Andrea Carolina Ruiz Arce

Expediente 259/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 30 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
259/2020
Año
2020
Actuaciones
30
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • Gladys Araceli Villegas Dominguez
  • ALMA PATRICIA VALENZUELA RUIZ y Otros.
  • Alma Patricia Valenzuela Ruiz
  • Andrea Carolina Ruiz Arce
  • Rosa Maria Guevara Moreno
  • JOSE VALENZUELA VIVIAN y Otros.
  • Jose Valenzuela Vivian
  • Leticia Lopez Bejarano
  • Osmar Urquidez Gamez
  • Gloria Karina Flores Lugo
  • Gerardo Alonso Quiroz Berrendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, se ordena el archivo

  2. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las once horas con veintinueve minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 259/2020, se constituye en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la comparecencia personal de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura a todas las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, la constancia de emplazamiento a juicio de la autoridad responsable e informe justificado rendido por ésta; así como el llamamiento a juicio de los terceros interesados. Abierto el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las cuales obran en dos legajos por cuerda separada, quien además aportó un disco que contiene la audiencia y resolución reclamada, así como la prueba testimonial a cargo de Ana María Salido Vázquez, Alma Patricia Valenzuela y Juan Francisco Vargas Valle ofertada por la parte quejosa. . El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, las documentales exhibidas, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia; mientras que por lo que hace a la testimonial que ofrece la parte quejosa, la misma se desecha, toda vez que en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado se deberá apreciar tal y como aparezca acreditado ante la autoridad responsable. Acto seguido, se abre la etapa de alegatos y el secretario hace constar únicamente los formulados por el tercero interesado Osmar Urquidez Gámez. El juez acuerda: Únicamente se tienen por formulados los alegatos del citado tercero interesado y por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo. Acto continuo, se cierra la audiencia y el juez de distrito procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 259/2020; y Trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, remitida al día siguiente al juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, por razón de turno, Andrea Carolina Ruiz Arce solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado del juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Admisión. Por auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, se radicó el presente juicio de amparo, registrándose bajo número 111/2020 y se admitió a trámite la demanda, motivo por el cual se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio vista a la representación social. Returno. Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, el referido juez ordenó el returno del asunto. Acepta returno. Mediante proveído de veintisiete de febrero del año próximo pasado, este juzgado aceptó el returno, registró el asunto con el número 259/2020, se pidió a la autoridad responsable el informe justificado y se dio al agente del Ministerio Público de la adscripción la intervención que legalmente le corresponde, sin que formulara alegatos. Emplazamiento de los terceros interesados. Con motivo del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se le tuvo por reconocido como terceros interesados a las personas precisadas mediante proveído de cinco de marzo de dos mil veinte, quienes quedaron emplazados. Audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio de amparo, tuvo verificativo la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes al tenor del acta que antecede, la cual culmina con el dictado del presente fallo. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 52, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se promueve contra un acto ejecutado en el territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral del expediente, se desprende que el quejoso reclama de la autoridad responsable la resolución emitida el quince de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 3027/2019, en la que se decretó auto de vinculación a proceso en su contra. IV. Certeza del acto reclamado Es cierto el acto reclamado al juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta localidad, pues así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las constancias que allegó, así como con el disco versátil digital relativo a la causa penal 3027/2019. A las documentales mencionadas se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2, párrafo segundo, del último ordenamiento legal citado. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Al disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerado como adelanto de la ciencia, se le confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con el numeral 2. Es aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis 43/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." V. Estudio de fondo De oficio este juzgador no advierte la actualización de causa de improcedencia, ni aparece que las partes la hayan hecho valer; por tanto, se procederá al estudio de la cuestión constitucional planteada. En principio, se debe decir que para el estudio del presente asunto serán examinados los conceptos de violación inmersos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. Precisado lo anterior, se debe decir que los conceptos de violación que hace valer la quejosa resultan infundados, sin que del análisis de la resolución en suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lleve a diversa consideración, como se expondrá enseguida. De inicio, es oportuno destacar que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, por cuanto hace al sistema procesal penal previsto en la modificación a tales preceptos, su entrada en vigor se encuentra condicionada a que los Estados, en el ámbito de sus competencias, expidan y pongan en vigor