Andrea Alaman Volnie
Expediente 437/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 437/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/04/2019
Partes del expediente
- Andrea Alaman Volnie
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
EN ATENCION AL AVISO DE NUEVE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE CINCO DE ABRIL DE LOS CORRIENTES A LA PARTE QUEJOSA; DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, cinco de abril de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve **** por su propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 437/2019-III-B. DESECHAMIENTO Del análisis del escrito de cuenta se advierte que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de veinte de marzo de dos mil diecinueve, por el que se señaló como nueva fecha para la audiencia inicial el cinco de abril de dos mil diecinueve, en la causa penal 115/2018. El acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en el que se le dio trámite al recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve, el veintisiete siguiente en la causa penal 115/2018, en el que se señaló la citada audiencia. La omisión de resolver el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve, el veintisiete siguiente en la causa penal 115/2018, en contra del referido acuerdo que señaló la audiencia inicial de imputación de delito en contra de la aquí impetrante. Atento a lo anterior, en la especie se considera actualizada la causal de improcedencia, establecida en los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" En ese orden, a fin de que se actualicen los supuestos de la citada fracción del numeral que antecede, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar esa determinación. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así como la diversa jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En efecto, este Juzgador advierte que el quejoso se duele esencialmente de la omisión de la responsable de resolver el recurso de revocación en contra del auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 115/2018 del índice del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, por el que se señaló como nueva fecha para la audiencia inicial -audiencia de imputación de delito- el cinco de abril del año en curso, así como las consecuencias de que se lleve a cabo la citada diligencia. En ese contexto, se advierte que la parte quejosa en contra tanto de la omisión de resolver el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve como del propio acuerdo procede el diverso recurso de queja, medio de impugnación que se encuentra contemplado en el numeral 135 del Código Nacional de Procedimiento Penales, el cual establece lo siguiente: Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido. Del análisis del precepto transcrito se advierte, que la parte quejosa, está en aptitud de interponer el recurso de queja en contra de la omisión de que se duele. En tales condiciones, válidamente puede aseverarse que la parte quejosa desatendió el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que deviene improcedente este juicio en relación con el acto reclamado que se analizó. Hacerlo de otra manera implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de las partes de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad, acto jurídico que no es permitido en esta instancia constitucional. Sustenta a lo anterior, la tesis I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, Mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Aunado a lo anterior, a la fecha de presentación de demanda se podría inferir que aún no se ha consumado la omisión que la quejosa tilda de inconstitucional, lo anterior porque de lo narrado en su demanda de amparo, se advierte que el recurso de revocación fue interpuesto por esa parte el veintisiete de marzo de esta anualidad, sin que se precisara el día en que fue admitido, no obstante, suponiendo que fue al día siguiente ese presupuesto procesal -admisión del recurso- (28-marzo de 2019), en términos de los artículos 465 y 466, fracción II, del Código Nacional aplicable a ese asunto; entonces, si se admitió como se dijo en esa fecha y el juez responsable estimó otorgar el plazo de dos días que establece ese numeral más los tres días que legalmente tiene para emitir esa determinación, se concluye que a la fecha de presentación de la demanda no habían transcurrido los plazos establecidos en los numerales en estudio, por ende, dicho acto reclamado no le irroga perjuicio a la aquí quejosa, no obstante a ello, como se estableció, en caso de consumarse esa omisión reclamada tiene expedito su derecho para hacerla valer mediante el recurso de queja. En el mismo orden de ideas, respecto de las consecuencias que también refiere le causan perjuicio -citación a audiencia de imputación del delito-, señalada para esta data (cinco de abril de dos mil diecinueve, en la causa penal 115/2018) y, como consecuencia de ello, la posible privación de su libertad si se dictara auto de vinculación a proceso en su contra. De igual forma, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el siete de diciembre de dos mil dieciocho, Décima Época, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." De los preceptos y jurisprudencia antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra la citación reclamada, pues por sí sola, porque no es un acto que afecte la libertad personal del accionante del amparo, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición de formulación de imputación del Ministerio Público; sin que obste a lo anterior el hecho de que en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista. En efecto, el acto reclamado en este juicio de amparo, lo constituye la citación a la audiencia de formulación de imputación y/o en su caso de solicitud de aprehensión dentro de la carpeta administrativa 115/2018 y, como consecuencia la posible privación de su libertad; luego se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación de la hoy quejosa, es la privación de la libertad por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, debe probar por lo menos de manera indiciaria que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que el promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación surge en el momento en que tiene conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, y no por inducciones, tal como acontece en el caso concreto, pues la parte quejosa únicamente manifiesta que se señaló fecha para la audiencia inicial el cinco de abril de este año (formulación de imputación), sin embargo, ese acto no le irroga perjuicio porque es sólo la citación en la que se le podrá vincular o no al proceso que se sigue en su contra. En tal contexto, quien ahora resuelve considera que la simple citación a la citada audiencia inicial no se traduciría en la privación de la libertad de la parte quejosa, porque aún no se emite y hasta el momento sólo existen perjuicios futuros y de realización incierta, por ende, se concluye que el acto reclamado no puede impugnarse a través del juicio de amparo, sino hasta que se emita la resolución correspondiente que invada la esfera de derechos de la impetrante. Por tanto, atento a lo dispuesto por los artículos 61 fracción XVIII, 62, 63, fracción IV y 217 de la Ley de Amparo en relación con los artículos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Andrea Alaman Volnie, por propio derecho, en virtud de ser notoriamente improcedente. Máxime que lo resuelto, es por los datos aportados por la quejosa en su escrito inicial de demanda, de los que se aprecia que en el proceso que se sigue en su contra bajo protesta de decir verdad refirió que al promover la apelación en contra de la vinculación en su contra, esa determinación fue revocada y por ende, no se le vinculó a proceso dentro de la causa penal 115/2018, sin embargo, si dichos actos derivan de otra diversa, esas circunstancias son ajenas a este asunto ya que la quejosa no lo hizo del conocimiento en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo, por ello, es que se llegue a esa determinación, es decir, al desechamiento de su demanda de cuenta. DOMICILIO Y AUTORIZADO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Con relación al autorizado que menciona; dígase que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la toma de fotografías a los autos y el uso de medios electrónicos para su consulta; asimismo, la consulta del expediente electrónico con nombre de usuario miguelamezac; en virtud de que dicho usuario que proporcionó, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Valdemar González Huerta, que da fe.
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