Andrea Rico Arteaga

Expediente 1141/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1141/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Andrea Rico Arteaga

Actuaciones

  1. Incidental

    Irapuato, Guanajuato, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con copia de la demanda y escrito aclaratorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, fórmese en cuerda separada el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1141/2023 promovido por********************, contra actos que reclama del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad y otra autoridad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INFORME PREVIO Requiérase a las autoridades responsables para que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento en que reciban el oficio correspondiente, rindan por duplicado informe previo, en el que manifiesten si son ciertos o no los actos reclamados por la parte quejosa y en su caso, las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En el entendido, de que el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía fax al teléfono 462 62 4 40 81, vía telegráfica, por correo electrónico a la dirección institucional 10jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, por vía ordinaria; pero únicamente por una de las vías antes señaladas. En ese orden, con la finalidad de incentivar el uso de tecnologías en la impartición de justicia, se precisa a las autoridades responsables que pueden proporcionar una cuenta de correo electrónico a efecto de que se establezca como medio de contacto con el personal del juzgado, o bien, para que la práctica de notificaciones judiciales. Asimismo, para facilitar la integración y consulta del expediente electrónico, se solicita que se envíen las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo, debidamente digitalizadas, a través de medios tecnológicos tales como discos magnéticos o memorias "USB", corroborando que los archivos electrónicos que se adjunten se encuentren libres de virus, o bien, de no ser posible, las remita de manera física. En la inteligencia, que de no rendir su informe previo se presumirá cierto el acto que se les reclama y se impondrá por omisa, una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente. Para efecto de lo anterior, remítase a las responsables copia de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental durante el transcurso del incidente, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrán consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." AUDIENCIA INCIDENTAL Para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, la que se fija atendiendo las cargas de trabajo de este juzgado. ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR De la interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del artículo 107 constitucional, se tiene que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos jurídicos siguientes: Solicitud de la medida y señalamiento del acto que pretende paralizarse. Certeza de los actos reclamados. Existencia de materia para la suspensión o medida cautelar. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e, Interés jurídico que, de ser el caso, implica que se compruebe la apariencia del buen derecho (juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado); lo cual de colmarse, debe sopesarse respecto del perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Se precisa que la ausencia de cualquiera de dichas condiciones tiene como consecuencia que deba negarse la medida cautelar. SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR -FIJACIÓN DEL ACTO A PARALIZAR- El numeral 128, fracción I de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión que exista petición de parte; en tal virtud, es necesario que la parte quejosa señale claramente los actos cuya suspensión se solicita. En el caso, se cumple con dicho requisito, pues la quejosa solicitó la medida cautelar e indicó que el acto que pretende paralizar consiste en: - La falta de emplazamiento al expediente ********************del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad; y como consecuencia, el embargo, remate y adjudicación del inmueble ubicado en Área Privativa del Condominio número ********************de uso habitacional, ubicado en Avenida******************** y/o Unidad Privativa número 128 del Condominio ********************de uso habitacional, ubicado en Avenida ****** número ******, Fraccionamiento ******** de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos, salvo que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa desvirtúen su existencia, pues no puede partirse del supuesto de que los actos son ciertos cuando el propio inconforme lo reconoce en los hechos de la demanda; sin que ello prejuzgue sobre su procedencia, pues para tal efecto se deben analizar los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, para efectos de la suspensión provisional, los actos en estudio deben tenerse por ciertos con base en la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realiza la parte quejosa en relación con su inminencia, lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas, con lo que cualquier afectación sobre sus derechos se presumen ciertos. Ello, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Octava Época Registro: 206395 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 68, Agosto de 1993 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 5/93 Página: 12 "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (materia para la suspensión) Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. La quejosa solicitó que se le conceda la medida cautelar