Andres Collazos Palacios
Expediente 625/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 625/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/05/2022
Partes del expediente
- Andres Collazos Palacios
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de mayo de dos mil veintidós. ESCRITO Intégrese el escrito signado por Claudia Méndez Gil, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, a través del cual informa que el veintiséis de abril anterior, les fue aplicada la primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a los menores de identidad reservada M.C.G. y L.C.G.; asimismo, pretende desahogar la prevención formulada el veinticinco de abril del año en curso. Atento a ello, se tiene por hecho del conocimiento de este juzgado dicha circunstancia. REQUERIMIENTO En tal virtud, requiérase al Secretario de Salud del Estado de México, para que una vez| que cuente con la fecha en que tendrá lugar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna que nos ocupa, en el término de veinticuatro horas computadas legalmente, lo hagan del conocimiento a este juzgado. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de ser omisos dentro del término concedido, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo, una multa equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización, ello de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. SE TIENE POR NO DESAHOGADA LA PREVENCIÓN Por otro lado, no ha lugar a proveer de conformidad la pretensión del promovente, en virtud de que los autorizados de la parte quejosa no están legitimados para instar acciones que de conformidad con el principio de instancia de parte agraviada deben provenir directamente de la voluntad de los aquí quejosos. Sirve de sustento a lo anterior -en lo conducente-, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de registro 161909, de título, subtitulo y texto siguientes: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la Litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional.". Se hace hincapié que el plazo concedido a la quejosa en representación de los menores de edad de iniciales M.C.G. y L.C.G. no se interrumpe con la presente actuación; por tanto el término referido transcurre del veintisiete de abril al tres mayo de dos mil veintidós, sin contar los días inhábiles.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual devuelve los incidentes de suspensión derivados del presente juicio, por las razones que expone. Acúsese recibo. En ese tenor, con relación al punto 7.1.1 numeral 2 respectivamente, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva; sin que se ordene glosar al juicio principal dicho cuaderno, pero una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General y 8.1.1, numeral 2, inciso a), del citado manual, una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.
- Principal
********************, ********************, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Intégrese la misiva del representante legal del Gobernador Constitucional del ********************, a través del cual remite el diverso 22202001000100L/I/58/2022, suscrito por la Subdirectora de Asuntos Contenciosos Administrativos, por el que informa las gestiones encaminadas a fin dar cumplimiento al fallo protector, pues indica, que con relación al procedimiento administrativo de expropiación PAE/********************/2021, el decreto de expropiación se encuentra en proyecto de formulación por parte de la Dirección Jurídica Consultiva de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, para posteriormente ser enviado para su firma al Gobernador del Estado. Asimismo, respecto a la anotación ante el Instituto de la Función Registral del ********************, destaca que corresponde hacer las gestiones relativas al sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del ********************, dado que es a quien se le transmitirá la posesión y propiedad del inmueble ubicado en el "Ejido de ********************", ********************, ********************, referente a la superficie de ********************,********************.******************** m2. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad informando que se encuentra en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Empero, con fundamento en los artículos 197 y 258 de la legislación de la materia, se requiere a la Dirección Jurídica Consultiva de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, para que dentro del plazo cinco días contados a partir de la legal notificación del presente auto, informe las gestiones que se encuentre realizando a efecto de dar puntual seguimiento al procedimiento administrativo de expropiación PAE/********************/2021; y en su caso, remita copia certificada de las constancias que justifiquen y acrediten lo anterior. Sin que se soslaye que dicha dependencia no es parte en el presente juicio; sin embargo, se hace de su conocimiento que toda autoridad que en razón de sus funciones deba tener intervención en el cumplimiento de la sentencia de amparo, está obligada a realizar las gestiones tendentes a efecto de que se cumpla la sentencia amparadora y están sujetas a lo que dispone el capítulo de cumplimiento y ejecución de la ley de la materia. En la inteligencia de que el cumplimiento de la sentencia amparadora no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios. Asimismo, se le requiere al Gobernador Constitucional del ********************, a efecto de que dentro del plazo de veinticuatro horas, posteriores a que firme el decreto de expropiación formulado por la Dirección Jurídica Consultiva de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, lo haga del conocimiento a este Órgano de Control Constitucional y remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Lo anterior, bajo apercibimiento que, de ser omisas, a la persona física que ostente el cargo de las autoridades requeridas, se les impondrá en lo individual, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo.
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