Andrés Ávila Armella
Expediente 744/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Andrés Ávila Armella
Actuaciones
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA ESTADO. En virtud de que no fue impugnado el auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. ORDEN DE ARCHIVO Y SE RESERVA ENVÍO FÍSICO DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Vista la cuenta que antecede en atención al contenido del Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el similar 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 se provee lo siguiente: 1 DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO Estas son las que se toman enseguida: 1 1 Registro Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Andrés Ávila Armella contra actos del Presidente del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 744/2021 1 2 PRECISION DE LOS ACTOS RECLAMADOS Con fundamento en el ordinal 74 fracción I de la Ley de Amparo dada la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y fijar la materia de la litis constitucional se precisa que los actos reclamados en la presente instancia son esencialmente: Del Presidente responsable la negativa de abrir el concurso de oposición abierto para el puesto de profesor de asignatura "A" definitivo respecto de las materias siguientes: Introducción a las Ciencias Sociales correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Procesos Políticos y Sociales en el Territorio correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Métodos de Investigación para las Ciencias Ambientales correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Introducción a la Teoría Social correspondiente a la Licenciatura en Geohistoria; y Actores Sociales y Acción colectiva correspondiente a la Licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local 1 3 Causa de improcedencia En el caso que nos ocupa se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 1° 5° fracción II y 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 1o El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I Por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte" "Artículo 5o Son partes en el juicio: ( ) II La autoridad responsable teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general " "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: ( ) XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley " De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte En ese tenor de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo se debe entender aquélla que ordena emite autoriza lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y por ende como acto de autoridad a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución Además el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado Así también la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a /J 64/2011 las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio resulta irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni requiera del consenso de la voluntad del afectado Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden son las siguientes: La Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 118 Tomo V febrero de 1997 Materia Común Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 Segunda Parte que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO El término "autoridades" para los efectos del amparo comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias ya legales ya de hecho y que por lo mismo estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de "que disponen" cuyo primer precedente data de 1919 dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual En efecto las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica que a su vez modificó la estructura estadual y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado Por ello la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados pues estos organismos en su actuación con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado Esto es ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad Por ello este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello el juzgador de amparo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras "autoridades" Y la diversa por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee en la página 1089 Tomo XXXIV Septiembre de 2011 Novena Época Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO NOTAS DISTINTIVAS Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado Asimismo el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean modifican o extinguen por sí y ante sí situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares Interpretado lo anterior en sentido contrario el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir cuando la autoridad señalada como responsable con independencia de su naturaleza formal no actúe provista de imperio para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación de coordinación y de supra a subordinación Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil mercantil agrario y laboral siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional el juicio de amparo Se caracterizan por la unilateralidad y por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105 fracciones I y II de la Constitución Por tanto es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a las autoridades señaladas como responsables implica una relación de coordinación entre particulares o bien si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación a saber entre gobernado y gobernante y que por ello entraña la participación de un Órgano del Estado pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad realmente lo es o no para efectos del juicio de garantías ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto Para dilucidar lo anterior resulta preciso señalar que el acto reclamado a la autoridad responsable se hizo consistir en el siguiente: La negativa de abrir el concurso de oposición abierto para el puesto de profesor de asignatura "A" definitivo respecto de las materias siguientes: Introducción a las Ciencias Sociales correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Procesos políticos y sociales en el Territorio correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Métodos de Investigación para las Ciencias Ambientales correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Introducción a la Teoría Social correspondiente a la Licenciatura en Geohistoria; y Actores Sociales y Acción colectiva correspondiente a la Licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local Como se advierte de lo expuesto los actos reclamados en este juicio constitucional consisten esencialmente en aspectos relacionados a la relación laboral que dice tener el quejoso con la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México ya que se llevaron a cabo dentro del marco en cuanto trabajador que dice ser de dicha Institución Universitaria tal como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en la narración de antecedentes que hace y lo acreditan con las documentales que adjuntan Ello pone de manifiesto que los actos