Andrés Avilés Cabrera

Expediente 1067/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1067/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
21/12/2015

Partes del expediente

  • Andrés Avilés Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se colige que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de siete de octubre de dos mi quince, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; con fundamento en los artículos 83, fracción I, de la Ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia. c) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Finalmente, para el caso de que las autoridades responsables se encuentren gozando de periodo vacacional; comisiónese al actuario judicial de la adscripción para que, precisamente en el día en que ésta reanuden sus labores, entregue los oficios respectivos, sin necesidad de ulterior acuerdo, mismos que deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad, hasta en tanto sean entregados a sus receptores.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese al expediente en que se actúa copia simple del escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el auto de nueve de los cursantes. Así las cosas, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso que hace valer por la parte quejosa; en consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para que substancié el medio de impugnación de referencia, los autos originales, el escrito original de agravios, una copia simple del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado. Con copia de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se hace la aclaración que este órgano jurisdiccional no practicará el trámite referido en el artículo 101 de la Ley de Amparo, atento a la naturaleza del auto recurrido, y estado procesal de los autos, pues no se ha llamado a juicio a parte alguna diversa a la aquí recurrente.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta, por medio del cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, da cumplimiento al requerimiento efectuado el trece de julio del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales. Ahora, del análisis de dicha documental y de las constancias que integran el sumario en que se actúa, se colige evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, mismo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis gramatical de dicho artículo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia, consistente en la abstención y omisión en el expediente 204/2003. Al no dictar oportunamente la resolución incidental de liquidación, sobreviniendo una cesación por revocación, pues la responsable, el veintidós de septiembre pasado, señaló fecha para que tenga verificativo la audiencia incidental de liquidación aludida, mismo que notificó a las partes el veintiocho de los cursantes, quedando de esta forma sin efectos el acto reclamado. De lo expuesto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, como en éste caso fue la violación al artículo 8° Constitucional. Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio constitucional con apoyo en la fracción III, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Sin que sea óbice a lo anterior que no se haya dado vista a la parte quejosa con la causal de improcedencia aludida, como lo dispone el segundo párrafo del artículo 64 de la ley de la materia, pues dicha obligación sólo impera para los Tribunales revisores; es decir, cuando se agoten los recursos que procedan contra las determinaciones emitidas en esta instancia. Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para el verificativo de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra fijada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, dado que la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, otorgó licencia al Titular de este juzgado de Distrito, para ausentarse en términos del artículo 43 primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el secretario encargado del despacho no cuenta con la autorización formal y expresa del Consejo de la Judicatura Federal para resolver en definitiva; a efecto de no vulnerar las reglas que rigen el juicio de amparo, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las diez horas con diez minutos del veintiséis de octubre de dos mil quince, para que tenga verificativo.

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