para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guarda el expediente C-********************, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, esto es, para que no se adjudique, ni escriture ni sea desposeída del bien inmueble hasta en tanto se resuelva el presente juicio de garantías. PONDERACIÓN DEL INTERÉS PARTICULAR SOBRE EL INTERÉS SOCIAL Y LAS DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Paralización del procedimiento de ejecución en el juicio de origen. Sobre esa base, por lo que hace a que se ordene suspender el procedimiento de origen, no se encuentra satisfecho el requisito en estudio. Se afirma lo anterior, ya que de otorgar la medida cautelar en los términos propuestos, se contravendrían disposiciones de orden público, así como el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, toda vez que los actos en estudio son tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de la función jurisdiccional y, por ello, les reviste el carácter de actos de interés social, pues corresponden a la administración de justicia que debe ser pronta y expedita. Por tanto, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectación al interés jurídico de la quejosa, pues en el caso, no se advierte que el derecho particular del incidentista sea oponible al interés general que tiene la colectividad de que la tramitación de los procesos jurisdiccionales sea expedita, como en el caso acontece. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 81/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 357 del tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público." Por tanto, debe negarse la suspensión provisional del acto reclamado. B) Efectos y consecuencias de los actos reclamados. En diverso orden de ideas, por lo que ve a la paralización de los efectos y consecuencias de los actos impugnados, se considera que con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad, pues en caso de ejecutarse los actos reclamados se le podría privar a la quejosa de bienes o derechos, como dice, sin haber sido oída y vencida en juicio. INTERÉS SUSPENSIONAL -ESTUDIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO- La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego". En el caso, se considera que la parte quejosa demuestra el interés suspensional que tiene para que se le conceda la medida de que se trata con la manifestación que realizó bajo protesta de decir verdad, relativa a que sin haber sido llamada juicio el día tres de noviembre de dos mil veintitrés fue informada vía telefónica que la iban a desalojar del inmueble de su propiedad, ya que existía en el Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, el juicio C-********************, instaurado en su contra, de igual forma manifiesta que el día ocho de los corrientes, se presentó en su domicilio una persona de sexo masculino manifestando que iba a ver la propiedad ya que estaba anunciado en venta publica almoneda y que pretendía comprarla; lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas; por tanto, cualquier transgresión que aduzca sobre sus derechos le afectan. Lo anterior tiene sustento en la tesis VII.2º.A.T.12 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página mil seis, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LOS ARGUMENTOS REALIZADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA, SIEMPRE QUE SEAN VEROSÍMILES. El Juez de Distrito actuó contrariamente a derecho al negar la suspensión provisional de los actos reclamados, por considerar básicamente que la quejosa no acreditó contar con licencia expedida por las autoridades competentes que autorizaran el funcionamiento de la negociación clausurada, pues omitió observar que aquélla manifestó en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la licencia respectiva, sólo que no podía presentarla en ese momento debido a que se encontraba en el interior de la negociación, a la que lógicamente no tenía acceso, argumentos que son razonables y verosímiles, por lo que es evidente que si en ese momento procesal no se contaba con medios de convicción que desvirtuaran lo aseverado por la promovente, el a quo debió darles credibilidad a las afirmaciones referidas." Así, se satisfacen los mencionados requisitos para la concesión de la presente medida precautoria, esto es, que la solicita la parte quejosa, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad. Por tanto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en los artículos 147 y 15********************ambos de la Ley de Amparo, procede otorgar la medida cautelar a la parte quejosa, para el efecto de que, sin paralizar el juicio de origen, independientemente de la etapa en que se encuentre, en el caso de que se haya procedido a la ejecución de la sentencia respecto del bien inmueble que defiende no se ordene su escrituración y entrega a favor de terceras personas. Ello, en tanto las responsables reciban comunicación sobre la suspensión definitiva que se dicte en la presente incidencia, siempre y cuando a la fecha del dictado del presente acuerdo no haya acontecido. REQUISITOS PARA QUE SURTA EFECTOS LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, cabe precisar que la presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no presenta dentro del plazo de cinco días, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de diez mil pesos, que se fija de manera discrecional, en virtud de que hasta el momento no se cuenta con el valor actualizado del bien que defiende la quejosa, ni con la cantidad a que asciende lo reclamado o la condena impuesta en el juicio de origen. Garantía que deberá presentar, en cualquiera de