ANDREA VARELA LOPEZ y Otros.

Expediente 1103/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1103/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Andrea Varela Lopez
  • ANDREA VARELA LOPEZ y Otros.
  • Titular de la Oficina Representativa En Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda A Refugiados Con Sede En Tapachula, Chiapas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, con el oficio recibido vía electrónica por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la suspensión definitiva decretada en la resolución interlocutoria de cuatro de octubre del año actual; asimismo, remite copia de diversas documentales. Al efecto, informa que en acuerdo de dos de octubre de dos mil veintitrés, previno a los quejosos para que dentro del término de cinco días hábiles, a partir de su notificación realizada por correo electrónico el tres de octubre del año en curso (foja 86), se presentaran ante las instalaciones de las oficinas que ocupa el centro de Registro de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas y por diverso de seis de noviembre de dos mil veintitrés, se advierte que la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, en la citada fecha, desechó el trámite de los quejosos, para obtener la condición de refugiados, ante la falta de interés jurídico para darle continuidad por estos, debido a que los promoventes no se presentaron ante esa autoridad para continuar con el inicio del trámite de procedimiento de condición de refugiados, y con ello, se declaró imposibilitada para continuar con el procedimiento de los mismos. En atención a lo anterior, se tienen por hechas las manifestaciones de la potestad responsable en el oficio de cuenta, y por recibidas las documentales que se acompañan al mismo, para los efectos legales conducentes. Finalmente, no pasa desapercibido lo manifestado por la autoridad oficiante, relativo a los datos que refiere confidenciales plasmados en el oficio de cuenta, por lo que la información proporcionada se atenderá con la debida formalidad y en los términos que establecen los artículos 8º, 9º en relación con el 1º, y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; aunado a que el uso de la información proporcionada solo es del conocimiento de las partes que intervienen en este sumario constitucional y ello se gestiona así, observando los lineamientos que establecen los preceptos normativos previamente invocados. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de la Secretaria que autoriza, Berthalicia Concepción Tovilla Rodríguez, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. (...) En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XVII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambas de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo.

  3. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito firmado electrónicamente por la licenciada *** autorizada de la parte quejosa **** mediante el cual promueve incidente de violación a la suspensión, en que ha incurrido la autoridad responsable, al no dar cumplimiento a la suspensión definitiva de cuatro de octubre de dos mil veintitrés ***, y solicita se dé vista al Ministerio Público de la Federación para efecto de la integración de la carpeta de investigación por el delito previsto en el artículo 262 fracción II de la Ley de Amparo. Al respecto, es importante indicar que en resolución incidental de cuatro de octubre de dos mil veintitrés (fojas 41-52), se concedió la suspensión definitiva a los quejosos, para el efecto de que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ? En caso de que los aquí quejosos reunieran las condiciones y requisitos establecidos en la ley de la materia; dentro del término de diez días hábiles, les expidieran la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados; hecho lo anterior, una vez que contaran con dicha constancia, se les otorgara la Clave Única de Registro de Población (CURP), de carácter temporal. Lo anterior, como se puede advertir de la transcripción siguiente: ".Por lo tanto, tomando en consideración lo resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en los recursos de queja 23/2023, 24/2023, 26/2023 y 46/2023, con fundamento en los artículos 128, 129, 131, 136 y 138 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 59 párrafo tercero de la Ley de Migración, se concede la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que las autoridades responsables Titular y Encargado de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, en el ejercicio de su facultad potestativa de conformidad con el artículo 26 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en caso de que los quejosos reúnan las condiciones y requisitos establecidos en la ley de la materia; dentro del término de diez días hábiles, les expidan la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados; hecho lo anterior, una vez que cuenten con dicha constancia, se les otorgue la Clave Única de Registro de Población (CURP), de carácter temporal, con la finalidad de que no se deje en estado de indefensión a los impetrantes de amparo; y no se afecten de manera irreparable los servicios de salud, seguridad jurídica, educación, identidad, empleo y cualquier otro servicio que otorgue el Estado, que atente contra los derechos fundamentales y ante la ausencia de ello, no se agrave su situación de vulnerabilidad. En efecto, tanto la constancia de trámite de reconocimiento