Andrea Amezcua García

Expediente 643/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
643/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
19/05/2022

Partes del expediente

  • Andrea Amezcua García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio trámite a éste. 4. Devolución de constancias. Toda vez que del sumario se aprecia que la autoridad responsable, adjunto a su informe justificado, copias certificadas del expediente del cual emanó el acto reclamado, formándose un tomo de prueba por separado; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria su permanencia, devuélvase a la misma, sin que haya lugar acusar recibo de su recepción. 5. Devolución de documentos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger el acta destacada que adjuntó a su demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo será destruida junto con el expediente, para la devolución puede comunicarse al número de oficina 443 3226960 extensiones 1161 o 1261, para concertar cita para ese efecto.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio trámite a éste. 4. Devolución de constancias. Toda vez que del sumario se aprecia que la autoridad responsable, adjunto a su informe justificado, copias certificadas del expediente del cual emanó el acto reclamado, formándose un tomo de prueba por separado; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria su permanencia, devuélvase a la misma, sin que haya lugar acusar recibo de su recepción. 5. Devolución de documentos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger el acta destacada que adjuntó a su demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo será destruida junto con el expediente, para la devolución puede comunicarse al número de oficina 443 3226960 extensiones 1161 o 1261, para concertar cita para ese efecto.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: Estado de autos. Vista la cuenta que antecede, se advierte que se han superado diversas circunstancias que habían disminuido la capacidad operativa de este órgano jurisdiccional para actualizar la integración del expediente físico del asunto en que se actúa, hasta glosar al mismo la más reciente determinación judicial, como es la sentencia correspondiente; circunstancias entre las que se encuentran: a) la atención prioritaria a la integración de expedientes con recursos y su envío al órgano revisor; b) el rezago prexistente; c) las nuevas y elevadas cargas de trabajo; d) la constante disminución de personal operativo por licencias personales, médicas o contagios del virus SARS-Cov2, vacaciones, días económicos; y, e) la depuración y destrucción de expedientes que se llevó a cabo entre el ocho de noviembre y diez de diciembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento estricto al requerimiento formulado a este juzgado por la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal en el dictamen de treinta de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 501/2020-DV. En consecuencia, una vez que se ha producido la glosa al expediente físico de la sentencia en cita, cuya emisión con firmas autógrafas constituyó una medida necesaria, racional y proporcional para abatir el rezago precisamente en la integración del citado cuaderno (atraso producido por la atención a otras actividades jurisdiccionales que se consideraron prioritarias), procédase a notificar dicho fallo como legalmente corresponda y a integrar la resolución al expediente electrónico, a fin de que exista coincidencia con el impreso.

