Andrea Carolina Ruiz Arce
Expediente 1438/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1438/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Juez de Control Oral Penal Uno en Hermosillo, Estado de Sonora
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita
- Andrea Carolina Ruiz Arce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Devolución de tomos de prueba y discos compactos. Finalmente, se desprende que en este juzgado obran tres discos compactos, así como tres tomos de pruebas remitidos por la autoridad responsable denominada "juez oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora" al momento de rendir su informe justificado; en esa virtud, y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena devolver dichos anexos, ya que resulta innecesaria su retención; en la inteligencia que no es necesario que la autoridad responsable acuse recibo de los citados tomos o de los discos compactos. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con ocho minutos del veinte de enero de dos mil veintitrés, en audiencia pública Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, asistida de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta a la secretaria encargada del despacho con las constancias de notificación de las partes -autoridad responsable y autoridad tercera interesada, terceros interesados, quejosa y fiscal federal adscrita-, la demanda de derechos, así como el informe justificado rendido por el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, y que mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó la separación de autos y se determinó que este juicio versará respecto el acto consistente en la resolución que negó el sobreseimiento de la causa penal ********************, atribuido al juez responsable. La secretaria encargada acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hacer constar las allegadas por la autoridad responsable -tres tomos de prueba y videograbación relativa al acto reclamado-. La secretaria encargada acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. La secretaria encargada acuerda: Se tiene por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por ********************, por conducto de su defensor particular, contra el acto atribuido al juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, residente en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito depositado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente, por razón de turno, a este juzgado de distrito, ********************, por conducto de su defensa particular, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad precisada en el proemio de esta sentencia y por el acto reclamado que más adelante se precisará. Trámite y separación de autos. Mediante acuerdo de tres de noviembre del dos mil veintidós, al reclamarse dos actos desvinculados entre sí, se ordenó la separación de autos y se determinó que este juicio versaría únicamente respecto el acto consistente en la resolución que niega el sobreseimiento de la causa penal ********************, atribuido al juez responsable; por ende, se admitió la citada demanda; se pidió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la representación social de esta adscripción, quien no formuló pedimento, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Terceros interesados. El uno de diciembre siguiente, se reconoció el carácter de terceros interesados a 1. ********************, 2. ********************, 3. ********************, 4. ********************, 5. ********************, 6. ********************, 7. ********************, 8. ********************, 9. ********************, 10. ********************, 11. ********************, 12. ********************, 13. ********************, 14. ********************, 15. ********************, 16. ********************, 17. ********************, 18. ********************, 19. ********************, 20. ********************, 21. ********************, 22. ********************, 23. ********************, 24. ********************, 25. ********************, 26. ********************, 27. ********************, y 28. ******************** -víctimas en el proceso penal de origen-, así como al agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector VI de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, por lo que se ordenó su emplazamiento a juicio, lo que así ocurrió. Audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto que se está ejecutando dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de distrito. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La determinación tomada en audiencia intermedia de dos de junio de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el sobreseimiento de la causa penal ********************, solicitado por la defensa de la imputada ******************** -aquí quejosa-. III. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto atribuido al juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, residente en esta ciudad, pues así lo manifestó en su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañó dicho juzgador a su informe, consistente en copia certificada de las constancias que integran la causa penal ********************, de su índice -tres tomos-, así como el disco compacto que contiene audio y video de los antecedentes del acto reclamado; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." IV. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente, acorde a la jurisprudencia 1a./J. 3/99, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, quien resuelve estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la citada Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de "primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [...]" Del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo será improcedente, cuando concurran los supuestos siguientes: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. En el caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado la audiencia intermedia de dos de junio de dos mil veintidós, en la que el juez de control declaró improcedente el sobreseimiento de la causa penal ********************, solicitado por la defensa de la imputada ******************** -aquí quejosa-. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de derechos, en específico las remitidas por el citado juez responsable, se advierte que en la causa penal de origen ya se dictó auto de apertura a juicio oral, con lo cual se agotó la etapa del proceso penal acusatorio. Para dar sustento a lo anterior, es preciso tener en cuenta lo siguiente: El quince de enero de dos mil veinte, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra ******************** -quejosa-, por considerarla probable responsable en la ejecución del hecho que la ley señalada como delito de fraude continuado y asociación delictuosa, cometido en perjuicio de 1. ********************, 2. ********************, 3. ********************, 4. ********************, 5. ********************, 6. ********************, 7. ********************, 8. ********************, 9. ********************, 10. ********************, 11. ********************, 12. ********************, 13. ********************, 14. ********************, 15. ********************, 16. ********************, 17. ********************, 18. ********************, 19. ********************, 20. ********************, 21. ********************, 22. ********************, 23. ********************, 24. ********************, 25. ********************, 26. ********************, 27. ********************, y 28. ********************. Seguida la secuela procesal, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la representación formulado acusación contra ********************, por los hechos señalados con antelación; se corrió traslado a las partes ofendidas, a la imputada y su defensa, y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia intermedia -diecinueve de abril de dos mil veintidós-. Previo diferimiento, el dos de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia intermedia en el proceso penal, en la que a petición de la defensa de la imputada, se abordó el estudio del sobreseimiento de la causa penal; petición que fue declarada improcedente y se difirió la citada audiencia intermedia. Acto reclamado en la presente vía constitucional. El quince de junio siguiente, se llevó a cabo dicha audiencia, en la que se tuvo a la fiscalía formulando acusación en contra de la aquí quejosa y a la defensa de la imputada contestado dicha acusación; en la misma fecha, también se dictó auto de apertura a juicio oral y se ordenó su remisión al tribunal de enjuiciamiento. Precisado lo anterior, debe decirse que al tratarse el acto reclamado en la audiencia intermedia de dos de junio de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el sobreseimiento de la causa penal ********************, solicitado por la defensa de la imputada, ésta quedó superada por la diversa audiencia de quince de junio siguiente, en la cual se dictó auto de apertura a juicio oral y se ordenó su remisión al tribunal de enjuiciamiento, actualiza la hipótesis de improcedencia en estudio. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión ********************, emitió criterio en el cual, en lo que interesa, se destaca: Sobre la etapa intermedia o de preparación de juicio oral, destacó que se trata de una fase diseñada específicamente para discutir los temas relacionados con la admisión o inadmisión de los medios de prueba que van a ser incorporados o desahogados en el juicio oral. Mientras que en la etapa de juicio, sostuvo, una vez dictada la resolución de apertura de juicio oral, el juez de control la hará llegar al juez de juicio oral o al juez que presida el tribunal de juicio oral competente, poniendo también a su disposición a las personas sometidas a prisión preventiva o a otro tipo de medidas personales; hecho lo anterior, el juez de juicio oral fijará fecha para la celebración de la audiencia correspondiente. Luego, estableció la diferenciación de funciones en un sistema penal acusatorio, adversarial y oral, esto en cuanto al cierre de etapas y oportunidad para alegar; que viene a ser un aspecto medular para la resolución del presente asunto. Al respecto, los aspectos fundamentales determinados por el Máximo Tribunal del País, son: El procedimiento penal acusatorio y oral en nuestro país se encuentra dividido en una serie de momentos o etapas, cada una de las cuales tiene una función específica; además, tales etapas se van sucediendo irreversiblemente unas a otras; lo que significa que sólo superándose una etapa es que puede comenzarse con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Esta lectura del sistema penal acusatorio se apoya en uno de sus principios fundamentales: la continuidad del proceso, previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional. El principio de continuidad ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua; es decir, debe desenvolverse sin interrupciones, de tal forma que los actos se sigan unos a otros en el tiempo. En este orden de ideas, del señalado principio se desprende la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpla su función a cabalidad -sin comprender otras- y, una vez agotada, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente; y de no hacerse así haberse superado la etapa respectiva, se entiende por regla general que se ha agotado la posibilidad de solicitarlo. Partiendo de lo anterior, si el objeto de las etapas preliminar [a partir de la intervención judicial] e intermedia consiste en ejercer un control sobre la investigación previo al inicio del juicio oral, a partir del cual se garantice la protección o ejercicio de los derechos fundamentales del imputado y se depure el material probatorio posiblemente obtenido de forma ilícita, de forma que los efectos de la violación a estos derechos no trasciendan al juicio oral; debe concluirse que será precisamente durante las mencionadas etapas cuando el imputado deba expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la transgresión de alguno de sus derechos fundamentales. Así, una vez expresados los argumentos por las partes durante la etapa que se trate, el juez de control emitirá el pronunciamiento que corresponda; y en caso de inconformidad, el imputado deberá acudir a los medios de defensa a su alcance, sin que este debate pueda ser retomado o reabierto posteriormente en la etapa de juicio oral. De esta forma se garantiza que el material probatorio que trascienda a este último sea idóneo para que el tribunal correspondiente dicte su resolución, con lo cual se busca reducir la posibilidad de que el juicio sea nulificado o repuesto, con las complicaciones y costos que ello conllevaría, en el entendido de que esa consecuencia únicamente debe asignarse a los casos que ineludiblemente lo ameriten. De dicha ejecutoria surgió, entre otras, la tesis 1a. LI/2018 (10a.), que establece: "PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. DE SU INTERPRETACIÓN SE DESPRENDE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE HACER VALER SUS INCONFORMIDADES EN EL MOMENTO O ETAPA CORRESPONDIENTE. El procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en etapas, cada una de las cuales tiene una función específica. Estas etapas se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Esta lectura del sistema penal acusatorio se apoya en el principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional. En efecto, el principio de continuidad ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo. En este orden de ideas, del señalado principio se desprende la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpla su función a cabalidad y, una vez