reclamados derivan de una relación jurídico laboral en la que las autoridades señaladas como responsables tienen el carácter de patrón (mas no de autoridad) y la parte quejosa de empleada (mas no de gobernada respecto de aquéllas) porque ésta actúa como trabajadora a su decir dependiente de dicha secretaría; de ahí que cualquier reclamación que pretendiese realizar tendría que hacerla en la vía laboral pues de resultar acertado lo argumentado por ella sería el resultado de una acción efectuada por aquellos entes en su calidad de patrón es decir como responsables de velar por la adscripción de sus trabajadores Se sostiene lo anterior virtud a que el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata sino del tipo de actos que emite inherente a sus atribuciones o facultades y la lesión que ocasionan en los derechos fundamentales a favor de los gobernados las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1° fracción I de la Ley de Amparo Lo que en el caso no acontece dado que el presente juicio de amparo lo promovió el quejoso en cuanto trabajador que dice ser de la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México y los actos reclamados los constituyen medularmente según dicen la omisión de convocar a un concurso de oposición abierto para ingreso para ser profesor de asignatura definitivo vulnerando así diversos derechos humanos De ese modo aun cuando la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México señalada en la demanda de amparo pudiera tener el carácter de autoridad con motivo de alguna de sus atribuciones ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho ente o aquello en los que intervenga deban considerarse como actos de autoridad; y que por tanto los actos reclamados deban ser considerados como de autoridad para los efectos del presente juicio Apoya lo anterior la tesis número I 15o A 36 K de noviembre de dos mil ocho visible en la página 1316 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "AMPARO EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares en las cuales éstos actúan en un mismo plano es decir en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes de manera coactiva impongan las consecuencias jurídicas procedentes En cambio las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado entre ellos destaca en el ámbito ordinario el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y por esto la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales Finalmente las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105 fracciones I y II de la Carta Magna En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional" En esas condiciones se colige que los actos reclamados no se realizaron en virtud de una relación de supra a subordinación esto es entre gobernante y gobernado por actuar los primeros en un plano superior a los segundos sino en una relación de coordinación esto es en un plano de igualdad; dicho de otra forma en torno al acto reclamado no se advierte que los que se analizan en esta instancia constitucional tengan características distintivas a los actos de autoridad puesto que en el caso concreto éstos surten sus efectos en el ámbito de la relación laboral existente entre la parte quejosa con el titular de dicha dependencia pues en realidad implica -según lo afirma la parte quejosa- diversos actos relativos a aspectos concernientes en su calidad de trabajador con base en la relación laboral que guardan con la Institución Universitaria Lo anterior es así ya que en la demanda de amparo se sostiene que el acto no deriva de un procedimiento administrativo -seguido ante una autoridad en ejercicio de una relación de supra a subordinación con el gobernado- por un lado; y por el otro la negativa de abrir el concurso de oposición solicitado por el quejoso como lo establece en el capítulo de hechos de la demanda De ahí que se reitera los actos reclamados derivan de una relación jurídica patronal y cualquier reclamación que la parte quejosa pretenda realizar tendrá que hacerla valer en la vía laboral Son aplicables por identidad jurídica los criterios siguientes: El emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2a /J 111/2010 visible en la página 444 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII Agosto de 2010 de rubro y texto siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO De los artículos 90 93 y 131 de la Constitución Política; 13 14 fracción IV 24 fracción VI y 94 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o 4o 5o 7o 8o 44 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54 fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial todos del Estado de San Luis Potosí se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado y sus decisiones son definitivas e inatacables salvo las referidas a la designación adscripción remoción y no ratificación de Jueces las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales Por otra parte en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer entre otros conflictos de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación Consecuentemente el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad" El diverso por contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 92 Tomo VI Primer Parte Julio-Diciembre de 1990 Octava Época Materia Laboral Administrativa del Semanario Judicial de la Federación que dice: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985 Quinta Parte) intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS " y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985 Tercera Parte página 739) intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS " subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral lo que impide acudir al amparo en su contra La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que en el apartado B del artículo 123 constitucional donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal por una parte y sus trabajadores por la otra se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje instancia ante la cual por determinadas causales de baja tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía característica distintiva de los actos de autoridad sino como si fuera patrón Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares marinos miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado se rigen por sus propias leyes sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza cuya relación como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado es análoga a la laboral con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución" La sustentada también por contradicción de tesis por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País que se lee en la página 298 Tomo XVI Octubre de 2002 Novena Época materia Laboral del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que reza: "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Las relaciones de trabajo entre las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y su personal administrativo y académico están sujetas a las disposiciones del capítulo XVII del título sexto de la Ley Federal del Trabajo pues si bien les