las modificaciones u ordenamientos legales necesarios, de conformidad con el primer párrafo del artículo transitorio segundo establecido para dicha reforma, el cual en su parte conducente, dice: "Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales .". En el Estado de Sonora, mediante decreto número 5, el quince de octubre de dos mil quince, se declaró lo siguiente "QUE DECLARA QUE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SE INCORPORA AL RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTADO DE SONORA. ARTÍCULO ÚNICO. Para los efectos señalados en el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de marzo de 2014, se declara que el Código Nacional de Procedimientos Penales se incorpora al régimen jurídico del Estado de Sonora, ordenando su entrada en vigor de manera gradual, de acuerdo con las siguientes prevenciones: El 15 de diciembre del 2015 en los siguientes distritos judiciales: En el distrito judicial de Hermosillo, que comprende las siguientes Municipalidades: Hermosillo, con las Comisarías de El Poblado Miguel Alemán y San José de Gracia; La Colorada, con las Comisarías de San José de Pimas, Moradillas, Tecoripa y Estación Serdán; San Javier; Suaqui Grande; Mazatán; San Miguel de Horcasitas, con las Comisarías de Los Ángeles y Pesqueira; Carbó; Onavas y Soyopa, con las Comisarías de Tónichi, San Antonio de la Huerta, Llano Colorado y Rebeico; las Comisarías de Félix Gómez y Puerto Libertad del Municipio de Pitiquito; la Comisaría de Querobabi del Municipio de Opodepe. Cabecera: Hermosillo; En el distrito judicial de Sahuaripa, que comprende las siguientes Municipalidades: Sahuaripa, con las Comisarías de Güisamopa, La Mesita del Cuajari, Santo Tomás, Sehuadéhuachi, Mulatos, Trigo de Corodepe, La Iglesia y Valle de Tacupeto; Arivechi, con las Comisarías de Bámori y Tarachi; Bacanora, con las Comisarías de Mina México, Santa Teresa, Milpillas y Encinal; y Yécora, con las Comisarías de Guadalupe, Santa Ana, Santa Rosa, Tepoca, La Trinidad y Maycoba. Cabecera: Sahuaripa; y En el distrito judicial de Ures, que comprende las siguientes Municipalidades: Ures, con las Comisarías de Guadalupe, La Palma, Pueblo de Álamos, Santa Rosalía y Rancho de San Pedro; Aconchi, con la Comisaría de La Estancia; Banámichi; Baviácora, con las Comisarías de Suaqui, La Capilla, San José de Baviácora; Huépac, con la Comisaría de Ranchito de Huépac; Opodepe, con las Comisarías de Meresichi y Tuape; Rayón; San Felipe; San Pedro De La Cueva y Villa Pesqueira, con la Comisaría de Nácori Grande. Cabecera: Ures. Distritos Judiciales en que se decreta entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales por lo que se refiere a todos los delitos previstos en el Código Penal para el Estado de Sonora, con exclusión de los enunciados en el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de delitos del fuero común. El 30 de marzo de 2016 en los siguientes distritos judiciales: En el distrito judicial de Navojoa, que comprende las siguientes Municipalidades: Navojoa, con las Comisarías de Rosales, Tesia, Camoa, San Ignacio, Bacabachi, Fundición y Masiaca; y Quiriego, con la Comisaría de Batacosa. Cabecera: Navojoa; En el distrito judicial de Álamos, que comprende la Municipalidad de Álamos, con las Comisarías de Tapizuelas, Basiroa, Gerocoa, Minas Nuevas, Los Tanques, Macoyahui, San Bernardo, Los Camotes, Maquipo, Potrero de Reuter, Potrero de Alcántar, El Limón, El Cupis, La Laborcita, Conicárit, Los Muertos, Cochibampo, El Chinal, Palos Chinos, Guirocoba y El Tabelo. Cabecera: Álamos; En el distrito judicial de Huatabampo, que comprende las siguientes Municipalidades: Huatabampo, con las Comisarías de Citaváro, La Galera, Júpare, Etchoropo, Yavaros, Moroncárit y Agiabampo; Etchojoa, con las Comisarías La Villa, Basconcobe, Bacobampo, Chucarit y San Pedro; y Benito Juárez. Cabecera: Huatabampo; En el distrito judicial de Cananea, que comprende las siguientes Municipalidades: Cananea; Arizpe, con las Comisarías de Chinapa, Bacanuchi y Sinoquipe; Bacoachi Y Naco. Cabecera: Cananea; En el distrito judicial de Agua Prieta, que comprende las siguientes Municipalidades: Agua Prieta, con las Comisarías de Colonia Morelos y el Pozo Morelos; Fronteras, con las Comisarías de Cuquiarachi y Esqueda; Bavispe, con la Comisaría de San Miguel de Bavispe; Bacerac y Huachinera. Cabecera: Agua Prieta; En el distrito judicial de Moctezuma, que comprende las siguientes Municipalidades: Moctezuma, con la Comisaría de Terapa; Nacozari De García, con las Comisarías de Pilares de Nacozari, El Tigre y Casa de Teras; Bacadéhuachi; Cumpas, con la Comisaría de Jécori, Teonadepa, Ojo de Agua, Los Hoyos y Colonia Álvaro Obregón; Divisaderos; Granados; Huásabas; Nácori Chico; Villa Hidalgo y Tepache. Cabecera: Cumpas; En el distrito judicial de San Luis Río Colorado, que comprende la Municipalidad de San Luis Rio Colorado, con la Comisaría de Luis B. Sánchez. Cabecera: San Luis Rio Colorado; En el distrito judicial de Altar, que comprende las siguientes Municipalidades: Altar, con la Comisaría de El Plomo; Caborca; Atil; Oquitoa; Sáric, con la Comisaría de Sásabe; Trincheras, con la Comisaría de El Puerto de Camou; Pitiquito, con la Comisaría de La Ciénega; y Tubutama, con las Comisarías de La Reforma y La Sangre. Cabecera: Caborca; y En el distrito judicial de Puerto Peñasco, que comprende las siguientes Municipalidades: Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles. Cabecera: Puerto Peñasco. Distritos Judiciales en que se decreta entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales por lo que se refiere a todos los delitos previstos en el Código Penal para el Estado de Sonora, con exclusión de los enunciados en el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de delitos del fuero común. El 30 de mayo de 2016 en los siguientes distritos judiciales: En el distrito judicial de Cajeme, que comprende las siguientes Municipalidades: Cajeme, con las Comisarías de Cócorit, Esperanza, Providencia y Pueblo Yaqui; Bacum, San Ignacio Río Muerto y Rosario, con las Comisarías de Cedros, Nuri, La Dura y Movas, las Comisarías de Vícam, Pótam y Tórim de la Municipalidad