  4. Principal

    veintinueve de octubre de dos mil veintiuno SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 643/2021, promovido por Andrea Amezcua García, por alegada violación de los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia en Morelia, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno que resolvió el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, promovido en el juicio administrativo 1862/18-21-01-7-OT, que declaró infundados los agravios. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es competente para conocer de este juicio, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que la autoridad responsable reside dentro de la jurisdicción territorial de esta potestad federal. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó demostrada. Es cierto el acto que se reclama a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo cual se corrobora con la copia certificada del expediente 1862/18-21-01-7-OT, las que tienen valor probatorio pleno con base en lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que debe ser analizado por el juzgado aún de oficio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso ninguna de las partes las hizo valer y este juzgador no advierte alguna que impida el estudio de los conceptos de violación. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los motivos de agravio son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo, de manera que deviene innecesaria su transcripción. SEXTO. Estudio de fondo. Es inoperante el único concepto de violación. Consta en autos, que en la resolución reclamada se declararon infundados los agravios expuestos en el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio administrativo 1862/18-21-01-7-OT el veinte de noviembre de dos mil veinte, en virtud de que, no obstante que se decretó la nulidad lisa y llana del oficio 400-38-00-02-01-2019-09842 de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, por el cual se ordenó la inmovilización de diversas cuentas bancarias de la quejosa, la autoridad responsable consideró que con la información que rindió la autoridad demanda en el juicio de nulidad, se demostró que a través del oficio 400-38-00-02-01-2021-03598 de doce de mayo de dos mil veintiuno giró la instrucción a la institución bancaria correspondiente para que "desinmobilizara" todos los depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera en la que apareciera como titular o cotitular la quejosa. Enseguida señaló, que el agravio expresado en el sentido de que la autoridad demanda en el juicio administrativo simuló el cumplimiento de la ejecutoria era infundado, porque el hecho de que se encuentre inmovilizada la parte alícuota de un diverso contribuyente, copropietario de las cuentas bancarias, y que ello afecte la totalidad de los recursos depositados, no supone defecto en el cumplimiento de la sentencia, dado que la parte alícuota de algo, no es un porcentaje determinado como lo asumió la parte recurrente. Agrega, que la naturaleza de la parte alícuota es fundamental para entender los derechos, en este caso, de los cotitulares, en donde cada uno tiene un dominio absoluto sobre su cuota o parte, pero también respecto de los derechos y obligaciones que conforman toda la cuenta bancaria, es decir, la parte alícuota de cada uno de los cotitulares divide al derecho o titularidad de la cuenta bancaria y no a la cosa sobre la cual recae, en este caso, los recursos monetarios o capital que obran en la cuenta. Asevera que esa circunstancia se corrobora porque el artículo 270 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, señala que los depósitos recibidos en cuentas colectivas (dos o más personas), pueden ser devueltos a cualquiera de ellas, es decir, basta con que se le devuelvan a uno de los cotitulares, para que dicha devolución sea legal y surta sus efectos, sin que ello implique violación alguna o menoscabo en el derecho que gozan los demás cotitulares. Luego, precisa que en todo caso la autoridad demandada, mediante oficio 400-38-00-02-01-2021-03598, de doce de mayo de dos mil veintiuno solicitó a la institución financiera, de nueva cuenta, la desinmovilización total de los depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que surta efectos dicha notificación y una vez realizada dicha inmovilización, le informe lo anterior, de ahí que, en la actualidad, no exista inmovilización alguna, ni siguiera de la parte alícuota de alguno de los cotitulares, de ahí que no exista defecto alguno en la actuación de la autoridad al cumplir la sentencia firme. A continuación señaló, que no era óbice a lo resuelto la documental privada que exhibió con el escrito de interposición de queja, consistentes en el comunicado de seis de abril de dos mil veintiuno, emitido por el Gerente Select Sinior del Banco Santander México Sociedad Anónima, en donde señala que Andrea Amezcua García es cliente desde el diecisiete de octubre dos mil cinco, con una cuenta junior número 40002414463, y una súper cuenta de cheques saldos promedio número 60587737854 de la cual se desprenden dos números de cuenta para inversiones las cuales son 61587737854 y 62587737854; y que, en ninguna de las mencionadas cuentan con algún cotitular activo, además de que la número 60587737854 al día de la emisión del documento se encuentra bloqueada por parte de la tesorería. Para luego indicar que de dicha documental se desprende la afirmación de un supuesto ejecutivo de cuenta de la institución bancaria en donde se ordenó la inmovilización de las diversas cuentas bancarias, en