Andrea del Rocio Pacheco Galarza

Expediente 726/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
726/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Andrea del Rocio Pacheco Galarza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, así como el escrito que remite, signado por la quejosa Andrea del Rocío Pacheco Galarza; en atención a su contenido, dígasele a la promovente que se esté a lo acordado en proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda que dio origen a este juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de agosto de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta presentado por la quejosa Andrea del Rocío Pacheco Galarza, con nueve copias que acompaña, mediante el cual cumple los requerimientos que le fueron efectuados en este expediente, en consecuencia, se dicta la determinación que corresponde. Para lo anterior, se recuerda que tanto de la demanda de amparo, como del escrito que se acuerda, se aprecia que los actos reclamados son los siguientes: 1. La orden de investigación (cateo) respecto del inmueble ubicado en Guajardo 500-A, Zona Centro, en esta ciudad (El Centenario); y 2. La orden de localización, presentación o privación ilegal de la libertad, contra la quejosa, así como su ejecución. Precisado lo anterior, este juzgado considera que en el caso se actualiza, en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Por consiguiente, si de la lectura de la demanda no se infiere la inminencia de los actos reclamados, es evidente que no existe el agravio que refiere la amparista, por ende, no le causa perjuicio alguno. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos. Lo anterior no restringe su acceso a la justicia, pues en la lógica de lo anteriormente argumentado, en tanto sucedan actos restrictivos de la libertad precedidos de hechos que sí impliquen coartar tal derecho, tiene expedito su derecho para controvertirles de inmediato vía el juicio de amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de agosto de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta presentado por la quejosa Andrea del Rocío Pacheco Galarza, con nueve copias que acompaña, mediante el cual cumple los requerimientos que le fueron efectuados en este expediente, en consecuencia, se dicta la determinación que corresponde. Para lo anterior, se recuerda que tanto de la demanda de amparo, como del escrito que se acuerda, se aprecia que los actos reclamados son los siguientes: 1. La orden de investigación (cateo) respecto del inmueble ubicado en Guajardo 500-A, Zona Centro, en esta ciudad (El Centenario); y 2. La orden de localización, presentación o privación ilegal de la libertad, contra la quejosa, así como su ejecución. Precisado lo anterior, este juzgado considera que en el caso se actualiza, en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Por consiguiente, si de la lectura de la demanda no se infiere la inminencia de los actos reclamados, es evidente que no existe el agravio que refiere la amparista, por ende, no le causa perjuicio alguno. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos. Lo anterior no restringe su acceso a la justicia, pues en la lógica de lo anteriormente argumentado, en tanto sucedan actos restrictivos de la libertad precedidos de hechos que sí impliquen coartar tal derecho, tiene expedito su derecho para controvertirles de inmediato vía el juicio de amparo.

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