Andres Ayala Pimentel
Expediente 969/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Andres Ayala Pimentel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo que señalan los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, sin que a la fecha se hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Andrés Ayala Pimentel. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a uno de diciembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Andrés Ayala Pimentel, por medio del cual, desahoga la prevención formulada mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar, y téngase por desahogado el requerimiento de mérito. Ahora bien, del examen que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, de rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. (Registro: 180,663, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631). En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, de rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si la parte quejosa designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Ahora bien, del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: Respecto de tal acto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dice lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. El presupuesto procesal señalado, tiene como fin, el hecho de que el agraviado haya consentido los actos que estima lesivos de garantías, al no haber promovido el juicio constitucional en el término de quince días, que en el caso es en el que nos ocupa por no encontrarse en los otros supuestos de excepción a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dice: Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Amparo señala: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Los preceptos legales trascritos establecen las distintas hipótesis de cómputo para el término de la interposición de la demanda de amparo, a saber: a) del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; b) al que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De su interpretación puede advertirse que se hacen tres distinciones para el cómputo del plazo de quince días dentro de los cuales se debe presentar la demanda de amparo. Además, los supuestos mencionados, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador, fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos; por ello no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición de la parte quejosa respecto del acto reclamado. El legislador tuvo la intención de establecer que el inicio del cómputo para interponer la demanda de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado señalar que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara por cualquier medio del acto reclamado. Las anteriores ideas que por su trascendencia se citan por analogía, son las que sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis de jurisprudencia siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto. En el caso, en el escrito que se atiende el quejoso bajo protesta de decir verdad, indicó que el oficio de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Director de Administración del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua, señalado por el quejoso como acto reclamado, fue hecho de su conocimiento, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, lo cual se corrobora con la constancia de notificación que anexo al escrito que se atiende, por lo que de conformidad con el artículo 31 fracción II, de la Ley de Amparo, esa notificación surtió sus efectos el día quince de noviembre de dos mil diecinueve, y el término de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para controvertir ese acto, transcurrió del dieciocho de noviembre al seis de diciembre de dos mil diecinueve; previo descuento de los días veintitrés, veinticuatro y treinta de noviembre, así como uno de diciembre, de dos mil diecinueve, por haber sido días inhábiles de acuerdo con lo dispuesto en artículo 19 de la Ley de Amparo. De lo que resulta que la demanda de amparo, se presentó hasta el catorce de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por lo que es evidente que la demanda se presentó extemporáneamente, lo que implica el consentimiento tácito del acto reclamado consistente en el oficio B00.801.01.-3432 de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Director de Administración del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua, actualizándose la causa de improcedencia comentada. Es aplicable por similitud, la tesis 193, que literalmente establece: CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. (Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, IX, Junio de 1992, Página: 364).} Bajo esas consideraciones, resulta evidente que la impugnación del citado acto, es extemporánea, ya que desde el día catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el quejoso resintió los efectos de ese acto y se hizo conocedor de los mismos. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías promovida por Andrés Ayala Pimentel, por propio derecho, contra actos del Director de Administración del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de notificar las determinaciones que deban ser de carácter personal en el presente expediente, se habilitan días y horas inhábiles durante todo el procedimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
(RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 23/11/2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE Ciudad de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Se agrega a los autos la comparecencia de cuenta tomada al quejoso Andrés Ayala Pimentel, a través de la cual desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, y al efecto ratifica en todas y cada una de sus partes los escritos registrados con número de correspondencia 12603 y 12604, recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el veintiocho de octubre del año que transcurre; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar, y téngase por desahogado el requerimiento citado. Ahora bien, tomando en consideración que del escrito registrado con número de correspondencia 12604 se desprende que el promovente no atendió a cabalidad la prevención descrita en el inciso a), decretada en el citado proveído, esto es, no indicó la fecha en que le fue notificado el oficio reclamado de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, así como la autoridad que lo notificó; consecuentemente, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda; este Juzgado Federal se encuentra en posibilidad de volver a requerir a la parte promovente para que la misma sea subsanada, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 110 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, así por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 106/2003, de rubro siguiente: AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del resto del término otorgado en el proveído de referencia, esto es, OCHO HORAS Y TREINTA Y DOS MINUTOS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito; cumpla lo siguiente: a) Deberá indicar la fecha en que le fue notificado el oficio reclamado de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, así como la autoridad que lo notificó. Lo anterior, con la advertencia de que en caso de que este juzgado encuentre pruebas y elementos suficientes que evidencien la falta de veracidad de sus manifestaciones sobre los hechos que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que ello lo realice con mala intención o con el único propósito de entorpecer la administración pronta y expedita de justicia, se procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, que sanciona con pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso que con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Sirve de apoyo a la primera prevención de este inciso, la jurisprudencia número 2a./J. 161/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, página: 1079, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA." b) Asimismo, deberán exhibir dos copias de su escrito aclaratorio, para distribuirlas de la siguiente manera, una para la autoridad responsable y una para el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito. Se cita por su contenido esencial, la jurisprudencia P./J.36/2001, de rubro y datos de identificación siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. (Registro: 189977, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, página 79). Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por el quejoso, no así por la persona que éste autorice en amplios términos del artículo 12 primera parte del segundo párrafo de la Ley de Amparo, dada la responsabilidad penal que implica la protesta de decir verdad. Apoyan a la anterior determinación las jurisprudencias 1a./J. 37/2011 y 1a./J. 50/2014 (10a.), de rubro y datos de localización siguientes: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Apercibido que de no desahogar la prevención en los términos descritos con anterioridad, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTÍAS de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de notificar las determinaciones que deban ser de carácter personal en el presente expediente, se habilitan días y horas inhábiles durante todo el procedimiento. Finalmente, con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de notificar el presente proveído. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCIA.- NOTIFIQUESE
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual hace del conocimiento el proveído de dieciocho de noviembre del presente año, por medio del cual se declaró firme el diverso de dos de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Comisionado Federal y Comisionado de Autorización Sanitaria, ambos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.
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