de Guaymas. Cabecera: Ciudad Obregón; En el distrito judicial de Guaymas, que comprende las siguientes Municipalidades: Guaymas, con las Comisarías de La Misa, Ortiz, San Carlos Nuevo Guaymas y Francisco Márquez; y Empalme, con la Comisaría de Maytorena. Cabecera: Guaymas; En el distrito judicial de Nogales, que comprende las siguientes Municipalidades: Nogales y Santa Cruz. Cabecera: Nogales; y En el distrito judicial de Magdalena, que comprende las siguientes Municipalidades: Magdalena, con las Comisarías de San Ignacio y San Lorenzo; Cucurpe; Ímuris, con la Comisaría de Terrenate; Santa Ana, con las Comisarías de Estación Llano, Coyotillo y Santa Martha; Benjamín Hill. Cabecera: Magdalena. Distritos Judiciales en que se decreta que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales por lo que se refiere a todos los delitos previstos en el Código Penal para el Estado de Sonora y leyes especiales. El 30 de mayo de 2016 en los siguientes distritos judiciales: En el distrito judicial de Hermosillo que comprende las siguientes Municipalidades: Hermosillo, con las Comisarías de El Poblado Miguel Alemán y San José de Gracia; La Colorada, con las Comisarías de San José de Pimas, Moradillas, Tecoripa y Estación Serdán; San Javier; Suaqui Grande; Mazatán; San Miguel de Horcasitas, con las Comisarías de Los Ángeles y Pesqueira; Carbó; Onavas y Soyopa, con las Comisarías de Tónichi, San Antonio de la Huerta, Llano Colorado y Rebeico; las Comisarías de Félix Gómez y Puerto Libertad del Municipio de Pitiquito; la Comisaría de Querobabi del Municipio de Opodepe. Cabecera: Hermosillo; En el distrito judicial de Sahuaripa, que comprende las siguientes Municipalidades: Sahuaripa, con las Comisarías de Güisamopa, La Mesita del Cuajari, Santo Tomás, Sehuadéhuachi, Mulatos, Trigo de Corodepe, La Iglesia y Valle de Tacupeto; Arivechi, con las Comisarías de Bámori y Tarachi; Bacanora, con las Comisarías de Mina México, Santa Teresa, Milpillas y Encinal; y Yécora, con las Comisarías de Guadalupe, Santa Ana, Santa Rosa, Tepoca, La Trinidad y Maycoba. Cabecera: Sahuaripa; En el distrito judicial de Ures, que comprende las siguientes Municipalidades: Ures, con las Comisarías de Guadalupe, La Palma, Pueblo de Álamos, Santa Rosalía y Rancho de San Pedro; Aconchi, con la Comisaría de La Estancia; Banámichi; Baviácora, con las Comisarías de Suaqui, La Capilla, San José de Baviácora; Huépac, con la Comisaría de Ranchito de Huépac; Opodepe, con las Comisarías de Meresichi y Tuape; Rayón; San Felipe; San Pedro De La Cueva y Villa Pesqueira, con la Comisaría de Nácori Grande. Cabecera: Ures; En el distrito judicial de Navojoa, que comprende las siguientes Municipalidades: Navojoa, con las Comisarías de Rosales, Tesia, Camoa, San Ignacio, Bacabachi, Fundición y Masiaca; y Quiriego, con la Comisaría de Batacosa. Cabecera: Navojoa; En el distrito judicial de Álamos, que comprende la Municipalidad de Álamos, con las Comisarías de Tapizuelas, Basiroa, Gerocoa, Minas Nuevas, Los Tanques, Macoyahui, San Bernardo, Los Camotes, Maquipo, Potrero de Reuter, Potrero de Alcántar, El Limón, El Cupis, La Laborcita, Conicárit, Los Muertos, Cochibampo, El Chinal, Palos Chinos, Guirocoba y El Tabelo. Cabecera: Álamos; En el distrito judicial de Huatabampo, que comprende las siguientes Municipalidades: Huatabampo, con las Comisarías de Citaváro, La Galera, Júpare, Etchoropo, Yavaros, Moroncárit y Agiabampo; Etchojoa, con las Comisarías La Villa, Basconcobe, Bacobampo, Chucarit y San Pedro; y Benito Juárez. Cabecera: Huatabampo; En el distrito judicial de Cananea, que comprende las siguientes Municipalidades: Cananea; Arizpe, con las Comisarías de Chinapa, Bacanuchi y Sinoquipe; Bacoachi y Naco. Cabecera: Cananea; En el distrito judicial de Agua Prieta, que comprende las siguientes Municipalidades: Agua Prieta, con las Comisarías de Colonia Morelos y el Pozo Morelos; Fronteras, con las Comisarías de Cuquiarachi y Esqueda; Bavispe, con la Comisaría de San Miguel de Bavispe; Bacerac y Huachinera. Cabecera: Agua Prieta; En el distrito judicial de Moctezuma, que comprende las siguientes Municipalidades: Moctezuma, con la Comisaría de Terapa; Nacozari De García, con las Comisarías de Pilares de Nacozari, El Tigre y Casa de Teras; Bacadéhuachi; Cumpas, con la Comisaría de Jécori, Teonadepa, Ojo de Agua, Los Hoyos y Colonia Álvaro Obregón; Divisaderos; Granados; Huásabas; Nácori Chico; Villa Hidalgo y Tepache. Cabecera: Cumpas; En el distrito judicial de San Luis Río Colorado, que comprende la Municipalidad de San Luis Rio Colorado, con la Comisaría de Luis B. Sánchez. Cabecera: San Luis Rio Colorado; En el distrito judicial de Altar, que comprende las siguientes Municipalidades: Altar, con la Comisaría de El Plomo; Caborca; Atil; Oquitoa; Sáric, con la Comisaría de Sásabe; Trincheras, con la Comisaría de El Puerto de Camou; Pitiquito, con la Comisaría de La Ciénega; y Tubutama, con las Comisarías de La Reforma y La Sangre. Cabecera: Caborca; y En el distrito judicial de Puerto Peñasco, que comprende las siguientes Municipalidades: Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles. Cabecera: Puerto Peñasco. Distritos Judiciales en que se decreta que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales por lo que se refiere a los delitos referidos en el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de delitos del fuero común. TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Los procedimientos y juicios penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en nuestro Estado, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto." De lo expuesto se advierte que resulta aplicable al caso concreto el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que la carpeta de investigación se inició el uno de mayo de dos mil diecinueve, en el Distrito Judicial Uno de Hermosillo, Sonora, siendo que la codificación aludida entró en vigor el quince de diciembre de dos mil quince, tratándose de uno de los delitos enunciados en el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diversos delitos del fuero común, respecto de los cuales entró en vigor dicha codificación hasta el treinta de mayo de