues se reitera, no hay alguna prueba alguna que desvirtúe lo manifestado por la quejosa en su declaración así como la imputación que realizó, por lo que se estima correcta la consideración de la sala responsable. Asimismo, el quejoso aduce que en la declaración de la denunciante se desprenden ciertas inconsistencias como la cantidad que dice traía consigo la víctima, sin embargo, debe decirse al quejoso que si de la apreciación de la declaración de la víctima considera que existen posibles contradicciones de los hechos delictivos, éstas resultan irrelevantes, pues como fue precisado en párrafos que anteceden, nos encontramos en presencia de datos suficientes, que hasta el momento hacen probable la responsabilidad del inculpado hoy quejoso, además que dichas inconsistencias deberán ser motivo de examen, en su caso, en la sentencia definitiva, pues se reitera, para el momento procesal en que nos encontramos, esto es, para el dictado del auto de formal prisión, hay pruebas suficientes para estimar la comprobación de los elementos del cuerpo del delito así como de la probable responsabilidad del inculpado. Por otro lado, resulta infundado el motivo de disenso del quejoso en el que manifiesta que no tuvo oportunidad de defensa además que no se le siguió procedimiento alguno, sin embargo, tal aserto deviene infundado, pues al quejoso, desde que rindió su declaración preparatoria, estuvo en aptitud de ofrecer las pruebas de descargo que considerara necesarias para su defensa, además de que le fue nombrado un defensor, por lo que no quedó en estado de indefensión y se reitera, estuvo en aptitud de ofrecer los medios probatorios que estimara conducentes. De igual manera, contrario a lo expuesto por el impetrante del amparo, en el sentido de que la resolución reclamada no cumple con los requisitos de fundamentación y motivación inherentes a todo acto de autoridad, debe decirse que resulta infundado, pues como fue precisado, en la determinación reclamada se invocaron las hipótesis normativas aplicables al caso concreto, así como las razones particulares y causas inmediatas que llevaron a la autoridad judicial a la conclusión apuntada, cumpliéndose así con las garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en el numeral 16 de la Carta Magna. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Así como la tesis cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En las narradas circunstancias, se concluye que el acto reclamado consistente en la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, que modificó el auto de formal prisión dictado en contra de Andrés Aranda Lozano alias "El Kiko o Marimar", por su probable responsabilidad en la comisión del delito de SECUESTRO AGRAVADO en agravio de Norma Angélica Ibarra Govea, no resulta violatoria de garantías en perjuicio del propio quejoso, al quedar desestimados los conceptos de violación formulados al respecto, ya que además no se advierte deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo; por tanto, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal. OCTAVO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a loa novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege a Andrés Aranda Lozano, contra el acto reclamado y autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones precisadas en el diverso séptimo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, ante el licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que a las nueve horas del dieciocho del mes y año en curso, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1262/2016. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta al Juez con el escrito registrado bajo el folio 13970 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por la tercero interesada Norma Angélica Ibarra Govea; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene por apersonada al presente juicio de amparo. Por otra parte, toda vez que el referido expediente se encuentra con audiencia celebrada y pendiente de dictar resolución, con dicho comunicado fórmese cuaderno de antecedentes y una vez que se dicte la sentencia correspondiente agréguese al referido expediente sin ulterior acuerdo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.
- Principal
En dos de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria del Juzgado licenciada María Concepción García Jacobo doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la Comisión de Adscripción en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, a partir del uno de octubre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia, 2ª./J.104/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, resultado de la contradicción de tesis 119/2010 entre los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, ahora Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, consultable en la página 312 del Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza.- DOY FE. ALICIA
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