Andrea Maricela Morán Medina

Expediente 1214/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1214/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/01/2023

Partes del expediente

  • Andrea Maricela Morán Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de veintidós de diciembre del dos mil veintidós, de la que se advierte que en la materia de la queja civil 163/2022, resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ANDREA MARICELA MORÁN MEDINA, contra el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 1214/2022." Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria pronunciado en la queja civil 163/2022, del control de la oficiante, así como los autos originales del juicio de amparo 1214/2022 del propio índice. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de queja y, háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio vía interconexión al órgano plenario. Así lo resolvió y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de octubre de dos mil veintidós. Admite recurso de queja. Glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja, interpuesto en contra del proveído de veintiséis de septiembre pasado dictado en el presente sumario; asimismo, comunica que dicho medio de impugnación fue radicado con el toca 163/2022, de su índice. Vinculación de expediente. Por otro lado, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, a fin de que vincule el presente asunto con el toca del órgano colegiado de referencia, para privilegiar el trámite electrónico. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de octubre de dos mil veintidós. Interpone recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito de cuenta y con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer la parte quejosa en contra del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente sumario. En términos de lo establecido en el artículo 101 de la ley de la materia, remítase el escrito de interposición y agravios, así como el cuaderno original en el que se actúa, al Tribunal Colegiado que corresponda. Se hace la acotación que no se dejará para consulta de las partes, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de éste, que puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. 1. Recepción. Visto el escrito de demanda con el que se da cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 2. Desechamiento de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Andrea Maricela Morán Medina, se observa que acude ante esta instancia constitucional contra un acto del Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución publicada en lista de acuerdos de dicha autoridad el dieciocho de agosto de dos mil veintidós -que resolvió el recurso de queja interpuesto contra el auto que negó el trámite de demanda incidental de tachas de treinta y uno de mayo pasado, dentro del cuaderno de pruebas derivado del juicio ordinario civil de divorcio incausado 1025/2021, del control del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo-, dictada en autos del toca 137/2022. Precisado lo anterior, este juzgador advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente y, por ende, debe desecharse conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es así, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De dichos preceptos se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada, es necesario que los actos de autoridad que se combatan, sean de imposible reparación, entendidos como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Ciertamente, el numeral citado en último término ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Es decir, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, o sea, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En otras palabras, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad. En relación con ello, es preciso señalar que nuestro alto tribunal ha determinado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando sus consecuencias sean susceptibles de afectar en forma inmediata y directa alguno de los llamados derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal en sus diversas manifestaciones, la propiedad y la posesión. En tanto que los actos de ejecución reparable, no tocan por sí mismos tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses de la quejosa. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, y el supuesto de los segundos se actualiza respecto de los derechos adjetivos o personales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Resultan ilustrativas las jurisprudencias P./J. 24/92 y P./J. 37/2014 (10a.), que establecen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En el caso, como se adelantó, el acto reclamado al Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, de esta ciudad, se hace consistir en la resolución emitida en autos del toca 137/2022 -que resolvió el recurso de queja interpuesto contra el auto que negó el trámite de demanda incidental de tachas de treinta y uno de mayo pasado, dentro del cuaderno de pruebas derivado del juicio ordinario civil de divorcio incausado 1025/2021, del control del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo-. Sin embargo, ese acto no es de imposible reparación ni constituye una violación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, pues el hecho de que el tribunal responsable, haya resuelto desechar el recurso de queja interpuesto contra el auto que negó el trámite de demanda incidental de tachas de treinta y uno de mayo pasado, en autos del juicio primigenio, no trasciende a su esfera jurídica, en razón de que la citada resolución no es un acto que afecte derechos sustantivos, pues es de naturaleza adjetiva, ya que no declara