dos mil dieciséis. De ahí que resulta aplicable el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se procede al análisis de la resolución en la que se decretó el auto de vinculación a proceso, emitida el quince de enero de dos mil veinte, en la causa penal 3027/2019, por el jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, con sede en esta ciudad. Conviene precisar que la quejosa fue vinculada a proceso por el juez de control, porque al parecer se colmaron los requisitos que establecen los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales disponen: "Articulo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De la lectura de los numerales transcritos, se evidencia claramente que mientras el precepto constitucional invocado, prevé los componentes que debe incluir el auto de vinculación a proceso -requisitos materiales de contenido-, es decir, los elementos que lo conforman, el dispositivo legal de la norma secundaria, enumera algunos presupuestos procedimentales que deben colmarse previo al dictado de la resolución en análisis, además de otro de fondo necesario para la validez de la propia determinación. De una interpretación sistemática de los referidos artículos, se advierte que los requisitos constitucionales y procesales, se pueden dividir en las clasificaciones siguientes: Requisitos de forma, que se exigen previamente al dictado de un auto de vinculación a proceso, y sin los cuales no procede iniciar su emisión; y, Requisitos de fondo, que son aquellos elementos que conforman la propia resolución, es decir, son los que deben estar precisados y acreditados por el juzgador en la misma audiencia, con el propósito de que sea legal. En primer término, se tiene que los requisitos de forma son: Que se haya formulado la imputación; y, Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. Esos requisitos, forman parte de las formalidades esenciales del procedimiento, que en términos del artículo 14 constitucional, consisten básicamente en que previamente a privar de un derecho a una persona debe ser oído y vencido en juicio, con las formalidades que para tal efecto establece la norma; así lo prevé también la jurisprudencia 11/ 2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Revisada la audiencia celebrada el quince de enero de dos mil veinte, se aprecia que su desarrollo se ajustó a las disposiciones contenidas en el artículo 14 constitucional, al cumplirse con las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, se le informó a la quejosa por parte del Ministerio Público los cargos en su contra. Se hizo de su conocimiento que tenía derecho a responder a ellos o abstenerse de hacerlo, y que esto último no podría ser usado en su contra, lo cual aconteció en presencia de su defensor, al que designó libremente, garantizando el derecho a la defensa adecuada del imputado. Así, al inicio de la audiencia, la jueza de control, en términos de lo dispuesto en el artículo 307, primer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, preguntó a la imputada si se le habían dado a conocer sus derechos constitucionales con anterioridad y si tenía alguna duda al respecto, a lo que la imputada manifestó estar debidamente enterada de ello. En este sentido el juez responsable garantizó el derecho a la defensa adecuada de la imputada. Por otra parte, de la referida audiencia, se advierte que en uso de la voz el agente del Ministerio Público, relató los datos de prueba existentes en contra de la ahora quejosa, pues hizo de su conocimiento ante la presencia judicial, que estaba realizando una investigación con motivo de los hechos que derivan de las denuncias y querellas presentadas por las propias víctimas, de las que se advierte que se habían cometido hechos que la ley señala como delitos, a saber, asociación delictuosa y fraude continuado en concurso real de delitos, previstos y sancionados en los artículos 142, 318 y 320, respectivamente, en relación con los numerales 15 y 70, todos del Código Penal para el Estado de Sonora, informándole previamente, además en forma específica, quienes la imputaban, las víctimas de nombre José Valenzuela Vivian, Gloria Karina Flores Lugo, Ángel Rogelio Quijada Leal, Aldo Israel Valenzuela García, María Luisa Lugo Lam, Alba Ramona Urquijo Moreno, Jesús Eduardo Miranda Aguilar, Manuel Francisco Palacios Álvarez, Patricia Bujanda Peraza, Jorge Arturo Magallanes, Selene Guadalupe Arreola López, Osmar Urquides Gámez, Gerardo Alonso Quiroz Barrendez, Alma Patricia Valenzuela Ruiz, Leticia López Bejarano, Rosa María Guevara Moreno o María del Rosario Guevara Moreno, Guadalupe Galaviz Foqui, Adrián Rivera Salcedo, María Zulema Burgos Matrecitos, Jeovany Andrés Solis Avilés, Juan Carlos Marín Barnet, Luis Jesús León Celaya, Ricardo Cruz Munguía, Elsa María Olmos Navarro, Martha Margarita Sarrasin Romero, María de los Ángeles Valenzuela Bórquez, Gladis Araceli Villegas Domínguez y Carmen Elizabeth Villegas Domínguez, y cuáles fueron los hechos circunstanciados en los cuales se estimaron colmados tales presupuestos de hecho señalados, lo cual se ajusta a lo establecido en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente, el juez de control, cerciorado de que la imputada conocía sus derechos constitucionales, informó a la quejosa respecto de su derecho relativo a la declaración preparatoria, a lo que esta última, una vez consultado con su defensor, manifestó que se reservaba su derecho a declarar. De igual forma, el juez de control le informó a la imputada que el agente del Ministerio Público solicitó que se emitiera auto de vinculación a proceso, por lo que hizo de su conocimiento que dicha solicitud la podía resolver en el plazo de setenta y dos horas o ampliar el término a ciento cuarenta y cuatro horas, o incluso podía resolverse en esa misma audiencia, por lo que cuestionó a la imputada cuándo deseaba que fuera resuelta dicha solicitud, y una vez que esta última lo consultó con su defensor, pidió que se resolviera en la misma audiencia; lo cual demuestra que el a quo no impidió ni obstaculizó el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso para desvirtuar la imputación del Ministerio Público. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J.26/2015 de rubro y texto: "DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO. Conforme al parámetro de control de regularidad constitucional, que deriva de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que se configura por la observancia y aplicación de las normas constitucionales y de fuente internacional en materia de derechos humanos, así como la directriz de interpretación pro personae; el artículo 20, apartado A, fracción IX, del referido ordenamiento constitucional, texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, debe interpretarse armónicamente con los numerales 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el criterio contenido en la tesis aislada P. XII/2014 (10a.) (*), emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.", y la propia doctrina de interpretación constitucional generada por esta Primera Sala. Lo anterior, para establecer que el ejercicio eficaz y forma de garantizar el derecho humano de defensa adecuada en materia penal implica que el imputado (lato sensu), a fin de garantizar que cuente con una defensa técnica adecuada, debe ser asistido jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en las que intervenga, por un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor público); incluso, de ser posible, desde el momento en que acontezca su detención. La exigencia de una defensa técnica encuentra justificación al requerirse de una persona que tenga la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el imputado, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le permita estar posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra. Lo cual no se satisface si la asistencia es proporcionada por cualquier otra persona que no reúna la citada característica, a pesar de ser de la confianza del referido imputado.. Por otro lado, en lo concerniente a los demás requisitos denominados de fondo que debe contener el auto de vinculación a proceso, obtenidos de una interpretación sistemática hecha a los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales se puede determinar que son: Que se exprese el delito que se imputa; Lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; Datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; y, Que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Previo a corroborar que los anteriores requisitos constitucionales quedaron acreditados, es preciso señalar que el derecho fundamental de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Federal tutela a favor de los gobernados que todo acto de autoridad del Estado debe estar fundado y motivado. De ahí que las razones que ofrezca la responsable deben ser tan amplias como para comprender en que precepto o preceptos normativos se basa para emitir la resolución, lo que constituye la motivación del acto reclamado. En efecto, la exigencia de motivación se traducirá en la expresión de las razones por las cuales se considere que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y se adecuan a una disposición legal. En suma, los presupuestos de la fundamentación y motivación deben coexistir y se suponen en forma mutua, aunque el primero se infiera del segundo, al menos en el ámbito jurisdiccional. Por lo demás, esta correlación supone la demostración de la causa legal del procedimiento. Todo lo anterior con un solo fin, darle a conocer al gobernado la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que sea claro y esté en aptitud de cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Precisado lo anterior, del acto reclamado se advierte que los requisitos constitucionales para el dictado del auto de vinculación a proceso, quedaron demostrados en forma completa. Ello, porque de la audiencia de quince de enero de dos mil veinte, en la que el juez natural determinó vincular a proceso a la quejosa quedó evidenciado que los hechos delictivos por los cuales se realizó la imputación son las de asociación delictuosa y fraude continuado en concurso real de delitos, previstos y sancionados en los artículos 142, 318 y 320, respectivamente, en relación con los numerales 15 y 70, todos del Código Penal para el Estado de Sonora. En cuanto a los aspectos de lugar, tiempo y circunstancias de ejecución que exige el precepto 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad responsable al determinar vincularlo a proceso estableció que desde el mes de septiembre de dos mil dieciocho a finales de enero de dos mil diecinueve, la empresa denominada "Grupo Inmobiliario Atenas", o bien, denominado "Grupo Inmobiliario de Servicios y Remodelaciones Atenas", probablemente engañaron a las víctimas quienes señalan que después de haber observado en las redes sociales y haber llamado a diversos números telefónicos, visitaron el domicilio ubicado en bulevar Vildosola número 91 de la colonia Villa de Seris en esta ciudad, domicilio que pertenece al negocio denominado "Grupo Inmobiliario Atenas", o bien, denominado "Grupo Inmobiliario de Servicios y Remodelaciones Atenas", en donde fueron atendidos por empleados de dicho lugar, y a donde acudieron para solicitar una compra venta de un inmueble, debido a que dicha negociación se publicaba en los grupos de venta de las redes sociales como lo es faceboock, en donde se invitaba a las personas para que llevaran a cabo la compra de inmuebles hipotecados que se encontraban en remate y en proceso de adjudicación, para lo cual solicitaban un anticipo de entre el veinte o el treinta por ciento del valor del total del inmueble en el supuesto remate, por lo que las personas se ponían en contacto, ya sea mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto, o la aplicación whatsapp o faceboock, con diversos empleados de la negociación inmobiliaria con el fin de que proporcionaran datos sobre los inmuebles a rematar que estaban ofertando, para después de eso, llevar a cabo un contrato de prestación de servicios con la empresa señalada, esto con el fin de llevar a cabo la compra venta de inmuebles a rematar, pidiéndoles como requisito que pagaran el anticipo del veinte o treinta por ciento del costo del inmueble, y que el resto lo podían