Andrei Aguilera Nuñez
Expediente 2244/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2244/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/01/2023
Partes del expediente
- Andrei Aguilera Nuñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el oficio que suscribe el Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco; con relación a la autorización para la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto; se acuerda favorable su solicitud, y se comisiona al Secretario del Juzgado habilite la vía electrónica de acuerdo con las condiciones que la misma requiera, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de la materia.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que, por acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio que remitió el Presidente Auxiliar de la Décimo Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, Secretario y Actuario adscrito, en el que remitió copia certificada de las constancias de emplazamiento y notificación realizadas a la parte demanda en en el juicio laboral 1392/2019-E, de su índice. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la responsable. Por lo tanto, se procede de oficio a RESOLVER CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Los efectos de la concesión del amparo quedaron precisados en el considerando correspondiente de la sentencia de diez de noviembre de dos mil veintidós, haciéndose consistir en que la autoridad responsable Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, Presidente de la Doceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y Actuario Notificador adscrito efectúen las gestiones necesarias a fin de llevar a cabo la notificación del último auto en que señaló fecha para la audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones, a la parte demandada en el juicio laboral de origen 1392/2019-E. Mediante acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que en ese mismo proveído se dio vista a la parte quejosa con las constancias allegadas por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a derecho correspondiera. Ahora bien, de las constancias certificadas allegadas, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto, la responsable Décimo Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, el quince de noviembre de dos mil veintidós llevo a cabo la notificación y emplazamiento a la parte demanda en el juicio laboral 1392/2019/12-E. En consecuencia, conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, sin exceso ni defecto. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Sentencia: 1. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la parte quejosa contra los actos y por las razones expuestas en el considerando 7 de esta sentencia.
- Principal
Visto lo de cuenta y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 2296/2021, promovido por LA PARTE QUEJOSA contra actos de autoridades. En términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. La que se procurará practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, PÍDASE A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES SU INFORME PREVIO, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndoles al efecto copia de la demanda de garantías. Se les apercibe de las consecuencias que implica su falta, tal como lo disponen los artículos 142 y 260 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio que de no lograrlo por esa vía, tendrán que ser notificada en el domicilio oficial de la misma. En relación a lo anterior, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe previo al correo electrónico institucional priscila.barragan.castellanos@correo.cjf.gob.mx con la precisión de que el mismo deberá encontrarse firmado de manera electrónica; por lo que de no contar con dicho requisito, el mismo no será válido. Asimismo, al momento de rendir su informe antes mencionado, y por esa vía, en caso de remitir documentales vía digital, bajo protesta de decir verdad, manifiesten que los documentos digitalizados son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos, tal como lo dispone el artículo 3, fracción VI, del citado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Previo a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, es menester determinar los actos reclamados cuya suspensión solicita. Así, de la demanda de amparo se advierte que se reclama: Consecuentemente, se analizará la procedencia de la suspensión, por lo que este órgano jurisdiccional procede a fijar la situación a fin de conservar la materia del juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 4/2019, con registro 2019200, de título: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA". En esa tesitura, tomando en consideración que las consecuencias de lo reprochado constituyen actos a realizar en el futuro, y por ende, susceptibles de paralizarse, es procedente analizar si se reúnen las exigencias previstas por los artículos 107, fracción X, Constitucional, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social". Conforme al precepto legal transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la Ley de Amparo, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Por otra parte, los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como exigencias para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En los términos expuestos, se CONCEDE a LA PARTE QUEJOSA, la suspensión provisional solicitada para el efecto de que no se ejecute la sanción impuesta en la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en el procedimiento administrativo dictada por la Comisión Municipal de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, consistente en la suspensión de su cargo, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva el presente incidente de suspensión. Lo anterior, necesariamente implica que el quejoso continué percibiendo su salario y demás prestaciones y emolumentos que en derecho le correspondan; además, para el efecto de que no se realice la anotación ni anexo alguno en el expediente personal del quejoso. Lo anterior, tomando en consideración que con la concesión no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social, pues de cualquier manera, de ser el caso, una vez ejecutada la sanción, el funcionario público se reincorporaría a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio. Máxime que, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la suspensión temporal se