la improcedencia de la petición de divorcio, pues encuentra razón sólo en función de observar las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, resolver todas las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial hasta en tanto culmine el juicio en sus etapas; máxime que la sentencia que eventualmente se dicte podría favorecerle. En efecto, esa determinación solo tiene consecuencias procesales, por lo que no afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo de la parte accionante, como pudieran ser sus propiedades o posesiones. Además, de trastocar derechos de índole procesal, conforme a lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 172 de la ley de la materia, estos son combatibles mediante la promoción del juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva. Es ilustrativa, por las consideraciones que la sustentan, la tesis VII.2o.C.247 C (10a.), que dispone: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA ALZADA QUE DEJA SIN EFECTO LA DECISIÓN INTERMEDIA QUE LO DECRETÓ Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO DE NATURALEZA PROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, COMO EL RELATIVO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VII.2o.C.227 C (10a.)]. Hechos: En un juicio ordinario civil el Juez natural accedió a disolver el vínculo matrimonial sin haber concluido el procedimiento. En contra de esa determinación se interpuso recurso de apelación. La alzada revocó esa decisión intermedia y ordenó la reposición del procedimiento, a efecto de seguir con la secuela procesal y resolver todas las prestaciones en una sola sentencia, dicha determinación es la que constituyó el acto reclamado en el amparo indirecto. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra la resolución de la alzada que deja sin efectos la decisión intermedia que decretó el divorcio sin expresión de causa y ordenó reponer el procedimiento, es improcedente el juicio de amparo indirecto, al ser un acto de naturaleza procesal que no afecta derechos sustantivos, como el relativo al libre desarrollo de la personalidad. Justificación: Lo anterior, porque la citada resolución no es un acto que afecte derechos sustantivos, pues es de naturaleza adjetiva, ya que los argumentos que sustentan esa determinación no establecen la improcedencia de la petición de divorcio, pues encuentran razón sólo en función de observar las formalidades esenciales del procedimiento; esto es, resolver todas las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial hasta en tanto culmine el juicio en sus etapas. En esas circunstancias, si el acto reclamado no se sustenta en la negativa a decretar el divorcio sin expresión de causa, sino en aspectos de índole procesal o adjetivo, es evidente que no se afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad y, por ende, no resulta factible impugnar esa decisión de la alzada mediante el juicio de amparo indirecto. Razones que llevan a este órgano a apartarse del criterio sostenido en la tesis aislada VII.2o.C.227 C (10a.). Finalmente, no pasa inadvertido que la reposición del procedimiento también implica, en mayor o menor grado, una dilación para resolver el juicio de origen; sin embargo, ello tampoco actualiza la procedencia del juicio de amparo, si se pondera que el fin que se persigue con dicha reposición del procedimiento es su culminación hasta el dictado de una sentencia definitiva en el que se resuelvan todas las prestaciones reclamadas. En esas condiciones, no produce en la quejosa una violación material y directa a sus derechos fundamentales sino que, en su caso, sólo implica una afectación a derechos adjetivos, en tanto que el retardo en la impartición de justicia que se pudiere generar, por sí solo no actualiza violación alguna al principio de justicia pronta, lo que no justifica la procedencia del juicio de amparo. Sin que ello signifique inobservar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 28/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 73/2014, de título y subtítulo: "DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS)."; en virtud de que en ella se estableció que no debía desconocerse la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante, temas que debían tramitarse y resolverse de acuerdo a su propia naturaleza y características, significando la observancia al derecho fundamental del debido proceso y el principio de justicia completa y eficaz consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que deben resolverse las cuestiones inherentes a la disolución matrimonial acorde a sus propias características, esto es, mediante la sustanciación del juicio en todas sus etapas y resolverse en una sola sentencia todas las prestaciones sometidas ante la potestad del juzgador. Lo anterior es acorde con lo establecido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Por tanto, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113 de ese cuerpo normativo, procede desechar la demanda de amparo. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. 5. Autorizado. En cuanto a la persona que menciona en su demanda la promovente, se autoriza en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autoriza sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 6. Acceso a expediente electrónico. En cuanto a la diversa solicitud realizada por la parte quejosa, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al usuario "victormpuebla", el acceso al expediente electrónico para su consulta. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Notifíquese personalmente a Andrea Maricela Morán Medina. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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