Andrea Reyna Cruz
Expediente 620/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Andrea Reyna Cruz
- Eduardo de Jesus Ruíz Choel
- Andrea Reyna Cruz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés (fojas 13-22), que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. En tal virtud comuníquese lo anterior a las partes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara como concluido y se ordena su archivo en los términos siguientes: Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Subdelegado de Administración de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y otra autoridad, la cual obra en copia simple con la firma de los promoventes y con la firma electrónica de ***. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, en el Libro de control electrónico y registrar bajo el número de juicio de amparo 620/2023***. CONSIDERACIONES PREVIAS En principio, es necesario señalar que Ley de Amparo, en sus numerales 3 y 15, en relación con el 109, faculta a cualquier persona a promover demanda de amparo en nombre de otra que, por sus condiciones, está imposibilitada para suscribir una demanda de amparo; incluso, para el caso de que la demanda se presente vía electrónica, es factible tramitarla a pesar de que no esté firmada por su remitente. Sin embargo, dichos supuestos de representación extraordinaria, están limitados a que los actos reclamados en la demanda estén dentro de aquellos catalogados como urgentes por el propio artículo 15 de la Ley de Amparo, o bien, dentro de los contemplados y prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Ahora bien, en el caso concreto, a criterio de la suscrita juzgadora, no se verifica esa última condición, dado que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por los directos quejosos ***, son los siguientes: "De las Autoridades señaladas como responsables, reclamo la Omisión de dar respuesta y notificación al derecho de petición que respectivamente que se elevó con fecha y sello de recibido el 28 de febrero del 2022 presentando en las oficinas del departamento de recursos humanos en la delegación estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado". Precisado lo anterior, debe decirse que tales actos no encuadran con los artículos antes señalados, por lo que, es evidente que no requieren de proveer sobre la suspensión de plano y no son urgentes, ya que no son actos de los indicados en el artículo 22 Constitucional, es decir que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En el caso particular, se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo, que establecen: (...) Bajo esa óptica jurídica, el artículo 6° de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. En efecto, en primer lugar es preciso señalar que la demanda de amparo de que se trata, fue enviada a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, siendo que en relación a dicho procedimiento, el artículo 3° de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Conforme a la reglamentación señalada, es claro que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Por su parte, es menester destacar que el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, señala que para que los usuarios puedan acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que las personas cuenten con firma electrónica, reconocida por el Poder Judicial Federal a través de la Unidad de Control de Certificación de Firmas, que se registren en el Sistema, y vincular dicho registro con su firma electrónica. Además, establece como excepción de la obligación de contar con dicho registro, para el caso de que se promuevan demandas en las que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que en tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. En el caso que nos ocupa, tomando en consideración las razones expuestas con anterioridad donde se explicó que los actos reclamados no son de los que se requiera la suspensión material y urgente y que la demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea respectivo; por ende, debe decirse que acorde a las firmas que aparecen escaneadas en la última foja del escrito de demanda y conforme a la evidencia criptográfica que se encuentra anexa a la demanda y en cada una de las fojas que la compone, se tiene que la misma fue firmada electrónicamente por ***, y no por los directos quejosos ***. Atendiendo a lo anterior, se evidencia que la demanda que nos ocupa no se encuentra firmada electrónicamente por la parte a la cual supuestamente perjudica el acto reclamado, esto es, por ***, sino por ***, sin que éste último se acredite, ni siquiera indiciariamente, tener alguna representación. Consecuentemente, en virtud de que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que la voluntad de la parte de ejercer un derecho, se manifiesta mediante la firma o si no lo sabe hacer, a través de la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego; o bien, en el caso de la demanda presentada vía electrónica, debe demostrarse que fue enviada con la firma electrónica de quien reciente el agravio personal y directo; por tanto, es evidente que en el caso no es factible colmar ese requisito, si con facilidad se vislumbra que persona distinta a los agraviados firmaron la demanda presentada vía electrónica. Bajo ese contexto, toda vez que la demanda de amparo en cuestión carece del signo electrónico correspondiente a los directamente agraviados, que equivale a la firma autógrafa que exteriorice la voluntad de la persona que demanda la protección constitucional; y, dado que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ante la ausencia de ésta, debe declararse improcedente el juicio que nos ocupa promovido por ***, de conformidad con lo dispuesto por los numerales señalados. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo I, página 5, Materia(s): Común, Undécima Época, registro digital 2025488, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA DURANTE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR EL VIRUS ****, A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE DESECHARSE CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO, SALVO QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE AMPARO.(...)