corresponde exclusivamente a las propias universidades o instituciones regular los aspectos académicos dada la facultad con que cuentan para fijar los términos de ingreso promoción y permanencia de su personal académico ello no implica que las decisiones que tomen en los aspectos laborales con su personal sean jurisdiccionalmente inatacables pues ese no es el alcance de la autonomía universitaria ya que el artículo 3o constitucional establece que las relaciones jurídicas de las universidades públicas autónomas con su personal académico y administrativo son de naturaleza laboral y deben sujetarse a lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la propia Norma Fundamental y a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo En tal virtud los conflictos entre dichas universidades y sus trabajadores se someterán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje lo que de ningún modo implica una violación a la autonomía universitaria en lo que se refiere al ingreso promoción y permanencia de su personal académico y administrativo ya que el régimen a que se hallan sujetas y que deriva de sus propias leyes orgánicas reglamentos y estatutos no se menoscaba por el hecho de que sus controversias laborales aun las de orden académico y administrativo se sujeten a los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en virtud de que conforme al artículo 353-S de la Ley Federal del Trabajo dichas Juntas deben ajustar sus actuaciones y laudos no sólo a la Ley Federal del Trabajo sino también a las normas interiores estatutarias y reglamentarias de la institución autónoma correspondiente" Así como la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito Tomo III Abril de 1996 publicada en la página 347 Novena Época Materia Laboral del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional Así es el Estado a la vez que es persona de derecho público en donde asume las funciones de autoridad es también una persona moral oficial de derecho privado en tanto que es el depositario administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente congruentemente con la doble personalidad del Estado es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública es decir cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito" En las relatadas condiciones al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 1° fracción I y 5 fracción II a contrario sensu de la Ley de Amparo con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal se desecha de plano la demanda de amparo en estudio No pasa inadvertido que al emitir la jurisprudencia 2a /J 54/2012 (10a ) la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto inicial de la demanda de amparo no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo Empero la misma es inaplicable al presente asunto porque en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis que la Sala en cita pronunció en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015 aclaró su rubro para quedar de la manera siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA" publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso En efecto en la ejecutoria de la solicitud de sustitución la Segunda Sala del Máximo Tribunal precisó que únicamente será aplicable dicho criterio cuando se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica por lo que resultará inoportuno el auto inicial de la demanda de amparo para realizar un pronunciamiento en el que se analice si el acto proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo En otras palabras la aplicación de la jurisprudencia no debe realizarse de manera generalizada pues en los casos que tenga que determinarse si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo el órgano de control constitucional está en aptitud de realizar el análisis respectivo desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo siempre que no se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica De ahí que en el caso sea inaplicable la jurisprudencia 2a /J 54/2012 (10a ) pues en el presente asunto se reclamó la negativa de abrir el concurso de oposición abierto para el puesto de profesor de asignatura "A" definitivo respecto de las materias siguientes: Introducción a las Ciencias Sociales correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Procesos políticos y sociales en el Territorio correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Métodos de Investigación para las Ciencias Ambientales correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Introducción a la Teoría Social correspondiente a la Licenciatura en Geohistoria; y Actores Sociales y Acción colectiva correspondiente a la Licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local Tampoco escapa a la consideración de este juzgador que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo tratándose de casos como el presente siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego seguidas las formalidades de ley alcanzar la conclusión ahora formulada Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en la tesis consultable en la página 316 tomo X octubre de 1992 Semanario Judicial de la Federación Octava época que establece: "DEMANDA DESECHAMIENTO DE LA POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito el artículo 145 de la Ley de Amparo dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano sin suspender el acto reclamado Se comprende pues que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar con certeza que existe un motivo de improcedencia En otras palabras puede decirse atendiendo al contenido del precepto en consulta que la demanda podrá desecharse cuando se advierta fácilmente de su simple lectura que existe un motivo indudable de improcedencia y que de no ser así deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo sin que esto ocasione agravio pues siempre queda latente la posibilidad de examinar en la audiencia de fondo la existencia de causas que ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías empero referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio por tratarse de una cuestión de orden público según lo precisa el artículo 73 in fine de la Ley de Amparo" Así como la jurisprudencia J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito publicada en la página 921 tomo XXIV junio de 2006 Semanario Judicial de la Federación Novena época materia común que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales con su promoción (demanda) a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento Así cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio imparte justicia puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado sino que es efectivo ni se deja en estado de indefensión al promovente no obstante sea desfavorable al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo con independencia de que no comparta el sentido de la resolución dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico" Además la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada la cual debe ser analizada de oficio por este juzgador y en el caso la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a /J 