las formas previstas por la ley, con la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la quejosa como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado. En ambas, el texto deberá ser el siguiente: "Para garantizar la suspensión provisional concedida a********************, en el incidente de suspensión 1141/2023". REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD Por otra parte, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables que de resultar ciertos los actos reclamados, proporcionen los datos que tengan a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional resolver el presente asunto en definitiva; apercibidas, que de hacer caso omiso a este requerimiento en los términos indicados, o bien de no manifestar el impedimento legal para ello, se harán acreedoras a una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación con el 259, ambas de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, con las respectivas salvedades que puedan aplicar según el caso. Las cuáles serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Al respecto, se hace del conocimiento de las partes que para efecto de obtener las copias que requieran, deberán observar el trámite que para tal efecto se describe en el auto de radicación del juicio de amparo. Además, se les comunica que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Por último, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. PROMOCIONES O SOLICITUDES ACORDADAS Finalmente, a efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la persona secretaria encargada del trámite del asunto, para que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellas promociones y trámites donde resulte innecesario dictar algún acuerdo. Lo anterior, procederá en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) cualquier otra que a su criterio y bajo su responsabilidad, se estime innecesario acordar, para el debido trámite del procedimiento de amparo. Notifíquese, vía electrónica al fiscal adscrito.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, pues manifiesta bajo protesta de decir verdad que su nombre completo y correcto es *******, para lo que exhibe copia simple de su credencial de elector. Al respecto, se provee: Hágase la precisión del nombre correcto de la quejosa en sistema integral de seguimiento de expedientes. ADMISIÓN DE LA DEMANDA En ese orden, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan a su desechamiento, así como tampoco de incompetencia que impidan a este juzgado conocer de la presente demanda de amparo, por tanto, se admite. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y otorgar la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, vía electrónica, con el presente proveído. Asimismo, se autorizan, tanto la consulta electrónica del presente expediente, así como las facultades que permite dicho sistema, en el presente juicio de amparo. Se comunica al representante social que, al contar con acceso al expediente electrónico, podrá descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese por separado con base en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo. INFORME JUSTIFICADO De conformidad con los artículos 115 y 117, párrafos primero y cuarto, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberá rendir en un plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que se le notifique este acuerdo y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, para que remita las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo. En el entendido, de que el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía fax al teléfono 462 62 4 40 81, vía telegráfica, por correo electrónico a la dirección institucional 10jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, por vía ordinaria; pero únicamente por una de las vías antes señaladas. En ese orden, con la finalidad de incentivar el uso de tecnologías en la impartición de justicia, se precisa a las autoridades responsables que pueden proporcionar una cuenta de correo electrónico a efecto de que se establezca como medio de contacto con el personal del juzgado, o bien, para la práctica de notificaciones judiciales. Asimismo, para facilitar la integración y consulta del expediente electrónico, se solicita que se envíen las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo, debidamente digitalizadas, a través de medios tecnológicos tales como discos magnéticos o memorias "USB", corroborando que los archivos electrónicos que se adjunten se encuentren libres de virus, o bien, de no ser posible, las remitan de manera física. Se apercibe qué de no hacerlo, en la sentencia que se dicte en este asunto, se presumirá la certeza del acto reclamado y les será impuesta MULTA DE CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. OBLIGACIÓN DE INFORMAR CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Hágase saber a las partes que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán de comunicarlo de inmediato, en términos del numeral 64 de la Ley de Amparo; en el entendido que de ser omisas en realizarlo, se les impondrá una MULTA DE TREINTA VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO para que tenga verificativo; la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este Juzgado. RESERVA DE LOS TERCEROS INTERESADOS Resérvese proveer respecto de la designación de los terceros interesados hasta que se reciban las constancias que remitan las autoridades responsables como sustento de su informe con justificación. Notifíquese, y vía electrónica al fiscal adscrito.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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