Andrea Gracia González Fonseca

Expediente 446/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
446/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Andrea Gracia González Fonseca

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de abril año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Andrea Gracia González Fonseca. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de autos se advierte que mediante la comparecencia de Luz Rebeca Aguilar Guzmán, de treinta de abril de dos mil quince se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, con los hechos probablemente constitutivos de delito, sin que a la fecha obre en autos pronunciamiento al respecto. Por tanto, requiérase a la autoridad en comento, a fin de que informe el estado procesal de la investigación realizada al respecto.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "... agréguese a los autos el oficio 5855/2023 suscrito por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en León, al que adjunta los autos originales del juicio de amparo indirecto 420/2023 de ese índice y en el cual transcribe el proveído de diecisiete de abril del año en curso, donde se órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Andrea Gracia González Fonseca contra actos del Congreso de la Unión residente en la Ciudad de México; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 446/2023-VIII. Acúsese recibo de estilo. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. Desechamiento de la demanda de amparo. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al derecho de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: ... Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con detenimiento el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual debe tomar en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad, esto es que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que pudieran allegar las partes, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran ofrecer en el procedimiento, resulten innecesarios para configurar dicha improcedencia y para desvirtuarla. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17 que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, la quejosa Andrea Gracia González Fonseca reclama: "a) La aprobación de las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la CÁMARA DE SENADORES en fecha 22 de febrero de 2023." Lo que guarda relación con la expedición, promulgación y publicación del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Menciona que es Secretaria en Junta Distrital de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, desde el 2014, plaza de la Rama Administrativa, y que desde su ingreso ha sido evaluada mediante parámetros de desempeño anual como personal de honorarios permanentes y se inconforma con las consecuencias que tendrán las reformas reclamadas respecto de sus derechos laborales. Ello, porque desde su perspectiva eventualmente podría variarse su remuneración y perder los derechos laborales que ha adquirido ante la futura e inminente desaparición de su cargo como funcionaria del Instituto Nacional Electoral. Lo que aduce acontecerá en razón que de la interpretación que realiza de las disposiciones continentes de la norma reclamada, aprecia que no existe alguna condición para que entre en vigor la desaparición de la figura de la rama administrativa o de honorarios permanentes en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral. ... Empero, la justiciable asevera que lo anterior regula un hecho distinto, esto es, asume -según su interpretación- que las porciones normativas no regulan la continuación de sus derechos laborales como funcionaria del Instituto Nacional Electoral. También alega violaciones al debido proceso legislativo, al derecho al parlamento abierto como mecanismo para defender la democracia, a la seguridad jurídica y a la fundamentación y motivación de las reformas decretadas, lo que se desprende de manifestaciones como las siguientes: ... Todo lo anterior se traduce en un perjuicio potencial en contra del suscrito, al poner en entredicho la posibilidad de ejercitar el derecho humano consagrado en el artículo 35 de la Constitución (votar en las elecciones) en términos del artículo 41; es decir, en elección libres, periódicas, pero sobre todo auténticas (.)." Sentado lo anterior, la presente instancia es improcedente, en virtud de que no es la vía correcta para reclamar la trasgresión a los derechos aludidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, fracciones III, V, VI, VII y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que lo procedente es desechar la demanda con fundamento en el artículo 61, fracciones XV y XXIII de la Ley de Amparo. Se explica. La quejosa pretende sortear la procedencia del amparo a través de argumentos tendentes a: a) Controvertir violaciones al proceso legislativo del Decreto citado; desde el enfoque del derecho a la ciudadanía a participar en asuntos específicos del Estado, en virtud del derecho a la democracia; b) Controvertir la fundamentación y motivación de las reformas decretadas; c) Resaltar violaciones a derechos humanos y laborales derivadas de su entrada en vigor; d) Que el juicio de amparo es procedente en el caso pese a que se controviertan normas de carácter electoral, pues el acto reclamado no versa sobre derechos políticos o electorales, sino de derechos humanos y laborales. Sin embargo, al tratarse precisamente de presuntas violaciones a sus derechos laborales, como consecuencia del contenido del decreto invocado, este juzgado considera que, en todo caso, ello constitucionalmente corresponde conocer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es así, pues el artículo 99, fracciones III, VII y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: .. De lo que se desprende que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado de resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros conflictos, las impugnaciones de actos y resoluciones de su competencia que, en lo general, violen normas constitucionales o legales, entre ellos, los relativos a conflictos o diferencias laborales que surjan entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores, como también sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución, o sobre la interpretación de algún precepto constitucional en materia electoral. En ese sentido, las leyes electorales que contengan normas en materia de trabajo -entiéndase funcionarios del INE- o que se refieran a conflictos o diferencias laborales que se presenten entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores, no admiten ser examinados dentro del juicio de amparo, pues existe un régimen especial para dilucidar tales cuestiones. Referente a las presuntas violaciones al debido proceso legislativo, al derecho al parlamento abierto como mecanismo para defender la democracia, a la seguridad jurídica, así como las relativas a la fundamentación y motivación de las reformas decretadas, este órgano también considera que, al tratarse de presuntas violaciones a sus derechos político-electorales, también corresponde conocer a los órganos competentes en materia electoral en términos de lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en revisión 25/2021, de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, determinó que la imposición de una votación por cédula secreta y la celebración de dicha votación por parte del Pleno de un Congreso Local, aun cuando son actos intralegislativos que no dieron lugar a una norma jurídica, son actos de autoridad susceptibles de examen a través del juicio de amparo indirecto; cuya procedencia se supedita a que sea un acto definitivo, esto es, debe tratarse de un acto intra legislativo definitivo. La expectativa de justiciabilidad de un derecho político electoral a través del juicio de amparo indirecto no es eficiente en el caso para hacer efectivo su derecho de participar activamente en la conformación del decreto reclamado, es decir, a participar en el proceso deliberativo o garantizar el derecho a votar en elecciones libres, periódicas y auténticas, como menciona la quejosa en varias porciones de la demanda, por ejemplo, en la página 45 de su escrito constitucional. Por lo demás, en el amparo en revisión 25/2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también estableció: En ese orden, la Suprema Corte situó su estudio en la procedencia del juicio constitucional respecto de actuaciones intra legislativas, que no tiendan propiamente a la emisión de una norma. No obstante, a consideración de este órgano jurisdiccional, esa tesis no es aplicable en el presente caso: En principio, porque el punto concreto analizado en la ejecutoria en comento, fue la procedencia del amparo, aun cuando se controvierta una decisión proveniente del Congreso de la Unión, tratándose de actos u omisiones distintos a la emisión de una norma, desde el enfoque del derecho a la ciudadanía a participar en asuntos específicos del Estado, en virtud del derecho a la democracia. Incluso, porque la Primera Sala tuvo presente que el objeto de participación tenía como fin último la discusión del reconocimiento al matrimonio igualitario. Pero eso no hace procedente el amparo tratándose de actuaciones referentes materialmente a una temática electoral, cuyo espectro de regulación se encuentra comprendido por la diversa jurisprudencia P. LX/2008, antes citada, referente a la improcedencia del amparo contra decisiones vinculadas con la materia electoral, que persiste. Tan es así, que la ejecutoria del amparo en revisión 25/2021, recalca que la procedencia del amparo contra actuaciones intra legislativas, no implica soslayar el análisis de motivos de improcedencia del juicio de amparo diversos. Por lo que la condición de atacar actuaciones de autoridades legislativas, diversas a la emisión propiamente de normas, no hace procedente el amparo en relación con éstas, cuando versen sobre actos de carácter electoral, que es la materia de estudio en esta actuación. Además, derivado de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano en el caso Castañeda Gutman vs. México por no contar con un mecanismo efectivo para tutelar derechos políticos, el trece de noviembre de dos mil siete se reformó la Constitución para establecer expresamente la facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de realizar control difuso de constitucionalidad. Por lo que la obligación del estado mexicano de generar condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva está cubierta con el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, que es el mecanismo de control constitucional de los actos u omisiones de las autoridades electorales a fin de tutelar los derechos político-electorales de la ciudadanía y los derechos humanos vinculados a estos, previsto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el que el Estado Mexicano cumple con su deber constitucional y convencional de brindar un recurso judicial efectivo, en relación con actos en esa materia. Los efectos de un juicio de esta naturaleza pueden ser múltiples, desde confirmar el acto o resolución impugnado; revocar y/o modificar el acto o resolución para restituir a la ciudadanía en el ejercicio y goce de sus derechos; incluso, en el caso de omisiones, reconocer el derecho vulnerado al considerarse fundada la omisión. Así, en atención a la naturaleza de los derechos transgredidos y del acto reclamado, se estima que la presente instancia es improcedente, pues el estudio de las violaciones alegadas corresponde a la jurisdicción en materia electoral. Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo..."

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