." En ese sentido, con fundamento en el artículo 113, con relación al numeral 61, fracción XXIII, y éste en relación con los diversos 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo, lo conducente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al no existir petición de la parte quejosa que figura como afectada por los actos de autoridad. Siendo pertinente aclarar que en la especie no resulta procedente requerir a los directamente agraviados para que corrijan tal circunstancia, en virtud de que la firma electrónica que aparece en el documento pertenece a persona diversa a los impetrantes, quien no fue ni designado como su autorizado legal; por ende, dicho requisito no es de aquellos de los que prevé el artículo 108 de la Ley de la Materia, que pueda subsanarse a través de un requerimiento, sino como ya se dijo, es la voluntad del que acude ante el órgano de control constitucional a promover en su nombre juicio de amparo; por lo tanto, dicho caso no queda comprendido dentro de las prevenciones subsanables por el primero de los numerales citados. Aunado a lo anterior, la omisión de dicha formalidad de la demanda por parte de los promoventes no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo vigente, que dé lugar a su aclaración pues de así considerarlo, ello provocaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con firma o sin ella, presentaran escritos para después en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad de promover cuando este debió ser oportuno. De ahí que si los directos quejosos ***, elevan el reclamo respectivo, y no se cuenta con la firma electrónica necesaria para validar la voluntad de instar el presente juicio, al haber presentado su demanda en la vía electrónica, en equivalencia de la firma autógrafa respectiva, sino que quien firmó la demanda es diversa persona; es evidente que no se cumple con el requisito de instancia de parte agraviada para proceder al trámite de su demanda. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que de la demanda en cuestión, se advierta que se encuentre signada al parecer por los directos quejosos, ya que ésta al ser una copia simple, carece por sí misma, de valor probatorio pleno, por lo que, resulta insuficiente para satisfacer el requisito de instancia de parte agraviada, ya que no debemos de perder de vista que la firma electrónica con la que fue promovida la demanda, no tiene el efecto de certificar documentos, sino únicamente la de autentificar los escritos que promueva el titular de la evidencia criptográfica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 214 de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Quinta Parte, página 71, registro 242775, que establece: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Así como la tesis del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Compilada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo X, octubre de 1992, página 315, registro 218142, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. (..)." Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***. Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpretan la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Notifíquese la presente determinación a la parte promovente, por única ocasión en el domicilio que señaló en su escrito de demanda. Sin que se este órgano jurisdiccional haga mayor pronunciamiento en relación a los autorizados que designa, así como del correo electrónico y usuario para consulta de expediente electrónico que proporciona, toda vez que se desechó la presente demanda por los motivos expuestos en párrafos que preceden. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes *** cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, este último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
CITATORIO).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, INCISO B), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA ***, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Subdelegado de Administración de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y otra autoridad, la cual obra en copia simple con la firma de los promoventes y con la firma electrónica de ***. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, en el Libro de control electrónico y registrar bajo el número de juicio de amparo 620/2023***. CONSIDERACIONES PREVIAS En principio, es necesario señalar que Ley de Amparo, en sus numerales 3 y 15, en relación con el 109, faculta a cualquier persona a promover demanda de amparo en nombre de otra que, por sus condiciones, está imposibilitada para suscribir una demanda de amparo; incluso, para el caso de que la demanda se presente vía electrónica, es factible tramitarla a pesar de que no esté firmada por su remitente. Sin embargo, dichos supuestos de representación extraordinaria, están limitados a que los actos reclamados en la demanda estén dentro de aquellos catalogados como urgentes por el propio artículo 15 de la Ley de Amparo, o bien, dentro de los contemplados y prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Ahora bien, en el caso concreto, a criterio de la suscrita juzgadora, no se verifica esa última condición, dado que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por los directos quejosos ***, son los siguientes: "De las Autoridades señaladas como responsables, reclamo la Omisión de dar respuesta y notificación al derecho de petición que respectivamente que se elevó con fecha y sello de recibido el 28 de febrero del 2022 presentando en las oficinas del departamento de recursos humanos en la delegación estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado". Precisado lo anterior, debe decirse que tales actos no encuadran con los artículos antes señalados, por lo que, es evidente que no requieren de proveer sobre la suspensión de plano y no son urgentes, ya que no son actos de los indicados en el artículo 22 Constitucional, es decir que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En el caso particular, se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo, que establecen: (...) Bajo esa óptica jurídica, el artículo 6° de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. En efecto, en primer lugar es preciso señalar que la demanda de amparo de que se trata, fue enviada a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, siendo que en relación a dicho procedimiento, el artículo 3° de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Conforme a la reglamentación señalada, es claro que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Por su parte, es menester destacar que el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, señala que para que los usuarios puedan acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que las personas cuenten con firma electrónica, reconocida por el Poder Judicial Federal a través de la Unidad de Control de Certificación de Firmas, que se registren en el Sistema, y vincular dicho registro