someter a un financiamiento de treinta y seis a sesenta meses o bien tres pagos, que se cubrirían de la forma siguiente, un primer pago correspondiente al anticipo del veinte o treinta por ciento, un segundo pago, correspondiente a cubrir hasta el cincuenta por ciento del valor del inmueble al momento de la firma de las escrituras correspondientes ante Notario Público, y un tercer pago, se cubriría el resto una vez que se entregara el inmueble, mismo que se iba a entregar en un plazo no mayor a noventa días después de la fecha de contratación, y en caso de no hacer dicha entrega, les sería reembolsado el diez por ciento del valor total del inmueble de referencia, por lo que en vista de ello, la imputada como empleada de la citada empresa probablemente se hizo de un lucro indebido, como son los anticipos que las víctimas hicieron para tratar de comprar un inmueble, lo cual nunca aconteció, porque además dicha empresa ni la imputada están registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Economía, y que además no existe evidencia de que se haya entregado algún inmueble con motivo de dicha negociación, hasta ese momento procesal. Situación por la cual los referidos hechos a la postre se consideraron constitutivos de los delitos de asociación delictuosa y fraude continuado en concurso real de delitos, previstos y sancionados en los artículos 142, 318 y 320 respectivamente, en relación con los numerales 15 y 70, todos del Código Penal para el Estado de Sonora. Lo anterior, tomando en consideración los demás datos de prueba aportados por el Ministerio Público, consistentes en las denuncias y querellas presentadas por las víctimas José Valenzuela Vivian, Gloria Karina Flores Lugo, Ángel Rogelio Quijada Leal, Aldo Israel Valenzuela García, María Luisa Lugo Lam, Alba Ramona Urquijo Moreno, Jesús Eduardo Miranda Aguilar, Manuel Francisco Palacios Álvarez, Patricia Bujanda Peraza, Jorge Arturo Magallanes, Selene Guadalupe Arreola López, Osmar Urquides Gámez, Gerardo Alonso Quiroz Barrendez, Alma Patricia Valenzuela Ruiz, Leticia López Bejarano, Rosa María Guevara Moreno o María del Rosario Guevara Moreno, Guadalupe Galaviz Foqui, Adrián Rivera Salcedo, María Zulema Burgos Matrecitos, Jeovany Andrés Solis Avilés, Juan Carlos Marín Barnet, Luis Jesús León Celaya, Ricardo Cruz Munguía, Elsa María Olmos Navarro, Martha Margarita Sarrasin Romero, María de los Ángeles Valenzuela Bórquez, Gladis Araceli Villegas Domínguez y Carmen Elizabeth Villegas Domínguez, quienes son contestes al señalar que después de haber observado en las redes sociales y haber llamado a diversos números telefónicos, visitaron el domicilio ubicado en bulevar Vildosola número 91 de la colonia Villa de Seris en esta ciudad, domicilio que pertenece al negocio denominado "Grupo Inmobiliario Atenas", o bien, denominado "Grupo Inmobiliario de Servicios y Remodelaciones Atenas", en donde fueron atendidos por empleados de dicho lugar, y a donde acudieron para solicitar una compra venta de un inmueble, debido a que dicha negociación se publicaba en los grupos de venta de las redes sociales como lo es faceboock, en donde se invitaba a las personas para que llevaran a cabo la compra de inmuebles hipotecados que se encontraban en remate y en proceso de adjudicación, para lo cual solicitaban un anticipo de entre el veinte o el treinta por ciento del valor del total del inmueble en el supuesto remate, por lo que las personas se ponían en contacto, ya sea mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto, o la aplicación whatsapp o faceboock, con diversos empleados de la negociación inmobiliaria con el fin de que proporcionaran datos sobre los inmuebles a rematar que estaban ofertando, para después de eso, llevar a cabo un contrato de prestación de servicios con la empresa señalada, esto con el fin de llevar a cabo la compra venta de inmuebles a rematar, pidiéndoles como requisito que pagaran el anticipo del veinte o treinta por ciento del costo del inmueble, y que el resto lo podían someter a un financiamiento de treinta y seis a sesenta meses o bien tres pagos, que se cubrirían de la forma siguiente, un primer pago correspondiente al anticipo del veinte o treinta por ciento, un segundo pago, correspondiente a cubrir hasta el cincuenta por ciento del valor del inmueble al momento de la firma de las escrituras correspondientes ante Notario Público, y un tercer pago, se cubriría el resto una vez que se entregara el inmueble, mismo que se iba a entregar en un plazo no mayor a noventa días después de la fecha de contratación, y en caso de no hacer dicha entrega, les sería reembolsado el diez por ciento del valor total del inmueble de referencia. Que posteriormente las víctimas tuvieron referencia por medio de redes sociales de personas que aludían que la empresa no tenía registro ante la Procuraduría Federal del Consumidor ni en la Secretaría de Economía, además de que dejaban en entredicho la honorabilidad de la empresa, por lo que al comenzar a dudar al respecto comparecían de nuevo ante la citada empresa, en donde los calmaban diciéndoles que se trataba de clientes que voluntariamente dieron por terminada la relación contractual y que querían el cien por ciento del dinero que proporcionaron, lo cual les dijeron que no era posible porque había una penalización al respecto, por haber dado por terminada la relación contractual de manera voluntaria, y de esa manera las víctimas seguían creyendo en el procedimiento al que habían instado para poder hacerse de una casa habitación. Dichas denuncias y querellas se encuentran corroboradas con los contratos que adjuntaron a las mismas en donde se advierte que más que un contrato de servicios eran prácticamente de la compra venta del inmueble, en donde se mencionaban los términos y condiciones de la misma. Información obtenida del registrador titular de la Oficina Jurisdiccional de Servicios Registrales y de Comercio, Carlos Armando Rivera Martínez, quien señaló que la empresa inmobiliaria "Grupo Inmobiliario Atenas", o bien, denominado "Grupo Inmobiliario de Servicios y Remodelaciones Atenas", no cuenta con ningún bien registrado ante dicha dependencia. El