de la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población (CURP), son esenciales para que las personas migrantes gocen plenamente del derecho de identidad y libre desarrollo de la personalidad; sin que ello implique que los mencionados documentos tengan el carácter de definitivos y dejen sin materia el trámite pretendido, y el juicio principal de donde emana este incidente, dada la naturaleza de vigencia temporal de la Clave Única de Registro de Población. Es de señalarse además, que los términos en que se decreta esta medida suspensiva, sólo es de manera provisional conforme a la temporalidad y condiciones previstas en el artículo Cuarto, punto 3 párrafo segundo del Instrumento Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, los documentos de identificación cuya expedición se ordena expedir conforme a las facultades y atribuciones de las autoridades responsables (es decir, que se cumplan con los requisitos previstos en la Ley de la Materia), tendrán vigencia que no podrá exceder de ciento ochenta días naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. Aunado a que la suspensión otorgada no es de carácter definitivo ni deja sin materia de estudio el amparo, puesto que para pronunciarse respecto a la concesión de la suspensión del acto reclamado, no se examina el fondo del asunto. Lo anterior, se reitera obedece a la necesidad de evitar indefensión y que los derechos humanos de la quejosa migrantes, no se vean afectados de manera irreparable." Bajo ese panorama, dígasele a la promovente que como se puede advertir de lo antes expuesto, no se concedió la suspensión definitiva a los directos quejosos para que las citadas responsables de manera inmediata les expidieran las constancias de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP), sino que se otorgó el plazo de diez días hábiles para que se le expida las citadas documentales, previo cumplimiento con las condiciones y requisitos correspondientes. SOLICITUD DE VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO. Ahora bien, respecto a su solicitud de dar vista al Agente del Ministerio Publico de la Federación, dígase a la autorizada de los quejosos que no ha lugar acordar de conformidad su petición, pues como se vio, parten de una premisa falsa en cuanto a la forma en que fue concedida la suspensión definitiva, por lo que, no se actualiza el supuesto del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Aunado a que no demuestran el impedimento que tuvieran para formular la denuncia ante la autoridad competente, en términos de los artículos 21 y 102, apartado A, segundo párrafo, de la Carta Magna. Por otra parte, resulta conveniente mencionar que el cumplimiento a la suspensión está regulado mediante dos sistemas, el que ve directamente al cumplimiento del auto de suspensión, que no tiene tramitación incidental, y otro que ve al desacato de la autoridad responsable, que da lugar a un trámite incidental. El primero de los citados sistemas se encuentra previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 158. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de esta Ley. En caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento" El precepto legal transcrito dispone que para hacer efectiva la medida suspensional se debe observar el Título Quinto denominado "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos", de la Ley de Amparo, que consagra los medios que el legislador proporcionó al órgano judicial para lograr la eficacia de sus resoluciones tales como las ejecutorias que conceden la protección de la Justicia Federal así como las resoluciones suspensionales; dichos medios consisten en: multa, expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia, auxilio de la fuerza pública, así como la puesta del infractor a disposición del Ministerio Público de la Federación. Bajo esa tónica, el segundo sistema, que es el que nos ocupa, se encuentra regulado en el Título Tercero, capítulo V denominado "Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión" de la Ley de Amparo, conformado por los numerales 206 al 209 los cuales desarrollan dicha incidencia en los términos siguiente: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." "Artículo 207. El incidente se promoverá ante la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante la presidenta o el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo.." "Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes: I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas; II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución. Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." Conforme al primer precepto legal transcrito, en tanto no se dicte sentencia ejecutoriada, se podrá promover el incidente que se resuelve, entre otros supuestos, por el incumplimiento de la suspensión decretada por el juzgador constitucional. Asimismo, el incidente que nos ocupa se promoverá ante el tribunal colegiado de apelación, tratándose del amparo biinstancial y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la medida cautelar fue concedida en el amparo directo. La incidencia en cuestión se tramitará por escrito con copias para las partes, ofreciendo las pruebas relativas; el órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de los diez días y requerirá a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días rinda su informe, en la inteligencia de que la falta o deficiencia del mismo presumirá