10/2014 (10a ) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 487 libro 3 tomo I febrero de 2014 Décima época Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA Si bien la reforma al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 10 de junio de 2011 implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos entre ellos el derecho a un recurso efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución por lo que tales aspectos por sí mismos son insuficientes para declarar procedente lo improcedente" Así como la tesis número III 4o (III región) 14 K (10a ) consultable en la página 1641 sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara Jalisco libro XXIII agosto de 2013 tomo 3 materia constitucional Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima época que dice: "DERECHOS HUMANOS LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y POR ELLO SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado además de otros el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar entre otras cuestiones que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos Ahora bien los artículos 17 constitucional y 25 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables ni que el sobreseimiento en él por sí viola esos derechos Por el contrario como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida Por tanto las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada en la medida en que atendiendo al objeto del juicio a la oportunidad en que puede promoverse o bien a los principios que lo regulan reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia ni el de contar con un recurso sencillo y rápido o cualquier otro medio de defensa efectivo" 1 4 Domicilio y autorizados Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones asimismo se tiene señalando a las personas que indica para los efectos que precisa 2 DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES Con apoyo en los artículos 5 6 7 12 22 y 28 del AG 21/2020 póngase en conocimiento de las partes que en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2 1 Trabajo a distancia o teletrabajo Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente 2 2 Procedimiento jurisdiccional electrónico Para facilitar la pronta resolución del juicio las partes deben procurar su continuación en forma electrónica bajo el esquema de juicio en línea mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e firma antes FIEL) indistintamente por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible de no haberlo hecho formulen la solicitud respectiva 2 3 Datos de contacto de las partes En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes rápidas y seguras para la salud de los intervinientes 2 4 Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial se ponen a disposición los siguientes medios de contacto en los que previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso se brindará atención mediante llamada telefónica mensajería instantánea o correo electrónico en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Correo electrónico 4jdo11cto@correo cjf gob mx 12:30 a 18:30 horas de lunes a viernes 1 El interesado debe enviar mensaje de texto mediante correo electrónico proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso tercero interesado etcétera) b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte) por ambos lados c) Número de expediente e información requerida 2 El servidor público que reciba la solicitud la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario la canalizará con el área competente En todo caso responderá a la solicitud de inmediato mediante llamada telefónica mensaje de texto o correo electrónico indicando el tratamiento dado a la gestión 2 5 Presentación de promociones y oficios Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e firma) en cualquier tipo de asunto b) Enviando la promoción u oficio debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado) por medio del referido portal aunque no se cuente con firma electrónica siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Morelia la promoción u oficio La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja revisión o inconformidad) salvo que se realice con firma electrónica 2 6 Publicaciones en lista Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes Adicionalmente este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados 2 7 Atención excepcional de manera presencial y con previa cita La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva A fin de preservar el principio de imparcialidad en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas 2 8 Apercibimientos Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés dará lugar también a otras medidas como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado 2 9 Lineamientos en materia de notificaciones Con fundamento en los artículos 4o y 17 de la Constitución Federal 3o 15 27 fracción II y 28 fracción III de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2 9 1 Se instruye a los actuarios para que por regla general todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas 2 9 2 Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal se ajusten a lo siguiente: 2 9 3 Establezcan contacto telefónico por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados Para ello deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e incluso podrán acudir como hecho notorio a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto 2 9 4 Cerciorados de la identidad de la persona buscada siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente 2 9 5 De no poderse verificar la videollamada previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos Por su lado el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al siguiente medio de contacto: Correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo cjf gob mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos 2 9 6 Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa 2 9 7 Se requiere al Ministerio Público adscrito a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 4jdo11cto@correo cjf gob mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que de no llevarse a cabo dicho acuse o si se rehúsa la recepción del oficio tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación asentando la razón correspondiente 2 9 8 Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales por oficio electrónicas o por cualquier medio tecnológico) 2 10 Integración del expediente físico y publicidad Se instruye a los secretarios y actuarios para que tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que por ese motivo tengan acceso al expediente físico incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico con las evidencias criptográficas correspondientes sin necesidad de agregarles certificación alguna pues en términos del artículo 3o de la Ley de Amparo la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa Únicamente para el caso de que por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico Hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en el entendido de que la falta de manifestación expresa implica la oposición a la publicación de tales datos Lo anterior en términos de los artículos 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Principal
