Andrea Rojas Arredondo
Expediente 724/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Andrea Rojas Arredondo
Actuaciones
- Principal
...Irapuato, Guanajuato, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que, el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: En el presente asunto sí obran documentos exhibidos por la parte quejosa de los que no están catalogados como originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretados en sentido contrario y 21, inciso d), del Acuerdo en cita. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa con su escrito aclaratorio no están catalogados como originales por lo que, su devolución se autoriza desde este momento, en el entendido que de no recogerlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. En el entendido que para recoger los referidos documentos, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona autorizada para tal efecto; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que el horario de labores de este órgano jurisdiccional se encuentra comprendido de las nueve horas con quince minutos a las diecisiete horas con quince minutos, a efecto de que lo tome en consideración al momento de agendar su cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, por este medio se notifica a la parte QUEJOSA ***, el AUTO dictado el VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en síntesis dice: ...Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, contra el acto que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato, que considera violatorio del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 724/2022;1 en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Al respecto, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". 3 Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora, de la lectura integra de la demanda, se advierte que la parte promovente reclama la omisión dictar auto de admisión y desechamiento de pruebas, en el término legal que le impone la Ley, dentro del juicio laboral *** del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad. De lo anterior, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo vigente, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal del País interpretó qué debe entenderse por "actos de imposible reparación" al respecto, adujo que para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo vigente, determinó que la jurisprudencia P.J.4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO" resulta inaplicable, dada la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por "imposible reparación" Sobre esa base, se evidencia que existen actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, con independencia de la etapa en que se emitan dentro del procedimiento, por lo que el amparo indirecto en su contra es improcedente. Caso contrario ocurre cuando pueden provocar la afectación de derechos sustantivos, pues en ese supuesto, serán considerados como de imposible reparación y procede el juicio de amparo en su contra. En este rubro de actos dentro del procedimiento que no afectan derechos sustantivos, se insertan las omisiones o dilaciones de acordar promociones dentro de un juicio o cualquier otra dilación en el trámite del procedimiento pues en estos casos, de darse realmente la afectación, es de naturaleza adjetiva o procedimental, en términos del artículo 17 Constitucional. Tendiendo como única excepción que se trate de una abierta dilación al procedimiento o su paralización absoluta. Para lo cual se trae a cuenta lo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo al sustentar la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a) que se considera aplicable por analogía, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS."; esto, en el sentido de que cuando se reclame una omisión en un procedimiento jurisdiccional, no obstante que se alegue la transgresión a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ningún modo puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, dado que no corresponde a una conducta autónoma del procedimiento por presentarse en éste y, porque, además, los términos y plazos procesales y su acatamiento o no, constituyen cuestiones adjetivas o procedimentales que, por lo tanto, si llegan a transgredirse, actualizan justamente violaciones de esa índole, procesal o adjetiva. Así, el Máximo Tribunal concluyó que contra actos de esta naturaleza, por regla general, el amparo indirecto es notoriamente improcedente. Estableció pues, que no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta cuando se promueva contra actos de esta naturaleza a menos que se advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en tal caso el juicio será procedente por excepción. Entonces, para que sea procedente el juicio de amparo indirecto en ese supuesto excepcional, es necesario que se cumplan alguno de los dos supuestos: que el acto constituya una abierta dilación en el procedimiento o una paralización total de éste. Ahora, respecto a este tipo de violaciones, en los juicios en materia laboral, se precisa que la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, estableció que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva, que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto; por lo que para proporcionar un estándar mínimo objetivo para determinar que existe una abierta dilación en el dictado de proveídos, laudos o cualquier diligencia, deben de haber transcurrido cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos respectivos. Pues bien, en el presente caso, el acto reclamado consiste en la omisión dictar auto de admisión y desechamiento de pruebas, en el término legal que le impone la Ley, dentro del juicio laboral *** del índice de la Junta Local de El numeral 880 de la Ley Federal de Trabajo, establece lo siguiente: "Artículo 880.- La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes." De lo anterior se advierte que una vez llevada a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, concluido el ofrecimiento, la junta resolverá sobre las pruebas que admita y las que deseche dentro de los cinco días siguientes. Ahora, de la propia manifestación del quejoso, así como del anexo que remite, se advierte que el veintiuno de abril de dos mil veintidós, la junta responsable llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, reservándose el acuerdo de su admisión y/o desechamiento, por lo que el término de cinco días para resolver sobre dicha admisión concluyó el veintiocho de abril del presente año. Desde esa fecha, veintiocho de abril de dos mil veintidós, comienza a computar el plazo de cuarenta y cinco días para considerar que existe una abierta dilación en el trámite del juicio, el cual no se ha cumplido para la fecha de la presentación de la demanda que fue el día veinte de mayo de dos mil veintidós. Como aún no transcurren más de cuarenta y cinco días naturales para estimar que configura una dilación excesiva que se traduzca en una abierta dilación o auténtica paralización del procedimiento, no se surten las hipótesis que harían procedente, por excepción, el juicio de amparo indirecto. En razón de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo vigente. Luego, con fundamento en el artículo 113 de la legislación de la materia, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación distinta. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda. AUTORIZADOS A *** se le tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a la certificación de cuenta; y a *** en términos restringidos del citado numeral por así haberlo solicitado expresamente. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO. Asimismo, se le tiene proporcionando una cuenta de correo electrónico en su escrito de demanda, el cual será considerado únicamente para efecto de que el personal del juzgado pueda establecer contacto por tal medio, en los casos en que se estime pertinente.4 No obstante lo anterior, al resto de las partes para que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los diversos particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede.5 Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General multicitado6, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" En ese orden, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones.7 USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación...
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso; mediante el cual designa autorizados. AUTORIZADOS En ese sentido, se tiene como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, en virtud de así solicitarlo expresamente. Finalmente, vuelvan los autos al archivo definitivo. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes
- Andrea Julieta Almanza Fabela487/2018
- Andrea Nayely Guzman Fuentes (Representante Comun)181/2019
- Andrea Paramo Sandoval923/2022
- Andrea Rangel Ferrel500/2023
- Andrea Rico Arteaga1141/2023
- Andrea Rojas Arredondo217/2022
- Andrea Stephania Rodriguez Perez869/2020
- ANDREA THANIA GONZALEZ ROSAS y Otros.456/2018
- ANDREA THANIA GONZALEZ ROSAS y Otros.774/2018
- Andrea Vanessa Torres Alonso151/2015
- ANDREE KALEB CARREON ELIAS y Otros.1160/2022
- Andres Adolfo Estrada Luna11/2020