Anahí Arias Larenas
Expediente 1117/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1117/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Anahí Arias Larenas
- Anahí Arias Larenas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
ista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días que al efecto señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto de trece de enero de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Anahí Arias Larenas, en representación de su menor hija de iniciales D.M.A. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se concedió la suspensión de plano en el presente asunto, este expediente es susceptible de depuración, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Dese vista a la parte quejosa para que, si a su interés conviene, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca por sí o por conducto de sus autorizados a recoger las documentales que aportó el juicio en que se actúa, apercibida que de no hacerlo, seguirá la suerte del presente expediente y se procederá a su destrucción conforme a lo establecido en el precitado acuerdo. En la inteligencia que, de conformidad con la fracción II del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 21/2020 mencionado, deberá generar el código QR correspondiente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a fin de comparecer a recoger dicha documental.
- Principal
Téngase recibido el oficio suscrito por el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato, en su carácter de Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que la menor de edad quejosa de iniciales D.M.A. completó el esquema de vacunación contra el virus SARS-COV-2, pues ya recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, y para acreditarlo aporta el comprobante de vacunación correspondiente. Ahora, con base en la manifestación vertida por la autoridad responsable y la documental anexa al oficio que se provee, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que a la menor de edad de iniciales D.M.A. ya le fue suministrada la primera y segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2; por tanto, se concluye que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional. El artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Los efectos del acto reclamado cesan cuando éstos se suspenden o acaban. En otras palabras, cuando la autoridad lo revoca o deroga. Para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En el caso, la parte quejosa reclamó la omisión de las autoridades responsables de vacunar a la menor de edad de iniciales D.M.A., contra el virus SARS-CoV-2 y solicitó el amparo y protección de la justicia federal para que le fuera aplicado el biológico preventivo correspondiente. No obstante, en los comprobantes de vacunación exhibidos por las responsables, se aprecia que el catorce de diciembre de dos mil veintiuno y siete de enero del año en curso, la menor de iniciales D.M.A. fue inoculada con la primera y segunda dosis del biológico del laboratorio Pfizer-BioNTech, completándose el esquema de vacunación a que alude la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-Cov-2, para la Prevención de la Covid-19 en México. Por tanto, la conducta omisiva de las autoridades responsables desapareció de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo. Conviene precisar que la desaparición de la conducta omisiva antes de la presentación de la demanda de amparo, implica la inexistencia del acto de autoridad y actualiza la causa de sobreseimiento que prevé el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando la omisión desaparece con posterioridad a la presentación de la demanda, cesan los efectos del acto negativo y con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El caso que nos ocupa, se ubica en la segunda hipótesis, pues se observa que la omisión dejó de existir con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda y, en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia conocida como cesación de efectos. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De acuerdo con lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintidós.
- Principal
Apoderada legal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México; en atención al contenido, téngase rendido el informe relativo a la suspensión de plano decretada en autos que le corresponde, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su informe, y como sus delegados en términos del artículo 9 del citado ordenamiento jurídico a las personas que menciona. Se recibe la documental que allega la autoridad responsable, sin perjuicio de hacer nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Por otro lado, se autoriza el uso de medios electrónicos, para que reproduzcan las constancias que requieran al consultar el presente juicio. Tómese conocimiento de los correos electrónicos que proporciona la autoridad referida en el párrafo que antecede, con el objeto de establecer contacto, en los casos en que este juzgado lo considere necesario. Por otra parte, téngase recibido el oficio signado por el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato; en atención a su contenido, téngase rendido su informe justificado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con su contenido dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que recaiga mayor proveído respecto del domicilio, delegados y correo electrónico que proporciona, toda vez que el seis de diciembre del año próximo pasado se acordó lo conducente. Finalmente, respecto a la causa de improcedencia a que alude, ésta será analizada en el momento procesal oportuno.
- Principal
Coordinadora General Jurídica y representante del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato; en atención a su contenido, téngase rendido su informe justificado dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, téngase como su domicilio el que se señala, siempre y cuando corresponda al de su oficina principal y como sus delegados a quienes indica en su informe. Respecto a la causa de improcedencia a que alude, ésta será analizada en el momento procesal oportuno. Por otra parte, Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato; atento a su contenido, agréguese únicamente para que obre como corresponda, dado que por auto de veinticuatro de diciembre pasado se tuvo rendido su informe justificado. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 9, de la ley de la materia, téngase como sus delegados a quienes indica.
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