Vista la cuenta que antecede en atención al contenido del Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el similar 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 se provee lo siguiente: 1 DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO Estas son las que se toman enseguida: 1 1 Registro Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Andrés Ávila Armella contra actos del Presidente del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 744/2021 1 2 PRECISION DE LOS ACTOS RECLAMADOS Con fundamento en el ordinal 74 fracción I de la Ley de Amparo dada la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y fijar la materia de la litis constitucional se precisa que los actos reclamados en la presente instancia son esencialmente: Del Presidente responsable la negativa de abrir el concurso de oposición abierto para el puesto de profesor de asignatura "A" definitivo respecto de las materias siguientes: Introducción a las Ciencias Sociales correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Procesos Políticos y Sociales en el Territorio correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Métodos de Investigación para las Ciencias Ambientales correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Introducción a la Teoría Social correspondiente a la Licenciatura en Geohistoria; y Actores Sociales y Acción colectiva correspondiente a la Licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local 1 3 Causa de improcedencia En el caso que nos ocupa se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 1° 5° fracción II y 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 1o El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I Por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte" "Artículo 5o Son partes en el juicio: ( ) II La autoridad responsable teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general " "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: ( ) XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley " De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte En ese tenor de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo se debe entender aquélla que ordena emite autoriza lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y por ende como acto de autoridad a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución Además el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado Así también la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a /J 64/2011 las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio resulta irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni requiera del consenso de la voluntad del afectado Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden son las siguientes: La Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 118 Tomo V febrero de 1997 Materia Común Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 Segunda Parte que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO El término "autoridades" para los efectos del amparo comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias ya legales ya de hecho y que por lo mismo estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de "que disponen" cuyo primer precedente data de 1919 dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual En efecto las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica que a su vez modificó la estructura estadual y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado Por ello la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados pues estos organismos en su actuación con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado Esto es ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad Por ello este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello el juzgador de amparo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras "autoridades" Y la diversa por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee en la página 1089 Tomo XXXIV Septiembre de 2011 Novena Época Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO NOTAS DISTINTIVAS Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado Asimismo el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean modifican o extinguen por sí y ante sí situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares Interpretado lo anterior en sentido contrario el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir cuando la autoridad señalada como responsable con independencia de su naturaleza formal no actúe provista de imperio para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación de coordinación y de supra a subordinación Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil mercantil agrario y laboral siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional el juicio de amparo Se caracterizan por la unilateralidad y por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105 fracciones I y II de la Constitución Por tanto es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a las autoridades señaladas como responsables implica una relación de coordinación entre particulares o bien si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación a saber entre gobernado y gobernante y que por ello entraña la participación de un Órgano del Estado pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad realmente lo es o no para efectos del juicio de garantías ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto Para dilucidar lo anterior resulta preciso señalar que el acto reclamado a la autoridad responsable se hizo consistir en el siguiente: La negativa de abrir el concurso de oposición abierto para el puesto de profesor de asignatura "A" definitivo respecto de las materias siguientes: Introducción a las Ciencias Sociales correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Procesos políticos y sociales en el Territorio correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Métodos de Investigación para las Ciencias Ambientales correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Introducción a la Teoría Social correspondiente a la Licenciatura en Geohistoria; y Actores Sociales y Acción colectiva correspondiente a la Licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local Como se advierte de lo expuesto los actos reclamados en este juicio constitucional consisten esencialmente en aspectos relacionados a la relación laboral que dice tener el quejoso con la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México ya que se llevaron a cabo dentro del marco en cuanto trabajador que dice ser de dicha Institución Universitaria tal como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en la narración de antecedentes que hace y lo acreditan con las documentales que adjuntan Ello pone de manifiesto que los actos reclamados derivan de una relación jurídico laboral en la que las autoridades señaladas como responsables tienen el carácter de patrón (mas no de autoridad) y la parte quejosa de empleada (mas no de gobernada