ingeniero Fausto E. Vázquez Castelo de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que la empresa inmobiliaria "Grupo Inmobiliario Atenas", o bien, denominado "Grupo Inmobiliario de Servicios y Remodelaciones Atenas", no se encuentra registrada ante dicha institución. Informe de la licenciada María Guadalupe Gaona Ávila, directora general jurídica de la Secretaría de Economía, en donde se señala que las empresas referidas como Grupo Inmobiliario Atenas, ni la imputada ni copartícipes, no cuentan con registro ante dicha dependencia en donde aparezcan dichas personas morales o físicas señaladas, de donde se advierte que no cuenta con licencia para vender inmuebles. Información del ingeniero Pedro Alegría Ramírez, perito encargado del departamento de dactiloscopía de la agencia ministerial de investigación criminal, de donde deriva que la imputada solicitó una constancia de no antecedentes penales. En consecuencia, atendiendo a la existencia de dichos datos de prueba, el juez responsable llegó a la conclusión de determinar que con los antecedentes de investigación expuestos por el agente del Ministerio Público se desprenden datos de prueba que son idóneos y pertinentes para establecer su existencia, actualizándose lo que la ley señala como delitos de asociación delictuosa y fraude continuado en concurso real de delitos, previstos y sancionados en los artículos 142, 318 y 320, respectivamente, en relación con los numerales 15 y 70, todos del Código Penal para el Estado de Sonora. En el caso existe la probabilidad que la imputada Andrea Carolina Ruiz Arce cometió esos hechos que la ley señala como delitos, tal y como el juez responsable lo determinó, tomando en cuenta los mismos datos de prueba que han quedado precisados con anterioridad y que aquí se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal, por lo que estimó que esos datos de prueba son suficientes, idóneos y pertinentes para establecer que posiblemente la persona que cometió esos hechos con apariencia delictiva de asociación delictuosa y fraude continuado en concurso real de delitos, previstos y sancionados en los artículos 142, 318 y 320, respectivamente, en relación con los numerales 15 y 70, todos del Código Penal para el Estado de Sonora. Además, determinó que de los datos de prueba se establece de una forma razonable, que esos hechos se cometieron de una manera permanente y continua y de una forma dolosa en términos de lo que establecen los artículos 5, fracciones II y III, y 6, fracción I, y del Código Penal para el Estado de Sonora; y en cuanto a la forma de intervención delictiva fue de forma conjunta, en términos de lo previsto en el artículo 11, fracción II, del referido ordenamiento legal invocado. También es correcta la determinación del juez responsable en el sentido de que no se actualiza una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Con lo anterior, el juez responsable llegó a la conclusión de que son suficientes para acreditar los hechos que la ley señala como delitos de asociación delictuosa y fraude continuado en concurso real de delitos, previstos y sancionados en los artículos 142, 318 y 320, respectivamente, en relación con los numerales 15 y 70, todos del Código Penal para el Estado de Sonora. Cabe agregar, que no es necesario contar con mayores elementos o datos de prueba que permitan confirmar la probable participación de la quejosa en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de asociación delictuosa y fraude continuado en concurso real de delitos, previstos y sancionados en los artículos 142, 318 y 320, respectivamente, en relación con los numerales 15 y 70, todos del Código Penal para el Estado de Sonora, pues conforme con los principios que rigen el sistema acusatorio adversarial, al ubicarse el acto reclamado en la etapa inicial, el juez solo debe tomar conocimiento personal del material probatorio introducido en la audiencia, y escuchar directamente los argumentos de las partes para concluir, conforme al grado de responsabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), si se justifica o no el extremo apuntado. En otras palabras, en el sistema acusatorio oral y adversarial rige el principio de bajo estándar probatorio en la valoración de los datos de prueba al vincular a proceso, contenido en la fracción III, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que los datos de prueba solo deben aportar indicios razonables que le permitan suponer la probable participación del imputado en el hecho delictuoso, como acontece en el presente caso. Por todo lo anterior, se estima constitucionalmente correcta la determinación de vincular a proceso a la imputada Andrea Carolina Ruiz Arce, pues existen datos que establecen que se cometieron los hechos señalados por la ley como delitos, y que existe la probabilidad de que ella los cometió. Dicho de otra manera, con la vinculación a proceso solo se fija la materia a que se constreñirá la investigación por parte de la fiscalía, dentro del plazo fijado por el juez de control; por tanto, este no está en condiciones de exigirle a dicha representación social que reúna todos los elementos de convicción pensables del caso concreto, sino a lo que humanamente se puede obtener dentro del espacio temporal de la investigación preliminar, en el entendido de que, con la vinculación, la fiscalía seguirá investigando. Será pues, en la etapa de investigación complementaria en la que la fiscalía estará en aptitud de aportar mayores datos de convicción para demostrar los hechos materia de imputación. En el entendido de que, una vez concluida la fase de investigación complementaria, solo si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos de incriminación contra el imputado presentará la acusación. De ahí que, la resolución reclamada deriva de un procedimiento en el que, hasta el momento, se han cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, así como de legalidad y de seguridad jurídica, por lo que adverso a lo afirmado por la quejosa en los conceptos de violación, no se vulneran los derechos humanos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Cabe resaltar que