ejecute, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación, pues la imagen del servidor público se vería desacreditada, aspecto que no se repararía, ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo, o bien, podría quedar en parte sin materia el amparo, en caso de que transcurra el plazo por el cual se decretó la suspensión temporal y no se resolviera en definitiva. Sirve de apoyo por las razones que la informan la jurisprudencia: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO. La sanción que se impone al aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en la suspensión temporal en el cargo, no tiene por objeto salvaguardar el servicio de manera directa, de ahí que sea patente que el interés público no se ve afectado al otorgarse la suspensión provisional del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio, aunado a que en esta hipótesis, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la suspensión temporal se ejecute, se causarían al servidor público daños y perjuicios de difícil reparación, pues su imagen se vería desacreditada, aspecto que no se repararía, ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo". (Época: Novena Época. Registro: 181659. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Abril de 2004. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 34/2004. Página: 444). Así, no es obstáculo que, la medida cautelar pudiera comenzado a ejecutarse. Ello, porque conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, puede ordenarse que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, se ordenará restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Entonces, si en el caso, la medida cautelar se solicitó con la finalidad de paralizar la suspensión temporal del cargo, de la que no se tiene certeza si comenzó a ejecutarse, ello no constituye obstáculo para otorgarla, sino que al constatar que no se sigue perjuicio al orden público ni al interés social, además del peligro en la demora, en el caso se justifica tutelar al peticionario de amparo a través de la suspensión con efectos de restablecer las cosas al estado en que se encontraban previo al dictado de la resolución reclamada, toda vez que no existe impedimento jurídico o material para ello, puesto que para seguir desarrollando su actividad en los términos en los que venía haciéndolo. Por tanto, dicha medida cautelar se otorga con la finalidad de mantener viva y preservar la materia del juicio, evitando que los actos reclamados sean ejecutados de forma irreparable, asegurando la situación jurídica de que se trata, protegiendo así los intereses del impetrante de amparo, en tanto se dicta la suspensión definitiva de los actos reclamados, evitando que se decrete el sobreseimiento en el juicio principal y previniendo daños y perjuicios de imposible reparación que pudieran irrogársele con la ejecución de los actos que por esta vía se reclaman. Tiene aplicación la jurisprudencia I.3o.A. J/44, con número de registro 212751, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de título: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA". La anterior medida cautelar surte sus efectos desde luego, de conformidad con el numeral 136 de la Ley de Amparo, siempre y cuando los actos combatidos hayan sido emitidos por las autoridades señaladas como responsables, obedezcan a los antecedentes narrados en la demanda de amparo, y no se encuentren consumados en definitiva; además, se otorga sin exigir garantía en términos de lo dispuesto por los artículos 132 y 135 de la Ley de Amparo, en razón de que no existe tercer interesado al cual se le pueda irrogar perjuicio con la presente concesión, y debido a que el presente juicio no trata de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal. Asimismo, notifíquese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, en términos de los artículos 5, fracción IV de la Ley de Amparo; conforme a lo previsto por el artículo 29 del mismo ordenamiento, en que prevé la notificación por medio de lista electrónica, que se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Se tiene como autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a por así haberlo solicitado el promovente y en razón de que cuenta con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Con relación a la autorización para la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto y la práctica de sus notificaciones por dicha vía; se acuerda favorable su solicitud, y se comisiona al Secretario del Juzgado habilite la vía electrónica de acuerdo con las condiciones que la misma requiera, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de la materia y al Actuario adscrito para que practique las notificaciones, incluso las de carácter personal, en la citada vía, dado que la parte quejosa lo solicitó expresamente. Sin que se reconozca el domicilio procesal que señala al haberse habilitado las notificaciones vía electrónica. Por tanto, el correo electrónico y teléfono que indica, solo será únicamente para comunicaciones no procesales y entablar contacto de manera expedita con las personas justiciables, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En relación a la solicitud del uso de medios electrónicos y digitales en el presente asunto, dígasele que no existe inconveniente para que las personas autorizadas en el juicio de amparo se impongan del contenido de los acuerdos dictados en el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos como lo son cámaras o lectores ópticos, dejando constancia en autos de la reproducción realizada. Dígasele al oficiante que el uso que den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Ahora bien, con respecto a su solicitud; en atención a su contenido, expídansele las copias certificadas de las constancias que solicita, previo recibo y razón que se otorgue en autos, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se exhorta al resto de las partes, para que si les es posible, actúen de manera electrónica, desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Dígasele a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículo 1, 3, fracciones IX, X, y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV, y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones así como la sentencia que se emitan en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se emitan se publicarán sin supresión de datos.
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