respecto de aquéllas) porque ésta actúa como trabajadora a su decir dependiente de dicha secretaría; de ahí que cualquier reclamación que pretendiese realizar tendría que hacerla en la vía laboral pues de resultar acertado lo argumentado por ella sería el resultado de una acción efectuada por aquellos entes en su calidad de patrón es decir como responsables de velar por la adscripción de sus trabajadores Se sostiene lo anterior virtud a que el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata sino del tipo de actos que emite inherente a sus atribuciones o facultades y la lesión que ocasionan en los derechos fundamentales a favor de los gobernados las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1° fracción I de la Ley de Amparo Lo que en el caso no acontece dado que el presente juicio de amparo lo promovió el quejoso en cuanto trabajador que dice ser de la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México y los actos reclamados los constituyen medularmente según dicen la omisión de convocar a un concurso de oposición abierto para ingreso para ser profesor de asignatura definitivo vulnerando así diversos derechos humanos De ese modo aun cuando la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México señalada en la demanda de amparo pudiera tener el carácter de autoridad con motivo de alguna de sus atribuciones ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho ente o aquello en los que intervenga deban considerarse como actos de autoridad; y que por tanto los actos reclamados deban ser considerados como de autoridad para los efectos del presente juicio Apoya lo anterior la tesis número I 15o A 36 K de noviembre de dos mil ocho visible en la página 1316 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "AMPARO EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares en las cuales éstos actúan en un mismo plano es decir en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes de manera coactiva impongan las consecuencias jurídicas procedentes En cambio las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado entre ellos destaca en el ámbito ordinario el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y por esto la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales Finalmente las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105 fracciones I y II de la Carta Magna En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional" En esas condiciones se colige que los actos reclamados no se realizaron en virtud de una relación de supra a subordinación esto es entre gobernante y gobernado por actuar los primeros en un plano superior a los segundos sino en una relación de coordinación esto es en un plano de igualdad; dicho de otra forma en torno al acto reclamado no se advierte que los que se analizan en esta instancia constitucional tengan características distintivas a los actos de autoridad puesto que en el caso concreto éstos surten sus efectos en el ámbito de la relación laboral existente entre la parte quejosa con el titular de dicha dependencia pues en realidad implica -según lo afirma la parte quejosa- diversos actos relativos a aspectos concernientes en su calidad de trabajador con base en la relación laboral que guardan con la Institución Universitaria Lo anterior es así ya que en la demanda de amparo se sostiene que el acto no deriva de un procedimiento administrativo -seguido ante una autoridad en ejercicio de una relación de supra a subordinación con el gobernado- por un lado; y por el otro la negativa de abrir el concurso de oposición solicitado por el quejoso como lo establece en el capítulo de hechos de la demanda De ahí que se reitera los actos reclamados derivan de una relación jurídica patronal y cualquier reclamación que la parte quejosa pretenda realizar tendrá que hacerla valer en la vía laboral Son aplicables por identidad jurídica los criterios siguientes: El emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2a /J 111/2010 visible en la página 444 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII Agosto de 2010 de rubro y texto siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO De los artículos 90 93 y 131 de la Constitución Política; 13 14 fracción IV 24 fracción VI y 94 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o 4o 5o 7o 8o 44 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54 fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial todos del Estado de San Luis Potosí se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado y sus decisiones son definitivas e inatacables salvo las referidas a la designación adscripción remoción y no ratificación de Jueces las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales Por otra parte en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer entre otros conflictos de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación Consecuentemente el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad" El diverso por contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 92 Tomo VI Primer Parte Julio-Diciembre de 1990 Octava Época Materia Laboral Administrativa del Semanario Judicial de la Federación que dice: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985 Quinta Parte) intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS " y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985 Tercera Parte página 739) intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS " subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral lo que impide acudir al amparo en su contra La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que en el apartado B del artículo 123 constitucional donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal por una parte y sus trabajadores por la otra se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje instancia ante la cual por determinadas causales de baja tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía característica distintiva de los actos de autoridad sino como si fuera patrón Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares marinos miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado se rigen por sus propias leyes sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza cuya relación como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado es análoga a la laboral con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución" La sustentada también por contradicción de tesis por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País que se lee en la página 298 Tomo XVI Octubre de 2002 Novena Época materia Laboral del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que reza: "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Las relaciones de trabajo entre las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y su personal administrativo y académico están sujetas a las disposiciones del capítulo XVII del título sexto de la Ley Federal del Trabajo pues si bien les corresponde exclusivamente a las propias universidades o instituciones regular los aspectos académicos dada la facultad con que cuentan para fijar los términos de ingreso promoción y permanencia de su personal