en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si se cumple con los lineamientos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional solo debe atenderse el hecho o hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; por ello, el juez de control debe examinar el grado de racionalidad (teniendo como factor principal la duda razonable) para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que se puedan tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Con apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 1ª. /J. 35/2017, por contradicción de tesis 87/2016 de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. En ese contexto, para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se requiere que se acredite el cuerpo del delito, menos el tipo penal, sino que únicamente exista un hecho que la ley señale como delito. Por tanto, la autoridad responsable estuvo en lo correcto al establecer que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público resultaron suficientes para acreditar que se cometieron hechos que la ley contempla como delitos, en el caso concreto, de asociación delictuosa y fraude continuado en concurso real de delitos, previstos y sancionados en los artículos 142, 318 y 320, respectivamente, en relación con los numerales 15 y 70, todos del Código Penal para el Estado de Sonora; toda vez que según lo señalado en la denuncia de la propia víctima, se dejó establecido que desde el año de mil novecientos noventa y cinco, al menos desde septiembre de dos mil dieciocho hasta finales de enero de dos mil diecinueve, la imputada ostentándose como empleada de la empresa inmobiliaria ubicada en bulevar Vildosola número 91 de la colonia Villa de Seris en esta ciudad, denominada "Grupo Inmobiliario Atenas", o "Grupo Inmobiliario de Servicios y Remodelaciones Atenas", en donde las víctimas acudieron para solicitar una compra venta de un inmueble, debido a que dicha negociación se publicaba en los grupos de venta de las redes sociales como lo es faceboock, en donde se invitaba a las personas para que llevaran a cabo la compra de inmuebles hipotecados que se encontraban en remate y en proceso de adjudicación, para lo cual solicitaban un anticipo de entre el veinte o el treinta por ciento del valor del total del inmueble en el supuesto remate, por lo que las personas se ponían en contacto, ya sea mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto, o la aplicación whatsapp o faceboock, con diversos empleados de la negociación inmobiliaria con el fin de que proporcionaran datos sobre los inmuebles a rematar que estaban ofertando, para después de eso, llevar a cabo un contrato de prestación de servicios con la empresa señalada, esto con el fin de llevar a cabo la compra venta de inmuebles a rematar, pidiéndoles como requisito que pagaran el anticipo del veinte o treinta por ciento del costo del inmueble, y que el resto lo podían someter a un financiamiento de treinta y seis a sesenta meses o bien tres pagos, que se cubrirían de la forma siguiente, un primer pago correspondiente al anticipo del veinte o treinta por ciento, un segundo pago, correspondiente a cubrir hasta el cincuenta por ciento del valor del inmueble al momento de la firma de las escrituras correspondientes ante Notario Público, y un tercer pago, se cubriría el resto una vez que se entregara el inmueble, mismo que se iba a entregar en un plazo no mayor a noventa días después de la fecha de contratación, y en caso de no hacer dicha entrega, les sería reembolsado el diez por ciento del valor total del inmueble de referencia. Por otra parte, en relación con lo que arguye la quejosa, relativo a que no hay prueba de que existiera un engaño y por lo tanto se actualiza la excluyente de delito por la atipicidad, al respecto se tiene, que contrario a lo que afirma la quejosa, en concordancia con lo expuesto por el juez responsable, el engaño se obtiene a partir de las publicaciones en redes sociales de la oferta de inmuebles que están en proceso de remate y posible adjudicación en juicios, ofreciéndolos a precios muy por debajo de los que realmente tienen las casas habitaciones ofrecidas a las veintiocho víctimas, además de no contar con registro en la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Economía, pero sobre todo porque no existe hasta esta momento procesal, ninguna entrega de inmueble al respecto, de ahí lo infundado de tal argumento. De ahí, que el juez de control si cumplió con los imperativos legales impuestos a fin de emitir un auto de vinculación a proceso. VI. Decisión En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal a Andrea Carolina Ruiz Arce contra el auto de vinculación a proceso, dictado en su contra, el quince de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 3027/2019, del índice de la autoridad responsable. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Andrea Carolina Ruiz Arce, en contra del acto reclamado a las autoridades precisadas en el apartado IV, por los motivos expuestos en el apartado V de la presente resolución. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, doce de marzo de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto lo de cuenta, se advierte que no fue posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, toda vez que no obra constancia que acredite que el tercero interesado Alberto Alfonso Moreno Avalos, agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector VI, residente en esta ciudad, haya quedado debidamente emplazado; en tal virtud, reexpídase el oficio 5271/2020 dirigido al referido tercero, ello a fin de estar en aptitud de integrar el presente sumario. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las once horas con veintinueve minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, doce de febrero de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto lo de cuenta, se advierte que se encuentra pendiente el emplazamiento a juicio de la totalidad de los terceros interesados que se ordenó en autos; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con diecinueve minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese.

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