Andres Alejandro Delgado Barajas
Expediente 1172/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1172/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/05/2018
Partes del expediente
- Andres Alejandro Delgado Barajas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que en acuerdo de once de mayo de dos mil dieciocho se reservó requerir a la autoridad responsable, para que informara sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, hasta en tanto transcurriera el término otorgado a la parte quejosa en dicho auto. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección de Padrón y Licencias del Ayuntamiento de Guadalajara Jalisco, para que dentro del término de tres días dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, esto es, acredite haber recibido las solicitudes para licencia de anuncios espectaculares respecto de los domicilios señalados en la sentencia y con libertad de facultades provea lo que en derecho proceda respecto de las mismas, remitiendo constancia fehaciente de ello. En el entendido de que subsiste el apercibimiento realizado en proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho (foja 133), de conformidad con el tercer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de cuatro de abril del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Con el contenido del presente acuerdo, dese cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar. En esas condiciones, atento a lo dispuesto en el numeral Décimo Primero, tercer párrafo, del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger las documentales que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto lo de cuenta y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 359/2018, promovida por quien indica apoderado de quien indica, contra actos de autoridad. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, PÍDASE A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES SU INFORME PREVIO, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndoles al efecto copia de la demanda de garantías. Se les apercibe de las consecuencias que implica su falta, tal como lo disponen los artículos 142 y 260 de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las ONCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Previo a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, es menester determinar los actos reclamados cuya suspensión solicita. Así, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso precisa como tales: La aprobación, promulgación, publicación y aplicación de las reformas al Reglamento de Anuncios y Publicidad para el Municipio de Zapopan, Jalisco, publicadas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, particularmente los artículos 6, fracciones IX, XV y XXVIII, 12, párrafo primero, fracción I, 13, fracción II, IV, V, VI y VII, 16, último párrafo, 18, párrafo segundo, 20, párrafos segundo, tercero, cuarto y último, 25, 56, fracción XVIII, 56 Bis, 73 y 74. En tanto que se solicitó la medida cautelar para efecto de que se le permita continuar con la actividad de publicidad bajo las siguientes condiciones: Si existiera causa para revocar las licencias de las que aduce ser titular, se le conceda derecho de audiencia y defensa de manera previa a emitir la resolución que declare la revocación. No se aplique sanción alguna para el caso de no realizar las acciones de conservación, limpieza y mantenimiento de las áreas públicas que se encuentran alrededor de los anuncios. No se obligue a otorgar fianza al realizar el trámite de refrendo de las licencias municipales, ni se imponga sanción alguna por no cumplir con dicha disposición. Que no se condicione a la parte quejosa al cumplimiento de los requisitos no contemplados en el artículo 141 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 65 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, para el Ejercicio Fiscal 2016, al momento de realizar el pago del refrendo. Que no se impida el refrendo de las licencias ni se ordene la revocación de las mismas por motivo de que se encuentran a una distancia menor de doscientos cincuenta metros de monumentos e hitos urbanos. Que no se obligue a utilizar un tipo de lona en particular, como modalidad que limita el desarrollo de la publicidad exterior. Ello en relación a los anuncios ubicados en: a) avenida Vallarta 7642, en la colonia Puertas del Tule; y b) avenida Patria 3021, en la colonia Lomas del Bosque, ambos, ambos en Zapopan, Jalisco. Consecuentemente, se analizará la procedencia de la suspensión provisional respecto de las consecuencias de los actos reclamados. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 111/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 182529, de título: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". En esa tesitura, tomando en consideración que las consecuencias de lo reprochado constituyen actos a realizar en el futuro, y por ende, susceptibles de paralizarse, es procedente analizar si se reúnen las exigencias previstas por los artículos 107, fracción X, Constitucional; 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social". Conforme al precepto legal transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la Ley de Amparo, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Por otra parte, los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como exigencias para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. Por otro lado, el arábigo 148 de la ley de la materia, señala que cuando se reclame una norma autoaplicativa sin señalar un acto concreto de apliación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias del ordenamiento en la esfera jurídica del impetrante. Así las cosas, se NIEGA la suspensión provisional a la parte quejosa, para el efecto de que continúe con la actividad de publicidad exterior bajo las condiciones previstas en los numerales 1 a 6 referidos, tomando en consideración que la parte quejosa no demuestra ni aun de manera presuntiva, el interés suspensional que le asiste. Efectivamente, cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado una norma autoaplicativa que tenga efectos de difícil reparación, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos; sin embargo, en acatamiento a lo establecido en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Sin