Andrés Ávila Astiazarán

Expediente 42/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
42/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Andrés Ávila Astiazarán
  • Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Devolución de tomo de prueba. Del estado de autos del presente juicio de amparo, se desprende que en este juzgado obra un tomo de prueba remitido por la autoridad responsable denominada "juez oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora" al momento de rendir informe justificado; en esa virtud, y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena devolver dicho anexo, ya que resulta innecesaria su retención; en la inteligencia que no es necesario que la autoridad responsable acuse recibo de las citadas documentales. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad en cita.. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las capturas correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y destrúyase, una vez transcurrido el plazo de tres años. Devolución de disco compacto. Del estado de autos del presente juicio de amparo, se desprende que en este juzgado obra dos discos compactos remitido por la autoridad responsable denominada "Juez oral de lo penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora", en esa virtud, y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena devolver dicho anexo, ya que resulta innecesaria su retención, en la inteligencia que no es necesario que la autoridad responsable acuse de recibo de los citados discos compactos . Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Auto. En Hermosillo, Sonora, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución constitucional que sobreseyó en juicio en lo principal el amparo solicitado y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino del cuaderno relativo al incidente en el que se actúa: Valoración del original (único). Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y se negó la suspensión definitiva1 .

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el informe justificado que remitió el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, por conducto de su titular; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. De conformidad a lo establecido en el numeral 119 de la Ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales y la copia certificada del audio y video que anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Con el contenido de la videograbación de la audiencia incluida en el disco digital que remite la responsable, dese vista a las partes a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información vertida en el mismo y manifestar lo que a su derecho convenga. Lo anterior, en catamiento a lo que postula la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Guárdese el disco compacto en la secretaría de este Juzgado. Tomo de prueba. Ahora bien, debido a lo voluminoso de las constancias remitidas por la responsable, fórmese por separado un legajo de prueba para dar facilidad a su manejo, mismo que se identificará como TOMO I. Sobreseimiento fuera de audiencia -cambio de situación jurídica- Ahora bien, de las referidas documentales se observa que, en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el normativo 61, fracción XVII que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Conforme a lo establecido por el citado precepto, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en él deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Esto es, la referida causa de improcedencia se produce, por regla general, cuando concurren los siguientes supuestos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado; y, Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. En el caso concreto, la parte quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes: Del juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad: La resolución de cinco de diciembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal de origen ********************, en la que se otorgó al ahí imputado ********************, una ampliación o prórroga del plazo para la suspensión condicional del proceso -seis meses-. Ahora bien, del informe de cuenta y anexos remitido por el citado juez oral responsable el dieciséis de agosto pasado -y recibidas en este órgano jurisdiccional el dieciocho siguiente-, se advierte que en la causa penal ******************** de origen, aconteció lo siguiente: El veintitrés de junio de dos mil veintitrés se llevó a cabo acuerdo en el cual se decretó la extinción de la acción penal a favor de ********************, por el delito de abuso sexual agravado, cometido en perjuicio del infante -aquí quejoso- de iniciales ********************. (mismo que se encuentra representado por su padre ********************). Conjuntamente, el juez responsable decretó el sobreseimiento de la causa penal ********************, en términos del artículo 327, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, el once de julio del presente año, se declaró firme el fallo emitido por la aquí responsable. Como se ve, los actos en esta vía reclamados quedaron superados por los acuerdos emitidos por la responsable el veintitrés de junio y once de julio del presente año, en los términos señalados precedentemente. Resulta ilustrativa a las consideraciones que preceden la tesis III.2o.P.150 P (10a.), que dice. "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla." De manera que, en el caso, al existir acuerdo en el cuál se decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa penal de origen, no puede resolverse sobre el acto reclamado en el amparo indirecto, sin afectar la nueva situación jurídica que rige la etapa del procedimiento de origen, esto es, que actualmente ya adquirieron firmeza tales determinaciones. En esas condiciones, es evidente que en la especie se ha creado una situación jurídica que impide analizar la anterior, -la ampliación o prórroga de seis meses otorgado para la suspensión condicional del proceso al imputado de la carpeta de origen- dado que de hacerlo se tendría que modificar el trámite del juicio de origen. En apoyo de lo expuesto se invoca la tesis I.11o.C.28 K (10a.), que señala: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autónomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia." Sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, al resultar evidente la actualización de la hipótesis de inejercitabilidad analizada, con fundamento en lo estatuido por el ordinal 63, fracción V, de la legislación en cita, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalados para el desahogo de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa -a saber, las ********************-. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Parte tercera interesada. Por otra parte, atento a lo resuelto en el presente proveído, se estima innecesario reconocer y emplazar a la parte tercera interesada del presente juicio. Devolución de tomo de prueba. Finalmente, se desprende que en este juzgado obra un tomo de pruebas formado con motivo de las constancias remitidas por la responsable al rendir el informe justificado de cuenta; en esa virtud, y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena devolver dicho anexo, ya que resulta innecesaria su retención; en la inteligencia que no es necesario que la autoridad responsable acuse recibo del citado tomo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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