Andrea Iveth Barrera

Expediente 1333/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1333/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Andrea Iveth Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Recepción de documentos. Téngase por recibida y agréguese a los autos la demanda promovida por Andrea Iveth Barrera, por propio derecho y en representación de su menor hijo L.A.B. contra actos de la Juez Cuarto del Ramo Familiar en esta ciudad y otras autoridades, con tres copias y un anexo que se acompañan. Registro de expediente. Fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1333/2022-I. Fijación de la Litis. Los actos reclamados en esta instancia constitucional se hacen consistir en: ".a) el auto de fecha 06 de septiembre del 2022, respecto a la Jurisdicción Voluntaria por restitución del niño L.A.B.. b) Acto reclamado que iene relación directa con lo ordenado en el auto de fecha 17 de Agosto de 2022.". Así, en principio, debe precisarse con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe partirse de la base de que es indispensable analizar integralmente la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Sobre esa base, de la lectura del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama en este juicio constitucional: El auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, notificado el veintitrés del mismo mes y año, en el cual regularizó el procedimiento para corregir la fecha del diverso acuerdo de "diecisiete de tres de mayo de dos mil veintidós", siendo el correcto el "diecisiete de agosto de dos mil veintidós". El auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, notificado el seis de septiembre de dos mil veintidós, en el cual desechó de plano el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa en el procedimiento de origen. Improcedencia. La suscrita advierte que respecto del primero de los actos reclamados en el presente juicio, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la de Amparo, el cual versa: |"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] El precepto trascrito, consagra la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Disposición, entre otras, que hace patente el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, mismo que encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos, en el caso, judiciales, no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de un Juez de instancia. Al respecto, los artículos 932 y 933 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, en lo conducente, establecen: "ART. 932.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. ART. 933.- La revocación debe pedirse por escrito dentro de tres días siguientes a la notificación, y se substanciará con un escrito por cada parte ordenándose, correr traslado a las partes del juicio, con el escrito de la interposición del recurso, sus anexos y copia del auto impugnado, para que en igual termino concurran a deducir las partes, sus derechos, con relación al recurso; y la resolución del juez que debe pronunciarse dentro de otros tres días. Esta resolución no admite ningún recurso. " De las disposiciones transcritas, se desprende que el auto que no fuere apelable serán revocables, que tal medio de impugnación tiene por objeto que el propio juez, confirme, revoque o modifique la determinación emitida. En el presente caso, la parte quejosa en primer lugar reclama el auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Cuarto de lo Familiar, con sede en esta ciudad, en el que de manera oficiosa corrige la fecha en la que se dictó un diverso auto, manifestando la autoridad responsable que dicho auto únicamente regulariza el procedimiento respecto a la fecha del auto dictado el diecisiete de agosto del presente año, al haberse escrito: diecisiete de tres de mayo de dos mil veintidós", siendo el correcto el "diecisiete de agosto de dos mil veintidós", sin modificar lo ahí resuelto, misma que impugna en esta vía señalando una indebida fundamentación y motivación en su actuar al hacer la corrección de manera oficiosa; por tanto, es inconcuso que dicha determinación es susceptible de ser impugnada a través del recurso correspondiente, esto es, el de revocación, de conformidad con los artículos 932 y 933 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí. Por otra parte, respecto al segundo de los actos reclamados, la suscrita considera que con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el dispositivo en comento establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." Del transcrito precepto legal, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término que prevé la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, señalan lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La parte inicial del primero de los preceptos en mención establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, asimismo, el segundo de los dispositivos en comento prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo del mismo, a saber: a. Dicho plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b. El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. A fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en estudio, resulta pertinente destacar que la quejosa reclama el auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, por el cual se desechó el recurso de revocación que interpuso en el juicio de origen, mismo que bajo protesta de decir verdad señaló que le fue notificado el seis de septiembre de dos mil veintidós. Precisado lo anterior, se pone en evidencia la actualización de la causa de improcedencia en análisis, ya que de las manifestaciones que ella misma realiza, es factible considerar que la quejosa tuvo conocimiento del contenido de dicho auto desde el seis de agosto de dos mil veintidós. Tomando en consideración lo anterior, el término de quince días para instar la acción constitucional, transcurrió indefectiblemente, al menos al tres de octubre de dos mil veintidós; por tanto, si la presente demanda constitucional se presentó hasta el catorce de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común respectiva, según sello de recibido que obra en el ocurso de amparo, es evidente que la acción constitucional se instó fuera del plazo legal correspondiente, lo que jurídicamente implica que debe estimarse consentido tácitamente el acto ya existente a la fecha de presentación de la demanda y que por esta vía reclama la parte quejosa, pues se hizo fuera del plazo de quince días previsto por el artículo 17 de la ley de la materia. Sin que se pase por alto el hecho de que la parte quejosa, pretende reclamar dichos actos a partir del auto de seis de septiembre del año en curso, mismo que se le notificó el pasado veintitrés de septiembre, sin embargo, dicho auto, únicamente corrige un aspecto de carácter formal, dejando intocado todas las consideraciones vertidas en el auto original, mismas que se intentan reclamar en el presente juicio. Sin que se pueda deducir que existe una sustitución procesal que actualice el computo, pues si desde el seis de septiembre del año en curso, tuvo conocimiento del error en la fecha del auto que desechó el recurso de revocación que aquí combate, desde esa fecha estuvo en aptitud de hacerlo valer como agravio procesal en su demanda de amparo. Desechamiento. En esa medida, al no haber agotado el aludido medio de impugnación respecto al primero de los actos reclamado y en haber consentido tácitamente el segundo de los actos combatidos, es inconcuso que se actualizan la causales de improcedencia previstas en la citadas fracciones y XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el diverso ordinal 113 de la propia ley de la materia, se desecha de plano la demanda que nos ocupa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que señala, toda vez que no proporciona los datos que se encuentran registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto. Medios electrónicos. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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