donde afirma que éstas no cuentan con ningún cotitular activo; empero, que no puede dársele ningún valor probatorio, porque ésta no fue materia de estudio y análisis en la sentencia de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, de ahí que no haya formado parte de la Litis y, por ende, tampoco pueda ser tomada en consideración como parte del recurso de queja, ya que no es válido en esa instancia, introducir cuestiones novedosas a las ya estudiadas en la sentencia definitiva. Además, porque a modo de ver de la autoridad responsable, dicha probanza, va en contra del sentido dado en la sentencia, en donde, justamente, dada la existencia de esa cotitularidad (que la actora, desde la demanda inicial, fue enfática en afirmar), fue que se condenó a la autoridad demandada a la desinmovilización de la parte alícuota, de ahí que no sea dable que ahora, pretenda desconocer su propio dicho, así como lo arribado en la sentencia de marras que constituye cosa juzgada. Ahora, en contra de esta resolución la quejosa expuso un solo concepto de violación en el que hizo valer dos cuestiones, la primera, que la Sala responsable no se ocupó en debida forma de las manifestaciones vertidas en el escrito de siete de abril de abril de dos mil veintiuno, en el que se argumentó que la autoridad responsable simuló la desinmovilización de las cuentas bancarias de las que es cotitular junto con Eduardo Amezcua García. Lo que resulta inoperante, porque de la síntesis que se realizó de las consideraciones en las que se sustenta la interlocutoria reclamada, se advierte que la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, expuso dos razones para no otorgar valor probatorio a los documentos que la quejosa acompañó al recurso de queja, y de estas consideraciones no se expuso ningún argumento. En efecto, la quejosa omitió precisar por qué la consideración de la autoridad responsable en el sentido de no otorgar valor probatorio a los documentos exhibidos es ilegal; esto es, debió señalar por qué el argumento de que se trata de documentos que no formaron parte de la litis en el juicio administrativo es incorrecto, y por qué, el hecho de que se refieran a cuentas bancarias en la que no existe cotitular -cuando ese fue el argumento que sustentó la nulidad del acto administrativo-, no deben ser tomadas en consideración. Por tanto, este apartado del único concepto de violación es inoperante. La segunda cuestión que se planteó en el concepto de violación, gira en torno a que se concede valor probatorio pleno al citado oficio de doce de mayo de dos mil veintiuno, sin que exista constancia alguna de que ese documento hubiese sido notificado a su destinatario, es decir a Banco Santander México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, ya que no existe sello o acuse de recibo de esa institución bancaria que lo demuestre, y menos se exhibe el oficio o documento que acredite que esa institución crediticia haya cumplido con lo ordenado en el oficio. Agrega que la autoridad demanda en el juicio administrativo simuló el cumplimiento de la sentencia, y que prueba de ello es que el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se constituyó acompañada de Luis Christian Ríos Vargas, Notario Público Sustituto número 10 en el Estado, con ejercicio y residencia en la ciudad de Apatzingán Michoacán, a fin de levantar un acta en la que se hizo constar: La entrega al Gerente de la Institución Bancaria Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México ubicado en la avenida Constitución Sur número, de un escrito suscrito por la quejosa en donde solicita información del estado de sus cuentas bancarias. La entrega un oficio de contestación y el texto de lo que aparece en la pantalla, consistente en dos hojas. Agrega que si bien, el acta se generó con posterioridad a la emisión el acto reclamado, la realidad es que acredita fehacientemente que las cuentas bancarias siguen inmovilizadas y que por tanto en forma indebida la autoridad responsable concedió valor probatorio pleno al oficio de doce de mayo de dos mil veintiuno. Y, finalmente señala que es evidente que la autoridad demandada no llevó a cabo el debido cumplimiento de la sentencia ejecutoriada de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, pues la realidad es que no se ordenó la liberación de los fondos de las cuentas bancarias 60587737854, 61587737854 y de la cuenta 62587737854, en la parte que corresponde a la quejosa. Argumentos que son inoperantes porque se introducen cuestiones ajenas a la litis del recurso de queja, porque no se advierte que ante la responsable se haya hecho valer el hecho de que el oficio con el que se dio cumplimiento a la sentencia del juicio administrativo, no se hubiera entregado, que constare de alguna forma su entrega, y en cuanto al acta destacada que aporta, carece de valor probatorio, porque si bien se trata de un documento público con base en el artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. En virtud de lo anterior, al resultar inoperante el concepto de violación procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se. RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Andrea Amezcua García, contra los actos que reclamó a la Sala Regional Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia en Morelia, Michoacán, en los términos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en que concluyó la emisión del fallo; y da fe la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo. 643/2021 OFICIO(S) 4723 y 4724

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