con su firma electrónica. Además, establece como excepción de la obligación de contar con dicho registro, para el caso de que se promuevan demandas en las que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que en tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. En el caso que nos ocupa, tomando en consideración las razones expuestas con anterioridad donde se explicó que los actos reclamados no son de los que se requiera la suspensión material y urgente y que la demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea respectivo; por ende, debe decirse que acorde a las firmas que aparecen escaneadas en la última foja del escrito de demanda y conforme a la evidencia criptográfica que se encuentra anexa a la demanda y en cada una de las fojas que la compone, se tiene que la misma fue firmada electrónicamente por ***, y no por los directos quejosos ***. Atendiendo a lo anterior, se evidencia que la demanda que nos ocupa no se encuentra firmada electrónicamente por la parte a la cual supuestamente perjudica el acto reclamado, esto es, por ***, sino por ***, sin que éste último se acredite, ni siquiera indiciariamente, tener alguna representación. Consecuentemente, en virtud de que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que la voluntad de la parte de ejercer un derecho, se manifiesta mediante la firma o si no lo sabe hacer, a través de la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego; o bien, en el caso de la demanda presentada vía electrónica, debe demostrarse que fue enviada con la firma electrónica de quien reciente el agravio personal y directo; por tanto, es evidente que en el caso no es factible colmar ese requisito, si con facilidad se vislumbra que persona distinta a los agraviados firmaron la demanda presentada vía electrónica. Bajo ese contexto, toda vez que la demanda de amparo en cuestión carece del signo electrónico correspondiente a los directamente agraviados, que equivale a la firma autógrafa que exteriorice la voluntad de la persona que demanda la protección constitucional; y, dado que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ante la ausencia de ésta, debe declararse improcedente el juicio que nos ocupa promovido por ***, de conformidad con lo dispuesto por los numerales señalados. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo I, página 5, Materia(s): Común, Undécima Época, registro digital 2025488, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA DURANTE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR EL VIRUS ****, A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE DESECHARSE CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO, SALVO QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE AMPARO.(...)." En ese sentido, con fundamento en el artículo 113, con relación al numeral 61, fracción XXIII, y éste en relación con los diversos 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo, lo conducente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al no existir petición de la parte quejosa que figura como afectada por los actos de autoridad. Siendo pertinente aclarar que en la especie no resulta procedente requerir a los directamente agraviados para que corrijan tal circunstancia, en virtud de que la firma electrónica que aparece en el documento pertenece a persona diversa a los impetrantes, quien no fue ni designado como su autorizado legal; por ende, dicho requisito no es de aquellos de los que prevé el artículo 108 de la Ley de la Materia, que pueda subsanarse a través de un requerimiento, sino como ya se dijo, es la voluntad del que acude ante el órgano de control constitucional a promover en su nombre juicio de amparo; por lo tanto, dicho caso no queda comprendido dentro de las prevenciones subsanables por el primero de los numerales citados. Aunado a lo anterior, la omisión de dicha formalidad de la demanda por parte de los promoventes no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo vigente, que dé lugar a su aclaración pues de así considerarlo, ello provocaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con firma o sin ella, presentaran escritos para después en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad de promover cuando este debió ser oportuno. De ahí que si los directos quejosos ***, elevan el reclamo respectivo, y no se cuenta con la firma electrónica necesaria para validar la voluntad de instar el presente juicio, al haber presentado su demanda en la vía electrónica, en equivalencia de la firma autógrafa respectiva, sino que quien firmó la demanda es diversa persona; es evidente que no se cumple con el requisito de instancia de parte agraviada para proceder al trámite de su demanda. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que de la demanda en cuestión, se advierta que se encuentre signada al parecer por los directos quejosos, ya que ésta al ser una copia simple, carece por sí misma, de valor probatorio pleno, por lo que, resulta insuficiente para satisfacer el requisito de instancia de parte agraviada, ya que no debemos de perder de vista que la firma electrónica con la que fue promovida la demanda, no tiene el efecto de certificar documentos, sino únicamente la de autentificar los escritos que promueva el titular de la evidencia criptográfica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 214 de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Quinta Parte, página 71, registro 242775, que establece: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Así como la tesis del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Compilada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo X, octubre de 1992, página 315, registro 218142, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. (..)." Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***. Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpretan la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Notifíquese la presente determinación a la parte promovente, por única ocasión en el domicilio que señaló en su escrito de demanda. Sin que se este órgano jurisdiccional haga mayor pronunciamiento en relación a los autorizados que designa, así como del correo electrónico y usuario para consulta de expediente electrónico que proporciona, toda vez que se desechó la presente demanda por los motivos expuestos en párrafos que preceden. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes *** cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, este último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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