embargo, ello en el particular no aconteció, pues si bien la parte quejosa adujo contar con licencias vigentes para la autorización de la colocación de anuncios en el municipio de Zapopan, Jalisco; aquélla omitió adjuntar constancia fehaciente con la que acreditara lo anterior, justificando así la titularidad de los derechos que pretende defender. Lo anterior, con fundamento en las razones que informa la jurisprudencia P./J. 96/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 197239, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN"; así como en la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página doscientos veinticinco, del tomo VIII, julio de mil novecientos noventa y uno, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA". Asimismo, no pasa desapercibido el hecho de que exhibió copias certificadas de las licencias municipales para giro y/o anuncio del año dos mil diecisiete, sin embargo con dichas documentales no puede acreditar que tiene autorización vigente para la colocación de anuncios en Zapopan, Jalisco, toda vez que dichas licencias ya se encuentran vencidas y no se advierte el refrendo de las mismas para el año dos mil dieciocho. Por tanto, la parte quejosa incumplió con los requisitos legales suficientes previstos por el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo; toda vez que el relativo a que la suspensión fuera solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva. Esto es, ese acreditamiento implica que corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución de la legislación autoaplicativa que combate, emitida con el fin de privarlo de los derechos que aduce tener sobre los anuncios en cuestión. Ahora bien, la legislación aplicable en el caso, establece que las licencias deben ser refrendadas en los meses de enero y febrero de cada año, a fin de que puedan seguir realizando las actividades y giros que las mismas amparan. Lo anterior, se desprende del contenido del artículo 141 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como de los numerales 9, párrafo tercero, y 73, fracción X, del Reglamento de Anuncios y Publicidad para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que disponen: Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. "Artículo 141. El período de refrendo de licencias, tanto en giros como en anuncios, se iniciará el primero de enero y concluirá el día último de febrero, pudiendo prorrogarse con carácter general cuando así lo determine, mediante acuerdo escrito, la Tesorería Municipal, no excediendo dicha prórroga del día último del mes de abril". Reglamento de Anuncios y Publicidad para el Municipio de Zapopan, Jalisco. "Artículo 9. (.) Las licencias se expiden anualmente sin perjuicio de las facultades de inspección y revocación permanentes del municipio, previo al cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente reglamento y del pago de derechos, conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan vigente, pudiendo ser refrendadas sujetándose a lo que establece la Ley estatal en materia de Hacienda Municipal y el presente reglamento". "Artículo 73. La revocación de las licencias o permisos otorgados procederá en los siguientes casos: (.) X. Cuando el titular del anuncio no realice el refrendo dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Hacienda Municipal". De los preceptos transcritos se advierte que resulta una exigencia para la autorización de la colocación de anuncios en el municipio de Zapopan, Jalisco, el que estén amparadas con licencia municipal vigente; misma que deberá obtenerse y cubrirse previamente a la iniciación de las actividades o a la realización de los actos que la motiven. En esa medida resulta indispensable que la parte quejosa justificara contar con el refrendo correspondiente a su licencia municipal para giro y/o anuncio para el año dos mil dieciocho; y así, estar en aptitud de que con la suspensión solicitada se efectivizara el derecho que como licenciatario aduce tener en su favor. Por tanto, como se anticipó, es improcedente la suspensión provisional de los actos reclamados, en relación a los efectos precisados en párrafos anteriores; toda vez, que su petición no se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Es decir, de otorgarse la medida cautelar en esos términos, este Juzgado de Distrito se substituiría en las facultades que son exclusivas de las autoridades responsables a quienes compete regular mediante los permisos relativos las actividades comerciales que se realizan en dicha localidad; ello, tomando en cuenta que la parte quejosa no acredita contar con el refrendo correspondiente a la licencia para giro y/o anuncio. Adicionalmente, es improcedente conceder la suspensión provisional solicitada, pues de hacerlo se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, en oposición a lo dispuesto por la fracción II del artículo 128 invocado; en razón de que se facultaría a la parte quejosa para continuar con una actividad que legalmente requiere de licencia vigente expedida por autoridad competente, lo que en la especie no se encuentra demostrado. Se reitera, de conceder la suspensión en los términos imperantes, este Juzgado permitiría el desarrollo de su actividad sin estar acreditado que cuenta con la licencia correspondiente para ello, sustituyéndose entonces en las facultades de las autoridades administrativas a las que les corresponde el examen y trámite de esas exigencias en términos de la normatividad aplicable. Por tanto, la petición que se analiza no se ajusta a los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que de otorgarse la medida cautelar para el efecto que la solicita, sería tanto como invadir facultades de las autoridades responsables sin antes analizar el fondo del asunto en sentencia pues se permitiría ejercer una actividad que se encuentra reglamentada, cuestión que no le corresponde a los Jueces Federales. Cierto, de otorgar la suspensión para los efectos peticionados equivaldría a constituir un derecho que la quejosa, por el momento no tiene acreditado ni indiciariamente (licencia municipal con refrendo vigente); lo cual resulta improcedente, ya que en términos del artículo 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión de los actos reclamados en ningún caso podrá tener por efectos el modificar, restringir o constituir derechos que no se hayan tenido con anterioridad a la presentación de la demanda de garantías. Por tanto, de proveer de conformidad se equipararía a una sustitución de la autoridad de amparo en facultades exclusivas de las autoridades administrativas en contravención a la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, lo cual resulta inadmisible aún bajo el principio de apariencia del buen derecho. Es aplicable la jurisprudencia: "SUSPENSIÓN. ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, NO PROCEDE CONCEDERLA SI EL QUEJOSO NO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE IMPUGNE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE APOYA EL ACTO MATERIA DE LA. Tratándose de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de garantías, no es razón suficiente para otorgarla el solo hecho de que se reclame, entre otros, la inconstitucionalidad de la ley o reglamento que exija el permiso o licencia para ejercer alguna actividad, pues, de suceder así, se estaría en el incidente de suspensión, decidiendo sobre la necesidad o no de contar con la licencia respectiva para la realización de esa actividad, lo que significaría resolver el fondo del asunto, tema que no puede abordarse en la materia suspensional. No basta, pues, impugnar la inconstitucionalidad de las disposiciones que reglamenten una actividad para obtener del órgano de control constitucional la suspensión, a efecto de seguir realizando esa misma actividad, pues esto sería tanto como, por medio de la medida suspensional, evadir el cumplimiento de disposiciones legales de orden público, que deben acatarse mientras no se decida lo contrario, y equivaldría a una sustitución del Juez de Distrito en facultades exclusivas de las autoridades administrativas, en contravención a la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, lo que resulta inadmisible para este tribunal". (Época: Octava Época, Registro: 218415, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 57, Septiembre de 1992, Materia(s): Administrativa, Tesis: V.2o. J/44, Página: 63). Por todo lo anterior, se concluye que la parte quejosa incumplió con su obligación de justificar aún de manera indiciaria, el interés suspensional que le asiste como presunta titular de las licencias municipales relativas a la actividad respectiva. Es aplicable la tesis: "SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Con fundamento en el artículo 124 fracción II de la Ley de Amparo, no debe suspenderse la ejecución de los actos reclamados cuando se pretenda que el C. Juez de Distrito se sustituya a la autoridad administrativa con motivo de la suspensión, otorgando ésta en los casos en que el particular quejoso no cuenta con una autorización prevista en un reglamento, ya que así lo impone el interés público". (Época: Séptima Época, Registro: 248200, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Sexta Parte, Materia(s): Administrativa, Página: 513). No pasa inadvertido que si bien la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la aludida apariencia del buen derecho y el peligro de la demora, también lo es que se debe realizar un estudio simultáneo con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 128; análisis que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 165659, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO". Sin que en la especie sea dable realizar el examen que propone la parte quejosa, para efecto de conceder la suspensión. Se afirma lo anterior, pues para realizar ese análisis, más que un asomo a la posible inconstitucionalidad y/o ilegalidad de uno de los actos reclamados, se realizaría una labor interpretativa y de estudio profundo, lo cual, implicaría, como se dijo, no sólo un asomo a la inconstitucionalidad de lo reclamado, sino un verdadero análisis al fondo de la cuestión debatida. Circunstancias, que evidentemente en estos momentos no es dable determinar, porque se reitera, ello se traduciría en abordar cuestiones que atañen al fondo de la cuestión planteada; de ahí que sea improcedente conceder la medida cautelar para los efectos que se solicitaron. Es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/347 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 209401, de rótulo: "SUSPENSIÓN, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO". Similar criterio fue adoptado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el recurso de queja 99/2017 de su índice, en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Asimismo, notifíquese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, en términos de los artículos 5, fracción IV, y 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, por oficio. Así también, se les informa a las autoridades responsables que sólo se les notificará por oficio, los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, eso en términos de la jurisprudencia: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". (Época: Décima Época. Registro: 2002576. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2. Materia(s): Común. Tesis: 2ª./j. 176/2012 (10ª.). Página: 1253). Se tienen como autorizados del quejoso en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a quienes refiere, en razón de que sí cuenta con cédula profesional de abogado registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a las diversas personas que señala para tal efecto. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Asimismo, expídansele las copias certificadas únicamente de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, previo recibo y razón que se otorgue en autos, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en el entendido que deberá de reiterar su petición respecto de las que no obran aun en autos. De conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007), y del Acuerdo General del propio Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, hágase saber a las partes que sus datos personales se harán del conocimiento de terceros, pero podrán oponerse en los términos, plazos y condiciones establecidos en esos ordenamientos.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
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