académico ello no implica que las decisiones que tomen en los aspectos laborales con su personal sean jurisdiccionalmente inatacables pues ese no es el alcance de la autonomía universitaria ya que el artículo 3o constitucional establece que las relaciones jurídicas de las universidades públicas autónomas con su personal académico y administrativo son de naturaleza laboral y deben sujetarse a lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la propia Norma Fundamental y a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo En tal virtud los conflictos entre dichas universidades y sus trabajadores se someterán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje lo que de ningún modo implica una violación a la autonomía universitaria en lo que se refiere al ingreso promoción y permanencia de su personal académico y administrativo ya que el régimen a que se hallan sujetas y que deriva de sus propias leyes orgánicas reglamentos y estatutos no se menoscaba por el hecho de que sus controversias laborales aun las de orden académico y administrativo se sujeten a los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en virtud de que conforme al artículo 353-S de la Ley Federal del Trabajo dichas Juntas deben ajustar sus actuaciones y laudos no sólo a la Ley Federal del Trabajo sino también a las normas interiores estatutarias y reglamentarias de la institución autónoma correspondiente" Así como la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito Tomo III Abril de 1996 publicada en la página 347 Novena Época Materia Laboral del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional Así es el Estado a la vez que es persona de derecho público en donde asume las funciones de autoridad es también una persona moral oficial de derecho privado en tanto que es el depositario administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente congruentemente con la doble personalidad del Estado es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública es decir cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito" En las relatadas condiciones al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 1° fracción I y 5 fracción II a contrario sensu de la Ley de Amparo con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal se desecha de plano la demanda de amparo en estudio No pasa inadvertido que al emitir la jurisprudencia 2a /J 54/2012 (10a ) la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto inicial de la demanda de amparo no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo Empero la misma es inaplicable al presente asunto porque en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis que la Sala en cita pronunció en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015 aclaró su rubro para quedar de la manera siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA" publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso En efecto en la ejecutoria de la solicitud de sustitución la Segunda Sala del Máximo Tribunal precisó que únicamente será aplicable dicho criterio cuando se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica por lo que resultará inoportuno el auto inicial de la demanda de amparo para realizar un pronunciamiento en el que se analice si el acto proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo En otras palabras la aplicación de la jurisprudencia no debe realizarse de manera generalizada pues en los casos que tenga que determinarse si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo el órgano de control constitucional está en aptitud de realizar el análisis respectivo desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo siempre que no se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica De ahí que en el caso sea inaplicable la jurisprudencia 2a /J 54/2012 (10a ) pues en el presente asunto se reclamó la negativa de abrir el concurso de oposición abierto para el puesto de profesor de asignatura "A" definitivo respecto de las materias siguientes: Introducción a las Ciencias Sociales correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Procesos políticos y sociales en el Territorio correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Métodos de Investigación para las Ciencias Ambientales correspondientes a la licenciatura en Ciencias Ambientales; Introducción a la Teoría Social correspondiente a la Licenciatura en Geohistoria; y Actores Sociales y Acción colectiva correspondiente a la Licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local Tampoco escapa a la consideración de este juzgador que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo tratándose de casos como el presente siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego seguidas las formalidades de ley alcanzar la conclusión ahora formulada Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en la tesis consultable en la página 316 tomo X octubre de 1992 Semanario Judicial de la Federación Octava época que establece: "DEMANDA DESECHAMIENTO DE LA POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito el artículo 145 de la Ley de Amparo dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano sin suspender el acto reclamado Se comprende pues que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar con certeza que existe un motivo de improcedencia En otras palabras puede decirse atendiendo al contenido del precepto en consulta que la demanda podrá desecharse cuando se advierta fácilmente de su simple lectura que existe un motivo indudable de improcedencia y que de no ser así deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo sin que esto ocasione agravio pues siempre queda latente la posibilidad de examinar en la audiencia de fondo la existencia de causas que ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías empero referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio por tratarse de una cuestión de orden público según lo precisa el artículo 73 in fine de la Ley de Amparo" Así como la jurisprudencia J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito publicada en la página 921 tomo XXIV junio de 2006 Semanario Judicial de la Federación Novena época materia común que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales con su promoción (demanda) a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento Así cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio imparte justicia puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado sino que es efectivo ni se deja en estado de indefensión al promovente no obstante sea desfavorable al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo con independencia de que no comparta el sentido de la resolución dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico" Además la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada la cual debe ser analizada de oficio por este juzgador y en el caso la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a /J 10/2014 (10a ) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 487 libro 3 tomo I febrero de 2014 Décima época Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA Si bien la reforma