cierta la conducta reclamada; finalmente, en la audiencia se recibirán las pruebas ofertadas, se concederá la oportunidad a las partes para que aleguen oralmente lo que consideren pertinente y se dictará la resolución. Si resulta que la autoridad responsable no ha cumplido la suspensión o, en su caso, lo ha hecho de manera excesiva, defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza insuficiente, se le requerirá para que en el plazo de veinticuatro horas cumpla la suspensión adecuadamente, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Fiscal Ejecutivo Titular. Pues bien, de lo relatado se destacan las siguientes características del incidente que nos ocupa: a) No es de oficio, puesto que requiere la promoción de parte, lo que indudablemente excluye la posibilidad de apreciar el principio de orden público; b) Es represivo en la medida que su principal consecuencia es la sanción a la autoridad que incumplió la orden de suspender el acto reclamado; y, c) Ante la violación de la suspensión, el juzgador también puede declarar la nulidad del acto infractor y, de hecho, es en este sistema donde tradicionalmente se hace dicha declaración. Ello se explica en la tesis I.3o.C.69 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de dos mil quince, tomo III, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SISTEMAS REGULADOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 165/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 637, de rubro: VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE., sostuvo que el cumplimiento del auto de suspensión en materia de amparo está regulado en dos sistemas diferentes que funcionan paralelamente: el primero, previsto en los artículos 104 y 105, párrafo primero, 107 y 111 de la anterior Ley de Amparo, que proporciona al juzgador los medios legales para requerir a las autoridades responsables y lograr de ellas el cumplimiento de la resolución que concedió la suspensión del acto reclamado, sea provisional o definitiva; y el segundo, contenido en el artículo 206 de dicha ley, que establece la forma y momento en que habrá de sancionarse a la autoridad responsable que no dé cumplimiento a esa medida; sistemas que pueden aplicarse paralela y simultáneamente. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente consigna preceptos de similar contenido a los que se interpretaron en la aludida jurisprudencia; así, los artículos 143, 104, 105, párrafo primero; 107, 111, 206, 130 y 139 de la Ley de Amparo abrogada, se corresponden esencialmente (en ese orden), con los numerales 158, 192, 193, 194, 211, 136 y 139 de la ley vigente. No obstante existe una notable diferencia, pues mientras el artículo 143 remitía al capítulo que contenía el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que se empleaba analógica y sólo parcialmente en tratándose de la suspensión, el artículo 158 de la Ley de Amparo en vigor remite al título quinto, denominado "Medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos" y no a las reglas previstas al respecto para lograr a su vez el eficaz cumplimiento de las ejecutorias que conceden la protección constitucional. Sin embargo, con independencia de esto, en la actualidad, con las precisiones legales correspondientes, aún puede afirmarse que el cumplimiento del auto de suspensión está regulado mediante dos sistemas; uno que ve directamente al cumplimiento del auto de suspensión, que no tiene tramitación incidental y otro que ve al desacato de la autoridad responsable, que da lugar a un trámite incidental. Sistemas que el juzgador puede aplicar simultáneamente y que funcionan paralelamente. El primer sistema es el que establece el artículo 158 de la Ley de Amparo, el cual permite al juzgador hacer cumplir la resolución suspensional y/o tomar las medidas necesarias para su cumplimiento y tiene las siguientes características: a) su objetivo primordial no es determinar si se violó la suspensión, sino conseguir su cumplimiento; b) no requiere tramitación incidental; c) es oficioso (orden público), aunque no se excluya la posibilidad de petición de parte; d) es preventivo, pues de su éxito depende que no se promueva el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión; y, e) ante la violación de la suspensión, el juzgador puede declarar la nulidad del acto infractor para volver las cosas al estado que tenían al momento en que se concedió la medida que la naturaleza del acto reclamado lo permita). Por su parte, el segundo sistema es el que establece el capítulo V del título tercero, denominado "Cumplimiento y ejecución" de la Ley de Amparo, que va del artículo 206 al 209, y regula el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, el cual tiene las siguientes características: a) no es de oficio, puesto que requiere la promoción de parte, lo que indudablemente excluye la posibilidad de apreciar el principio de orden público, evidente en el otro sistema; b) es represivo en la medida de que su principal consecuencia es la sanción a la autoridad que incumplió la orden de suspender el acto reclamado; c) ante la violación de la suspensión, el juzgador también puede declarar la nulidad del acto infractor y, de hecho, es en este sistema donde tradicionalmente se hace dicha declaración (aunque si en el otro sistema se hizo, entonces no habrá necesidad de reiterarla y la resolución incidental se limitará al análisis de la responsabilidad de la autoridad responsable en la