agotadas, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente." Bajo ese contexto, en la especie, si bien la parte quejosa impugnó la determinación del juez de control, relativa a la audiencia intermedia de dos de junio de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el sobreseimiento de la causa penal ********************, solicitado por su defensa lo cierto es que para efectos de la procedencia del amparo subsiste el auto de apertura a juicio oral, lo que implica que el procedimiento ya agotó la etapa intermedia y ahora corresponde a una autoridad diversa como es el tribunal de enjuiciamiento oral. En esa virtud, lo decidido en una etapa anterior ya no puede ser modificado ni alterado, porque con ello se estaría alterando la secuencia de cada una de las etapas en el sistema penal acusatorio. De manera que, en el caso, al existir un auto de apertura a juicio oral, se actualiza un cambio de situación jurídica, por virtud del cual no puede resolverse sobre el acto reclamado en el amparo indirecto, sin afectar la nueva situación jurídica que rige la etapa del procedimiento de origen, esto es, que actualmente ya se encuentra en la etapa de juicio por virtud del auto de apertura a juicio oral. De ahí que las posibles violaciones reclamadas en el amparo indirecto, relativas a la indebida reposición del procedimiento, aun cuando ya habían transcurrido los plazos para que la representación social formulara su acusación, ya no pueden ser analizables ante el cambio de situación jurídica, pues, se insiste, ya se agotó dicha etapa, al emitirse auto de apertura a juicio oral. Es aplicable, en lo conducente, la tesis II.1o.P.20 P (10a.), que reza: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA QUE EL JUEZ DE CONTROL EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA NO HIZO DEL CONOCIMIENTO DEL IMPUTADO ESTE MODO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, Y DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO SE DICTA EL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión del Juez de Control de hacer del conocimiento del imputado el procedimiento especial abreviado en la audiencia intermedia, y ya fue aperturado el juicio oral, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, en tanto la etapa citada quedó superada precisamente al dictarse el auto de apertura a juicio oral, lo que hace imposible obligar a la autoridad a que reabra una fase que fue agotada; por ende, las violaciones procesales alegadas se consideran consumadas de modo irreparable, lo cual no contradice el artículo 423 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, porque la audiencia intermedia tiene como objeto el ofrecimiento y la admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que fueron materia del juicio oral, no así el que se le haga saber el procedimiento abreviado." Decisión. En esa virtud, ante la actualización de la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por ********************, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Estado de los autos. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, de los que se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional, en virtud de que se encuentra pendiente el emplazamiento de los terceros interesados, ordenado mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el presente juicio. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con ocho minutos del veinte de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, uno de diciembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado proveniente del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, por conducto de su titular; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. De conformidad a lo establecido en el numeral 119 de la Ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales y las copias certificadas del audio y video que anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Con el contenido de la videograbación de la audiencia contenida en el disco digital que remite la responsable, dese vista a las partes a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en el mismo y manifestar lo que a su derecho convenga. Lo anterior, en catamiento a lo que postula la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Guárdense los discos compactos en la secretaría de este Juzgado. Tomos de prueba. Ahora bien, debido a lo voluminoso de las constancias remitidas por el juez responsable, fórmense por separado tres legajos de prueba para dar facilidad a su manejo, mismo que se identificarán como TOMO I, II y III. Terceros interesados. De las constancias que se atienden, en términos del artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se les reconoce el carácter de terceros interesados a: Número Terceros Interesados Domicilios 1 ******************** 2 ******************** 3 ******************** 4 ******************** 5 ******************** 6 ******************** 7 ******************** 8 ******************** 9 ******************** Por conducto de sus asesores jurídicos particulares ******************** con domicilio en ******************** de esta ciudad. 10 ******************** 11 ******************** 12 ******************** 13 ******************** 14 ******************** 15 ******************** 16 ******************** 17 ******************** 18 ******************** 19 ******************** 20 ******************** 21 ******************** 22 ******************** 23 ******************** 24 ******************** Por conducto de su asesor jurídico particular ********************, con domicilio en ********************, de esta ciudad. 25 ******************** 26 ******************** Por conducto de su asesor jurídico particular ********************, con domicilio en ********************, de esta ciudad. 27 ******************** 28 ******************** Por conducto de su asesora pública ********************, con domicilio en ********************, de esta ciudad, (********************). Asimismo, al agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector VI, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. En tal virtud, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en los domicilios arriba indicados y notifique a los terceros interesados en cita; asimismo, mediante oficio, emplace a la citada autoridad ministerial; en la inteligencia que en términos de lo dispuesto por los artículos 26, fracciones I y II, incisos b), 27, 28 y 116, segundo párrafo, de la ley de la materia, deberá notificarles el auto de radicación, así como el presente proveído, haciéndoles entrega de una copia de la demanda, en los términos señalados en los citados preceptos; asimismo, les haga saber la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; mediante oficio a la ********************, personalmente a los terceros interesados y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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