al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 10 de junio de 2011 implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos entre ellos el derecho a un recurso efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución por lo que tales aspectos por sí mismos son insuficientes para declarar procedente lo improcedente" Así como la tesis número III 4o (III región) 14 K (10a ) consultable en la página 1641 sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara Jalisco libro XXIII agosto de 2013 tomo 3 materia constitucional Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima época que dice: "DERECHOS HUMANOS LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y POR ELLO SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado además de otros el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar entre otras cuestiones que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos Ahora bien los artículos 17 constitucional y 25 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables ni que el sobreseimiento en él por sí viola esos derechos Por el contrario como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida Por tanto las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada en la medida en que atendiendo al objeto del juicio a la oportunidad en que puede promoverse o bien a los principios que lo regulan reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia ni el de contar con un recurso sencillo y rápido o cualquier otro medio de defensa efectivo" 1 4 Domicilio y autorizados Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones asimismo se tiene señalando a las personas que indica para los efectos que precisa 2 DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES Con apoyo en los artículos 5 6 7 12 22 y 28 del AG 21/2020 póngase en conocimiento de las partes que en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2 1 Trabajo a distancia o teletrabajo Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente 2 2 Procedimiento jurisdiccional electrónico Para facilitar la pronta resolución del juicio las partes deben procurar su continuación en forma electrónica bajo el esquema de juicio en línea mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e firma antes FIEL) indistintamente por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible de no haberlo hecho formulen la solicitud respectiva 2 3 Datos de contacto de las partes En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes rápidas y seguras para la salud de los intervinientes 2 4 Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial se ponen a disposición los siguientes medios de contacto en los que previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso se brindará atención mediante llamada telefónica mensajería instantánea o correo electrónico en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Correo electrónico 4jdo11cto@correo cjf gob mx 12:30 a 18:30 horas de lunes a viernes 1 El interesado debe enviar mensaje de texto mediante correo electrónico proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso tercero interesado etcétera) b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte) por ambos lados c) Número de expediente e información requerida 2 El servidor público que reciba la solicitud la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario la canalizará con el área competente En todo caso responderá a la solicitud de inmediato mediante llamada telefónica mensaje de texto o correo electrónico indicando el tratamiento dado a la gestión 2 5 Presentación de promociones y oficios Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e firma) en cualquier tipo de asunto b) Enviando la promoción u oficio debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado) por medio del referido portal aunque no se cuente con firma electrónica siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Morelia la promoción u oficio La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja revisión o inconformidad) salvo que se realice con firma electrónica 2 6 Publicaciones en lista Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes Adicionalmente este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados 2 7 Atención excepcional de manera presencial y con previa cita La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva A fin de preservar el principio de imparcialidad en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas 2 8 Apercibimientos Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés dará lugar también a otras medidas como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado 2 9 Lineamientos en materia de notificaciones Con fundamento en los artículos 4o y 17 de la Constitución Federal 3o 15 27 fracción II y 28 fracción III de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2 9 1 Se instruye a los actuarios para que por regla general todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas 2 9 2 Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal se ajusten a lo siguiente: 2 9 3 Establezcan contacto telefónico por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados Para ello deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e incluso podrán acudir como hecho notorio a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto 2 9 4 Cerciorados de la identidad de la persona buscada siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente 2 9 5 De no poderse verificar la videollamada previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos Por su lado el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al siguiente medio de contacto: Correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo cjf gob mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos 2 9 6 Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa 2 9 7 Se requiere al Ministerio Público adscrito a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 4jdo11cto@correo cjf gob mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que de no llevarse a cabo dicho acuse o si se rehúsa la recepción del oficio tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación asentando la razón correspondiente 2 9 8 Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales por oficio electrónicas o por cualquier medio tecnológico) 2 10 Integración del expediente físico y publicidad Se instruye a los secretarios y actuarios para que tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que por ese motivo tengan acceso al expediente físico incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico con las evidencias criptográficas correspondientes sin necesidad de agregarles certificación alguna pues en términos del artículo 3o de la Ley de Amparo la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa Únicamente para el caso de que por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico Hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en el entendido de que la falta de manifestación expresa implica la oposición a la publicación de tales datos Lo anterior en términos de los artículos 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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