violación a la suspensión)." De lo expuesto es dable concluir que los sistemas previstos en la Ley de Amparo, para el cumplimiento de la suspensión, participan del objetivo común concerniente de modo primordial al acatamiento de dicha medida cautelar, con independencia de la sanción mediata que pueda ser imputable a las autoridades que sean contumaces en la consecución de dicho cometido. Lo anterior es así, porque cuando la parte quejosa goza de la suspensión otorgada por el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito, las autoridades responsables se encuentran obligadas a respetar la citada medida precautoria, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En ese entendido, a efecto de determinar si existe o no incumplimiento de la suspensión decretada por este juzgado como lo sostiene la parte quejosa, y se proceda conforme al artículo 209 de la Ley de Amparo, es pertinente tener presente el contenido de los artículos 125, 136 y 139 del ordenamiento legal en cita que establecen lo siguiente: Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido." Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional" Como se advierte de los numerales transcritos, la obligación de las autoridades señaladas como responsables en un juicio de amparo, de cumplir la resolución en que se concede la suspensión del acto reclamado, sea de plano, provisional o definitiva, surge a partir de que se notifica la determinación correspondiente, por lo que es a partir de ese momento que deben realizar todas las diligencias necesarias para suspender, de manera inmediata, la ejecución del acto reclamado, en los términos en los que fue otorgada dicha medida cautelar, ya que no hacerlo implica necesariamente un desacato o desobediencia a ese mandato judicial. La suspensión surte sus efectos desde el momento en que se pronunció la resolución correspondiente, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario no se cumpliría con su finalidad, que es mantener viva la materia del acto reclamado. Así, en términos generales, para determinar el incumplimiento por parte de las autoridades responsables, se debe partir del acreditamiento de los siguientes supuestos: a) Que la medida cautelar se haya concedido por órgano competente. b) Que la resolución donde se otorgó y decidió surtió efectos, es decir, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia; y, c) Que con fecha posterior al conocimiento del otorgamiento de la medida suspensional, la autoridad responsable haya inobservado o desacato la misma; es decir, si aquélla ordena paralizar el acto reclamado, las autoridades responsables la ejecutaron o, en su caso, si les ordena la realización de actos positivos, las autoridades se abstienen de llevar a cabo tales acciones. Sirve de apoyo a la consideración anterior, por analogía, la tesis que se aplica por analogía, a instancia de Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, página seiscientos ochenta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE. Para que pueda determinarse violación a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a), que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b), que el acuerdo donde se otorgó y decidió surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia, y c), que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida." Asimismo, se dejan a salvo los derechos de los directos quejosos para que promuevan lo que consideren jurídicamente correcto. SE REQUIERE A AUTORIDAD. Finalmente y en aras de no dejar en estado de indefensión a los aquí quejosos, requiérase a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contado a partir de su legal notificación, informen a esta autoridad, el estado procesal que guarda el expediente administrativo relativo a la solicitud de la condición de refugiados de ***, debiendo remitir en copia certificada de las constancias correspondientes. Con el apercibimiento que de no hacerlo de manera oportuna, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237 fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que se autoriza que realice el envío de constancias a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de la Secretaria que autoriza, Berthalicia Concepción Tovilla Rodríguez, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy f

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL.- En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, cuatro de octubre de dos mil veintitrés.- Por lo anterior expuesto y fundado, con base en lo establecido por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a *** por propio derecho y en representación de su infante hijo de identidad reservada de iniciales ***; así como por ****, por propio derecho y en representación de su infante hijo de identidad reservada de iniciales ****, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a *** por propio derecho y en representación de su infante hijo de identidad reservada de iniciales ***; así como por ***, por propio derecho y en representación de su infante hijo de identidad reservada de iniciales ***, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, en términos del considerando sexto de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de la Secretaria que autoriza Berthalicia Concepción Tovilla Rodríguez, quien certifica que la resolución interlocutoria se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

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