Andrea Garcia Rodriguez

Expediente 1051/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1051/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Andrea Garcia Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto en que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículos 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve +++++++++++, por propio derecho; regístrese bajo el número 1051/2022-II-A. ACTO RECLAMADO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes anexas, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En este tenor, del escrito de demanda se colige que la parte quejosa reclama lo siguiente: El inicio del procedimiento arbitral con número de expediente OMCYC/HT/II/15/2022. La determinación de veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante la cual el Oficial Calificador en turno del municipio de Ocoyoacac, Estado de México, ordenó el resguardo del vehículo Marca Renault, tipo Fluence, modelo 2002, color negro, con placas de circulación NML7668, a las grúas concesionadas Tantoco de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, la presente determinación abarcara dos temas para una mejor comprensión. En este contexto, respecto al acto reclamado precisado en el inciso a) se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario; preceptos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ---------- (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.-------------- Artículo 107. El amparo indirecto procede: -------------------- (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio , siempre que se trate de: . b). Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción III, inciso b), de numeral 107 antes referido, establece la procdencia del juicio de amparo contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio , siempre que se trate de, actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, que aborda el tema relativo a los actos de impósible reparación en los siguientes términos: "De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. -Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. ------------------------------------------------------------------Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:(...)----------------------------------------III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: ----------------------------------------------- (...) -------------------------------------------------------------------------- b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ------------------------------------------------------------------ [...]---------------------------------------------------------------------------- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]." ------------------------------------------------------------ Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.------------------------------------------------ Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.-----------------------------------------------Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos, criterio que por analogía sirve para interpretar la fracción III, inciso b) del precitado numeral, por lo que los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de imposible reparación (que afecte materialmente derechos sustantivos) es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Luego, el acto reclamado consiste en el inicio del procedimiento arbitral con número de expediente OMCYC/HT/II/15/2022; no afecta inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino que es una violación de carácter formal o intraprocesal, e incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por el tema que informa la tesis número 2a. XLVIII/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1070, de contenido y epígrafe siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE A DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Así como la jurisprudencia número 244, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Materia Común, Tomo VI, página 174, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio" Conforme a lo expuesto, el acto reclamado por la quejosa no es de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, en razón que no afecta sus derechos sustantivos el hecho de que el Oficial Calificador del Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, iniciara el procedimiento arbitral con número de expediente OMCYC/HT/II/15/2022, toda vez que al dictarse el laudo arbitral podrá tener resolución favorable; o bien, para el caso de obtener sentencia desfavorable, tiene expedito su derecho a reclamar todas las violaciones procesales que considere, en el amparo indirecto. Consecuentemente, resulta dable concluir que, el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular, pues se ha visto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial, son aquellos que afectan de modo directo alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, si éstos no producen a las partes una afectación en sus derechos sustantivos, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene laudo arbitral favorable. Apoya lo anterior, por sus consideraciones la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con número de registro 184249, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo de dos mil tres, en la página mil ciento ochenta y seis, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Por otra parte, respecto al acto reclamado precisado en el inciso b) se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Del precepto transcrito, se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades administrativas en contra de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos. Asimismo, no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el evento, este Juzgador de amparo advierte que contra del acto reclamado a la responsable, consistente en la determinación mediante la cual el Oficial Calificador responsable remite en resguardo del vehículo Marca Renault, tipo Fluence, modelo 2002, color negro, con placas de circulación NML7668, a las grúas concesionadas Tantoco de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, lo cual procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con fundamento a lo establecido en el artículo 154 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que dice: "CAPITULO SEGUNDO De los Recursos Administrativos Artículo 154. Contra los actos y resoluciones administrativos que dicten o ejecuten las autoridades competentes, en aplicación del presente ordenamiento, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México." Del análisis del artículo 154, anteriormente reproducido, se observa la procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido, si la parte quejosa reclama la determinación de veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante la cual el Oficial Calificador en turno del municipio de Ocoyoacac, Estado de México, ordenó el resguardo del vehículo Marca Renault, tipo Fluence, modelo 2002, color negro, con placas de circulación NML7668, a las grúas concesionadas Tantoco de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; de ahí que resulta claro que se ubica en el supuesto de procedencia mencionado en el párrafo que antecede. Respecto a los requisitos consistentes en que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan y que dicha suspensión no exija mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo, también se encuentran satisfechos. Al respecto, conviene establecer que los preceptos 186, 187, 194, 229, 254, 255, 256, 257, 258 y 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevén el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los cuales no exigen mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En ese tenor, es de sostenerse que, en el caso concreto, este Juzgado Federal advierte la concurrencia de la mencionada causa de improcedencia, respecto del acto reclamado. En ese contexto, debe agotarse el juicio contencioso administrativo, previamente a la promoción del juicio de amparo, toda vez que Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, como se advierte de los numerales siguientes: Lo anterior es así, dado que los artículos 128, 131 y 138, de la Ley de Amparo, establecen que la suspensión se decretará cuando ocurra lo siguiente: Que la solicite el agraviado (fracción I); Que con su concesión no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción II); Que se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; cuando se aduzca un interés legítimo (artículo 131); y Que del análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, conlleve a concluir que se deba conceder la suspensión solicitada. (Artículo 138). Como se advierte, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no establece mayores requisitos a los previstos la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues en ambas leyes, ante la solicitud de la medida cautelar se establecen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida, según lo previsto. Por tanto, como se evidenció, la ley que rige el acto no prevé mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, tiene los mismos alcances, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la medida cautelar, de ahí que no se actualice la excepción al principio de definitividad consistente en que la ley aludida no prevea la suspensión de la ejecución de los actos, o bien, establezca mayores requisitos. En efecto, dentro de las excepciones al principio de definitividad no se encuentra la irreparabilidad del acto, pues si bien es cierto que la fracción IV del artículo 107 constitucional prevé la procedencia del juicio de amparo en materia administrativa, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; también es verdad que, como se puede observar, la procedencia en esos casos se encuentra sujeta a que no sean reparables mediante algún medio de defensa legal. Por tanto, al ser de estricta interpretación las leyes que establecen excepciones, como regla general, en contra de actos de ejecución irreparable es obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que tiene a su alcance. Es aplicable a lo anterior por analogía, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 8, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En esas condiciones, si la parte quejosa no agotó el medio de impugnación correspondiente contra el acto reclamado, es dable concluir que el amparo es improcedente, sin que en la especie se actualice excepción alguna al principio de definitividad, por lo que la inconforme estuvo en aptitud de hacer valer el aludido medio de defensa contra el acto reclamado. Por ello, si tal medio de impugnación no se intentó, antes de promover el juicio de amparo respecto del acto de autoridad en cuestión, el procedimiento constitucional, como se indicó, resulta improcedente, sin que pudiera tenerse como actualizada alguna excepción al señalado principio. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la presente demanda, promovida por Andrea García Rodríguez y Rodolfo Aguilar Tinajero. DOMICILIO Ahora bien, toda vez que el peticionario del amparo solicita se autorice la consulta del expediente electrónico y notificaciones por la misma vía, con el nombre de usuario "DIGA.S.C.". En atención a lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico en que se actúa con los nombres de los usuarios precisados en el párrafo anterior. Atento a ello, se comisiona al oficial judicial "A" encargado de las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que de alta en dicho Sistema, a los usuarios que proporciono el quejoso y este en aptitud para realizar la consulta del expediente electrónico. Asimismo, se comisiona a cualquiera de los actuarios a efecto de que practiquen las notificaciones que sean necesarias en el juicio en que se actúa por vía electrónica. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 9/2022, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el siete de agosto de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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